Concluye una semana en la que los bancos españoles han perdido más de 9.000 millones de euros en Bolsa, una cantidad que podría ser incluso superior si el consejero delegado de CaixaBank, Gonzálo Gortázar, no se hubiera mostrado tan taxativo respecto al impacto que tendrá la reciente sentencia del Supremo, que establece que son las entidades financieras y no los clientes quienes tienen que hacer frente al pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en los préstamos hipotecarios.
El directivo se ha mostrado tranquilo y ha descartado que se vaya a penalizar a los bancos, ya que ellos han cumplido la normativa vigente desde hace más de dos décadas. Gortázar sabe que la pelota está en el tejado de los gobiernos regionales, que son los que han ingresado el dinero procedente de este tributo que es de carácter autonómico. La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA) también lo tienen claro: “la sentencia se refiere a una cuestión de naturaleza tributaria” y “las entidades de crédito no han percibido cantidad alguna de sus clientes por este concepto”.
Aun así, todo el sector está pendiente de lo que decida el Alto Tribunal en el Pleno que se celebrará el próximo 5 de noviembre, ya que en esta cita se determinará la cantidad final que deberá devolverse a los clientes por parte de las Haciendas autonómicas. Y que eventualmente podrá reclamar el Fisco a la banca. En los últimos días todos han hecho sus quinielas, pero la cifra más realista es la que ofrece la agencia Moody´s, que coincide casi plenamente con la que apuntan los técnicos de Hacienda agrupados en el sindicado Gestha: si se aplica la normativa tributaria que establece que la retroactividad se aplique a los últimos cuatro años el volumen de dinero a desembolsar será de 4.000 millones de euros incluidos los intereses de demora. Fíjense que es menos de la mitad del capital que ha huido esta semana de las entidades financieras en Bolsa.
A este escenario central se suman otros dos: que el Tribunal Supremo determine que se haga borrón y cuenta nueva y que el pago del AJD sólo se exija a los bancos en la firma de nuevas hipotecas, o –la opción menos probable– que se determine la retroactividad total. En el primer caso el impacto para las cuentas de los bancos sería de cero euros y, en el segundo, el agujero podría alcanzar los 30.000 millones. Precisamente lo elevado de esta última cifra es lo que hace descartar que el Alto Tribunal determine la retroactividad total, según señalan las fuentes jurídicas consultadas por MERCA2.
CALVIÑO QUIERE EVITAR QUE LA BANCA ELEVE LAS PROVISIONES
Es decir, que los inversores descuentan que tras el Pleno en el que votarán los 31 magistrados del Supremo se abrirá un proceso en el que las comunidades autónomas tendrán que asumir un desembolso a los clientes afectados de unos 4.000 millones de euros si todos decidieran reclamar, un dinero que, en teoría, posteriormente Hacienda solicitará a las entidades financieras.
Sin embargo, el Ministerio de Economía no ve con buenos ojos que se obligue a los bancos a hacer frente a este desembolso, ya que tendrían que aumentar sus provisiones en un entorno adverso, aspecto que vigila de cerca el Banco Central Europeo (BCE). El departamento que dirige Nadia Calviño baraja todas las opciones para evitar que las entidades tengan que hacer frente a este gasto extraordinario. Y si finalmente se les exige esto supondrá, además de las citadas provisiones, un encarecimiento de las hipotecas que se firmen a partir de ahora. Algo que tampoco desea el Ejecutivo.
ITALIA: BOMBA EN LA LÍNEA DE FLOTACIÓN DE LA EUROZONA
La pregunta entonces es ¿por qué han caído tanto los bancos en Bolsa si todo parece indicar que el problema no es tan grave para el sector como parecía cuando el Supremo rompió la baraja? La respuesta es sencilla: el verdadero problema que amenaza la estabilidad del sector financiero español está fuera de nuestras fronteras. El órdago que ha lanzado Italia a las reglas fiscales de la Unión Europea (UE) negándose a acatar los criterios presupuestarios de Bruselas ha encendido todas las alarmas en la banca ibérica, que tiene una exposición de más de 30.000 millones de euros a la deuda soberana transalpina.
El golpe italiano ha sido la gota que ha colmado un vaso que llevaba meses llenándose. Las crisis de Brasil, México, Argentina y Turquía han estado presionando a la baja sobre los valores bancarios españoles, que han perdido casi 50.000 millones de euros en Bolsa desde el inicio de 2018. No se puede olvidar que un tercio del negocio del sector proviene de las economías emergentes, que están siendo golpeadas por la vuelta a la ortodoxia monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y por la irresponsabilidad fiscal de sus mandatarios.
‘SUPERMARIO’ DRAGHI SALE AL RESCATE… COMO SIEMPRE
En este contexto la intervención del presidente del BCE, Mario Draghi, la tarde del pasado jueves fue –una vez más– clave para detener la espiral bajista de los bancos españoles, o al menos para paliarla, al anunciar que no modificará el calendario de su plan de retirada de estímulos a pesar de las “incertidumbres” en Europa y los emergentes. Una buena noticia para las entidades, que esperan como agua de mayo que comience la subida de tipos para elevar sus márgenes y salir de esta asfixia financiera tras más de una década con las tasas de referencia en mínimos históricos.
“Si Draghi no hubiera mencionado a Italia en su comparecencia las acciones de la banca habrían subido más tras su intervención, pero es indudable que eludir la cuestión era improbable porque en Italia ahora mismo se juega el futuro Europa. En todo caso su mensaje de confianza nos ayudó a detener la sangría de los primeros días de la semana”, señala a MERCA2 un directivo de una entidad financiera del Ibex.
En concreto, el presidente del BCE reconoció que si el Gobierno del país transalpino mantiene su pugna con la Comisión Europea se producirá un contagio al resto de países de la eurozona, pero que el impacto sería “limitado”. Este es el mensaje oficial pero fuentes próximas a la autoridad monetaria señalan que aunque el programa de compra de deuda pública concluya a finales de diciembre la ansiada subida de tipos podría retrasarse a finales de 2019 en el caso de que las primas de riesgo de otros países –como España– se disparen. Si eso se produjera Mario Draghi pasaría a la historia como el banquero central que nunca incrementó las tasas de interés durante su mandato.
Finalmente, un elemento que también introduce incertidumbre en la banca española es desconocer que ocurrirá con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que incluyen una batería de subidas fiscales y nuevos tributos que pueden acelerar el cambio de ciclo de la economía nacional que está ya en un contexto de clara desaceleración. El anunciado impuesto a la banca, que no ha sido incluido en el borrador enviado por el Gobierno a Bruselas podría ser añadido en el anteproyecto de Ley que comience su tramitación parlamentaria el próximo noviembre. Es una de las cartas que tiene Moncloa para convencer a las autoridades comunitarias de que no se incumplirá el objetivo de déficit, aunque sea a costa de introducir más presión sobre el castigado sector bancario nacional.
