El Gobierno ha simplificado y flexibilizado, con vigencia indefinida, las reglas de inclusión en el sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios (SETA), tal y como recoge el Real Decreto-Ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo frente al impacto ocasionado por el Covid-19, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La nueva norma beneficia a los pequeños agricultores y ganaderos que se dedican a la actividad agraria, ya que incluye esta medida con la que se mejora la viabilidad del sector al prescindir de los requisitos vinculados a rentas de trabajo y establecer una visión globalizada de todos los componentes de la explotación familiar agraria.

«En un momento en el que el sector agrario ha de ocupar un puesto de primera línea en la actividad económica, por su relevancia tanto en la población activa ocupada como en el producto interior bruto, el Gobierno adecua su regulación a la nueva realidad del campo español», han resaltado desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Se elimina, por tanto, el requisito de obtención de un porcentaje mínimo de rentas provenientes de la actividad agraria y, en el caso de que ocupen trabajadores por cuenta ajena, se establece un límite total de 546 jornadas en un año, las cuales se reducirán proporcionalmente en función del número de días de alta del trabajador por cuenta propia agrario en el Sistema especial durante el año natural de que se trate.

De esta forma, la comprobación de la validez de las incorporaciones al Sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, establecido en el Régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que se encuentre pendiente de realizar por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, se efectuará teniendo en cuenta la nueva regulación del régimen de inclusión en la Seguridad Social.

A los trabajadores del Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios se les aplicará, desde el 1 de enero de 2020, una reducción del 19,11% a las cuotas resultantes durante los periodos de inactividad en 2020 para aquellos trabajadores que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en 2019.

En el ámbito fiscal se flexibiliza la limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de estimación objetiva en el ejercicio 2020, al permitir a los contribuyentes del IRPF del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, que en la presentación del pago del primer trimestre renuncien al método de estimación objetiva, puedan volver a determinar el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva en el ejercicio 2021.

Se elimina así la vinculación obligatoria que durante tres años se establece legalmente para la renuncia al método de estimación objetiva del IRPF, del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura

También en el marco de las medidas fiscales y en relación con el cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del IRPF y de la cuota trimestral del régimen simplificado del IVA como consecuencia del estado de alarma, se contempla la posibilidad para los contribuyentes de no computar como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre.

Dicha medida afecta a la producción de mejillón, industrias de pan y bollería y, en general, al comercio al por menor de productos todo tipo de alimentarios.

En relación con el ajuste de la economía y la protección del empleo, se establece una medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el uso del Fondo de Promoción y Educación de las Cooperativas con la finalidad de paliar los efectos del Covid-19.

Además, se establece una exención a la tasa de buques cuando éstos deban encontrase amarrados o fondeados en aguas portuarias, como consecuencia de una orden de la autoridad competente por razón de la crisis del Covid-19, mientras dure esta circunstancia.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha adjudicado a Quirón Prevención un contrato «de emergencia» para la realización de análisis, de carácter voluntario, encaminados a detectar la infección por coronavirus entre el personal que presta servicios de manera presencial, según un anuncio de la Dirección General del SEPE publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La duración del contrato, cuyo importe asciende a 125.000 euros, será de tres meses, desde el 26 de marzo al 26 de junio o desde su formalización, según consta en la memoria justificativa del gasto a realizar, a la que ha tenido acceso Europa Press.

«La experiencia acumulada en las últimas semanas muestra que la aparición de un caso compatible entre el personal que presta servicios mínimos presencialmente puede haber supuesto el contagio a otros trabajadores/as, haciéndose preciso adoptar medidas para conocer, de forma voluntaria para las personas, si los posibles contactos laborales están contagiados o no a fin de impedir su regreso al trabajo o bien hacerlo en condiciones de seguridad si no se hubiese transmitido el virus.

Además, para la propia persona con síntomas compatibles, la no confirmación puede suponer extender el tiempo de cuarentena más allá de lo necesario en los casos en que no se trate de infección por SARS CoV2″, explica el SEPE.

