La Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha elaborado un documento con propuestas para regular el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) en el que plantea que la duración del mismo no sea nunca inferior a un año, sin contar sus posibles prórrogas.
Para el sector AGE de la FeSP-UGT, la mejor manera de garantizar que el teletrabajo sea una forma de organización positiva, eficaz y estructural para los empleados públicos es regular este derecho a través de la negociación colectiva.
En su opinión, deben ponerse en práctica todas las medidas y protocolos necesarios para respetar los derechos de los trabajadores y evitar su posible aislamiento y desvinculación con la Administración y el resto de compañeros.
NO SE PUEDE IMPROVISAR
«La consolidación estructural del teletrabajo, como forma de organización de la jornada laboral, no puede improvisarse ni imponerse, sino que debe planificarse bajo la vigilancia sindical, al amparo de acuerdos bilaterales de carácter colectivo, dotándole de las infraestructuras necesarias, de una organización de las tareas y actividades y un desempeño laboral basado en objetivos predefinidos, razonables y alcanzables», subraya el sindicato.
UGT entiende que el teletrabajo es un derecho de los empleados públicos de la AGE, que exige elaborar y aplicar un plan de trabajo, previa negociación y acuerdo con los representantes de los trabajadores.
El sindicato aboga por minimizar el impacto del teletrabajo en la mujer; desarrollar un procedimiento con las condiciones y requisitos del acceso a esta modalidad, y fijar la jornada, con un mínimo y un máximo de tiempo, no inferior a una jornada completa y no superior a cuatro días.
También apuesta por que la regulación que se haga del teletrabajo en la AGE refleje el lugar donde se desarrollará la actividad y por que la Administración asuma la disposición y el mantenimiento de los equipos informáticos, conexión y demás material necesario, y de lo contrario, compensarlo.
El sindicato considera que la regulación debe contemplar también expresamente el derecho a la desconexión digital; medidas específicas para la prevención de riesgos laborales, y medidas para garantizar el respeto a la intimidad.
