Las prohibiciones se suceden para las aerolíneas que van registrar uno de los mayores impactos económicos por la expansión del coronavirus. La última llega desde Estados Unidos, donde su presidente, Donald Trump ha anunciado que suspende todos los vuelos desde Europa al país norteamericano, durante 30 días por el coronavirus, como medida de prevención y control de la pandemia. Antes de conocerse la noticia la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina cerca de 80 líneas aéreas que vuelan en España, pedía al Gobierno «de forma inmediata» un paquete de medidas de apoyo al sector aéreo, «uno de los sectores que está sufriendo con más intensidad las consecuencias de este virus».

Las autoridades de la Unión Europea han reaccionado en tromba contra la decisión «unilateral» de Donald Trump, de prohibir los vuelos solo desde Europa. Los máximos dirigentes de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel, han cargado este jueves contra la decisión del líder estadounidense.

«La Unión Europea desaprueba el hecho de que la decisión de Estados Unidos de imponer una prohibición de viaje fuese tomada de forma unilateral y sin consultas», señalan los dos dirigentes en un comunicado conjunto.

ESCENARIO INÉDITO PARA LAS AEROLÍNEAS

El pronóstico de las aerolíneas apunta a que se va acentuar la tendencia del descenso de la demanda en la reserva de asientos a corto plazo, ya que se han cancelado 4.400 vuelos para la segunda quincena de marzo.

Por todo ello desde la asociación se solicitan medidas urgentes para no poner en riesgo los puestos de trabajo de un sector ya muy afectado por el cierre de Thomas Cook y la caída de conectividad que comportó numerosos reajustes.

«Las aerolíneas están reaccionando de forma rápida, adaptando sus programas operacionales a la demanda a las recomendaciones sanitarias de cada región en todo momento. Al mismo tiempo, se están ajustando no sólo la programación, lo que hará inevitable ajustar también las plantillas, ya que las compañías aéreas se están viendo forzadas a tomar medidas extraordinarias para mitigar el impacto de esta crisis tanto en sus operaciones, como en sus resultados financieros a largo plazo», explicó el presidente de ALA, Javier Gandara.

Entre las medidas solicitadas por las aerolíneas, las más destacadas consisten en facilitar el aplazamiento de las cuotas de seguridad social e IVA, creación de líneas de crédito del ICO de rápido acceso y cuantía suficiente, agilización de los reembolsos de la subvención de residentes, o flexibilizar la distribución del trabajo a lo largo del año, entre otras.

SUSPENDIDOS LOS VUELOS DESDE EUROPA A EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que ha suspendido la entrada al país norteamericano a los extranjeros que hayan estado en un total de 26 países europeos, los pertenecientes al Espacio Schengen, como medida de prevención y control del coronavirus.

«Vamos a suspender todos los vuelos desde Europa a Estados Unidos durante los próximos 30 días», ha trasladado Trump en un discurso dirigido a la nación pronunciado desde el Despacho Oval. 

«Estas prohibiciones no sólo se aplicarán a la tremenda cantidad de comercio y cargas, sino a varias otras cosas a medida que obtengamos la aprobación», ha añadido. «Cualquier cosa que venga de Europa a Estados Unidos es lo que estamos discutiendo», ha zanjado.

En estos momentos, los Estados Schengen son, además de España, Alemania, Austria, Bélgica Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza.

El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, ha señalado que Trump toma estas medidas «para mantener a los estadounidenses a salvo y salvar vidas estadounidenses», al tiempo que ha celebrado la decisión y ha reconocido al mandatario «tomar esta decisión difícil pero necesaria».

«Si bien estas nuevas restricciones de viaje serán perjudiciales para algunos viajeros, esta acción decisiva es necesaria para proteger al público estadounidense de una mayor exposición al coronavirus potencialmente mortal», ha remachado Wolf.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado este miércoles de que, tras los elevados casos de contagio del nuevo coronavirus, se ha pasado a calificar de pandemia el brote. A nivel global, los casos confirmados sobrepasan los 126.000 y las muertes se sitúan en más de 4.600, según los datos oficiales recopilados por la Universidad Johns Hopkins. En Estados Unidos, hay más de 1.300 afectados y 30 víctimas mortales.

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido aprobar medidas fiscales que entiende «imprescindibles» para «aliviar la crisis» que generen las medidas de contención del coronavirus, ha informado en rueda de prensa el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Ha sido la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien ha desgranado que se rebajarán 63 millones en impuestos, entre el IBI y el de actividades económicas, dirigidos a empresas que sean capaces de garantizar el empleo cuando finalice la crisis generada por el coronavirus.

