El Gobierno prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros la extensión de los periodos de carencia de los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), tras acordarlo con la Comisión Europea y las entidades bancarias y dando especial atención a los sectores más afectados por la segunda ola de la pandemia, como la hostelería y la restauración.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital han confirmado a Europa Press que está previsto que la extensión de la carencia de los créditos ICO vea la luz este martes en el Consejo de Ministros, tal y como adelantó a vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el pasado sábado.

Actualmente, los créditos ICO –concedidos por entidades y avalados por el Gobierno– para mantener la liquidez en los peores momentos de la pandemia tienen una carencia de 12 meses, y falta definir con exactitud cuánto se ampliarán y si será para todos los sectores.

Calviño avanzó que estas nuevas medidas tienen la intención de proteger el tejido productivo para garantizar la solvencia de las empresas viables, y destacó que el programa de avales español es el de «mayor efectividad» de los países europeos.

El importe avalado por el Gobierno con los créditos ICO hasta el pasado 11 de noviembre alcanzaba los 81.787 millones de euros y en total se han movilizado unos 107.600 millones con la firma de 876.000 operaciones, el 98% de estas con pymes y autónomos.

La vicepresidenta tercera reconoció que no ha sido fácil llevar a cabo esta extensión porque debía contar con el apoyo de la CE por tratarse de ayudas públicas y no entrar en conflicto con el «marco judicial» de los bancos.

MEDIDAS DE APOYO 

De igual forma, el Gobierno está trabajando en coordinación con las comunidades autónomas y las corporaciones locales en un plan de apoyo a los sectores de la hostelería y del comercio, dos de los más afectados directamente por la crisis derivada de la pandemia, con el fin de salvar la campaña navideña, aunque en principio no iría al Consejo de Ministros de este martes, según señalan fuentes gubernamentales.

El Ejecutivo ya dispone de propuestas en firme con medidas económicas, fiscales y financieras y ha acelerado la definición de esos apoyos al comercio y la restauración, por lo que no descarta trocear el plan para aprobar un primer balón de oxigeno cuanto antes.

Entre las posibles medidas a implementar destacan bonificaciones y exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, que se sumarán a la ampliación de carencia y del plazo de amortización de los créditos ICO, así como acciones para poder renegociar los alquileres.

Con estas medidas, el sector hostelero, que ha solicitado ayudas directas por valor de 8.500 millones de euros, tomaría aire para hacer frente a la «dramática» situación por la que atraviesa debido a los cierres impuestos para frenar el Covid-19 y conseguiría garantizar su supervivencia.

Los datos que arroja la crisis provocada por la pandemia han supuesto, hasta el mes de octubre, el cierre 65.000 negocios hosteleros, la pérdida de 350.000 puestos de trabajo y una caída superior al 50% de la facturación respecto a 2019.

La diócesis de Vitoria y la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Zaragoza son sólo dos ejemplos más de la transformación que experimenta la Iglesia como institución y su conversión hacia fuentes de energía renovables. De hecho, la Comisión de Conferencias Episcopales de la UE (COMECE) ha anunciado este lunes 16 de noviembre su compromiso de desinvertir en combustibles fósiles. En paralelo, emblemáticos templos católicos invierten en sostenibilidad y se abastecen de energía de fuentes alternativas y renovables.

En total, lo han anunciado así 47 instituciones religiosas, lo que supone el anuncio conjunto más grande de la historia de la desinversión entre líderes religiosos, según ha informado el Movimiento Católico Mundial por el Clima.

Este compromiso se produce tras la publicación de la primera guía operativa del Vaticano sobre ecología. Estas directrices, que fueron emitidas conjuntamente por todos los dicasterios del Vaticano, animaron a los católicos a evitar invertir en compañías que «dañen la ecología humana o social (por ejemplo, a través del aborto o el comercio de armas), o la ecología ambiental (por ejemplo, a través del uso de combustibles fósiles)».

