Verano del 2019, la OCU pide la retirada de dos cremas solares infantiles, Isdin infantil con protección 50 y Babaria Infantil Spray Protector SPF50+, tras un duro informe avalado por una serie de laboratorios. En cuanto a la primera, se intenta demostrar que contiene un factor 15, muy por debajo de lo que se especifica, mientras que de la segunda se argumenta que está mal etiquetada y solo contiene una protección SPF 30. El anuncio del estudio, y la actuación de la organización, acaba con un enorme lío que termina enfrentando a las marcas, a los laboratorios y a la propia agencia del medicamento española.
El final de la película es que los datos aportados por la OCU nunca se pudieron demostrar. De hecho, las cremas todavía siguen en el mercado y las respuestas (y estudios aportados por ambas marcas) dejaron en mal lugar a la asociación de consumidores. Una chapuza, como comentan desde el sector, que ha valido para que los laboratorios le hayan dado la espalda en el nuevo informe que ya estaba preparado para este verano. «Los laboratorios son conscientes de que las lagunas existentes tanto en los estándares de medición, las diferentes normativas en los países o la variabilidad de las pruebas, hacen difícil dar resultados concluyentes», explican fuentes conocedoras de la situación.
Aunque, la versión (amigable) de los distintos estándares o normativas solo es una pequeña parte del problema. El verdadero meollo está en la fuerte desconfianza que transmite la OCU en todos sus informes, dado que el del verano anterior no es el primero ni será el último. «La asociación siempre basa sus estudios en laboratorios certificados y especializados, pero ni siquiera los propios laboratorios que trabajan con ella saben a qué se refieren, quién los certifica y en qué están especializados», apuntan otras fuentes cercanas.
LAS GRANDES DUDAS QUE DEJA LA OCU
En el caso del nuevo informe, que debería haber visto la luz este verano, «la comunidad científica y las marcas desconocen qué y cómo han probado y utilizado los usuarios esos productos. Además, en plena pandemia, en esos ‘laboratorios de análisis científicos’ y ‘laboratorios de pruebas de campo en usuario’ que cita la OCU», alertan fuentes conocedoras. Los farmacéuticos son otro sector que desconfía de los informes de la Organización de Consumidores y Usuarios. De hecho, ocho de cada diez considera poco creíbles los estudios sobre fotoprotectores de la asociación de consumidores, según una encuesta realizada por IPSOS.
Por último, Otro de los aspectos que generan desconfianza en laboratorios y en la comunidad científica es la afirmación de la OCU en su última revista de junio de 2020 en la que asegura que se va a medir el impacto medioambiental en los fotoprotectores. Una afirmación que genera muchas preguntas: ¿Cómo se hará? ¿Con qué método? ¿Qué laboratorio la hará? ¿Cómo se mide de forma específica este impacto? Y a las que la asociación no suele dar respuesta, como ocurrió un año atrás. En definitiva, los laboratorios quieren salvaguardar su imagen y prestigio alejándose de OCU.
LA OCU: CON ÁNIMO DE LUCRO Y UNA COMPLEJA RED DE SOCIEDADES
La OCU está integrada en un entramado societario y fiscal europeo formado por aproximadamente 25 empresas. Pese a que en España se definen como que no buscan un rédito económico, en realidad dicho holding si posee ánimo de lucro. Además, tiene unos marcados intereses en el negocio financiero, inmobiliario y de seguros, esencialmente. Dicha organización empresarial está controlada por la sociedad Euroconsumers, con sede en Luxemburgo y con conexiones en Holanda, a través de Stichting International Consumer Interests y Hong Kong.
La forma asimétrica del entramado societario ha provocado la denuncia de una parte importante de investigadores y juristas. Así, según fuentes jurídicas consultadas, señalan la incongruencia de que un conglomerado de entidades dedicadas teóricamente a la defensa de los consumidores y sin otras dependencias empresariales o de otro tipo tenga una estructura tan compleja, con sedes en Luxenburgo y relaciones en Hong-Kong y Países Bajos, jurisdicciones conocidas por una fiscalidad atractiva y por poder llegar a generar una opacidad significativa en cuanto a sus operaciones, activos y financiación.
El hecho de que exista una entidad holandesa, Stichting International Consumer Interests, en la que están destacados miembros de Euroconsumers S.A. sugiere un posible elemento de control por parte de esa entidad, cuestión que desde el holding en el que se integra la OCU no se divulga en absoluto.
