CC.OO. ha exigido mecanismos para evitar el cierre de las plantas de Nissan y Alcoa y de muchas otras empresas que «puedan derivarse de una dinámica de deslocalización en procesos de transformación industrial», como la autorización administrativa de la autoridad laboral competente de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
Esta es la resolución que aprobó el consejo confederal del sindicato, que se reunió el martes en una sesión telemática, según informa en un comunicado este miércoles.
«La secuencia de crisis industriales en donde empresas multinacionales deciden abandonar inversiones productivas en nuestro país, es sumamente preocupante», advierte.
Remarca que estas decisiones responden a estrategias de multinacionales pero que también tienen que ver con las condiciones normativas, procesales y económicas que las condicionan.
Y avisa de que, «en una lógica de incentivar ‘ventajas competitivas’ por la vía de la devaluación de los salarios y la pérdida de garantías laborales, España viene debilitando su posición como Estado a la hora de mediatizar decisiones tan drásticas de las empresas como abandonar su inversión en el país».
En ese sentido, recuerda que la reforma laboral de 2012 eliminó la autorización administrativa de la autoridad laboral competente de los ERE, herramienta que «reforzaba las tutelas de los trabajadores y trabajadoras en estos procesos y permitía buscar alternativas a las decisiones empresariales».
«Desde entonces, con su desaparición, las empresas, sobre todo las grandes multinacionales, solo necesitan garantizar un procedimiento jurídico escrupuloso con la norma y la información y consulta, ya que finalizado el plazo establecido, pueden ejecutar sus decisiones empujando a los trabajadores a la encrucijada de elegir entre la indemnización propuesta o la ruleta de la judicialización de su despido», subraya.
Para el sindicato, se trata de un proceso totalmente desequilibrado, que «facilita a las empresas multinacionales comprar su salida de nuestro país para optimizar sus beneficios».
Por ello, exige que el Gobierno apruebe un decreto de medidas urgentes que incorpore la autorización administrativa y se evite así el despido de miles de trabajadores: «Es urgente».