«Somos conscientes de que habrá ERTES, por eso las fechas serán del 1 de enero al 31 de diciembre; si tras esta crisis remontan el empleo, se bonificará con 63 millones en impuestos», ha aseverado.

El precio de los carburantes ha caído a nuevos mínimos anuales en esta semana tras abaratarse hasta un 1,6% con respecto a hace siete días, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Europa Press.

En concreto, el precio medio del gasóleo ha bajado ese 1,6% con respecto a la pasada semana, hasta situarse en los 1,171 euros, retrocediendo así a su nivel más bajo desde enero de 2019.

En el caso del litro de gasolina, en esta semana ha registrado un descenso del 1,23%, para marcar un precio medio de 1,277 euros, en mínimos desde finales de marzo de 2019.

Desde los máximos anuales que marcaron los combustibles en la primera quincena de enero, tras la escalada en el precio del crudo por las tensiones en el conflicto entre Estados Unidos e Irán que llevaron al barril de petróleo a superar la cota de los 70 dólares, habían encadenado un descenso tras otro, cortado tan sólo hace dos semanas, que resulta en un abaratamiento en algo mas de un mes del gasóleo del 6,5% y de la gasolina del 3,8%.

PRECIO DEL CRUDO EN MÍNIMOS

Los precios del crudo se encuentran actualmente en sus niveles más bajos en más de un año después del desplome registrado en la semana por la decisión de Arabia Saudí de ‘inundar’ de crudo los mercados tras no alcanzar un acuerdo la semana pasada con Rusia para limitar la oferta petrolera ante el desplome de la demanda por el coronavirus, así como por la medida de Estados Unidos de suspender todos los viajes al país desde Europa.

De este modo, el barril de crudo Brent, de referencia para el Viejo Continente, cotizaba este jueves a 31,15 dólares, mientras que el petróleo West Texas Intermediate (WTI) americano se intercambiaba a 33,78 dólares.

A pesar del desplome registrado por el petróleo, con una caída a la mitad en su precio frente a enero, el descenso en los precios de los carburantes no varía en la misma proporción, ya que no tienen una relación directa con la cotización del barril de crudo, sino que dependen de las cotizaciones de la gasolina y gasóleo en los mercados al por mayor, todos ellos en dólares.

Además, los precios publicados por el Boletín Petrolero corresponden a la media de los precios diarios de la semana anterior, por lo que existe un decalaje entre los precios publicados y los precios reales.

En España la gasolina sigue estando más barata respecto a la media de la Unión Europea (UE) y la zona euro, donde el litro cuesta 1,366 euros y 1,410 euros, respectivamente, al mismo tiempo que el litro de gasóleo cuesta de media 1,255 euros en la UE y 1,271 euros en la eurozona.

El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

El sector primario tampoco escapa a los tentáculos invisibles del coronavirus. Los agricultores y ganaderos también toman medidas en un nuevo escenario global que implica daños indirectos para absolutamente todos los ámbitos de actividad. Los profesionales del campo han alzado la voz para trasladar, mediante un comunicado y tras una reunión de coordinación entre las diferentes fuerzas sindicales, que garantizan la producción de alimentos para toda la sociedad ante esta situación «tan crítica e inesperada». También han anunciado, que dado el contexto, dejarán las protestas para más delante. Ahora cualquier reivindicación pasa a un segundo plano. La prioridad absoluta es contener la propagación del Covid-19.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han pospuesto temporalmente todos los actos, protestas y movilizaciones que se estaban celebrando por toda España por el riesgo de contagio tras la rápida expansión de los últimos días del coronavirus. En concreto, las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, prevén un pico de la incidencia del virus este fin de semana.

«Ahora es momento de ser prudentes y responsables, por lo que hay que poner fin, de momento, a la revuelta de los agricultores al límite», han indicado las organizaciones en un comunicado conjunto.

En la actual crisis sanitaria, Asaja, COAG y UPA han trasladado el compromiso del campo con la sociedad española a la hora de suministrar alimentos de calidad, sanos y seguros y reivindican el carácter estratégico de un sector agrario fuerte para garantizar la seguridad alimentaria de la población ante crisis globales de efectos indeseados e impredecibles.

«Se está demostrando que cuando hablamos de soberanía alimentaria no hablamos de una entelequia, sino de algo muy real y tangible como es que las personas podamos seguir alimentándonos», han recalcado.

Las conclusiones del comité de coordinación que agrupa a las tres organizaciones agrarias, considera que, en la presente coyuntura, es un «acto de responsabilidad con la sociedad y con el propio sector paralizar las actuaciones y evitar todas las concentraciones masivas que puedan afectar a la salud de las personas.