Dado que este organismo no dispone de personal sanitario propio en sus servicios preventivos ni de laboratorios que puedan realizar estas analíticas, el SEPE ha optado por contratar un Servicio de Prevención Ajeno, en este caso Quirón Prevención, que es además el que actualmente está contratado por el SEPE para la realización de las funciones propias de Medicina del Trabajo.

Esta fue además la única empresa que presentó oferta al procedimiento en cuestión, habiendo quedado desierto un procedimiento previo tramitado para esta misma finalidad.

El organismo señala que, dada la situación actual del sistema sanitario español, dicho servicio sólo se encuentra disponible para las provincias de Madrid, Barcelona, Málaga y A Coruña.

En la semana del 16 al 20 de marzo se solicitó a todas las Direcciones Provinciales del SEPE información detallada sobre positivos por coronavirus y casos compatibles, además de información sobre el número de efectivos que se encuentran prestando servicios mínimos en todas las provincias.

Tras analizar todos estos datos, el SEPE señala que en las provincias en que este servicio está disponible (Madrid, Barcelona, Málaga y A Coruña) prestan servicios mínimos una cifra superior a los 600 trabajadores, «que varía sensiblemente al alza o a la baja en función de las circunstancias derivadas de la crisis actual por pandemia».

«Teniendo en cuenta que casi todos los centros de trabajo presentarán algún caso, que el ratio de transmisión es de 1 a 3 aproximadamente, que la previsión de las autoridades sanitarias es que en torno al 70% de la población se contagie en los próximos meses», el SEPE fija en 500 el número estimado de analíticas a realizar, con un coste, cada una de ellas, de 250 euros más el 21% de IVA, siendo el importe máximo de cada uno de ellos, 250 euros, más el 21% de IVA.

El Gobierno ha llamado a los usuarios del servicio de Cercanías de la estación de Atocha a mantener el «mayor compromiso» por respetar las distancias sociales de seguridad, dado que se trata «del principal punto de concentración de viajeros del país».

Así lo indicó la secretaria general de Transportes, María Jesús Rallo, quien no obstante indicó que en la ‘hora punta’ de este miércoles tampoco se registraron aglomeraciones. «Los ciudadanos y los viajeros se están comportando con gran responsabilidad y están manteniendo las distancias», aseguró Rallo.

«El punto de la red de mayor concentración de usuarios es la estación de Atocha, donde pedimos el mayor compromiso a los usuarios para mantener estas distancias», añadió, para indicar que, en este sentido Adif y Renfe, «hacen todo lo posible para garantizar esas distancias y evitar aglomeraciones».

Durante la comparecencia diaria del comité técnico de gestión de la crisis, la secretaria general de Transportes constató que la movilidad continúa en mínimos en los diferentes modos de transporte.

Los trenes de Cercanías de Madrid circulan con una tasa de ocupación del 12% respecto a lo habitual y los de Barcelona al 9%, porcentajes que son inferiores en el resto de la decena de ciudades donde Renfe presta este servicio.

En cuanto a los trenes AVE y Larga y Media Distancia que tienen permitida su circulación, transportaron 1.733 pasajeros, por debajo de la cota de los 2.000 que se sobrepasó en días previos, datos que, no obstante, representan un volumen mínimo en comparación con los 90.000 viajeros habituales en circunstancias normales.

De su lado, los autobuses de línea interurbanos siguen circulando con una ocupación de apenas entre un 2% y un 4% respecto a lo que acostumbran, y los vuelos se mantienen en el entorno de los 300 diarios, 81 de ellos para conectar las islas.

CUMPLIDO EL REPARTO DE MASCARILLAS

Por otro lado, Rallo indicó que el Ministerio de Transportes ha dado por concluido el reparto de mascarillas a todos los distintos profesionales del transporte al que se comprometió para abastecer este colectivo de medidas de protección.