En el contexto de las inversiones nacionales masivas en respuesta a la crisis de Covid-19 y su recuperación, el destino de las inversiones es «aún más significativo», según precisa el citado Movimiento.

El compromiso de los católicos con la energía limpia es parte de la tradición de la Doctrina Social de la Iglesia. Este mes se cumplen cincuenta años de las palabras del Papa Pablo VI, quien advirtió sobre el peligro de «conducir a una verdadera catástrofe ecológica».

Por su parte, el Papa Francisco en ‘Laudato Si’, su encíclica del año 2015, afirmó que «todo está conectado» en «una sola y compleja crisis socio-ambiental» y agregó que no se dispone «todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis. Hasta la fecha, un total de casi 400 instituciones religiosas han desinvertido en combustibles fósiles.

«Cuando uno da los primeros pasos ve que no es tan difícil, pero para el que no da ninguno parece imposible. El mensaje es sencillo; hay que ponerse en camino. Esto es un mensaje que para la inmensa mayoría de la sociedad es aceptable y acogido con ganas», ha subrayado el director del Secretariado Social Diocesano de la Diócesis de Vitoria, Luis Antonio Preciado.

Por su parte, el secretario general de la COMECE, Manuel Enrique Barrios, ha animado a unirse a ellos en la adopción de medidas concretas para resolver la crisis climática. «Los compromisos del acuerdo climático de París son importantes, y el Acuerdo Verde Europeo es una forma de hacerlo. La solución de la crisis climática protege a la familia humana de los peligros de un mundo que se está calentando, y se necesitan medidas decisivas ahora más que nunca», ha zanjado.

GRANDES TEMPLOS CALENTADOS CON BIOMASA

En España ya se cuentan por centenares los edificios singulares, como ocurre con numerosos templos de la iglesia y otros inmuebles declarados Bien de Interés Cultural, que emplean biomasa –pellets o astilla- para cubrir sus necesidades energéticas de calefacción y agua caliente, como energía respetuosa con el medio ambiente pero, sobre todo, rentable, dadas las grandes dimensiones de los templos y su elevada demanda energética.

El Palacio de Pedralbes –gestionado por la Generalitat catalana- es uno de los últimos edificios emblemáticos en incorporar equipos para la generación de energía con biomasa de la marca Herz, que distribuye en exclusiva para España, Andorra y Portugal, la empresa española Termosun. La lista de construcciones monumentales que se han decantado por la tecnología austriaca, especializada en este tipo de edificaciones, la engrosan también edificios gestionados por la iglesia: la Abadía de Monserrat (Barcelona); el Monasterio de San Pedro de Cardeña, en Castrillo del Val (Burgos); el Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos); el Monasterio de la Estrella en San Asensio (La Rioja); y el Santuario de Javier (Navarra). Pero hay muchos más, que funcionan con diferentes marcas y tecnologías.

El tamaño de estos monasterios, santuarios y abadías los convierte en grandes instalaciones con altos costes energéticos, por lo que los ahorros directos resultan también elevados. El ahorro que genera el uso de biocombustible oscila, según las particularidades de cada caso, entre el 20% y el 50%, en función de la referencia que tomemos: el pellet en relación al gas natural, el pellet en relación al gasóleo, o la astilla referenciada al gas natural o al gasóleo. Aunque se dan casos de ahorro de hasta el 70% cuando la instalación se circunscribe a un municipio con abundante residuo industrial de la madera o el propio municipio es propietario forestal.

La retirada prematura de los programas de avales desplegados durante la crisis para paliar el impacto de la pandemia y de las restricciones sobre el tejido empresarial de los países puede provocar un endurecimiento de las condiciones para conceder préstamos por parte de las entidades bancarias y desencadenar una crisis crediticia para las empresas, según ha advertido el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos.