Mientras tanto, seguirán las negociaciones con el Gobierno para terminar de definir un plan de choque que ponga fin a la crisis que sufren agricultores y ganaderos.

Tras la reunión de la Mesa de Seguros Agrarios, que se celebró ayer, en las próximas semanas se espera la conformación de las mesas de fiscalidad, costes energéticos y empleo, acuerdos de libre comercio y la referente a la transposición de la directiva sobre prácticas comerciales desleales.

El precio de la vivienda en alquiler ha registrado subidas por encima del 60% en regiones como Baleares (66%), Canarias (64%) y Madrid (63%) en los últimos cinco años, según se desprende del análisis ‘La variación acumulativa del precio de la vivienda en alquiler en España’ realizado por fotocasa.

En el estudio se pone de relieve que en los últimos cinco años el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado un 50% en el conjunto de España.

Además de Baleares, Canarias y Madrid, también se han registrado incrementos abultados en Cataluña (60%), Comunidad Valenciana (57%), Andalucía (42%), La Rioja (33%), Aragón (31%), País Vasco y Cantabria (30% en ambos), Murcia (29%) y Galicia (28%).

En el lado opuesto, entre las comunidades en las que menos ha subido el precio en los últimos años, se encuentran Extremadura (9%), Castilla-La Mancha (17%), Castilla y León (20%), Asturias (22%) y Navarra (27%).

El director de estudios de fotocasa, Ismael Kardoudi, ha afirmado que en los últimos años el precio de la vivienda en alquiler ha experimentado grandes incrementos en el precio hasta alcanzar su máximo histórico a finales de 2019, con un precio medio de 10,18 euros por metro cuadrado al mes.

«Esta gran escalada de los precios se ha propiciado debido a la enorme demanda de vivienda en alquiler que ha habido en nuestro país debido, en parte, a la imposibilidad del ciudadano medio de acceder a una vivienda de compra», ha explicado.

También ha resaltado que Baleares, Canarias, Madrid y Cataluña son las comunidades en las que más se han incrementado los precios, porque son zonas en las que se concentra una mayor demanda de vivienda en alquiler, ya que son núcleos económicos y demográficos, además de turísticos.

El Consejo General del Notariado ha hecho públicos sus datos en referencia a la compraventa de vivienda en enero, que se situó en 39.366 transacciones, lo que supone un descenso del 5,9% con respecto al mismo mes del año pasado.

Por tipo de vivienda, la venta de pisos mostró una reducción interanual del 6% en el primer mes del año. La venta de pisos de precio libre cayó un 5,9% como consecuencia de los pisos de segunda mano (-7,8%), frente al aumento de las ventas de pisos nuevos en un 13%. Por su parte, la venta de viviendas unifamiliares retrocedió un 5,7% interanual en enero.

En términos de precio promedio, el metro cuadrado de las viviendas compradas en enero alcanzó los 1.474 euros, un 1,5% más que en el mismo mes de 2019. Este repunte se debió al encarecimiento del metro cuadrado de las viviendas de tipo piso (+2,9% interanual), en contraste con el retroceso experimentado por las viviendas unifamiliares (-1,2%).

Por su parte, el precio por metro cuadrado de los pisos de precio libre repuntó un 1,2% en el primer mes del año. Dentro de éstos, el precio del metro cuadrado de los de segunda mano se situó en 1.607 euros (+2,1% interanual) y el de los pisos nuevos en 2.274 euros (+0,2% interanual).

Además, el Consejo General del Notariado ha difundido datos en relación a la compraventa de otros inmuebles se situó en enero en 9.047 operaciones (-8,5% interanual), de las cuales un 38% correspondieron a terrenos o solares. El precio medio por metro cuadrado de estas transacciones se situó en 210 euros, con un avance del 0,9% en tasa interanual.

El Real Decreto Ley aprobado en el Consejo de Ministros de medidas urgentes en el ámbito económico para ampliar la protección a personas que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, no pueden hacer frente a los pagos inmediatos de la hipoteca y se encuentran en «riesgo de desahucio hipotecario«, entra en vigor este jueves, según se recoge en el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, resaltó que este decreto extiende la protección a los más vulnerables con un ámbito de aplicación superior hasta la fecha.

De hecho, mientras que en ocasiones anteriores la prórroga de la suspensión de lanzamientos solo se hacía durante dos años, en este Real Decreto Ley se extiende a cuatro años. De este modo, «hasta mayo de 2024 ninguna familia vulnerable será expulsada de su hogar porque se ejecute su hipoteca».

