El proyecto de Presupuestos Generales del Estado ha superado el segundo día de votaciones en la Comisión de Presupuestos del Congreso, que ha incorporado únicamente enmiendas de los socios que han comprometido al Gobierno su predisposición para aprobar las cuentas.

En total, el proyecto ha incorporado casi una veintena de enmiendas de Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, Más País, Compromís y Más País-Equo. Ninguna de las enmiendas del resto de grupos ha sido aceptada por las formaciones de Gobierno.

De nuevo, la ausencia de Vox en las votaciones ha facilitado la mayoría del PSOE y Unidas Podemos, al rebajarse a 16 la mayoría y contar la coalición con 18 representantes, por lo que el Gobierno tenía más que asegurado el éxito en sus votaciones.

En todo caso, el proyecto de Presupuestos ha superado las votaciones decisivas de sus secciones con el apoyo del PNV y también alternativamente de Esquerra Republicana y EH-Bildu, que oscilaban entre el apoyo y la abstención. El PP, Ciudadanos y Coalición Canaria han intentando descabalgar las cuentas con su rechazo, mientras que el PDeCAT se ha abstenido.

Tras concluir a las 23.40 horas sus votaciones –han comenzado pasadas las 20.40 horas–, la Comisión de Presupuestos ha dejado vista para sentencia las secciones de todos los ministerios, quedando sólo por votar las enmiendas dedicadas a organismos autónomos, entidades, empresas y fundaciones del sector público, el anexo de inversiones reales y el estado de los ingresos.

BILDU EMPIEZA A SUMAR ENMIENDAS A LAS CUENTAS

Por primera vez en lo que va de tramitación parlamentaria, EH-Bildu ha incorporado enmiendas: una para reservar 10 millones de euros a proyectos de I+D+i en el Plan Tecnológico Aeronáutico, otra de tres millones para renaturalizar las marismas de Motondo en Orio (Guipúzcoa) y otra para aumentar en tres millones la financiación de la carretera N-121 en Navarra.

En esta ronda, también se han incorporado las enmiendas territoriales de Más País –6 millones en carreteras y otros 5 millones en Cercanías–, un estudio para buscar alternativas de bajas emisiones al avión en trayectos peninsulares y la enmienda de ERC para sumar 2,5 millones de euros las subvenciones previstas a Salvamento Marítimo.

La Comisión también ha aprobado las enmiendas aprobadas por Compromís –dos de carácter cultural y otras dos en infraestructuras, entre ellas la conexión ferroviaria con el Aeropuerto de Alicante– y las inversiones territoriales pactadas con Teruel Existe, por 3,2 millones de euros.

Del PNV, la Comisión ha incorporado al proyecto una enmienda para regularizar flujos financieros por algo más de 4 millones de euros por costes de traspaso fuera del cupo con País Vasco y Navarra, y otras tres enmiendas –dos para actuaciones medioambientales en el País Vasco, por 3,3 millones, y otra

LAS «ESTUPENDAS» DE BEL SE QUEDAN SIN APOYOS SUFICIENTES

En más de una ocasión, un diputado ‘rebelde’ ha intentado boicotear irónicamente el recuento verbal de la Mesa, sumando de más los rechazos, secundado por compañeros: «¡Recogemos!», se ha escuchado en una de ellas, cuando el rechazo habría implicado tumbar las cuentas y su devolución al Gobierno.

Las más de tres horas de votaciones han propiciado momentos de distensión, cuando el diputado del PDeCAT ha debido aclarar que ya daba por votada, y rechazada, una enmienda que figuraba el cuadernillo de votaciones. «Yo tengo tres de ‘vivas’. Inmejorables las tres. Son bonitas, baratas…», ha dicho. «Se vende bien», ha concedido la presidenta, Pilar Garrido.

Tras votarlas en bloque, Bel ha interrumpido de nuevo la votación: «Perdón, perdón… ¡Si eran las estupendas!», ha exclamado, al comprobar cómo sus «estupendas» se quedan en tan solo cuatro apoyos. «Desgraciadamente rechazada. Otra vez será», ha zanjado Garrido.

El Congreso ha incorporado una enmienda de EH-Bildu al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 para reservar 10 millones de euros para proyectos de I+D+i dentro del Plan Tecnológico Aeronáutico que se financiará con fondos europeos.

Esta enmienda ha sido respaldada en la Comisión de Presupuestos, que este miércoles celebra una nueva ronda de votaciones de las cuentas y sus enmiendas, por el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), el PNV y EH-Bildu. El PP, Ciudadanos y Coalición Canaria han votado en contra, mientras que el PDeCAT se ha abstenido.

