No es literal, obviamente. En pleno Siglo XXI no es necesario un teléfono de esas características, pero es evidente que a menos de cuatro semanas de que se cumpla la fecha del 1 de octubre y la Generalitat intente llevar adelante su plan de realizar un referendum ilegal, el presidente del Gobierno necesita mantener abierta una línea de comunicación constante con las dos principales fuerzas constitucionalistas, PSOE y Ciudadanos.
Pedro Sánchez y Mariano Rajoy ya han hablado al menos tres o cuatro veces este verano, la última la semana pasada, y ayer mismo el líder del PSOE anunció que se iba a poner en contacto con Rajoy para informarle de que el PSOE va a proponer una subcomisión en el Congreso para hablar de cuestiones territoriales, que no de la reforma de la Constitución. Eso es algo que el PSOE aparca para más adelante, consciente de que genera problemas externos y, sobre todo, internos.
Pero al margen de esa conversación, lo cierto es que hoy por hoy existe un ‘cierre de filas’ con el Gobierno para hacer frente al desafío separatista por parte tanto del PSOE como de Ciudadanos. Rajoy también ha hablado con Rivera unas cuantas veces, pero ahora se trata de mantener abierta una vía de diálogo constante, y en ese sentido se les ha hecho llegar a ambos lideres políticos la conveniencia de tener una línea siempre abierta para que el presidente pueda localizarles.
Y es que en estas semanas se van a ir produciendo hechos graves a los que tendrá que ir dando respuesta el Estado de Derecho, y Rajoy no quiere dar ningún paso sin tener el respaldo del PSOE y de Ciudadanos. El primero de ellos tendrá lugar esta semana cuando se apruebe el decreto de convocatoria del referendum. El Gobierno ya tiene preparada la parte sustancial del recurso a falta de conocer el contenido de la norma que apruebe la Generalitat.
Donde también se ha establecido una oficina abierta veinticuatro horas es en el Tribunal Constitucional, dispuesto a recibir los recursos que presente el Gobierno en cualquier momento y, sobre todo, a actuar en consecuencia con una celeridad absoluta. De hecho, es bastante probable que en las próximas semanas y a cuenta de las decisiones que tome la Generalitat, una de las decisiones que tome el TC sea la inhabilitación de los principales dirigentes catalanes, Puigdemont el primero.
Y mientras, desde la vicepresidencia del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría dirige el plan de acción específico destinado a evitar la colocación de las urnas en cualquier lugar público –o, incluso, privado- en que la Generalitat pretenda convocar a los ciudadanos a votar. Lo hace en coordinación con el Ministerio del Interior y el de Justicia, aunque el Gobierno mantiene un absoluto hermetismo sobre la manera en que piensa llevar a cabo su propósito.
