La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) duda. Duda de si las constructoras españolas realizan acuerdos de reparto del mercado. Así lo ha manifestado. La CNMC ha decidido incoar un expediente sancionador por prácticas restrictivas de la competencia a las principales constructoras españolas, entras las que se encuentran Acciona, OHL y Dragados.
Las prácticas anticompetitivas habrían consistido en acuerdos e intercambios de información entre dichas empresas con el objetivo de restringir la competencia, en el ámbito de las licitaciones convocadas por las administraciones públicas para la construcción y rehabilitación de infraestructuras y edificios.
Acciona , Corsán-Corviam, Dragados, FCC, OHL, Ferrovial, Obrascón Huarte Lain y Sacyr son las compañías que habrían acordado e intercambiaron información para la preparación de sus ofertas técnicas de cara a las licitaciones y se habrían instrumentado, entre otras vías, mediante la construcción de un grupo estable y formal constituido por las citadas empresas. De esta forma, tal como señala la CNMC, decidían con carácter semanal si contrataban conjuntamente los distintos aspectos que incluía la oferta técnica de las posibles adjudicaciones que iban haciéndose públicas.
El expediente sancionador tiene su origen en determinada documentación encontrada durante la instrucción de otro expediente y que no tenía relación con el caso. En consecuencia, la CNMC procedió a incorporar dicha información en un expediente distinto. En 2017, el organismo público ya realizó inspecciones domiciliarias en las sedes de varias entidades.
Las inspecciones suponían un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas. Solo en el caso de que como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas, se procedería a la incoación formal de un expediente sancionador. Y así lo fue.
PLAZO DE 18 MESES
La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.
La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados.
