La falta de transparencia sobre quién posee las tierras y las empresas que se lucran con la deforestación está drenando cientos de millones de dólares de las arcas públicas y alimentando la crisis climática. Un informe del Financial Transparency Coalition y el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de América Latina (CEFILAT) revela que solo en Camerún, el comercio ficticio de madera evade 289 millones de dólares al año entre 2013 y 2023. En Brasil, las discrepancias inexplicables en las exportaciones de soja y carne generan pérdidas fiscales de 214 millones de dólares anuales en el mismo período.
El documento, titulado Financial Secrets of the Forests, conecta por primera vez la opacidad en la propiedad de tierras y empresas con la entrada de productos de zonas deforestadas en las cadenas globales de suministro, sin que se pueda identificar a los beneficiarios reales. Los investigadores señalan que las leyes contra la deforestación existen, pero la falta de registros públicos de propiedad efectiva convierte a la madera, la soja y la carne ilegal en mercancías anónimas que llegan a los mercados internacionales sin trazabilidad ni responsables.
Matti Kohonen, director ejecutivo del Financial Transparency Coalition y uno de los autores principales, declaró que ni siquiera utilizando los mejores datos geoespaciales y satelitales pudieron identificar a los dueños reales de las empresas detrás de la tala. En el estado brasileño de Mato Grosso, responsable de una quinta parte de la deforestación total del país, los investigadores detectaron cientos de miles de parcelas deforestadas ilegalmente desde 2010 para producir soja y criar ganado, pero al solicitar información a las autoridades locales, estas se negaron a aportar datos alegando «motivos de privacidad».
El equipo también documentó que el 48 % de las áreas de producción de soja y el 15 % de los pastizales intensivos en Mato Grosso se solapan con terrenos que carecen de permisos de deforestación. Sin embargo, la identidad de quienes están detrás de esas explotaciones sigue siendo un misterio, protegida por un velo de opacidad financiera.
El agujero fiscal y climático de la madera camerunesa y la soja brasileña
En Camerún, las discrepancias entre lo que el país declara exportar y lo que sus socios comerciales —China, Vietnam y países de la Unión Europea— registran como importaciones alcanzaron 1.200 millones de dólares con China y 760 millones con Vietnam entre 2013 y 2023. Estas diferencias apuntan a una subdeclaración sistemática de exportaciones para evadir aranceles e impuestos, un mecanismo conocido como comercio ficticio o trade mispricing. El perjuicio fiscal medio anual ronda los 289 millones de dólares, un dinero que, según los autores, podría financiar programas climáticos y de biodiversidad.
En Brasil, las pérdidas asociadas al mismo fenómeno en las exportaciones de soja y carne ascienden a 214 millones de dólares al año. La investigación destaca que estas cifras no son solo un agujero fiscal: son el combustible financiero que mantiene viva la maquinaria de la deforestación ilegal. Sin acceso a los registros de propiedad efectiva, las sanciones comerciales y ambientales pierden eficacia.
Sin saber quién está detrás de cada hectárea deforestada, las sanciones comerciales se quedan en papel mojado.
El informe detalla que algunos grupos empresariales sancionados por tala ilegal en Camerún continuaron recibiendo concesiones forestales incluso en julio de 2025, según las bases de datos analizadas. Las autoridades camerunesas, además, no respondieron a las solicitudes de información de los investigadores, dejando en evidencia una voluntad política casi nula para destapar a los beneficiarios finales.
La cadena de suministro invisible: del pasto ilegal al frigorífico global
El caso de la Fazenda Santa Silvia, en Mato Grosso, ilustra cómo la opacidad financiera encubre la tala masiva. Más de 3.000 hectáreas fueron presuntamente deforestadas de forma ilegal entre 2022 y 2023. Los investigadores rastrearon vínculos con empresas del sector cárnico y sojero, incluyendo a gigantes como JBS y Marfrig, cuyos productos llegan a supermercados de medio mundo. Sin embargo, la imposibilidad de acceder a los beneficiarios reales impide asignar responsabilidades y aplicar la legislación de importación que prohíbe la entrada de bienes procedentes de tierras deforestadas.
Alfonso Daniels, coautor del trabajo, subrayó que «al menos el 69 % de la deforestación tropical para agricultura entre 2013 y 2019 se realizó violando las leyes nacionales», según investigaciones previas de Forest Trends. El patrón se repite en Camerún, que perdió más de 100.000 hectáreas de bosque solo en 2025, generando 130 millones de toneladas de emisiones de carbono.
📊 Impacto ecológico en cifras
- Emisiones de CO2 por ganadería ilegal en Mato Grosso: 502 millones de toneladas entre 2001 y 2023.
- Emisiones de CO2 por soja ilegal en Mato Grosso: 250 millones de toneladas en el mismo período.
- Deforestación en Camerún en 2025: más de 100.000 hectáreas y 130 millones de toneladas de emisiones de carbono.
- Pérdidas fiscales anuales: 289 millones de dólares en Camerún y 214 millones de dólares en Brasil por comercio ficticio de madera y soja.
Regulaciones que chocan con un muro de silencio financiero
El Reglamento europeo contra la deforestación (EUDR), que entrará en vigor a finales de 2026, prohibirá la importación de productos vinculados a tierras deforestadas. Pero los autores advierten de que sin registros públicos de propiedad efectiva, la norma será papel mojado. Matti Kohonen señaló que «sin transparencia financiera y de la cadena de suministro, es prácticamente imposible que iniciativas como el EUDR tengan éxito».
La paradoja es que tanto Brasil como Camerún cuentan con registros de beneficiarios reales, pero su acceso está restringido. En Camerún, el registro existe para cumplir con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) y salir de su lista gris, pero no es público. Solo las industrias extractivas (minería y petróleo) están obligadas a divulgar bajo la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), mientras que la silvicultura queda fuera. Brasil, por su parte, invocó la privacidad para no revelar los titulares de las parcelas deforestadas ilegalmente.
El Financial Transparency Coalition propone una hoja de ruta clara: registros públicos de propiedad efectiva, transparencia total en las cadenas de suministro, bases de datos abiertas sobre delitos ambientales y un registro global de activos forestales. Los investigadores insisten en que combatir la deforestación ilegal no solo exige satélites y leyes ambientales, sino también romper la coraza de secreto que hace que el delito sea rentable.
La deforestación no se combate solo con leyes ambientales, sino con registros que sigan el dinero hasta el último dueño.
El informe añade un argumento económico de peso: el dinero que se pierde por evasión fiscal y flujos financieros ilícitos en Camerún y Brasil bastaría para cubrir una parte sustancial de los déficits de financiación climática y de biodiversidad. En un momento en que la comunidad internacional busca movilizar billones para la transición ecológica, dejar escapar 500 millones de dólares al año por falta de transparencia parece un lujo que el planeta no puede permitirse.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: Recuperar los 289 millones de dólares anuales de Camerún y los 214 millones de Brasil permitiría financiar una reforestación y protección efectiva de los bosques tropicales, con un impacto climático comparable a retirar millones de coches de la circulación.
- Modelo que cambia: La presión para hacer públicos los registros de propiedad efectiva obligaría a las grandes comercializadoras de materias primas a revisar sus cadenas de suministro, eliminando la amnistía de facto que hoy protege a los deforestadores.
- Para las próximas generaciones: Frenar la deforestación ilegal gracias a la transparencia financiera preservaría sumideros de carbono que el mundo necesita para mantenerse por debajo de 1,5 °C, garantizando que los bosques del Amazonas y la cuenca del Congo sigan regulando el clima que heredarán.
