Muy al contrario de lo que pudiera parecer a priori, la pobreza energética –circunscrita al uso de la energía en el hogar- es altamente contaminante, se está feminizando, con una incidencia creciente en hogares ‘monomarentales’ y aumenta en el ámbito rural. Pero si algo preocupa sobremanera a los expertos es el auge de la ‘pobreza oculta’, esa que se esconde por vergüenza. Se trata de un problema complejo pero que, por suerte, se puede combatir. Precisa de detección, diagnóstico, medidas a corto plazo (paliativas), estructurales (eficiencia energética), y de una adecuada información para los consumidores. La corresponsabilidad de todos los agentes implicados se antoja como el factor clave e ineludible, porque hablamos de una realidad que afecta al conjunto de la sociedad.
El gasto energético de un hogar medio se reparte en un 49% en climatización, 26% en agua caliente, 12% en electrodomésticos y 10% en otros usos. La pobreza energética plantea uno de los grandes desafíos de la transición a un cambio de modelo. MERCA2 ha abordado este fenómeno con representantes de los agentes involucrados en la identificación y búsqueda de soluciones a un mal que aqueja a colectivos que habitan en países desarrollados, con acceso a la energía y que, sin embargo, no pueden permitírsela. La responsable de Acción Social e Internacional de la Fundación Naturgy, Ester Sevilla; el director de Formación y Medio Ambiente de Cruz Roja, Pablo Navajo; la catedrática emérita de la UPM, Margarita de Luxán; la directora de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Belén García, y la consultora independiente en temas sociales, Esther Lillo, afrontan este problema económico y social, desde diferentes ámbitos y en toda su extensión.
“Los servicios energéticos son fundamentales para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos de la Unión. La calefacción, la climatización y la iluminación adecuadas, así como la energía para hacer funcionar los aparatos, son servicios esenciales para garantizar un nivel de vida digno y la salud de los ciudadanos”. Así lo recoge la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, aprobada por el Gobierno el pasado mes de abril. El acceso a la energía fomenta el desarrollo del potencial del individuo y la inclusión social, no hay duda. No es un tema menor. De hecho, se trata de una cuestión transversal que requiere adoptar medidas en diferentes planos: paliativo y estructural, con actuaciones a corto, medio y largo plazo.
POBREZA SIN APELLIDOS
Tal y como explica Pablo Navajo, de Cruz Roja, la pobreza energética está estrechamente vinculada al acceso al empleo. “Las personas que padecen pobreza energética son pobres” en resumen, “la pobreza energética, es una cara más de la pobreza, no existe como tal, como tampoco existe la pobreza infantil, existe la pobreza”, sin adornos. Por eso, el empleo es clave para combatir esta situación, y a la larga, habrá que ampliar el debate y hablar de pobreza sin más, de extrema vulnerabilidad en general.
De las familias que atiende Cruz Roja, catalogadas como población vulnerable, el 60% está en paro, y de las que tienen trabajo, el 89% se encuentra en situación de pobreza, es decir con empleos precarios, temporales o a media jornada. “Yo puedo ser muy eficiente en el uso de la energía, pero necesito unos ingresos para pagar la factura”, apunta Navajo.
LA POBREZA ENERGÉTICA ‘OCULTA’
Cada vez más la pobreza energética se silencia y se oculta, impidiendo la detección de los hogares afectados que permitiría tomar medidas. “Todavía no somos conscientes del alcance del problema”, comenta la catedrática Margarita de Luxan, “la gente siente vergüenza y lo tapa”, por eso “es necesario socializar el problema”. Además, “deberíamos discutir sobre el precio de la electricidad, porque ahora estamos pagando déficits de un modelo energético en transición”, asegura De Luxán, que aboga por “un discurso energético más armónico y menos político”.
En este sentido, la consultora independiente, Esther Lillo también pone el foco en las personas que ocultan su pobreza, “hacen auténticos juegos malabares para no ser detectados, el sufrimiento es profundo”, más cuando renuncian así a enfrentar una situación de la que se puede salir.
BUENAS PRÁCTICAS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
La Fundación Naturgy ahonda en soluciones “sencillas y ágiles” que contribuyan a paliar el malestar de las personas y que ofrezcan remedios inmediatos, expresa la responsable de Acción Social e Internacional. Y esto sin abandonar las medidas estructurales a largo plazo relacionadas con la eficiencia energética. La institución impulsa actividades técnicas, formativas, divulgativas y sociales, con especial atención a la información que facilita a los consumidores el correcto ejercicio de sus derechos y obligaciones y la adecuada contratación eléctrica. También apuesta por el empleo en eficiencia energética como oportunidad que surge entorno a la rehabilitación y reforma de edificios.
Las personas en situación de vulnerabilidad encuentran webs o teléfonos de consulta con información útil para gestionar sus propias capacidades como usuarios. “Hay una gran presión sobre las compañías eléctricas suministradoras, que han hecho un gran esfuerzo para ofrecer respuestas”, asegura Navajo.
La Agencia de Empleo dependiente del Ayuntamiento de Madrid se plantea “al igual que existe una alfabetización digital con módulos transversales en los cursos de formación, incluir una alfabetización energética, que podría impactar en unas 25.000 o 30.000 personas que reciben esta formación en la Comunidad de Madrid”, manifiesta Belén García.
CORRESPONSABILIDAD: UN PROBLEMA DE TODOS
Las Administraciones en todos sus ámbitos (local, regional y nacional), medioambientales, económicas y sanitarias, las eléctricas, fundaciones, ONGs…todos los agentes implicados en la detección y solución deben remar en un mismo sentido. Pero la corresponsabilidad invita a dar un paso más. La consultora Esther Lillo incide en esta necesidad al explicar que “la pobreza energética es altamente contaminante”, por eso, es un problema de todos. En muchos hogares marginales, en las periferias de las ciudades, la falta de acceso a suministros energéticos se suple con “la quema de cualquier residuo capaz de generar calor”, por poner un ejemplo. Estos tipos de materiales –maderas barnizadas, con pinturas, restos de tableros, aglomerados con pegamentos- no están preparados para la combustión para usos térmicos y contaminan en exceso.
Otro ejemplo lo encontramos en los viejos edificios sin reformar del centro de las ciudades, con pisos grandes, antiguos, poco eficientes y difíciles de calefactar. En estas viviendas, en las que generalmente habitan personas mayores, se registra un uso ineficiente de energía, por exceso de consumo, sin correspondencia en el nivel de confort. Un derroche de calefacción que se escapa por cierres y aislamientos obsoletos. “¿Por qué no cruzamos entonces el descansillo y hablamos con esa vecina para ayudarla a que se informe?”, pregunta Lillo, que apuesta decididamente por una implicación de todos los ciudadanos, empezando por la concienciación en las escuelas.
La corresponsabilidad ciudadana es la primera de las conclusiones en las que coinciden todos los invitados al debate organizado por MERCA2, pero hay más. Sevilla, Navajo, De Luxán, García y Lillo convienen también en insistir en la necesaria coordinación entre organismos para compartir información y actuaciones en beneficio de los usuarios afectados. Se trataría de “coordinar acciones, probarlas y, si funcionan, escalarlas”, sintetiza Lillo. Y aunque reconocen que la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 se aprobó “en tiempo récord”, no podrá ejecutarse sin un adecuado desarrollo y sin interrelación y colaboración entre Ministerios. La situación de pobreza energética es precisamente eso, una situación, de la que se debería poder salir.
