El sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado una huelga en toda la Administración Pública para este jueves 13 de febrero con el objetivo de que el Gobierno ponga una solución a la crisis de Muface.

«Vamos a parar la Administración del Estado», indicó el presidente de CSIF, Miguel Borra, sobre la huelga, que se produce dos semanas después de que el Gobierno mejorara al 41,5% la prima ofrecida a las aseguradoras para convencerlas de que presten servicio al concierto sanitario, frente al 33,5% de la oferta previa.

La modificación de la segunda licitación, que supone 330 millones de euros adicionales, implica que el valor del contrato para el conjunto de las tres anualidades (2025, 2026 y 2027) pase a ser de 4.808,5 millones de euros.

Esta segunda licitación se produjo después de que la primera quedara desierta porque la subida en las primas del 17,12% no convenció a las tres aseguradoras que prestan servicio habitualmente en Muface: Asisa, DKV y Adeslas.

Con el plazo de la nueva licitación abierto hasta el 4 de marzo para que las aseguradoras se presenten al concierto, CSIF ha llamado a la huelga medio millón de funcionarios de centros escolares y universitarios de toda España, de Correos, funcionarios de la Administración General del Estado, ministerios, organismos oficiales y las dependencias adscritas, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

«No descartamos seguir con la presión si no da resultado», avisó el presidente de CSIF, que pidió a los ciudadanos sumarse a la concentración que convocará el jueves con motivo de la huelga.

Desde CSIF, han denunciado que la falta de acuerdo entre Gobierno y aseguradoras está comprometiendo la atención sanitaria de más de 1,5 millones de funcionarios y de sus familias, entre los que hay menores de edad y pensionistas.

LLEVARÁN A LA FISCALÍA LOS CASOS DE DESATENCIÓN SANITARIA

Por otro lado, CSIF ha anunciado que este lunes 10 de febrero registrarán ante la Fiscalía General del Estado una denuncia para que se investigue la suspensión de la asistencia sanitaria por parte de las aseguradoras a los mutualistas de Muface.

Así, desde el sindicato han asegurado que continúan recibiendo «diariamente» centenares de quejas de mutualistas a quienes se les están anulando citas, tratamientos e intervenciones quirúrgicas por la situación del concierto sanitario.

El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 4,4% para 2025, hasta los 1.184 euros mensuales por catorce pagas, 50 euros más que la cuantía fijada para 2024.

Este incremento, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero y que beneficiará a cerca de 2,1 millones de trabajadores, es fruto del acuerdo alcanzado el pasado 29 de enero entre el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT y al que no quisieron sumarse los empresarios, que plantearon inicialmente una subida del SMI del 3%, llegando a ofrecer a posteriori el 3,4%, pero sin éxito.

Antes de su aprobación en el Consejo de Ministros del martes, la vicepresidenta segunda y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, firmarán mañana lunes el texto del acuerdo para la subida del SMI en un 4,4% en la sede del Ministerio de Trabajo.

Es el quinto año consecutivo en el que Trabajo pacta en solitario con los sindicatos la subida del SMI. En concreto, el Ministerio acordó sólo con CCOO y UGT subir el SMI para 2024 un 5%, desde los 1.080 euros mensuales por catorce pagas hasta los 1.134 euros.

Tampoco apoyaron los empresarios la subida del SMI del 8% para 2023, ni los incrementos de 2022 y 2021, que fueron acordados por el Gobierno de Pedro Sánchez con CCOO y UGT. En cambio, CEOE y Cepyme sí respaldaron el aumento de 2020, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros mensuales.

Tanto Trabajo como los sindicatos entendieron que la propuesta patronal para la subida de 2025 no cumplía el compromiso de situar esta renta mínima en el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea.

El repunte del 4,4% que experimentará el SMI en 2025 coincide con una de las dos opciones, la más alta, apuntada por el comité de expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI.

Este porcentaje es inferior al 5,8% que pedían los sindicatos, hasta los 1.200 euros mensuales, pero CCOO y UGT aceptaron el 4,4% por la incertidumbre que causó la caída del primer decreto ‘ómnibus’, que recogía la prórroga del SMI de 2024, y también por el compromiso del Gobierno de abrir en dos meses una nueva mesa de diálogo social en la que abordar la adaptación completa de la directiva europea de Salarios Mínimos a la legislación española.

En esta nueva mesa se abordarán cuestiones que demandaban las centrales sindicales, como criterios de aplicación en la compensación y absorción de la subida del SMI sobre los complementos o pluses que tienen los trabajadores; la actualización de manera automática de los salarios en convenios que puedan verse afectados por el salario mínimo y cómo actualizar las cuantías diarias y por hora del SMI si se rebaja la jornada.

