La Comisión Europea ha aprobado este jueves los 1.280 millones de euros en ayudas públicas concedidas por España a Correos para cumplir su función de «obligación de servicio universal» entre 2011 y 2020 al concluir que son compatibles con las normas europeas sobre ayudas de Estado y a pesar de que las autoridades españolas no las notificaron a tiempo.
España comunicó su plan para compensar al servicio postal en enero de este año, pero para entonces 1.219 millones ya habían sido desembolsados. Es decir, sólo quedaban por traspasar a Correos 61 millones de euros.
La aprobación del programa de ayudas a Correos de la última década contrasta con el análisis de la Comisión Europea con respecto al del periodo 2004-2010. En ese caso, Bruselas consideró que España había dado compensaciones «excesivas» y exenciones fiscales «incompatibles» al servicio postal y ordenó recuperar 167 millones.
En esta ocasión, el Ejecutivo comunitario ha excluido «cualquier riesgo de sobrecompensación» a Correos tras analizar el «detallado y amplio modelo» desarrollado por España para calcular el coste neto evitado por el «servicio postal universal». «El modelo español asegura que los descuentos concedidos a ciertos consumidores no incrementan indebidamente el coste neto», explica Bruselas.
La Comisión Europea ha analizado en particular que las pérdidas generadas por estos descuentos en las tarifas no son compensadas por el Estado «dado que no derivan de las obligaciones impuestas sobre el proveedor de servicio universal», en este caso Correos.
En consecuencia, el análisis de los servicios europeos «demostró que la compensación concedida a Correos no excede el coste neto» que supone ser una «misión de servicio público». Esto supone que no existe sobrecompensación al servicio postal y la medida respeta las reglas comunitarias sobre ayudas públicas.
El Ejecutivo comunitario ha rechazado, por tanto, las quejas trasladadas por dos organizaciones industriales (que no nombra). Estos dos competidores alegaban que Correos se había beneficiado de ayudas estatales ilegales.
Además, la ‘luz verde’ de Bruselas tienen en cuenta un compromiso «específico» de las autoridades españolas para notificar a tiempo, lo largo de este año, la compensación prevista para el periodo 2021-2025.
