Podría parecer, después del episodio de los mensajes enviados por Carles Puigdemont al exconseller Toni Comín, que por fin el asunto de Cataluña ha entrado en la recta final y que ya no nos va a generar más quebraderos de cabeza. Nada le gustaría más a Mariano Rajoy, especialista en dejar que los problemas se pudran, que constatar que eso es así. Pero no. Lejos de resolverse, el problema amenaza con enquistarse.
Y con enquistar, por extensión, la política española al menos durante los próximos meses y, quizás, años. Parece evidente que Puigdemont no va a poder ser elegido presidente de la Generalitat a pesar de que nadie le ha inhabilitado para ello y sus derechos constitucionales deberían seguir intactos. Pero el Tribunal Constitucional ha dicho que la investidura debe ser presencial y frente a eso el expresidente tiene poco margen de maniobra.
Una situación que ha sabido ser aprovechada in extremis por ERC cuyo hombre fuerte en el Parlament, el presidente del mismo Roger Torrent, no dudó en suspender el pleno previsto para el martes hasta que el Constitucional decida sobre sus apelaciones. Pero, en el fondo, con esa maiobra lo que consigue ERC es tener la sarten por el mango de modo que en los próximos días pueden pasar dos cosas: o se busca otro candidato, o habrá nuevas elecciones.
Aparentemente, Puigdemont no teme unas nuevas elecciones, pero la realidad es que de producirse ese escenario es bastante improbable que él vuelva a encabezar la lista del PdeCAT, y eso le daría opciones a ERC para obtener la victoria sobre los ex convergentes que no obtuvo en diciembre. Y a eso juegan los republicanos. De ahí que realmente en el PdeCAT estén dispuestos a sacrificar a Puigdemont y proponer a Elsa Artadi como presidenta, y evitar las urnas.
¿Soluciona eso el problema? Es evidente que da al traste con el objetivo inmediato del independentismo. Pero el conflicto seguirá ahí enquistado porque más allá de unas urnas o una investidura suplente, lo que necesita Cataluña es un debate a fondo sobre su encaje constitucional. Y a eso no parece dispuesto el actual Gobierno con Mariano Rajoy al frente, por lo que habrá que esperar a unas elecciones generales que pueden tardar en llegar.
