La imagen es de lo más elocuente: gasolineras a las que no faltaban clientes ahora parecen desiertos. Una situación que, ni la Semana Santa, va a remediar. Las medidas de confinamiento decretadas por el coronavirus seguirán vigentes, y el negocio desinflándose.

Ante esta situación, la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), ha solicitado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que establezca unos servicios mínimos “razonables”.

Y lo hacen porque consideran que el sector está viviendo una situación de emergencia. La reducción de la movilidad está trayendo consigo una importante bajada de la facturación (alrededor del 80% en algunos casos). Por no hablar del peligro sanitario que supone para los empleados tener abiertas todas las estaciones de servicio.

La demanda de carburantes ha disminuido de manera muy considerable tanto en carreteras como en zonas urbanas

Aevecar, una de las grandes patronales a nivel nacional del sector de estaciones de servicios, estima que la actividad en el país ha disminuido hasta niveles del 10%. Ello se ha debido a las medidas de aislamiento que el gobierno ha determinado. Medidas que la asociación apoya sin fisuras.

En cuanto a la movilidad, según Aevecar, es evidente que se ha reducido casi a cero. Salvo para transporte. Aunque éste también ha menguado ya que, prácticamente, sólo funcionan actividades de primera necesidad.

GASOLINERAS Y MENOR DEMANDA

Aevecar estima que la demanda de carburantes ha disminuido de una manera «muy considerable», estando actualmente a un 25-30% en carreteras y a un 10-15% en zonas urbanas. Pero, por imperativo legal, tienen que permanecer abierta la práctica totalidad de la red de estaciones de servicio. Hablamos de casi 12.000 instalaciones. «Ello supone un riesgo innecesario para los más de 50.000 trabajadores del sector y para el resto de la población, ya que se les hace salir de casa sin que sea necesario», afirma Alejandro Ripoll, presidente de Aevecar.

El presidente reconoce que en estos momentos es prioritario el asunto sanitario. «Pero las empresas del sector, microempresas familiares en muchos casos, están sufriendo unas importantísimas pérdidas por la falta de actividad que conlleva las estrictas y necesarias medidas de confinamiento», recalca.

La propuesta de servicios mínimos fue formalizada tanto por Aevecar y por la otra gran patronal del sector, Ceees, al ministerio el pasado 20 de marzo. Desde entonces no han recibido ningún tipo de respuesta.

El parón de la actividad económica no esencial en España decretado para tratar de contener la propagación de la pandemia de Covid-19 puede suponer un coste de entre 10.000 y 20.000 millones de euros, lo que equivale a la pérdida de entre 0,8 y 1,6 puntos porcentuales de PIB, según un estudio elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo).

De este modo, el prestigioso instituto alemán calcula que un paréntesis de la actividad económica que alcanzase los dos meses supondría un impacto negativo de entre 101.000 y 171.000 millones de euros, restando así entre 8,1 y 13,8 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.

Asimismo, en un escenario en el que la parálisis de la actividad se extendiera en España durante tres meses, el coste económico oscilaría entre los 141.000 y los 250.000 millones de euros, con la pérdida de entre 11,3 y 20 puntos porcentuales de crecimiento.

«Hay una necesidad urgente de que las empresas adopten medidas que combinen la reanudación de su actividad con la contención de la epidemia», señala el presidente del Ifo, Clement Fuest, para quien «si las empresas permanecen cerradas más de un mes, la pérdida de actividad alcanzará con rapidez dimensiones mucho más allá de los desplomes registrados en recesiones anteriores o en desastres naturales en la historia de la Unión Europea».

Entre el resto de economías europeas analizadas, el Ifo estima que cada semana de alargamiento del encierro en Italia supone un coste de entre 14.000 y 27.000 millones de euros, con la pérdida de entre un 0,8% y un 1,5% del PIB, lo que llevaría a un impacto adverso de entre 143.000 y 234.000 millones a los dos meses, lo que equivale a restar entre 8 y 13 puntos al crecimiento anual, y de una horquilla de entre 200.000 y 342.000 millones si la parálisis se prolongase tres meses, con una pérdida de entre 11,2 y 19,1 puntos porcentuales del PIB.

