Las comunidades autónomas deberán informar cada mes al Ministerio de Hacienda, y los ayuntamientos cada tres meses, de sus actuaciones llevadas a cabo para afrontar la situación de emergencia derivada de la expansión del virus Covid-19.

Así, el Gobierno ha reforzado las exigencias de información económico-financiera para que estas administraciones den cuenta de los efectos derivados de actuaciones acometidas en relación a esta crisis, así como otra información que se les solicite para cumplir las disposiciones del decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, donde se establecen medidas relacionadas con el alquiler, suministros básicos, autónomos y prestaciones sociales.

Según el borrador de este decreto ley al que ha tenido acceso Europa Press y han confirmado a la agencia desde el Ministerio de Hacienda, el Gobierno establece que esta información deberá remitirse mensualmente por parte de las comunidades, antes del día 15 de cada mes, y trimestralmente por parte de las corporaciones locales, sin perjuicio de otra información que se requiera y en otra periodicidad que se determine.

Asimismo, según el texto del borrador aún no publicado, Hacienda se reserva el derecho a difundir o publicar información remitida y avisa de que el incumplimiento de esta obligación, tanto en los plazos, el modo de envío como en el contenido o idoneidad de los datos facilitados está sujeta a las «medidas correctivas» previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Esta remisión de información se llevará a cabo a través de la Intervención General o unidad equivalente con competencia en materia de contabilidad, en el caso de las comunidades, o la intervención o unidad equivalente en el caso de las corporaciones locales, y será remitida por medios electrónicos, mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, salvo cuando Hacienda no considere necesaria su utilización.

SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE TRÁMITES TRIBUTARIOS

Por otro lado, el Ejecutivo ha extendido la ampliación de los plazos de actuaciones, trámites y procedimientos tributarios aprobado el pasado 17 de marzo a aquellos que sean realizados y tramitados por administraciones tributarias de las comunidades autónomas y entidades locales.

Estos plazos se ampliaron hasta el 30 de abril aquellos ya iniciados y no concluidos antes del pasado 17 de marzo, extendiéndose este plazo hasta el 20 de mayo a aquellos comunicados a partir de esa fecha.

De hecho, con el decreto ley el Gobierno suspende el plazo para ejecutar resoluciones de órganos económicos administrativos, o plazos de prescripción y caducidad de acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria, sin computar el período comprendido desde la entrada en vigor de la declaración del estado de alarma hasta el 30 de abril.

Asimismo, también extiende la posibilidad de aplazar deudas tributarias al ámbito aduanero, siempre que el importe de la deuda a aplazar sea superior a 100 euros, por un tiempo de seis meses y sin devengo de intereses de demora durante los tres primeros meses.

APLAZAMIENTO DE PRÉSTAMOS A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

Asimismo, según el borrador del decreto, el Gobierno aplaza el calendario de reembolso de préstamos concedidos por comunidades autónomas y entidades locales a empresas y autónomos para aquellos casos en los que esta crisis haya provocado períodos de inactividad, una «reducción significativa» en sus ventas o interrupción del suministro en la cadena de valor que dificulte o impida atender al pago de esta deuda.

Este aplazamiento no será aplicable cuando la administración prestamista haya habilitado una solución similar y para poder acudir al procedimiento deberá presentarse una memoria justificativa que acredite esta situación, estar al corriente obligaciones tributarias y de Seguridad Social y respetar «los límites de intensidad de ayuda permitidos» y la regulación comunitaria de ayudas de Estado.

La modificación del calendario de reembolsos respetará el plazo máximo del préstamo, pero se habilita el fraccionamiento de las cuotas aplazadas, que devengarán el tipo de interés para el préstamo o crédito concedido, sin aplicarse ni gastos ni costes financieros.

Asimismo, una vez habilitados los ayuntamientos para poder emplear 300 millones de euros de su superávit en medidas de emergencia sanitaria, se comunica el procedimiento individualizado par que las entidades locales puedan realizar ese gasto, que tendrá la consideración de inversión financieramente sostenible y, por lo tanto, no computará en la regla de gasto.

TRANSFERENCIAS AL TESORO DE LIQUIDEZ DISPONIBLE EN OTROS ORGANISMOS

Al aprobar gastos que no tienen cabida en los Presupuestos prorrogados de 2018, el decreto ley también contempla la transferencia al Tesoro de la liquidez disponible en los organismos autónomos y otras entidades integrantes del sector público estatal, a excepción de las cotizaciones y conceptos de recaudación conjunta cuando pudieran no ser necesarias para financiar el ejercicio de la actividad.