En el mismo texto también se amplía la definición de colectivo vulnerable para incluir, además de los titulares de una hipoteca que estén en posición de desempleo o a familias con algún miembro con discapacidad, en situación de dependencia o mayores de 60 años, se incluyan como beneficiarios de la suspensión de desahucios a las familias monoparentales con un solo hijo.

Por otro lado, el Real Decreto Ley aumenta el límite de ingresos para poder beneficiarse de la medida, al incrementarse por cada hijo a cargo dentro de la unidad familiar en 0,15 veces el Iprem para familias monoparentales (968,10 euros por 12 pagas y 1.127,87 euros por 14 pagas) o en 0,10 veces el Iprem para el resto de familias (645,40 euros por 12 pagas y 751,91 por 14 pagas).

Según explicó Montero, el Gobierno ha decidido que el nivel de renta de referencia para que se considere vulnerable una familia debe ajustarse por el número de hijos que tiene la persona o la pareja.

En cuanto a la suspensión de lanzamientos, este Real Decreto Ley también prevé la suspensión con independencia de si la vivienda se adjudica a un banco o a un tercero y amplía la protección a los más vulnerables con independencia de dónde se adjudique el bien.

«El Gobierno está intentando proteger a los colectivos más vulnerables, que son los que más lo necesitan, y el compromiso es el de atender una realidad social que vino agudizada con motivo de la crisis, pero que todavía no alcanza a muchas de las personas que continúan en esta situación de especial vulnerabilidad y que necesitamos proteger», resaltó la ministra.

El precio del petróleo ha caído de forma estrepitosa llegando al menor nivel alcanzado en los últimos 29 años. Esto se debe a dos motivos: por un lado la alarma global por el COVID-19 y por otro, la crisis en la OPEP. El viernes pasado se iniciaba una guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudí, ante un desacuerdo sobre cómo dar respuesta al descenso de la demanda de crudo en todo el mundo provocada por la pandemia. Es el mayor derrumbe desde que los Estaos Unidos inició la ‘Operación Tormenta del Desierto’, en 1991, para expulsar a Irak de Kuwait. 

Pero la pregunta es, si baja el precio del barril de crudo, ¿por qué no baja también la gasolina? La respuesta rápida es que, del precio total del litro de gasolina, solo el 50% corresponde a la materia prima. La otra mitad son impuestos. 

Los costes fijos, actúan como un tope en el precio, de forma que, independientemente de lo que baje el petróleo, los consumidores siempre tendrán que abonar los impuestos relativos a la gasolina. Generalmente se sitúan alrededor de unos 50 céntimos por litro reportado. Este impuesto se conoce como “impuesto especial de hidrocarburos” y no se calcula en porcentaje, como otros tributos, si no que es un importe fijo. Así pues, aunque la OPEP regalase petróleo, tendríamos que pagar al menos esa parte de tasas. 

Los impuestos que se aplican son tres. El principal es el de hidrocarburos, que se introdujo en el año 92 como resultado de varias directivas europeas. En el 98, el sector se liberalizó, para permitir la competencia entre petroleras. Otro impuesto es el que se aplica a las “ventas minoristas”, que se introdujo en 2002. Supone unos 3 céntimos por litro (varía un poco entre diésel y gasolina) y es un precio también fijo. Finalmente se aplica el IVA como en cualquier otro producto, sumando el 21% al preció final. 

EL PRECIO DE LA GASOLINA NO BAJA, PERO SÍ SUBE

Como ves, estos tres impuestos hacen que cualquier posible bajada de precios, sea prácticamente insignificante para el consumidor. Pero si bien hay un tope por debajo, no lo hay por arriba. El portavoz de Facua, Rubén Sanchez, se ha pronunciado al respecto:  “al no haber un tope legal en el precio las empresas pueden especular”. Esto significa que las marcas pueden cargar al consumidor el incremento del petróleo según su propio criterio, porque no existe ninguna norma que limite las subidas de precio. Las gasolineras pueden marcar el precio libremente. 

Normalmente, cuando se producen crisis que afectan al crudo, como la actual, la bajada de los precios se reflejan en las gasolineras de manera muy leve, si se compara con la caída del barril. Por ejemplo, en la crisis económica de 2008, el Brent disminuyó en un 75%, pero la gasolina solamente bajó el 30%. En 2014 se produjo la “guerra del fracking” y el petróleo cayó un 60%. Pero el precio para el consumidor, solo descendió un 20%. Las subidas, en proporción, sí se reflejan más. Sirve de ejemplo la subida que se produjo en 2010, cuando el barril aumento un 42% su precio y la gasolina subió un 17%.

