El 71% de los españoles considera que la situación política es mala o muy mala, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Una sensación que ha llevado a la fragmentación política actual, y que no ayuda a cambiar uno de los grandes problemas de los partidos en nuestro país: su dependencia de las subvenciones públicas. Muestra de ello es que 70 de cada 100 euros que reciben vienen directamente de las ayudas que se les entregan por haber resultado elegidos en las urnas.
Conviene explicar antes de nada que los ingresos ordinarios de las formaciones se dividen en dos apartados. El primero de ellos, aquellos que provienen del Erario público en distintos conceptos: Subvenciones anuales por gastos de funcionamiento; aportaciones de los grupos institucionales; las ayudas para gastos de seguridad; y otras ayudas que puedan percibir para desarrollar estudios u otras actividades -fundamentalmente ligadas a sus fundaciones-.
La segunda tanda de ingresos que tienen son las aportaciones privadas. En ellas se sitúan distintas categorías: cuotas de afiliados; aportaciones de los cargos públicos: y las donaciones y legados. Así que nos hemos sumergido en las cuentas de 2017
Es lo que reflejan las cuentas de 2016 -aunque con Podemos se ha hecho una extrapolación, pues en su página de transparencia no aparecen todavía-. Entre las cuatro principales formaciones ingresaron algo más de 104.691.000 euros en dinero público. El PSOE fue la formación que más consiguió: 44.404.999 euros; seguido del PP con algo más de treinta y seis millones. Ciudadanos es el tercero en el ranking con 19,5 millones; mientras que Podemos ingresa poco más de cinco millones (estimados -al cierre del 3T eran 4,6 millones). La diferencia entre estos dos últimos proviene de las distintas alianzas parlamentarias que la formación de Pablo Iglesias tiene en los distintos Parlamentos; especialmente en el Congreso en donde concurre con las denominadas ‘Mareas’. Esto hace que, pese a tener mayor representación, ingrese menos dinero.
Precisamente es Podemos la formación que menos ingresa proporcionalmente por este tipo de ayudas. Tan solo recibe 27 de cada 100 euros. El resto proviene de las agrupaciones parlamentarias y de las donaciones. A continuación está el PSOE; con el 70%. El siguiente en el ranking, de abajo arriba, es Ciudadanos. El partido de Albert Rivera ingresa el 85% de las arcas públicas; y la palma se la lleva el Partido Popular con el 87%.
Los afiliados
Aunque todos los partidos se jactan del número de afiliados que tienen, la alegría debe ir por barrios. Al que peor le van las cosas es al PP. Asegura tener más de 860.000 militantes que le dejan en las arcas cada año algo más de 2,9 millones de euros. Una cifra que supera en poco más de 700.000 euros la lograda por Ciudadanos con 40.000. Muy cercana, también, a los 4,6 millones que consigue Podemos en donaciones; y muy lejos de los más de 8,6 millones que ingresa el Partido Socialista que es el que lidera el ranking. Y eso que tiene algo más de 215.000 inscritos.
Unas cifras que ponen al descubierto -sobre todo en el caso del PP- el que las estadísticas de afiliaciones tampoco son muy fiables; dado que a 20 euros la cifra de ingresos debería ser muy superior. Incluso algunas plataformas opositoras a la actual dirección cuestionan los listados empleados, pues temen que no sólo no estén actualizados; también que pueden estar inflados.
La Ley Electoral
Los números llevan a reflexionar sobre la necesidad -o no- de cambiar el modelo de financiación de los Partidos Políticos en nuestro país. Hay dos teorías encima de la mesa: la de quienes piensan que no es necesario que el Erario público invierta tanto dinero en ellos y que deben financiera por la vía privada; y la de todos aquellos que piensan que esta es la mejor manera para mantener su independencia.
Un debate complejo. En el primer caso, explica Mikel Buesa, los partidos se organizan con estructuras excesivas en el que «lo importante es mantener el poder a toda costa para evitar que caigan los ingresos». En el segundo, se corre el riesgo de que la dependencia de las inversiones privadas sean excesivas y, por tanto, la acción de gobierno dependa exclusivamente de aquellas personas que ponen el dinero.
Así que Mikel Buesa apuesta por un modelo mixto. Uno en el que haya una variedad -casi 50%- en el que haya férreos controles del dinero. Sin embargo, reconoce que es poco menos que una utopía. «Sería deseable, pero es muy complicado de llevar a cabo; más que nada porque esto obligaría a las formaciones políticas a tener que rendir cuentas a quienes les ponen el dinero». Pero está claro, reconoce, que ahora mismo la situación favorece al PP y al PSOE; por lo que no van a dar el paso de ponerse de acuerdo para cambiar la Ley. De otro modo, a lo mejor Podemos y Ciudadanos podrían pisarles los talones. Así que parece que, aunque haya odio a muerte entre Rajoy y Sánchez, si este debate se planteara seriamente en el Congreso habría unanimidad entre ambos para mantener el actual status.
