Cehat y Ashotel cierran filas en torno a su presidente, Jorge Marichal, y eluden condicionar su continuidad en el cargo a las informaciones publicadas sobre la sentencia y condena por un delito de fraude fiscal al empresario canario. Las patronales hoteleras se aferran al carácter privado de los hechos que se le atribuyen al líder sectorial, si bien las dudas asaltan en el momento más inoportuno, por crítico, para la industria del turismo en España.
Durante la última reunión del comité ejecutivo, Cehat ha tomado la decisión de mostrar su “firme respaldo” a su actual presidente y le pide que continúe, desoyendo sus intentos de poner su cargo a disposición de la patronal.
Por su parte, el comité ejecutivo de Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro), también ha manifestado su apoyo unánime a Marichal. No ha ocurrido lo mismo en el Consejo de Turismo de la CEOE, donde ostentaba la presidencia y será reemplazado por Jaime García-Calzada, tras presentar su dimisión el pasado lunes 5 de abril.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) se ha pronunciado sobre los hechos que afectan al presidente esgrimiendo una serie de razones para justificar su apoyo.
El Comité le ha trasladado al actual presidente su “deseo de que continúe al frente de la Presidencia de Cehat”, subrayando que el trabajo de Marichal al frente de la patronal “ha sido ejemplar desde su nombramiento en diciembre de 2019 y, muy especialmente, durante estos meses convulsos”.
El órgano de dirección de la patronal hotelera ha destacado, además, “su defensa del sector alojativo español” que ha estado siempre marcada por su “enorme implicación y compromiso”, además de “su formación, su capacidad de liderazgo, su pasión y su tesón, que le convierten en un perfil idóneo en la representación del sector turístico alojativo para afrontar un cargo de este calado y exigencia.”
El órgano directivo de Cehat considera que “un asunto de ámbito estrictamente personal, sin relación con la representación empresarial y acaecido hace más de una década no ha interferido ni interferirá en la labor diaria de la Confederación y en la defensa de los intereses colectivos de todo el sector del alojamiento español”.
La patronal recuerda que “es una confederación de asociaciones empresariales que dispone de sus propios estatutos para el funcionamiento de su organización y no existe ninguna razón legal ni estatutaria que justifique apartar del cargo a un representante de la misma, por hechos de esta naturaleza”.
Para la organización hotelera resulta “necesario recalcar” que la actividad empresarial y, en concreto, “la administración de empresas, está permanentemente sometida a multitud de riesgos o diferencias que, en muchísimas ocasiones, se dirimen en los tribunales”.
Por eso, “no es aceptable exigir a un empresario posiciones más allá de las que los propios tribunales dispongan porque, en buena forma, ello conllevaría que ningún empresario en actividad pudiera prestarse u ofrecerse a participar en asociaciones empresariales sin el riesgo de ser sometido a un doble escrutinio, el legal -ante el que todos los españoles somos iguales- y el de su propios compañeros empresarios”.
Las informaciones publicadas en la prensa canaria que ha obligado a posicionarse a las patronales en las que estaba al frente Marichal versan sobre la sentencia de julio de 2019 del Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife, confirmada, notificada y publicada desde mayo de 2020 por la Audiencia Provincial.
La referida sentencia condena a Jorge Marichal por un delito contra la Hacienda Pública a dos años de prisión, multa de 585.896 euros y pérdida de la posibilidad subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.