El pasado 4 de marzo, el Tribunal Supremo decidió que los intereses de las tarjetas ‘revolving’ son usura cuando superen el 20%. El Alto Tribunal sentaba así jurisprudencia, tras analizar un caso concreto de WiZink y estableció que ese es el nivel para determinar el interés normal del dinero, si se supera el contrato debe ser anulado.

Dos días después, un juzgado de Tolosa (Guipúzcoa) anulaba una tarjeta ‘revolving’ de WiZink al considerar usura el 24% de interés aplicado. Ahora el banco tiene que devolver al cliente más de 2.000 euros que le había cobrado en intereses.

Días más tarde, un juzgado de Madrid condenaba de nuevo a WiZink a devolver los intereses pagados de más (cerca de 4.000 euros) por una tarjeta que aplicaba una TAE del 26,82% a su titular.

A TODA PRISA

El proceso se ha acelerado: los afectados han empezado a reclamar y los bancos más afectados (WiZink, Bankinter, Carrefour o Caixabank) quieren negociar. De momento han contactado con sus clientes ofreciéndoles todo tipo de acuerdos.

El objetivo que se esconde detrás de esta estrategia es “conseguir que el afectado no acuda a la vía judicial con posibilidades de éxito” explican desde Reclama Por Mí y aconsejan “que no se acepte cualquier acuerdo” sin consultarlo previamente.

Los bancos saben que sus clientes han iniciado las reclamaciones y tienen todas las de ganar, si bien, las entidades tienen registradas todas las reclamaciones extrajudiciales que envían los despachos de abogados. Por ello, se han adelantado y ofrecen propuestas, pero lo hacen sin la supervisión del despacho de abogados.

Al hacerlo, explican a su cliente que la reclamación no será efectiva, ya que puede conllevar un sobrecoste, e instan al usuario a valorar si el proceso, que durará varios meses, traerá costes asociados superiores a la cantidad a devolver.

UN 50% MENOS

Entre las propuestas ya planteadas están la de rebajar el tipo de interés por debajo del 20% o, directamente reducir un 50% la deuda. Pero hay que tener en cuenta que si el banco decide llegar a un acuerdo con el afectado es “porque seguramente haya pagado el capital dispuesto”, aclaran desde el bufete de abogados.

En este tipo de acuerdo “el banco siempre gana, y justifica la nueva oferta como un favor”. Por ejemplo, dicen que eres un cliente preferente y que no a todos les ofrecen lo mismo. Sin embargo, han estudiado el caso en profundidad y confunden al cliente, quien podría recuperar todas las cantidades abonadas de más, reclamando.

La nueva oferta “podría ser una trampa” porque estos productos suelen incluir más gastos asociados. Las entidades aprovechan (una vez más) el desconocimiento del consumidor y ofrecen una nueva oferta sin informarles demasiado.

DE NUEVO, LA TRANSPARENCIA

“Es muy importante que el consumidor esté bien asesorado y vaya acompañado de un abogado especializado que supervise el acuerdo”. Éste debe realizarse siempre por escrito y estar complementado por toda la información contractual del crédito, señalan los de Reclama Por Mi.

En la sentencia del Tribunal Supremo contra WiZink, los magistrados no valoraron la transparencia de las ‘revolving’ porque el demandante del caso solo ejercitó la acción de nulidad de la operación.

Sin embargo, todas las asociaciones de usuarios pedían esta aclaración al considerar que no superan el control de incorporación y comprensibilidad propios de contratos entre consumidores.

De hecho, el Banco de España ya advertía en su memoria de 2011 que «es necesario que el cliente sea perfectamente advertido de las condiciones económicas de la utilización de la tarjeta, en especial en las de pago aplazado, para evitar situaciones de consumo irresponsable y sobreendeudamiento» comentan desde ASUFIN.

Esta cuestión está en el aire, por ello desde todas las plataformas de afectados piden que a la hora de venderlas, se le explique al cliente el mecanismo de amortización de estas tarjetas. Y a la hora de negociar con el banco, no firmen sin consultar.

El Real Decreto-ley que incluye la consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus Covid-19 entra en vigor este jueves.

Así se establece en el Real Decreto-ley por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros y publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El artículo quinto de la norma, que entrará en vigor este jueves, establece que, al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus Covid-19.

En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrádeterminada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta. Además, se fija que podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.

«La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha», según la norma.

De esta forma, el Gobierno cambia el criterio respecto al aislamiento, ya que hace menos de dos semanas la Seguridad Social aclaró en una nota que los trabajadores en aislamiento preventivo por el virus se consideraban en situación de incapacidad temporal (baja laboral) por enfermedad común, si cumplían los demás requisitos y conforme al régimen de la Seguridad Social.