Estas cantidades podrán generar crédito en el Fondo de Contingencia con la finalidad de atender exclusivamente gastos de la crisis sanitaria

SE INGRESARÁN DONACIONES SIN ACEPTACIÓN EXPRESA

Según ha informado el Ministerio de Hacienda, el decreto ley aprobado este martes regula las donaciones de dinero que contribuyan a financiar gastos ocasionados por esta crisis, que se ingresarán en el Tesoro Público sin necesidad de aceptación expresa.

Las donaciones de equipamiento y suministro serán atendidas por el Ministerio de Sanidad mientras que las de bienes inmuebles serán aceptadas por Hacienda, pudiendo destinarse directamente los inmuebles a la lucha contra el Covid-19 o enajenarse para aplicar la cantidad obtenida a esta finalidad.

Las cantidades obtenidas por estas vías quedarán afectadas a la financiación exclusiva de los gastos derivados de la crisis sanitaria y podrán destinarse a atender gastos como equipamientos e infraestructuras sanitarias, material, suministros, contratación de personal o investigación.

CAMBIOS EN LA LEY DE CONTRATOS

Por otro lado, también se prevé que cuando la formulación y rendición de cuentas de las entidades del sector público no fueran posible por causas imputables al estado de alarma, se suspenderán los plazos del ejercicio 2019, aplicándose al sector público local y también podrá ser de aplicación supletoria al autonómico.

También se amplía en un mes el plazo para la rendición de cuentas justificativas de pagos a justificar, previsto en la Ley General Presupuestaria y se modifica la Ley de contratos del sector público para ampliar la posibilidad de establecer contratos de más de cinco años, no solo en servicios, sino suministros y supuestos en los que lo exija el período de la recuperación de inversiones.

También se profundiza en la regulación de la suspensión de contratos públicos de servicios y suministros de prestación sucesiva vigentes que no se puedan ejecutar por el efecto del virus Covid-19.

Aquí está. Un año más. Ni la pandemia puede con ella. La declaración de la Renta llega puntual a su cita. Lo que ocurre este año es que, a diferencia de otros, y debido a la situación de confinamiento, muchos contribuyentes optarán por presentarla digitalmente.

Es posible que, a partir del 13 de mayo, cuando arranque la campaña presencial, el actual confinamiento no sea tal y como lo estamos viviendo ahora. Y, aunque así sea, habrá quien tenga ciertas reservas a la hora de salir de casa para ir a una sede de la Agencia tributaria a que cumpla con aquel lema famoso que decía “España somos todos”.

Los ciberdelincuentes intentarán sacar el máximo partido haciéndose pasar por la Agencia Tributaria

Con Covid-19, o sin él, los ciberdelincuentes estarán manos a la obra para sacar la mayor tajada posible. De hecho, algunos ya han comenzado su particular campaña de phising. Es decir, pidiendo información confidencial a los usuarios pasándose por la Agencia Tributaria, por ejemplo. Ha sido la propia AEAT quien ha advertido de un intento de robo de datos personales y bancarios a través del correo electrónico. El pretexto que ponían era una denuncia de facturas no declaradas.

Por tanto, ojo si no se quiere ser timado en la declaración de la Renta. Habrá que mirar con lupa los mensajes recibidos no sólo en el correo electrónico, también en redes sociales, SMS y plataformas de mensajería instantánea.

LA RENTA Y LOS CANALES OFICIALES

Ante este presumible aumento de ataques online, la Agencia Tributaria recomienda acudir a los canales oficiales en caso de duda cuando se haga la declaración de la renta. Atentos: los oficiales son www.agenciatributaria.es y www.agenciatributaria.gob.es.

Porque los ciberdelicuentes, en su afán por sacar el mayor partido posible, pueden poner cebos que hagan picar al contribuyente. Ya se han detectado por la propia AEAT algunas como www.1agenciatributaria.gob.es. Un 1 que puede ser un dos, un tres… y hasta un 10. Siempre hay que desecharlas.

Si hay dudas, o es necesario asesoramiento, la Agencia Tributaria tiene un teléfono de ayuda bajo el plan “Le llamamos”. Debe solicitar cita previa y tener los papeles a mano. Sólo le atenderán quince minutos, como máximo. La AEAT tiene, asimismo, un listado con los números oficiales. Puede consultar la lista en su web. Si no es así, y le proponen otro número, deséchelo.

Y si le llega un correo electrónico en el que se le piden en nombre de la AEAT información económica o personal, números de cuenta, o de tarjeta, olvídelo. La Agencia Tributaria nunca solicita este tipo de información. Tampoco cobran por los servicios que presta. Si le piden una cantidad, es que no son ellos.