DISCREPANCIAS INTERNAS SOBRE LA FISCALIDAD DEL SMI

Queda por ver qué pasará con la fiscalidad del SMI. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere que quede exento de tributación en el IRPF, como en las subidas anteriores, pero reconoce que es una competencia del Ministerio de Hacienda, que es quien debe tomar la decisión.

«Esto no es competencia de este Ministerio», dijo Díaz el pasado viernes. La titular de Trabajo acusó además al PSOE de ser el que ha cambiado de posición en relación con este tema y no su Departamento.

En este sentido, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha aclarado todavía su posición en cuanto a dejar exenta la subida del SMI del IRPF, y ha pedido a Yolanda Díaz que haga «pedagogía fiscal».

«Me gustaría que hiciera hincapié en la pedagogía fiscal, porque ese planteamiento se puede ver muchas veces cuando asistimos al debate público, en el que se demoniza el que los ciudadanos tengan que contribuir de forma justa al pago de sus impuestos», remarcó hace unos días Montero.

La titular de Hacienda insistió en que todo no se resuelve con una bajada de impuestos y ve importante que los ciudadanos sepan que la contribución a través de su fiscalidad es lo que permite fortalecer la democracia, sobre todo combatir la desigualdad. «Hacer discursos populistas me parece que no conduce a nada», enfatizó al respecto.

BENEFICIARIOS DE LA SUBIDA DEL SMI

Según estimaciones de CCOO, la subida del SMI afectará a 1,8 millones de trabajadores a tiempo completo, el equivalente al 11,8% del total de empleados a tiempo completo.

Extrapolando este porcentaje a los trabajadores a tiempo parcial, otras 263.000 personas con contratos a tiempo parcial se beneficiarán de la subida del SMI, con lo que el número total de potenciales beneficiarios alcanza a 2,1 millones de asalariados.

«Esta es una estimación conservadora, ya que el salario medio por hora trabajada a jornada parcial es inferior al de jornada completa, por lo que es razonable suponer que el porcentaje de trabajadores beneficiados por la subida del SMI fuera más alto a jornada parcial que el registrado a jornada completa», explica el sindicato.

Los datos disponibles a jornada completa permiten desarrollar un perfilado de la población beneficiada por la subida del SMI, en el que faltarían por incluir aquellas personas a jornada parcial para las que se puede realizar este perfilado, según CCOO.

De acuerdo con un estudio de este sindicato, el SMI tiene un impacto mayor (una mayor incidencia relativa) entre la población que soporta peores condiciones laborales y salarios medios más bajos: mujer, población joven, con contrato temporal, en ocupaciones elementales y que trabaja en agricultura, hostelería o comercio.

Entre la población asalariada a jornada completa los principales beneficiarios de la subida del SMI son las mujeres (el 15,6% se ve beneficiada) y la población joven (17,2% de 16 a 34 años). Por sectores, la incidencia relativa es superior a la media entre los asalariados temporales (17,4%) y en agricultura (38,7%), otros servicios (29,0%) y comercio y hostelería (19,3%).

Por ocupaciones laborales, la incidencia es superior en ocupaciones elementales (28%) y trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio (21,7%).

Casi 40 colectivos sociales agrupados en la plataforma Hábitat 24 han convocado una nueva marcha este domingo día 9 por el centro de Madrid por el derecho a una vivienda digna y para reclamar a las administraciones soluciones urgentes ante lo que consideran una «emergencia habitacional».

Bajo el lema ‘Vivienda digna y sostenible ¡Ya!’, tendrá lugar a partir de las 12 horas, con un recorrido entre la Glorieta de Carlos V (Atocha) y la Puerta del Sol, y a ella se sumarán casi 40 colectivos de vivienda, vecinales, ecologistas, de derechos humanos, sindicales y sociales.

Sus promotores fueron los impulsores de la marcha que el pasado día 13 de octubre recorrió el centro de Madrid bajo el lema ‘La vivienda es un derecho, no un negocio’ y ‘Se acabó. Bajemos los alquileres’, que reunió a más de 22.000 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno.

Tras aquella marcha, convocada a nivel nacional, estos colectivos pondrán ahora de manifiesto «el agravamiento de las condiciones de acceso a la vivienda, cuyos precios no han dejado de subir en los últimos meses, al igual que el número de desahucios de familias vulnerables» y denunciarán «la tibia respuesta mostrada por las administraciones».