En el caso de Francia, las estimaciones del instituto germano apuntan a un coste semanal de las medidas de confinamiento de entre 18.000 y 35.000 millones de euros, lo que equivale a la pérdida de entre 0,7 y 1,4 puntos de PIB, con un impacto de hasta 298.000 millones si se cumpliesen los dos meses de parón, restando hasta 12,3 puntos al crecimiento, mientras que si el paréntesis económico se extiene a un trimestre el impacto adverso oscilaría entre los 247.000 y 436.000 millones, con la pérdida de entre 10,2 y 18 puntos porcentuales de crecimiento anual.

Por su parte, Reino Unido afrontaría un peaje de entre 19.000 y 38.000 millones de euros por cada semana que se prolongase la paralización de su economía, restando a su crecimiento entre 0,8 y 1,5 puntos porcentuales. Con un parón de dos meses, la economía británica perdería entre 193.000 y 328.000 millones, reduciendo entre 7,7 y 13 puntos su PIB, mientras que a los tres meses la factura oscilaría entre 271.000 y 480.000 millones de euros, con la pérdida de entre 10,7 y 19 puntos de PIB.

IMPACTO EN ALEMANIA

La semana pasada, el instituto Ifo alertaba de que la pandemia de coronavirus y las medidas para contener su propagación podrían llegar a costar a la economía alemana, bajo el peor escenario previsto, hasta 729.000 millones de euros y la destrucción de casi un millón y medio de empleos a tiempo completo, lo que supondría la pérdida de 20,6 puntos porcentuales de PIB en el conjunto del año.

«Se prevé que los costes superarán todo lo conocido en Alemania en anteriores crisis económicas o desastres naturales en las últimas décadas», advertía Clemens Fuest.

Según el Ifo, si la economía alemana se paralizase durante dos meses, los costes pueden oscilar entre 255.000 y 495.000 millones, dependiendo del escenario y el PIB perdería entre 7,2 y 11,2 puntos porcentuales, mientras que con tres meses de cierre, los costes ya alcanzarían entre 354.000 y 729.000 millones de euros lo que supondría una reducción del crecimiento de entre 10 y 20,6 puntos porcentuales.

En este sentido, el Ifo calculaba que cada semana de extensión del cierre causaría unos costes adicionales de entre 25.000 y 57.000 millones de euros, restando entre 0,7 y 1,6 puntos porcentuales al crecimiento.

El Banco de España ha confirmado este miércoles que el Euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, subió ligeramente en marzo y se situó en el -0,266%, frente al -0,288% de febrero.

El martes, último día de marzo, el Euríbor se colocó en el -0,171%, con lo que la media del mes se situó en e -0,265%, encadenando cuatro años y un mes en negativo.

Esto supone que las hipotecas de 120.000 euros a 20 años con un diferencial de Euríbor +1% a las que les toque revisión experimentarán un abaratamiento de 71,76 euros en su cuota anual respecto al mismo mes del año pasado o, lo que es lo mismo, de 5,98 euros al mes.

Los datos correspondientes al mes de marzo muestran también un ascenso, hasta el -0,266%, del míbor, el tipo interbancario a un año que servía de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2000.

El comportamiento ascendente del Euríbor a lo largo de todo 2018 llevó a los analistas a pensar en que el indicador se acercaría a cero a finales de 2019 para volver en 2020 al terreno positivo. Sin embargo, tras alcanzar un -0,108% en febrero de 2019, su tendencia positiva se vio interrumpida, tocando un nuevo mínimo histórico del -0,356% en agosto.

Desde entonces ha rebotado ligeramente, y encadenaba cinco meses de subidas cuando volvió a descender el pasado mes de febrero. Según el director de hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, ha sido la situación del coronavirus la que le ha salvado de un nuevo retroceso este mes de marzo.