«Un retirada prematura de los sistemas de garantía de préstamos puede inducir a los bancos a endurecer los estándares crediticios», ha señalado Guindos durante su intervención en un foro financiero en Fráncfort. «Esto daría lugar a una contracción del crédito para las sociedades no financieras y se traduciría en un fuerte aumento de los incumplimientos de las empresas», ha advertido.

Aunque ha reconocido que las medidas de apoyo eventualmente deberán retirarse, ha subrayado que su retirada «abrupta y prematura» podría dar lugar a «efectos de acantilado«, enfriando así la ya tibia recuperación económica de la zona euro, puesto que los avales de préstamos, los aplazamientos de impuestos y las transferencias directas han aliviado las limitaciones inmediatas de liquidez de muchas empresas, manteniendo así a raya las insolvencias durante lo peor de la crisis.

En este sentido, y a pesar de las medidas implementadas, el banquero central ha advertido de que se prevé que las quiebras corporativas aumenten en 2021 y ha señalado que el riesgo de crédito ha aumentado particularmente en el caso de las pymes, ya que estas empresas dependen más de la financiación bancaria que las grandes.

Por otro lado, el vicepresidente del BCE ha reiterado su preocupación por el impacto en la estabilidad financiera relacionado con la posición de entidades no bancarias, señalando la vulnerabilidad de los fondos de inversión ante salidas repentinas de dinero durante periodos de turbulencias.

Los fondos de inversión continúan siendo vulnerables a salidas repentinas durante períodos de tensión del mercado debido a que sus reservas de liquidez son relativamente pequeñas«, ha señalado el exministro español de Economía, para quien resulta necesario revisar los requisitos de liquidez de los fondos del mercado monetario y la composición de su cartera.

«Aunque los fondos aumentaron temporalmente sus tenencias de activos líquidos en respuesta a la tensión del mercado, sus posiciones de efectivo ya han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia«, ha apuntado Guindos. «Esto vuelve a dejar al sector vulnerable a grandes reembolsos en caso de nuevas turbulencias en los mercados financieros», ha añadido.

El sector inmobiliario se está recuperando y se mantiene con la tendencia alcista en los precios. Así, el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado un 9,6% en octubre en relación al mismo mes del año anterior, hasta situarse en los 10,75 euros por metro cuadrado al mes, según se desprende del último índice inmobiliario de Fotocasa. No obstante, respecto al mes de septiembre, el incremento ha sido del 0,1%.

El incremento interanual, según el portal, es el quinto incremento interanual en cadena registrado en 2020 y la quinta subida más alta después del 12% de septiembre, del 10,9% registrado en abril, el 9,9% de mayo y también del 9,8% de marzo.

Por comunidades autónomas, un total de diez han registrado datos negativos en el décimo mes del año. Destacan los descensos registrados en Baleares (-3,2%), Murcia (-3%), Extremadura (-2,2%) y Comunidad Valenciana (-1,9%).

También se registraron caídas en Madrid (-1,4%), Cataluña (-0,9%), Castilla y León (-0,8%), País Vasco (-0,4%), Navarra (-0,2%) y Asturias (-0,1%).

Sin embargo, en otras autonomías se han registrado aumentos en el precio de la vivienda, como es el caso de La Rioja (+2,6%), Aragón (+1,7%), Galicia (+0,7%), Castilla-La Mancha (+0,5%), Canarias (+0,2%) y Andalucía (+0,1%). Cantabria fue la única comunidad que mantuvo el precio del mes anterior.

Teniendo en cuenta el precio, Madrid y Cataluña, con 14,51 euros por metro cuadrado y 14,28 euros, respectivamente, son las comunidades más caras para alquilar una vivienda.

La directora de comunicación de Fotocasa, Anaïs López, ha apuntado que aunque el precio del alquiler aún sube con fuerza en parte de las comunidades autónomas, «a nivel interanual se está empezando ya a detectar algunas comunidades autónomas en las que los precios del alquiler han alcanzado precios elevados y ya están registrando descensos interanuales desde hace un mes.