La enmienda busca dirigir específicamente 10 millones de euros previstos para el Plan Tecnológico Aeronáutico para financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación, incluyendo la modernización tecnológica en este sector.

Estas ayudas, según las cuentas del próximo año, se canalizarán a través de transferencias de capital por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), y forman parte de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El Canal de Isabel II ha incorporado a su consejo de administración como consejeros independientes a Jaime García-Legaz, que entre otros muchos cargos fue presidente de Aena, así como a Alicia Muñoz y Lourdes Muñoz, y eleva así de diez a doce el número de miembros del máximo órgano de la empresa pública.

Los nombramientos han contado con el visto bueno de la junta general de accionistas, previa aprobación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la entidad pública, y el objetivo del acuerdo adoptado es dotar al consejo de una «dimensión adecuada y una composición diversa y equilibrada».

La incorporación de estos tres perfiles sigue además las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, aprobada en junio de este año. Aunque el referido código no es aplicable a Canal de Isabel II por no ser ésta una sociedad cotizada, sí es una sociedad emisora de valores, no convertibles, de renta fija en un mercado regulado y, adicionalmente, entre sus líneas está potenciar el Buen Gobierno.

Jaime García-Legaz, licenciado en Economía y Administración de Empresas por CUNEF y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, es técnico comercial y economista del Estado desde 1994 y cuenta con una larga trayectoria tanto en el sector público como en el privado.

García-Legaz ha sido presidente y consejero delegado de Aena, así como de CESCE, compañía multinacional de seguros con 1.400 empleados y filiales en 10 países. En la actualidad, es consejero de sociedades como Aena Desarrollo Internacional, DIA y Ahorro Corporación Financiera. Anteriormente formó parte de los consejos de Ineco y Retevisión.

Durante su carrera profesional, iniciada en 1989, ha sido secretario de Estado de Comercio del Gobierno de España, presidente del ICEX, presidente de Invest in Spain y presidente de la Fundación CECO. Además desempeñó responsabilidades directivas en distintos ministerios. Ha sido, asimismo, consultor del Banco Mundial, la UE y la OCDE y profesor de Instituto de Empresa y CUNEF.

De su lado, Lourdes Vega es ingeniera química con más de 30 años de experiencia profesional en el ámbito de su especialidad y en la gestión de empresas. Ha sido galardonada en numerosas ocasiones por trabajos y contribuciones en ciencia, innovación y sostenibilida. Cuenta con cinco patentes y ha publicado dos libros y más de 200 artículos científicos. Es consejera independiente en Ercros, además de catedrática del Departamento de Ingeniería y fundadora y directora del Centro de Investigación y Desarrollo en CO2 e Hidrógeno (RICH) de la Khalifa University en Abu Dhabi.

Finalmente, Alicia Muñoz es abogada con un perfil profesional jurídico vinculado al gobierno corporativo. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el Grupo Santander, donde ha desempeñado puestos directivos en Secretaría General y Cumplimiento, así como directora de Gobierno, Regulación y Privacidad, responsable de Cambio Climático y secretaria del Consejo en más de 30 sociedades filiales o participadas. Iberian Lawyer – Inspiral Law la ha acreditado como una de las 50 mejores abogadas de España y Portugal en sus ediciones de 2019 y 2020.

Por otro lado, el consejo de administración del Canal de Isabel II ha aprobado una inversión de 4,8 millones de euros para la ejecución de obras de mejora en el tratamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Poveda en Arganda del Rey con un periodo de ejecución de 14 meses. También se ha aprobado el contrato de mantenimiento y explotación de las EDAR Viveros de la Villa y La Gavia para los próximos 5 años y con un importe superior a los 46 millones de euros. Finalmente, se ha aprobado el suministro de 243 vehículos en renting por 4,7 millones de euros para los próximos 4 años. De ellos, 141 eléctricos y 11 híbridos enchufables.

Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no vieron necesario en su última reunión, celebrada entre el 4 y el 5 de noviembre, elevar el volumen mensual de compra de activos del organismo, según se desprende de las actas de dicho encuentro, publicadas este miércoles.

«En general, los participantes vieron el actual ritmo y composición [de la compra de activos] como efectivo a la hora de lograr unas condiciones financieras acomodaticias», asegura el documento.

Los miembros de la Fed consideraron que el instituto emisor podría proporcionar más estímulos, si fuera necesario, mediante un incremento en el ritmo de compras o mediante un cambio en la composición de las adquisiciones, pasando a comprar activos con un vencimiento más largo. Sin embargo, descartaron cualquiera de esas medidas por el momento.

