La Comisión Europea ha dado este miércoles un paso más en el diseño del futuro marco común de salarios mínimos en el bloque, un instrumento que contemplaba desde hace meses pero que ahora ve «esencial» para la recuperación económica una vez superada la pandemia de Covid-19.
Se trata de una de las iniciativas estrella de la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, desde que asumiese el cargo a finales del pasado año. Con ella, sin embargo, Bruselas no pretende establecer un salario mínimo europeo sino establecer una serie de condiciones básicas para que cada país después fije el suyo propio si lo desea.
Así, la Comisión ha lanzado este miércoles una segunda consulta a los agentes sociales que se extenderá hasta el 4 de septiembre. En la primera, abierta entre enero y febrero de este año, recibió respuestas de 23 organizaciones sindicales y patronales y llegó a la conclusión de que «es necesario que la UE adopte medidas adicionales».
En un comunicado, el Ejecutivo comunitario ha defendido que, aunque ya era una de sus prioridades, la pandemia «ha provocado que reclamen mayores esfuerzos a la UE para reducir las desigualdades salariales y la pobreza de las personas ocupadas».
«Uno de cada seis trabajadores tiene un salario bajo y la mayoría de ellos son mujeres. Estos trabajadores mantuvieron vivas nuestras sociedades y economías cuando todo lo demás tuvo que detenerse, pero paradójicamente serán los más afectados por la crisis. Esta iniciativa es un elemento esencial de nuestra estrategia de recuperación», ha expresado el comisario de Empleo, Nicolas Schmit.
En esta segunda consulta, Bruselas establece «posibles vías» para garantizar que los salarios mínimos europeos se fijen en niveles adecuados y protejan a todos los trabajadores. En concreto, la iniciativa tendrá el objetivo de garantizar, en primer lugar, que la negociación colectiva «funciona bien a efectos de la fijación de salarios.
Además, los interlocutores sociales deben participar en la fijación de estos salarios mínimos, los marcos nacionales deben seguir «criterios claros y estables» para la actualización periódica de los mismos y deben eliminarse o limitarse las exenciones y tendrán que establecerse mecanismos de control.
Los agentes sociales que participen en la consulta tendrán que contestar, entre otras cosas, qué tipo de instrumento prefieren para llevar a cabo esta iniciativa: o bien una directiva con carácter legislativo o una simple recomendación sin peso jurídico.