CONSEJOS

Supongamos que, en un determinado momento, usted recibe algún tipo de información relativa a la declaración de la Renta que considera sospechosa. ¿Qué hacer? Entelgy Innotec Security, compañía especializada en ciberseguridad, recomienda tener en cuenta una serie de actuaciones.

Si el canal utilizado para intentar estafarla es una red social, hay que denunciar tanto el mensaje como al responsable del mismo a través de la propia plataforma. También hay que notificar al organismo afectado, es decir, a la Agencia Tributaria, que hay un mensaje circulando y que está suplantando su identidad.

Asimismo, hay que interponer una denuncia antes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es recomendable guardar, por tanto, todas las evidencias para que quede constancia de los hechos denunciados. Y como habrá familiares, amigos, o compañeros de trabajo que también estén haciendo la declaración de la renta, decírselo a ellos De esta manera, estarán apercibidos y ampliarán el círculo diciéndoselo a otros.

El Gobierno ha ampliado la prohibición de cortes de suministro de electricidad, gas y agua a todos los hogares durante el periodo que se prolongue el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus, salvo por motivos ligados a la seguridad del suministro.

El Real Decreto Ley aprobado este martes como un paquete de medidas complementarias para hacer frente al coronavirus, recoge que, «excepcionalmente», mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de estos servicios energéticos (electricidad, gas natural, derivados del petróleo) y de agua, considerados básicos, a los consumidores «en su vivienda habitual», aunque exista esa posibilidad en los contratos de suministro.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, señaló que con esta medida las comercializadoras «no podrán suspender el servicio a ningún ciudadano».

Hace dos semanas, el Ejecutivo ya había prohibido el corte de estos suministros esenciales para los considerados hogares vulnerables en esta situación excepcional, por lo que ahora se amplía a todos los ciudadanos.

Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente esta circunstancia.

Las medidas de confinamiento y restricción de la movilidad han traido aparejadas la estancia ininterrumpida en el domicilio de la mayoría de las familias, realizándose además muchas actividades profesionales que, en circunstancias habituales se realizan fuera del hogar, se han trasladado a la vivienda, como el teletrabajo.

Por ello, los suministros energéticos (electricidad, gas natural, derivados del petróleo) y el suministro de agua adquieren, si cabe, una naturaleza aún más esencial.

«Asimismo, el periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente o en los contratos de suministro en su caso», señala la norma.

EL PRECIO DEL BUTANO SOLO SE REVISARÁ A LA BAJA

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha concretado que, al objeto de proteger al máximo a los consumidores tanto de GLP envasado -categoría que incluye a la bombona de butano-, como de gas natural acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR), solo permitirá una revisión a la baja del precio de estos combustibles en los próximos seis meses.

En caso contrario, y tal y como estableció el Real Decreto-ley 8/2020, del pasado 17 de marzo, los precios de estos combustibles se mantendrán congelados.

Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países del G20 han acordado en la reunión virtual mantenida este martes establecer una hoja de ruta para la implementación de los compromisos adquiridos por los líderes de la organización de llevar a cabo un plan conjunto contra la pandemia de Covid-19, incluyendo las medidas que se hayan tomado y las que se adoptarán para contener el virus, además de subrayar la necesidad de medidas a medio plazo que impulsen a la economía una vez superada esta fase.

En dicho compromiso, se incluye la necesidad de abordar los riesgos para la deuda relacionados con la vulnerabilidad de los países de bajos ingresos en el actual contexto de pandemia para permitir a estas economías concentrar sus esfuerzos en la lucha contra el desafío común.

Asimismo, los ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20 han expresado la necesidad de colaborar con las organizaciones internacionales relevantes para proporcionar con rapidez la asistencia financiera internacional adecuada a los mercados emergentes y países en desarrollo para hacer frente a los desafíos presentados por la pandemia.

Por otro lado, el acuerdo invita a trabajar con la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) en su capacidad de coordinar las medidas de regulación y supervisión tomadas por los países en respuesta a la pandemia de Covid-19.

En este sentido, los ministros de Finanzas y los banqueros centrales del G20 han encargado a los grupos de trabajo relevantes el cumplimiento de la hoja de ruta con vistas a su reunión virtual del 15 de abril de 2020 y pactaron continuar discutiendo y tomar las medidas urgentes necesarias para abordar el desafío global presentado por la pandemia Covid-19 .

Los ministros de finanzas del G20 y los gobernadores de los bancos centrales también discutieron el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales en el despliegue de todos los recursos disponibles y para explorar medidas adicionales necesarias en apoyo de los mercados emergentes y las economías en desarrollo en medio de la pandemia, incluyendo el apoyo a la estabilidad financiera y aliviando las restricciones de liquidez.