De hecho, la evolución del indicador durante el mes ha sido atípica, pues marcó su dato diario más bajo de los últimos 49 meses el día 12, con un -0,368%. En la jornada posterior, cambió de tendencia y volvió a subir, coincidiendo con el anuncio de las medidas económicas del Gobierno español con motivo del estado de alarma por la pandemia del Covid-19.

Asimismo, la decisión de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, de no bajar más los tipos (como sí ha hecho Estados Unidos) e inyectar liquidez al sistema «ha provocado la subida de este índice, que es muy sensible a todas las decisiones económicas que se toman desde este organismo», ha afirmado Colombelli.

El Gobierno permitirá a las compañías cotizadas modificar su propuesta de dividendo por la situación creada por el estado de alarma derivado de la crisis sanitaria.

Así lo recoge el real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19 aprobado por el Consejo de Ministros de este martes.

En concreto, el nuevo real decreto ley ratifica las medidas extraordinarias aprobadas el pasado 17 de marzo aplicables a las personas jurídicas de derecho privado y al funcionamiento de los órganos de gobierno de las sociedades anónimas cotizadas, pero añade un nuevo artículo (6.bis) referido a la propuesta de dividendo.

«En relación con la propuesta de aplicación del resultado, las sociedades mercantiles que, habiendo formulado sus cuentas anuales, convoquen la junta general ordinaria a partir de la entrada en vigor de la presente disposición, podrán sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria por otra propuesta», indica el documento.

El órgano de administración de la empresa deberá justificar, por la situación creada por el Covid-19, la sustitución de la propuesta de aplicación del resultado, que deberá acompañarse de un escrito del auditor de cuentas que indique que no habría modificado su opinión de auditoría si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva propuesta.

En el caso de las compañías cuya junta general ordinaria ya se hubiera convocado, el real decreto permite que el órgano de administración retire del orden del día la propuesta de aplicación de resultado para someter una nueva a la aprobación de la junta, que deberá celebrarse dentro del plazo legalmente previsto.

De ser así, la decisión deberá publicarse antes de la celebración de la junta general ya convocada y la nueva propuesta también deberá cumplir con los citados requisitos de justificación y escrito de auditor de cuentas.

El nuevo real decreto también indica que si las sociedades cotizadas deciden aplicar alguna de estas medidas, deberán hacer pública la nueva propuesta, su justificación por el órgano de administración y el escrito del auditor, tan pronto como se aprueben, como información complementaria a las cuentas anuales en la página web de la compañía y en la de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

SE AMPLÍAN LOS PLAZOS PARA PRESENTAR CUENTAS Y CELEBRAR JUNTAS

El nuevo real decreto ratifica la ampliación de los plazos durante el ejercicio 2020 para celebrar las juntas de accionistas y para presentar las cuentas anuales que ya recogía el real decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al Covid-19.

Tal y como recogía el documento previo, las empresas que cotizan en Bolsa podrán celebrar sus juntas generales de accionistas «dentro de los diez primeros meses del ejercicio social», es decir, que tienen un plazo de hasta finales del mes de octubre, cuatro meses más frente al anterior plazo de finales de junio.

Además, el Gobierno otorgó flexibilidad a las compañías para celebrar estas reuniones de forma completamente telemática y en cualquier lugar, aunque estos términos no estén contemplados en los estatutos sociales de la empresa, siempre que se faciliten «garantías razonables» para ello. Si la asamblea ya estuviera convocada, podrán modificarse los términos de esta convocatoria publicando un «anuncio complementario al menos cinco días naturales antes de la fecha de celebración».

El real decreto también dio margen en el calendario que tradicionalmente tienen las empresas cotizadas para presentar sus cuentas anuales a la CNMV, pues contarán con hasta seis meses para cumplir con la obligación de publicar su informe financiero anual y el informe de auditoría de sus cuentas anuales a partir del cierre del ejercicio social. El plazo se extenderá a cuatro meses para la publicación de la declaración intermedia de gestión y el informe financiero semestral.