Durante el cónclave, los banqueros centrales también debatieron sobre si sería conveniente modificar el lenguaje de sus comunicados para indicar cuándo reducirán su volumen de compras. Sin embargo, varios participantes se mostraron dubitativos a realizar ajustes de ningún tipo a corto plazo por la «considerable incertidumbre» sobre las perspectivas económicas.

En lo que se refiere a la valoración de la coyuntura actual, la Fed consideró que la falta de apoyo político para aprobar un nuevo plan de estímulos afectaría negativamente a los hogares más vulnerables, pero que el consumo total de los hogares no se vería modificado en su conjunto por el colchón de los ahorros de aquellas familias con ingresos medios o altos.

En todo caso, los miembros del instituto emisor coincidieron en que el devenir de la economía depende de cómo reaccione el virus y de si la crisis sanitaria seguirá afectado a la actividad económica, el empleo y la inflación a corto plazo.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha afirmado este miércoles que el escenario central del organismo contempla un crecimiento del 5,5% en 2021, si bien la previsión pesimista de un alza del 3,8% está «cada vez más próxima», y por tanto lejos de la previsión «optimista» del Gobierno de un repunte del 9,8%.

Además, ha pedido «no correr» en eliminar determinadas medidas de apoyo o en la selección de proyectos de los fondos europeos, ya que «no hay por qué ejecutar todos los proyectos de fondos europeos en los tres primeros años si hay más tiempo».

Así lo ha señalado durante su participación en un webinar junto al director de EsadeEcPol, Toni Roldán, en el que ha descartado el escenario optimista del Gobierno del 7,2% en 2021, que podría alcanzar el 9,8% contando los fondos europeos.

Herrero ha explicado que la situación de la pandemia de Covid-19 es «muy distinta» con respecto a la de principios de octubre, cuando la AIRef evaluó el cuadro macroeconómico y el plan presupuestario del Gobierno remitido a Bruselas, ya que entonces no se podía descartar ese escenario que hoy tilda de «optimista» y que «está cada vez más lejos de alcanzarse.

En este sentido, ha indicado que el escenario central de la AIRef contempla que haya vacuna o un tratamiento que dé un «respiro» en la segunda mitad de 2021, pero de no ser así, el escenario se situaría cada vez más próximo al más pesimista de la AIReF, que proyecta un crecimiento del 3,8%.

Ha achacado esta notable diferencia respecto a las previsiones del Gobierno a que el Ejecutivo contemplaba que a finales de este año podría controlarse la pandemia y no harían falta confinamientos generalizados más allá de medidas restrictivas, contemplando que había campaña de Navidad, algo que en octubre «no se podía descartar pero ahora está prácticamente descartado».

INGRESOS OPTIMISTAS Y «PREOCUPACIÓN» EL PLAN DE CONSOLIDACIÓN.

En cuanto a las previsiones de ingresos, que Toni Roldán ha augurado que será 2.000 millones inferior a los 6.000 millones que prevé el Gobierno recaudar con los cambios y nuevos impuestos, Herrero ha calculado también una recaudación 2.000 millones inferior a lo previsto por el Ejecutivo.

A este respecto, ha indicado que el Gobierno contempla en el IVA que una recaudación que es el doble de lo que prevé que crezca el consumo privado, al tiempo que AIReF hace unas previsiones «bastante inferiores» a lo calculado por el Ejecutivo para el IRPF y Sociedades.

No obstante, las mayores diferencias en la previsión de ingresos se refiere a los nuevos envases al plástico y los residuos, con una diferencia de unos 800 millones en los ingresos, y para las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, con una previsión 900 millones inferior por parte de AIReF.

La presidenta de la AIReF también ha mostrado su «preocupación» por la falta de planificación de las cuentas públicas a medio plazo, máxime teniendo en cuenta que los Presupuestos «se han convertido en una forma de financiación a todas las administraciones», como con las transferencias a la Seguridad Social y las CCAA.

Por ello, ha pedido que continúe el apoyo fiscal para evitar daños estructurales pero evitar que se «cuelen» gastos que no tengan una vinculación directa con la situación de crisis sanitaria y económica.

En este punto, ha alertado del «claro incentivo» en el ámbito autonómico a utilizar los fondos, como el previsto de 13.500 millones en 2021, para la realización de gastos que «si todo va bien y la evolución de la pandemia va bien, podrían no ser necesarios», estimando que podría producirse un 60% o 70% del gasto sanitario de este año el próximo ejercicio, pero un 30% restante asociado a la crisis sanitaria que «no tiene que replicarse» el año que viene.