El precio medio de la vivienda en España alcanzó un nuevo máximo histórico en el último cuatrimestre de 2024, un 12,5% por encima de los niveles máximos de 2007, hasta alcanzar 2.164 euros/m2. La Comunidad lideró el ranking a nivel nacional con el precio más alto, 3.780 euros/m2, y la ciudad de Madrid se colocó a la cabeza de las capitales de provincia, con 4.517 euros/m2, según el Colegio de Registradores.

Una situación ante la que, según los convocantes, las administraciones no hacen nada para solucionarla. Especialmente sangrante ha sido la actitud de la Comunidad, cuyo empeño ha sido seguir favoreciendo los negocios de fondos de inversión, rentistas y especuladores, en ocasiones con la con la complicidad de ciertos ayuntamientos, entre otros, el de Madrid», explican.

En este sentido, los impulsores de la marcha han cargado contra la Ley Ómnibus, «un buen ejemplo de legislar al dictado de los intereses del poder económico», o un Plan Vive que resumen como «un auténtico fracaso al priorizar los intereses de los inversores sobre el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna, adecuada y sostenible».

«Estamos viviendo una situación de emergencia brutal en la Comunidad de Madrid. Pero Ayuso –la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso– está a otras cosas. Aquí el derecho a la vivienda no existe, es el salvaje oeste», ha explicado Laura Barrio, activista por la vivienda.

De este modo, la marcha servirá también para poner de manifiesto «la ausencia de medidas de las administraciones que resuelvan en el corto plazo la falta de acceso a una vivienda digna para sectores cada vez mayores de la población». Se remarcá la cronificación de dos «situaciones especialmente graves» ante las que se «sigue sin asumir responsabilidades», como son «el abandono deliberado de Cañada Real», donde miles de personas siguen sin suministro eléctrico, y «el desastre» de las obras de ampliación de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares y Coslada.

LIMITAR PRECIOS DEL ALQUILER Y AMPLIAR EL PARQUE DE VIVIENDA PÚBLICA

En este contexto, se abogará medidas «urgentes» como la limitación «sin demora» de los precios del alquiler en las zonas tensionadas de la región y la ampliación del parque de vivienda pública disponible, con la incorporación inmediata de los inmuebles de la Sareb y otras viviendas sin uso.

«Las administraciones públicas tienen que elegir si están con los especuladores o si están con las familias afectadas que necesitan un techo para vivir. No puede ser que nuestra ciudad se convierta en un parque temático, en un gran escapate para el turismo, mientras los vecinos son expulsados al extrarradio», ha subrayado Alejandro Escribano.

En este marco, también se censurará la postura de la Comunidad de «criminalizar» las situaciones de ocupación «cuando buena parte de ellas son fruto de la necesidad y la desesperación social», con una ciudadanía «cada vez más empobrecida por la distancia existente entre los precios para acceder a una vivienda y los salarios».

Así, se entatizará el mensaje de que la vivienda «no es un bien de mercado, sino un derecho», se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Carta Social Europea y en la Constitución española (artículo 47).

CERRAR PISOS TURÍSTICOS ILEGALES

Como prioridad, reclaman un parque de vivienda pública «que en ningún caso pueda ser descalificada», y que deberá situarse aproximadamente «en la tercera parte de las viviendas totales». Para ello, ven necesario integrar las viviendas de la Sareb en la gestión de vivienda pública; reacondicionar viviendas fuera de uso; e incorporar a la gestión pública las viviendas vacías.

También defienden que habría que cerrar los pisos turísticos ilegales e imponer una licencia de actividad, un número máximo y su ubicación en zonas donde no haya demanda habitacional de larga duración, así como establecer zonas tensionadas para el control y reducción del coste del alquiler, además de un índice de precios máximos «no regido por las reglas de mercado».

Ven necesario igualmente adoptar «urgentemente» medidas para que ninguna persona pueda ser desahuciada «si no tiene alternativa habitacional», incrementando además la financiación en las políticas sociales», así como que todas las propuestas que se impulsen garanticen «valores mediambientales y sostenibles».

Entre las casi 40 organizaciones que se integran en la misma están plataformas como Afectados por la Línea 7B de Metro, Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Usera y Arganda-Rivas, la FRAVM, Amnistía Internacional Madrid, sindicatos o la Plataforma cívica por el derecho a la luz en Cañada Real.

DECÁLOGO DE EXIGENCIAS

Encima de la mesa plantean un decálogo de medidas para cambiar el estado actual del mercado, entre otras, la ampliación y aplicación de la Ley estatal de Vivienda, «con especial urgencia en puntos como la imposición de precios máximos de alquiler y la gestión desde lo público del Plan Estatal de Vivienda Pública», así como la aprobación de una Ley autonómica de Vivienda «con la fijación de unos objetivos sociales, la creación del un parque público de vivienda no descalificable del 30% del total y la declaración de zonas tensionadas directamente por parte de los municipios».