La Campaña de la Renta de 2019 arranca este miércoles 1 de abril y el plazo se prolonga hasta el próximo 30 de junio. La Agencia Tributaria mantiene el calendario previsto pese a la crisis sanitaria del Covid-19.

¿QUIÉN DEBE DE HACERLA?

Tendrán que declarar los contribuyentes que hayan ganado el año pasado 22.000 euros anuales o más cuando procedan de un solo pagador. También aquellos que ingresaron 14.000 euros anuales de más de un pagador, siempre que la suma de del segundo y el resto de pagadores, superen en su conjunto los 1.500 euros anuales.

Además, deben presentar la declaración los beneficiarios de pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades alimenticias no exentas, y aquellos cuyo pagador no está obligado a retener o cuando se perciban rendimientos sujetos a tipo fijo de retención.

¿CÓMO LA HAGO?

Hacienda estima que cerca del 88% de las declaraciones se harán por Internet, y desde hace unos días están disponibles los datos fiscales, a los que se puede acceder desde la aplicación móvil de la Agencia tributaria y la página web de la AEAT, a través del sistema REN0, el certificado o la Cl@ve PIN.

Aunque también pueden solicitar el número de referencia desde el pasado 6 de marzo por las mismas vías. Desde este miércoles los usuarios pueden gestionar sus declaraciones por Internet, a través del servicio de tramitación Renta Web, y de la app.

Igualmente, sigue disponible como otros años el servicio telefónico (el Plan ‘Le Llamamos’) de información tributaria de Renta, a través de los números 901 33 55 33 o 91 554 87 70, estos permanecen todo el año.

¿SE PUDE HACER PRESENCIAL?

La Declaración de la Renta se puede hacer de forma presencial, aunque hay que pedir cita previa por teléfono y esta se ha retrasado al 5 de mayo y hasta el 29 de junio. Una vez que se tenga la cita, se podrá acudir a la institución correspondiente a partir del 13 de mayo.

Estas puede ser las oficinas de la AEAT y otras entidades colaboradoras como como comunidades autónomas, ayuntamientos o registros.

¿CUÁNDO ME DEVUELVEN?

A partir del viernes 3 de abril, los contribuyentes comenzarán a recibir sus devoluciones en los caos que corresponda. En este sentido, la Agencia Tributaria estima que cerca del 70% de las declaraciones salen a devolver.

Los que tienen que pagar empezarán a hacerlo en junio, cuando la campaña acabe. Si se opta por hacerlo de una vez se abonará el día que se presente (hasta el 30 de junio). Los contribuyentes que quieran fraccionar (sin interés ni recargo), pueden hacerlo en dos partes.

La primera, del 60% de su importe, en el momento de presentar la declaración, y la segunda, del 40% restante, hasta el 5 de noviembre de 2020, inclusive.

¿HAY NOVEDADES?

Si, este año hay novedades. En el borrador de la Renta ya figura una simplificación respecto al modelo de años anteriores respecto a la identificación del domicilio fiscal del contribuyente. Este apartado se ofrece de forma separada al resto de la declaración, para que el contribuyente ratifique el último domicilio fiscal disponible o, en su caso, lo modifique.

Otra novedad es que se ha consolidado en un único apartado toda la información relacionada con los inmuebles de los que es titular el contribuyente, ya sea como propietario o usufructuario. En el caso de arrendamiento de bienes inmuebles o de constitución de derechos o facultades de uso o disfrute sobre los mismos, se desglosan todos los conceptos necesarios para ayudar al contribuyente en el cálculo del principal gasto deducible.

Tras cumplimentar estas casillas, Renta Web calculará el importe de la amortización deducible y, en el próximo ejercicio, el contribuyente podrá obtener este importe directamente.

Respecto a los rendimientos de actividades económicas en estimación directa, se ha modificado la relación de ingresos computables y gastos deducibles. En el caso de los ingresos, se persigue que la relación de ingresos declarados sea más acorde a la naturaleza de los ingresos obtenidos.