El consejo de administración de Banco Santander ha decidido reducir la remuneración, tanto fija como variable, que percibirán sus consejeros este año ante el impacto del coronavirus Covid-19, siendo la mayor rebaja para la presidenta de la entidad, Ana Botín, y el consejero delegado, José Antonio Álvarez, que percibirán una remuneración un 50% menor.

El resto de consejeros del banco verán su sueldo reducido un 20%, según ha explicado la entidad en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, la comisión de retribuciones del grupo propondrá trasladar esta medida al resto de equipos directos en los mercados en los que opera Santander.

«La política de bonus se revisará para asegurar que se destinan los mayores recursos posibles a ayudar a nuestros clientes», ha agregado el banco.

«Para muchos de nosotros, la pandemia del coronavirus es el desafío más importante al que nos hemos enfrentado en nuestra vida (…). Nos esperan meses complicados, pero confío en nuestra capacidad como sociedad para superarlo y el banco estará a la altura», ha explicado Botín.

En 2019, la presidenta de Banco Santander percibió una remuneración total de 9,95 millones de euros en 2019, lo que supone un 5,05% menos que los 10,48 millones de euros con los que fue retribuida en 2018. De su lado, Álvarez obtuvo una retribución de 8,27 millones de euros, una cifra un 4,3% inferior a la recibida en el ejercicio precedente, cuando se situó en 8,64 millones de euros.

REVISARÁ EL DIVIDENDO

Por otro lado, aunque Santander ha asegurado que cumple con los requisitos de capital para mantener su política de dividendo, se ha comprometido a revisar la retribución al accionista en 2020, consolidándolo en único pago.

El objetivo de esta medida es «disponer de todos los recursos que sean necesarios para apoyar a las empresas y los clientes particulares que lo necesiten».

Esta medida será sometida a la aprobación de la junta general de accionistas de 2021, por lo que en noviembre de 2020 no se efectuará el pago de dividendo a cuenta. De esta forma, se realizará un único abono en mayo de 2021 y se mantendrá la cuantía hasta que se conozca el impacto que haya tenido la pandemia.

Abengoa ha decidido iniciar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para en torno al 30% de su plantilla en España, así como para aproximadamente el 15% de sus empleados en el resto de países donde está presente, debido al impacto en su actividad por la crisis del coronavirus.

En un comunicado, el grupo de ingeniería y energías renovables señaló que estas medidas iniciales de ajustes en el ámbito laboral tienen «un carácter temporal y extraordinario» y se articularán mediante estos expedientes temporales, «mientras dure esta situación excepcional», con el objetivo de adaptar la estructura a la carga real de actividad en estos momentos, «de manera que todas las funciones puedan ser atendidas suficientemente».

A cierre de septiembre del año pasado, últimos datos facilitados por la compañía, ya que Abengoa está pendiente de presentar todavía sus resultados de cierre de 2019, el grupo contaba con un total de 2.574 empleados en España, el 17% de su plantilla total, que supera los 15.000 en todo el mundo, casi tres cuartas partes de ellos en el continente americano.

Abengoa subrayó que estas medidas no serán expedientes de afectación general, sino que se aplicarán por funciones, «siempre preservando el desempeño de las operaciones y servicios necesarios para cumplir nuestros compromisos frente a terceros».

El grupo enmarca estas medidas en el objetivo de «salvaguardar el proyecto empresarial de la compañía, que destaca que el impacto económico por esta crisis «será muy notable».

REVISIÓN DE SU PLAN DE VIABILIDAD

Asimismo, Abengoa ha señalado que ha decidido realizar una revisión de su plan de viabilidad debido al impacto que el ‘Covid-19’ puede tener sobre él, «que espera pueda concluir en la próximas tres semanas», informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo retrasó ya su presentación de las cuentas de 2019 porque estaba pendiente el informe del experto independiente para la valoración de la participación que ostenta en su Abengoa Abenewco 2 y señala que, una vez que disponga de la revisión de su plan de viabilidad y este informe, «se presentarán las cuentas semestrales».

RECORTE EN LA RETRIBUCIÓN DE LA DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN DE VARIABLES

Asimismo, el consejo y el equipo directivo reducirán un 20% sus retribuciones, suspendiéndose también el abono fraccionado de los variables 2018 que venía realizando (el variable 2019 ya fue cancelado), hasta que la situación de estado de alarma finalice.

El grupo presidido por Gonzalo Urquijo indicó que en esta crisis «ha priorizado» la salud de sus empleados en todo el mundo en todo momento, «con un seguimiento exhaustivo y tomando todas las medidas necesarias en función de las instrucciones y recomendaciones dictadas por las autoridades en cada país.

El sindicato Free Riders ha denunciado a Glovo ante la Inspección de Trabajo de la Generalitat porque creen que se ven expuestos «al riesgo de ser infectados» al tener que trabajar sin medidas de protección durante el estado de alarma decretado por el Gobierno para contener el contagio del coronavirus, ha informado el sindicato y ha confirmado la Conselleria de Trabajo a Europa Press.

En la denuncia, recogida por Europa Press, el sindicato considera que trabajar sin las medidas adecuadas de seguridad supone «un grave atentado contra el derecho de la seguridad y la salud de los repartidores de plataformas digitales, que se ven obligados a trabajar estos días de confinamiento».

Los repartidores le han pedido a la Inspección de Trabajo de la Generalitat, después de hacerlo ante la estatal, que «abra el pertinente expediente» e imponga las sanciones que deriven de las infracciones que consideran que comete Glovo.

En declaraciones a Europa Press, el abogado y portavoz del sindicato, Roberto Castro, ha criticado que plataformas de reparto como Glovo no les dan elementos de protección, como guantes, mascarillas y gel desinfectante.

