El Pleno del Congreso debate este jueves el proyecto de ley de Impuesto sobre transacciones financieras, la conocida como ‘Tasa Tobin’, que se enfrenta a su debate de totalidad ante las enmiendas de PP, Vox y Ciudadanos que piden tumbar la iniciativa.
Así, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, defenderá ante la Cámara Baja el segundo de sus nuevos impuestos, tras superar la semana pasada con éxito el debate de totalidad de la ‘Tasa Google’.
Al igual que entonces, el Gobierno debe conseguir el rechazo del Congreso a las enmiendas de totalidad del PP, Vox y Cs que se votan a la vez ya que las tres buscan lo mismo: la devolución del proyecto.
EL PP PIDE BAJADAS DE IMPUESTOS, NO SUBIDAS
En su enmienda, el PP recuerda cómo el Gobierno aprobó esta nueva figura tributaria en un Consejo de Ministros apenas cinco días después de la cancelación del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, tras los primeros contagios por Covid-19 en España, y de actualizar un nuevo cuadro macroeconómico, a su juicio, «poco realista.
Los ‘populares’ consideran, al igual que con la ‘Tasa Google’, que este impuesto sería «la puntilla» para la economía española y «profundizaría la recesión», ya que creen que justo va «en el sentido contrario» a lo que necesita el país frente a esta crisis pues, en el ámbito fiscal, consideran «muy obvio que las medidas deben ir por rebajas y no por subidas.
VOX ANTICIPA DESLOCALIZACIONES
Por su parte, Vox advierte de que la puesta en marcha de este impuesto aumentará los costes de estas transacciones, una bajada de la rentabilidad de la inversión y de los ahorros, así como una mayor desventaja competitiva de las compañías españolas.
También una distorsión en el seno de la Unión Europea, provocando la marcha de empresas a mercados sin este impuesto, lo que afectará a la liquidez y al empleo del sector financiero, ante una previsible menor actividad. Tampoco la ven como una ley necesaria, argumentando que sólo se ha aplicado en pocos países y no ven ninguna acción a nivel global para hacerlo.
CS CUESTIONA LA OPORTUNIDAD DEL IMPUESTO
Por último, Ciudadanos asegura, al igual que ya lo hicieron en su oposición a la ‘Tasa Google’, que no se opone a la creación de un impuesto similar «que carezca de las deficiencias de las que adolece» la propuesta del Gobierno, y «siempre contando con el necesario consenso internacional.
Además, cuestionan que «ahora sea el momento más apropiado» para poner en marcha de este impuesto y la «clara fragmentación del mercado financiero europeo» y alimentar «enormes riesgos de deslocalización». Por último, lamenta que el Gobierno «ignora, no sólo los ejemplos fracasados» en otros países sino «los numerosos estudios que coinciden en señalar la prácticamente nula eficacia del tributo».
GRAVAR AL 0,2% LA COMPRA DE ACCIONES ESPAÑOLAS
Conocido como ‘tasa Tobin’, el nuevo Impuesto sobre transacciones financieras gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. La liquidación del impuesto será mensual y los contribuyentes deberán presentar una declaración anual.
Solamente se someterán a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto.
Quedan fuera del ámbito de la ‘tasa Tobin’ la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. En concreto, entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen se encuentran las operaciones del mercado primario (salida a Bolsa de una compañía), las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.
La estimación inicial al aprobar el proyecto de ley el pasado mes de febrero, antes de estallar la crisis provocada por la pandemia del virus Covid-19, pasaba por ingresar unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, dirigidos a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social, mientras que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebajaba dicha estimación a una horquilla entre los 420 y 850 millones.