La secretaria general indicó que los transportistas ya tienen a su disposición en las oficias de Correos una nueva remesa de 1,9 millones de mascarillas que, sumadas a las ya distribuidas, suman un total de 2,87 millones de unidades.

A ellas es preciso añadir las que el Departamento que dirige José Luis Ábalos ha remitido a las comunidades autónomas para repartir entre los profesionales de los transportes de su competencia.

La Alianza Mundial de Centros Financieros (Waifc, por sus siglas en inglés) ha instado a todos los participantes de los mercados financieros a «reconsiderar» sus modelos económicos y priorizar los objetivos a largo plazo ante el impacto que ha supuesto la pandemia del coronavirus Covid-19.

«Tenemos que reconsiderar nuestros modelos económicos y dar una nueva prioridad a las perspectivas a largo plazo y a la economía sostenible«, ha indicado el presidente de la Waifc y consejero delegado de París Europlace, el lobby financiero francés, Arnaud de Bresson.

De su lado, el miembro del consejo de administración de Waifc y director del lobby Frankfurt Main Finance, Hubert Väth, ha indicado que los actores financieros tienen «mucho que aprender» entre ellos y de su historia.

«Centros financieros como Hong Kong o Tokio lidiaron de forma exitosa con desafíos similares en el pasado. Deberíamos aprovechar esas experiencias», ha apostillado Väth.

El organismo ha instado a los gobiernos de todo el mundo a priorizar una respuesta coordinada, así como a dejar de lado la competencia para compartir las mejores prácticas, tanto a nivel público como privado. «Nuestros sistemas financieros son esenciales para la solución. El mundo puede lidiar con estos desafíos si da la respuesta adecuada», ha asegurado Väth.

La crisis sanitaria y económica tras la pandemia del coronavirus está azotando con fuerza al sector inmobiliario, y cada vez son más los que se acuerdan de las nefastas consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria de hace una década.

Sin embargo, el director de estudios del portal inmobiliario pisos.com, Ferran Font, asegura que el precio de la vivienda no se va a derrumbar como a partir de 2009, pero prevé caídas de entre el 6,5% y el 13,5%, tras el fin del confinamiento de gran parte de la población.

Así lo han señalado pisos.com e hipotecas.com en un comunicado, tras analizar el escenario inmobiliario actual con la crisis del covid-19, y también destacan que la recuperación del mercado inmobiliario llegará en el cuarto trimestre de 2020.

De hecho, Font cree que la situación volverá a la tónica de estabilización y de bajada de precios registrada en 2019. Por zonas, las grandes ciudades como Madrid o Barcelona notarán un menor impacto de estos descensos, mientras que en las regiones rurales con menos industria, o en las que están ligadas al turismo, las caídas serán más evidentes.

Desde pisos.com señalan que, la parte de la demanda que disponga de ahorros previos, podrá encontrar buenas oportunidades para comprar. Respecto al sector del residencial en alquiler, Font espera que la moderación de los precios se acelere, y apuesta por una ligera caída a corto plazo.

DOS ESCENARIOS

De cara a este año, Ferran Font dibuja dos escenarios diferentes, en función de cómo avance la crisis del coronavirus. El primero pasa por una recuperación del mercado post-confinamiento rápida: el volumen total de operaciones a final de año estará entorno a las 450.000, lo que supondría una caída del 10% respecto a las 500.000 esperadas.

Por otro lado, considera que si la recuperación es más lenta, las operaciones registradas rondarán las 400.000, un 20% menos que lo previsto para 2020.

Por su parte, la directora general de hipotecas.com, Ruth Armesto, afirma que es «un buen momento para la búsqueda de oportunidades». Así, cree que la autoridad monetaria europea mantendrá la política de tipos bajos más tiempo para estimular la economía, «por lo que será un buen momento para el inversor de compra de vivienda.