A este respecto, acogieron con beneplácito la disposición del Banco Mundial para desplegar hasta 160.000 millones de dólares (145.900 millones de euros) en los próximos 15 meses para ayudar a sus países miembros a responder a la pandemia de Covid-19.

UN PLAN AMBICIOSO.

Por su parte, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que ha tomado parte en la videoconferencia, ha agradecido a los ministros y banqueros centrales del G20 las medidas adoptadas recientemente para proteger a la economía del Covid-19, aunque ha expresado su preocupación respecto de la perspectiva negativa para el crecimiento de 2020 y en particular respecto de las dificultades que una recesión supondría para las economías emergentes y en desarrollo.

«Nuestra previsión de una recuperación el año próximo depende de cómo manejemos la contención del virus y reduzcamos el nivel de incertidumbre», ha señalado la búlgara durante su intervención, haciendo énfasis en la importancia de «un plan de acción ambicioso» por parte del G20 con el fin de reforzar la capacidad de los sistemas sanitarios para hacer frente a la pandemia, estabilizar la economía mundial y acometer medidas coordinadas y específicas para allanar el camino hacia la recuperación.

En este sentido, Georgieva ha subrayado que el FMI «hará su parte», destacando las recientes disposiciones del organismo internacional para facilitar el acceso a sus líneas de crédito de emergencia, sobre las que 85 países han mostrado interés, así como para incrementar la capacidad del Fondo de ayudar a los miembros más pobres y brindar ayuda a los países que atraviesan problemas de liquidez en divisas.

«Tenemos buenas noticias sobre los recursos del FMI. EEUU recientemente aprobó doblar los nuevos acuerdos de préstamo y nuestro consejo ejecutivo acordó ayer una nueva ronda de préstamos bilaterales para garantizar una capacidad de crédito de un billón de dólares», ha señalado.

Por otro lado, Georgieva ha insistido a los ministros de Finanzas del G20 en la importancia de aliviar la carga de la deuda sobre los países más pobres «En un momento en que la economía mundial se encuentra estancada, los acreedores bilaterales oficiales podrían hacer una importante contribución al ofrecer una suspensión de la deuda a los países elegibles IDA, como propusimos el presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, y yo durante nuestra última reunión», ha indicado.

La semana pasada, los dos organismos solicitaron el aplazamiento de los pagos de deuda de todos los países pertenecientes a la Asociación Internacional de Fomento (IDA, por sus siglas en inglés), un ente que forma parte del Banco Mundial y agrupa a los países más pobres. El 66% de la población mundial que vive en situación de extrema pobreza se concentra en los países pertenecientes a la IDA.

Los empleados públicos podrán cambiar voluntariamente de puesto de trabajo para reforzar aquellas áreas que, durante la actual crisis sanitaria, económica y social, estén necesitadas de personal, según ha apuntado este martes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño.

En concreto, el borrador del macro Real Decreto-ley de medidas urgentes aprobado hoy por el Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso Europa Press, prevé la posibilidad de que los empleados públicos, sin alterar su situación administrativa ni sus retribuciones o las condiciones de su contrato, puedan, voluntariamente, apoyar aquellas áreas y actividades, distintas de las de su puesto de trabajo, de carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, para la protección de colectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un refuerzo en materia de personal como consecuencia de la situación provocada por el coronavirus.

Esta posibilidad se prevé para el trabajo presencial o a distancia y se articula también para la realización de tareas en administraciones diferentes de la de origen del empleado, sin alterar ni su situación administrativa, ni su vinculación con la administración de origen, que seguirá a cargo de sus retribuciones.

El Salón Internacional de la Franquicia, Expofranquicia, ha aplazado su próxima convocatoria en Ifema a los días entre el 17 el 19 de septiembre, dada la situación actual de crisis por la pandemia del Covid-19, pese a que su celebración estaba prevista del 7 al 9 de mayo próximos.

En este sentido, todas las partes centrarán sus esfuerzos en la próxima edición de Expofranquicia on el objetivo de «poner a disposición de la franquicia, en general, y de todas las enseñas participantes, una herramienta clave para generar contactos cualificados e impulsar sus redes de negocio, en los ámbitos nacional e internacional».

Se indica que Ifema «está realizando una labor muy importante poniendo a disposición de los gobiernos local y autonómico todos los recursos necesarios para la producción de las infraestructuras y servicios del hospital de emergencia que ha levantado con la colaboración de sus empresas proveedoras».

«Un compromiso que permita recuperar la normalidad lo antes posible, y que contribuya a reactivar las plataformas feriales como instrumento y palanca que ayude a restaurar y fortalecer las, tan necesarias, relaciones comerciales, personales e internacionales», concluye.