Castro ha subrayado que los protocolos de seguridad aplicados por la empresa no les protegen, puesto que se pueden cruzar con muchas personas en los repartos, como los vecinos, pese a que no vean a la persona a quien hacen la entrega.

También ha avisado de que los repartidores se amontonan muchas veces en espacios pequeños cuando tienen que ir a los locales a recoger los paquetes, lo que ha subrayado que la empresa debe prevenir y evitar.

Los trabajadores de Primark quedarán en manos del Estado a partir del 1 de abril. El gigante retail ha optado por no completar el salario de sus empleados que estén en desempleo, donde se cobra el 70%, más allá del 31 de marzo como le reclaman los sindicatos.

En total, la cadena textil ha incluido a más de 7.000 empleados, todo su personal de tiendas, en un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE). La razón esgrimida por la compañía, como la de todas, es la de fuerza mayor debido a la obligación de cerrar los establecimientos debido al coronavirus, señalan desde CCOO.

Con dicha decisión, Primark prefiere hacer caso omiso del ejemplo dado por Inditex y no solo no cargará con el coste social del ERTE, sino que incluso no tiene previsto compensar a sus trabajadores. Una decisión que se crítica desde los sindicatos, ya que «empresas como Primark no se pueden comparar al pequeño y mediano comercio ya que su patrimonio empresarial puede asumir el coste salarial de este periodo extraordinario y que no es necesario cargar al Estado de los costes salariales de siete mil empleados y empleadas».

EL CIERRE YA SE EJECUTO EL FIN DE SEMANA

La cadena textil británica anunció a lo largo de la mañana que había cerrado todos sus establecimiento este pasado finde semana todos sus establecimientos en el Reino Unido. Esta medida forma parte de los movimientos de contención de la epidemia de coronavirus. Así, la compañía ha clausurado sus 376 establecimientos en 12 países.

La decisión le computará unos altos costes económicos. De hecho, la firma estima una pérdida de alrededor de 650 millones de libras esterlinas (708 millones de euros) en ventas netas cada mes, según ha informado Associated British Foods (ABF), matriz de la compañía.

Para paliar el alto coste económico, en primer lugar, se ha determinado una reducción sustancial de los gastos discrecionales. También se está avanzando en el ajuste de los costes fijos tras mantener negociaciones con socios comerciales, incluyendo los propietarios de los edificios donde se ubican los locales comerciales.

Por último, la empresa también ha agradecido las medidas de apoyo anunciadas por los diferentes gobiernos de los países en los que opera. Entre los que obviamente, está España, que no solo se encargará de los gastos de sus trabajadores, a los que la empresa deja tirados desde el 1 de abril, sino también porque las cargas sociales se reducen drásticamente. Que así, obviamente, se despide mucho mejor.

PEDIDOS EN PRIMARK

«Como resultado, actualmente esperamos ser capaces de recuperar alrededor del 50% del total de los costes operativos», precisó la compañía. También ha anunciado a sus proveedores que “lamentablemente, dejará de realizar nuevos pedidos”.

No obstante, la multinacional ha subrayado que cuenta con un sólido balance y una liquidez sustancial, con alrededor de 800 millones de libras (869 millones de euros) en efectivo a mediados del ejercicio, además de una facilidad de crédito de unos 1.100 millones de libras (1.194 millones de euros), por lo que dispone de unos 1.900 millones de libras (2.063 millones de euros). Y, por último, lo más importante. Los Gobiernos por detrás que harán el trabajo sucio.

Primark ha notificado a los sindicatos el inicio de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor en España, donde cuenta con una plantilla que supera los 7.000 empleados, tras el cierre de todas sus tiendas después de decretarse el estado de alarma en España para luchar contra la propagación del coronavirus.

En concreto, la enseña de moda ‘low-cost’ ha ofrecido a sus empleados completar la prestación por desempleo hasta el 100% del salario mensual en marzo, así como no descontar de las pagas extras la cantidad que pertenezca al tiempo que los contratos de trabajo queden suspendidos, según ha informado CCOO.

La firma también ha puesto sobre la mesa no descontar los días de vacaciones por el tiempo que los contratos de trabajo queden suspendidos y que las vacaciones no disfrutadas por la crisis se acordarán de nuevo con la dirección de las tiendas.

No obstante, CCOO considera estas condiciones todavía insufientes y reclama que la garantía respecto al salario, así como al devengo de las pagas extras y vacaciones, se extiendan al menos hasta el 11 de abril, «toda vez que el Gobierno ya ha anunciado la prórroga del estado de alarma y que no se traslade la crisis sanitaria del Covid-19 a los bolsillos de la plantilla.

El sindicato ha criticado que la multinacional irlandesa se haya acogido al ERTE. «Creemos que empresas como Primark no se pueden comparar con el pequeño y mediano comercio, ya que su patrimonio empresarial puede asumir el coste salarial de este periodo extraordinario y no es necesario cargar al Estado de los costes de 7.000 empleados», señalan.

Primark cuenta en España con más de 40 establecimientos repartidos por el territorio y tenía previsto abrir este año una tienda en Barcelona y otra en Sevilla.

La cadena textil ha anunciado el cierre de todos sus establecimientos en el Reino Unido como parte de las medidas de contención de la epidemia de coronavirus, con lo que la compañía ha clausurado sus 376 establecimientos en 12 países, lo que representa para la firma la pérdida de alrededor de 650 millones de libras esterlinas (708 millones de euros) en ventas netas cada mes, según ha informado Associated British Foods (ABF), matriz de la compañía.