La creación de un plan a cinco años, «suficientemente dotado», para la rehabilitación de viviendas, garantías legales de que no se producirán desalojos sin alternativa habitacional, o la suspensión inmediata de las licencias de pisos turísticos y el cierre de los que están en situación irregular, con la imposición de sanciones, son otras de las cuestiones que defienden.

Desde Hábitat 24 se insiste igualmente en la despenalización del acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda Pública de las familias sin título habilitante o en la adecuación al nuevo escenario de cambio climático, «protegiendo el arbolado y creando las condiciones para que éstos sean habitables».

También exigen el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Europa y de la Defensoría del Pueblo restableciendo el suministro eléctrico en Cañada Real o una solución de la situación creada en San Fernando y Coslada por la 7B de Metro «mediante un pacto regional.

Finalmente, piden la «preservación y refuerzo de los valores medioambientales y de los entornos afectados en cualquier proyecto urbanístico». «Ya es hora de que Ayuso deje de gobernar para los poderes económicos que la han nombrado y lo empiece a hacer para garantizar los derechos de toda la ciudadanía», zanjan.

HBX Group tiene intención de salir al parqué esta misma semana, previsiblemente el miércoles 13 de febrero, con un precio indicativo de 11,5 euros por título, lo que le hace alcanzar una capitalización de unos 2.900 millones de euros y la convierte en la primera gran salida a Bolsa de 2025 en España.

La compañía ha establecido este valor tras advertir de una alta demanda entre los inversores y es el resultado de hacer la media en la horquilla dada inicialmente para la oferta pública inicial, que limitaba el precio entre los 10,5 y 12,5 euros por acción.

Con estos precios, la capitalización de la compañía estaría comprendida entre los 2.660 millones y los 3.030 millones de euros, según notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que aprobó su folleto el pasado 30 de enero. Los títulos se negociarán en todas las Bolsas de Valores Españolas –Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia–.

No obstante, el precio definitivo de la oferta inicial será determinado una vez haya concluido el periodo de prospección de la demanda (‘bookbuilding period’), que se espera para este lunes 10 de febrero y se comunicará a través de información privilegiada.

La matriz del mayor banco de camas del mundo, Hotelbeds, ha explicado que la oferta pública inicial constará de dos partes. En primer lugar, una oferta primaria de acciones de nueva emisión para captar 725 millones de euros –entre 58 y 69 millones de acciones– y una secundaria de hasta 25 millones existentes de parte de algunos accionistas.

Esta oferta secundaria afectará a unos dos millones de acciones, propiedad de inversores cualificados, como el fondo de pensiones canadiense CPPIB y vehículos controlados por fondos administrados o asesorados por Cinven, así como por EQT, según anunció la compañía hace unas semanas.

La opción de sobreadjudicación se limita en el 15% del total de las acciones incluidas en la oferta inicial y el tamaño máximo de la oferta será de 862,5 millones de euros.

Asimismo, la firma de abogados Freshfields decidirá en nombre de la compañía sobre la validez de las acciones de la oferta y sobre determinadas cuestiones relativas a la misma.

REFINANCIAR DEUDA

Los fondos obtenidos mediante la ampliación de capital se destinarán a reducir deuda y a fortalecer la estructura financiera de la compañía.

En concreto, con los ingresos obtenidos por la ampliación de capital, el grupo prevé reducir su apalancamiento de 3,2 veces al final del ejercicio fiscal de 2024 a aproximadamente 2,5 veces la deuda neta ajustada sobre el Ebitda ajustado.

También prevé liquidar los planes de incentivos existentes de HBX Group y facilitar un mecanismo de venta estructurado a través del emisor para los directivos actuales, ciertos consejeros y empleados y otros accionistas no institucionales; cubrir los costes asociados a la oferta y los gastos de refinanciación, y pagar los intereses devengados sobre los instrumentos de deuda sujetos a la refinanciación.

De hecho, simultáneamente a la oferta, HBX refinanciará la totalidad de su deuda existente, de 1.071 millones, y la reemplazará por una nueva estructura compuesta por un préstamo tramo A de 450 millones de euros, un préstamo tramo B de 750 millones de euros y una línea de crédito renovable multidivisa disponible de 400 millones de euros, a tipos de interés sustancialmente más bajos que los de las líneas existentes.

Tras la admisión, y con sujeción a la disponibilidad de beneficios y reservas distribuibles, el grupo tiene como objetivo una tasa de pago de dividendos o ‘pay-out’ del 20% sobre los beneficios netos consolidados para los ejercicios fiscales de 2026 a 2029.