«No se prevé una subida del Euribor, sino todo lo contrario, y tampoco se prevé en el corto plazo que las condiciones de los bancos varíen», ha resaltado. E insiste en que la capacidad de adaptación y reinvención de las empresas y los servicios será «clave» para superar la crisis con éxito, pues las prioridades de los propietarios cambiarán al igual que los hábitos.

Por otro lado, tanto pisos.com como hipotecas.com han registrado un aumento de la actividad inmobiliaria online durante el confinamiento. Si antes se entraba en los portales para tomar el pulso a los precios, ahora hay gente activa que busca vivienda de verdad», apunta Font.

Los comerciantes llevaban semanas reclamando medidas urgentes para salvar de la quiebra al sector y, por fin, ha llegado su momento. Al igual que ocurre en el caso de la moratoria hipotecaria y del alquiler residencial, no todos los autónomos podrán acogerse a estas medidas, debido a los requisitos que deben cumplir.

Era uno de los temas pendientes que tenía el Consejo de Ministros encima de la mesa. Finalmente ha querido ayudar a este sector, y ha aprobado medidas extraordinarias para el pago de alquileres de locales de negocios de autónomos, profesionales y pymes cuya actividad económica se ha suspendido o se ha reducido drásticamente tras la crisis sanitaria por la pandemia del covid-19.

De este modo, el Gobierno pretende responder a las necesidades de autónomos y pymes que no tienen capacidad financiera para hacer frente al arrendamiento de sus locales. El procedimiento establecido permitirá que las partes puedan llegar a un acuerdo para la modulación de ese pago y facilitará la continuidad de sus actividades comerciales.

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró que “estas medidas tienen la finalidad de responder a las necesidades de apoyo reforzado derivadas de la prolongación de la situación excepcional causada por el covid-19, así como seguir protegiendo y dando soporte al tejido productivo, minimizando el impacto económico y facilitando que la actividad se recupere en cuanto empiece a remitir esta situación de emergencia de salud pública”.

Las medidas incluidas en el Real Decreto-ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo pretenden distribuir de manera equitativa los efectos del Estado de alarma entre arrendadores y arrendatarios, especialmente cuando los caseros son grandes tenedores.

MORATORIA DE PAGO

Asimismo, el Consejo de Ministros regula un procedimiento para imponer a las partes una modulación del pago de las rentas de los alquileres de locales que se extiende hasta los dos años. Además, en caso de aplicarse la moratoria para este tipo de arrendamientos, se prevé la no ejecución de garantías de pago, como es el caso de avales bancarios o seguros de impago de alquiler, entre otras.

Por tanto, se establece que las personas físicas o jurídicas arrendatarias “de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de industria o de vivienda” podrán solicitar del arrendador, siempre que sea una empresa pública o un gran tenedor, esta moratoria en el plazo de un mes desde este martes.

En caso de que el local comercial sea propiedad de otro tipo de arrendador, como pequeños propietarios, se facilitará el uso de la fianza como mecanismo de pago, que tendrá que ser repuesta en el plazo de un año.

Esta moratoria en el pago del arrendamiento «se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que dure el Estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el Covid-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses», recoge el borrador.

Además, dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengar intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que finalice el Estado de alarma, o cuando pasen los cuatro meses fijados por el Ejecutivo.

REQUISITOS PARA ACOGERSE

Por otro lado, los autónomos deben cumplir una serie de requisitos para cogerse a esta batería de medidas extraordinarias aprobadas por el Consejo de Ministros. Ante todo, el autónomo que solicite estas prórrogas deberá estar afiliado y en situación de alta desde la entrada en vigor de la alarma, el 14 de marzo.

Podrá estar registrado en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.

Además, debe demostrar que su actividad debe haber quedado suspendida como consecuencia de la pandemia. En caso contrario, se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75% en relación a los meses previos y de normalidad.

Estos requisitos son válidos tanto para las pymes como para los autónomos, y la información tendrá que estar recogida en los libros de contabilidad y en una declaración responsable que incluya los ingresos y gastos.