Aún no tiene Gobierno, y a Rajoy se le acumulan los problema. En concreto, en una cartera que lleva meses desatendida -en manos de Luis de Guindos- como es la de Industria. El futuro ministro (las maledicencias hablan de que puede ser Álvaro Nadal que, por cierto, no parece convencer al sector) tendrá que sentarse en la mesa para reformar el sistema de financiación de los bonos sociales energéticos.
Una serie de descuentos para personas en riesgo de vulnerabilidad, y que ahora quedan suspendidos. De ellos depende el futuro energético de 2,5 millones de familias en España que ahora se benefician de los descuentos. De no aplicarse, podrían caer en la pobreza energética -en la que hay ya cinco millones de personas, según cálculos de la Asociación de Ciencias Ambientales.
Todo después de que el Supremo haya fallado a favor de las eléctricas, al considerar que el modelo tal y como aplica en este momento es injusto. Básicamente, porque considera que el 25% de descuento que se aplica en la tarifa, no puede recaer (vamos, pagar) en las eléctricas. Por tanto, es inaplicable porque no respeta las normas europeas del mercado de la electricidad.
Fuentes del sector eléctrico consultadas por Merca2.es explican que “el Tribunal Supremo anula el modelo de financiación, no los bonos sociales. En ningún caso estamos en contra de estos, siempre hemos defendido otras alternativas”, remarcan. Algo en lo que coinciden con FACUA-Consumidores en Acción. Su portavoz, Ruben Sánchez, admite que “ninguno de los bonos sociales es correcto, ya que no han ayudado a todos los sectores de la población a los que deberían llegar y el precio también es desorbitado”, sentencia.
No es la primera vez que cambia el sistema de financiación del programa
Empresas y consumidores coinciden en que el nivel de acceso a estos descuentos debería estar ligado al nivel de renta de las personas, porque «ahora mismo no llega a todos los sectores de la sociedad», explican. Ahora bien, para FACUA el principal problema es que “el precio para el común de los consumidores es muy alto”, lo que afecta también a los usuarios más vulnerables. Acusa, además, a los últimos Gobiernos de haber liberalizado el sector hasta límites insospechados, sin que esto repercuta beneficiosamente en la ciudadanía.
Así debe transcurrir la reforma… Pero, ¿Cómo debe financiarse? Las eléctricas apuestan porque vaya ligado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). “No tiene mucho sentido, es como si Mercado o El Corte Inglés tuvieran que pagar los alimentos de los consumidores más vulnerables”, sentencian sobre esta cuestión.En total, habría que asumir unos 190 millones de euros anuales, aunque la propuesta que lanza Endesa -la única que ha lanzado ya ideas públicas- rebaja esa cantidad a futuro, ya que baja el número de beneficiarios hasta 1,5 millones.
Lo que es absurdo, dicen a Merca2.es es que «el reparto se haga como hasta ahora, en función de los clientes que se tengan». Según los datos a los que ha tenido acceso Merca2.es Endesa era la compañía que más debía pagar en la factura: el 41% del total. El resto se divide entre Iberdrola y Gas Natural -con el 37,95% y el 14,08% respectivamente-. El resto se reparte en porcentajes menores entre el resto de los negocios de la electricidad que hay en España.
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En cualquier caso, no es la primera vez que la Justicia tumba el método utilizado para los bonos sociales. En 2012, el alto tribunal, ya, anuló el marco legal que lo regulaba. Por lo que tuvo que ser modificado. En aquel momento, y temporalmente, la financiación recayó sobre las facturas de los consumidores, hasta 2014, cuando entro en marcha el proyecto actual.
El funcionamiento es sencillo: ofrecer rebajas de un 25% del total de la factura energética para estos usuarios, que deben tener menos de 3,3 kW contratados. Aunque existen casos excepcionales, los pensionistas con prestaciones mínimas, las familias numerosas o las familias con desempleo pleno pueden llegar hasta los 10 kW de energía y acogerse a la ayuda.
Sea como sea, lo que ya sabemos es que el Gobierno tendrá que asumir el coste de la factura abonada por las eléctricas, y que asciende a 500 millones de euros, porque el Supremo le obliga a devolver el dinero a las empresas.
