La inmensa mayoría de los autónomos se ajustan a la legalidad vigente a la hora de realizar su trabajo y facturar por él. Pero siempre hay unos pocos que deciden arriesgarse y salirse del camino marcado. Por ejemplo, emitiendo facturas falsas. Un hecho que es mucho más grave de lo que se suele creer.
Estamos hablando de algo que es, a la vez, un ilícito penal y un ilícito administrativo. Es decir, que quien emite facturas que no son verdaderas puede acabar cumpliendo una pena de prisión y, además, pagando una multa de importe considerable a Hacienda.
¿Qué son las facturas falsas?
Se considera como tal todas aquellas que de forma deliberada contienen información que no es cierta. Puede ser que el servicio no se haya prestado o el bien no se haya entregado, o bien que la cantidad que refleja el documento no coincida con la que se ha pagado en realidad. O incluso que la dirección de una de las partes (o ambas) no sea real.
Si un autónomo emite una factura y se equivoca, puede solucionarlo emitiendo una factura rectificativa. Esto es algo totalmente normal y legal. El problema existe cuando se emite una factura con datos falsos a sabiendas de que estos lo son.
