A principios de año los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron con cientos de expertos que hablaban sobre los precios de las luz. Ahora, con un mes de marzo históricamente caro en los costes mayoristas de electricidad, y un abril que no ha empezado mejor, nadie se pronuncia. Y todo eso mientras llega una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, entre otros objetivos, tiene el objetivo de evitar riesgos financieros, principalmente para las empresas, pero con la normalidad de precios para el consumidor.
Ambos conceptos por separado, Ley de Cambio Climático y precios de la luz, tienen una correlación difusa de ubicar. Pero la normativa legal debe impactar en el recibo final que pagan los consumidores. Por eso, el retraso que ha sufrido esta ley para ser aprobada en el Parlamento puede hacer dudar a la ciudadanía de su impacto real. Pero lo tiene.
Estas semanas, con precios a lo largo del día que alcanzan los 65 €/MWh, según datos de Omie, el gestor de organizar el pool eléctrico, los altos precios del gas, así como la poca entrada de energía eólica en el sistema, provoca que los ciclos combinados entren con fuerza y un precio que dispara los costes.
Y aquí es donde la nueva Ley de Cambio Climático, de la que se esperan algunas mejoras en su paso por el Senado, disponga de herramientas para la normalización del mercado eléctricos durante los próximos lustos.
UNA LEY FUNDAMENTAL
La ministra para la Transición Ecolólica, Teresa Ribera, dejó muy claras sus sensaciones tras la aprobación de la ley en el Congreso. «Es una herramienta que permitirá construir un país más seguro frente a los impactos del cambio climático, modernizar la industria española, atraer inversiones en las tecnologías del futuro, evitar riesgos financiero, generar empleo estable y facilitar una distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización».
Pero todo eso debe acelerarse. El próximo mes de junio entra en vigor el nuevo sistema tarifario sobre el que hay dudas en cuanto al impacto que tenga sobre los consumidores. Por eso, los precios que ahora mismo aguantan las eléctricas en el mercado mayorista no es sostenible.
Respecto a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de renovables y de eficiencia energética, la ley los sitúa por encima de los asignados por la Unión Europea para España, y desde el Ministerio se aseguran que son coherentes con el objetivo fijado de lograr la descarbonización de la economía española antes de 2050, una fecha en la que el sistema eléctrico deberá ser 100% renovable.
Ribera ha celebrado asimismo que «todos» los grupos parlamentarios han trabajado en la definición de la ley desde que el proyecto fue remitido el 19 de mayo de 2020 por el Consejo de Ministros a la Cámara Baja. Así, ha subrayado que el texto ha reforzado su ambición, gobernanza, participación y transparencia. «Se ha visto enriquecido gracias a las contribuciones de las distintas formaciones políticas, gracias a las aportaciones de sectores sociales y económicos muy diferentes, gracias a la ciencia», ha manifestado.
Con el actual proyecto de ley considera que el país se podrá preparar para los impactos del cambio climático a prevenir sus causas mediante las herramientas de adaptación anticipación y resiliencia. No obstante, ve «prioritario» asegurar que «todos» los recursos públicos y privados se destinen a aprovechar las oportunidades y a disminuir los costes asociados a los efectos climáticos ya presentes.
En esa línea, opina que la nueva ley permitirá modernizar la industria, hacerla competitiva, fortalecer el tejido social, atraer inversiones en las tecnologías del futuro, evitar riesgos financieros, generar empleo estable y facilitar una distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización, guiado por criterios de justicia social y estrategias de transición justa.
Por eso, cree que el proyecto normativo es un «primer paso» para articular otras políticas y orientar la recuperación hacia un modelo de «prosperidad duradero y respetuoso con los límites del planeta».
Además, celebra que los objetivos fijados serán un «mínimo inquebrantable» porque se revisarán «siempre» al alza y ha incidido en que están «por encima» de lo acordado por la Unión Europea para España, al tiempo que están alineados con el Plan Nacional Integradode Energía y Clima (Pniec).
La ministra ha precisado los distintos objetivos pactados en la ley aprobada por la Comisión parlamentaria están por encima de lo exigido. En concreto, ha dicho que en los sectores difusos –movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura– España se compromete a reducir el 39 por ciento, que supone 13 puntos por encima del 26 por ciento fijado por la Unión Europea. En la penetración de renovables en el consumo final de energía para 2030, frente al 38-40 por ciento establecido por los Veintisiete el PNIEC ha fijado un 42 por ciento. En materia de eficiencia, Europa ve «necesario» aumentar entre el 36 y el 37 por ciento en 2030 mientras que el plan español contempla un objetivo del 39,5 por ciento.
En definitiva, ha expresado que esta ley es «buena para todos» para no dejar a nadie atrás, a ningún colectivo y ningún territorio y para proteger la competitividad de nuestro tejido industrial así como la biodiversidad.