Ante esto, ha vuelto a avisar de que cuando se produzca la liquidación de los recursos del sistema en 2022 las CCAA verán disminuir de forma » tremenda» sus ingresos porque perderán los fondos adicionales y porque los recursos del sistema que no se hayan asustado a la situación dará nunca liquidación muy negativa en ese ejercicio.

«Caemos en el mismo error que la crisis anterior: hacer que la administración note en distintos momentos del tiempo las durezas de la crisis», ha lamentado Herrero, recomendando que se adecuen los fondos a las necesidades reales de gasto.

PIDE LA FUNCIÓN DE EVALUACIÓN PARA AIREF Y MEJOR ACCESO A DATOS.

Durante su intervención ha subrayado la importancia de la evaluación en España citando las ventajas de que la evaluación de las políticas pública pasase a ser una función permanente de la AIReF, ya que permitiría que el organismo no necesitase una iniciativa por parte de una administración, sino que podría configurar un plan de evaluación anual, así como contar con los medios necesarios para dicha evaluación.

Según ha explicado, AIReF ha presentado ya una modificación de su estatuto para poder crear una unidad de evaluación, si bien para poder acometer un plan anual de evaluación se requeriría un cambio en la Ley orgánica para el que cree que «podría haber consenso», ya que fue una de las recomendaciones de la Comisión de Reconstrucción en el Congreso.

Igualmente, ha reclamado una mejor acceso a los datos administrativos, de forma que las administraciones se preparen para ser evaluadas y no perciban la evaluación como una carga adicional, sino que los datos estén preparados para ser evaluados desde el inicio, además de dejar a un lado la actual «resistencia tremenda» de los datos, ante los problemas y dificultades en el intercambio incluso en los mismos niveles de gobierno.

Ha abogado por que se actualicen las bases de datos de los ‘spending reviews’ realizados y por potenciar «más que nunca» la orientación de medio plazo de la Autoridad Fiscal y que las administraciones presenten una planificación a medio plazo.

Precisamente ha recordado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria exige que junto a la activación de la cláusula de escapa (aquella que suspende las reglas fiscales) se presenten planes de reequilibrio.

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Senado ha aprobado este miércoles por unanimidad una moción del PSOE que insta al Ejecutivo central a evitar el cierre de la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao (Lugo) y a dejar en suspenso las ayudas correspondientes al 2020 «entendiendo que deberían ser incompatibles» con el anuncio de cerrar la planta.

Según el texto de la iniciativa, que ha sido defendida por los socialistas gallegos, se pide al Gobierno que exija a la dirección de Alcoa que retire «de inmediato» el despido colectivo que ha puesto en marcha y que reinicie las negociaciones que «puedan conducir a la venta de esta factoría estratégica de manera que mantenga su actividad».

Asimismo, reclaman un estudio pormenorizado sobre el destino y la gestión de las ayudas públicas recibidas por Alcoa desde el año 2011 y dejar en suspenso las ayudas correspondientes al 2020 «entendiendo que deberían ser incompatibles» con el anuncio de cerrar la planta.

El encargado de defender la moción ha sido el senador de Galicia César Alejandro Mogo, que ha reivindicado la coordinación con la Xunta de Galicia para retomar las negociaciones y evitar así el cierre de la planta.

Desde el Partido Popular han tachado a Alcoa como el «malo» y han llamado a aunar esfuerzos entre la Xunta y el Gobierno central para lograr que esta planta finalmente no cierre. «Alcoa non se pecha», ha proclamado el parlamentario del PP Javier Jorge Guerra.

La Generalitat Valenciana ha anunciado un principio de acuerdo con la Sareb para la compra pública de un paquete de 75 viviendas a la entidad por cinco millones de euros, incluyendo los gastos derivados de la compraventa, con lo que el precio medio por unidad habitacional quedaría en torno a los 65.679 euros por vivienda.

Así lo ha adelantado el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmautras, tras mantener una reunión este miércoles con directivos de la entidad.

La oferta inicial de viviendas propuesta por Sareb era de 182 unidades, por un importe total de 14 millones de euros, pero en un primer filtrado se desecharon aquellas viviendas que no cumplían los estándares de vivienda «digna y adecuada», bien por su uso inadecuado, su tipología, su ubicación o su deficiente estado de conservación.

Después de este filtrado inicial y realizadas las visitas pertinentes por parte de personal técnico, se solicitó la valoración de 75 viviendas a la Agencia Tributaria Valenciana, dando un resultado global de cinco millones, en torno a un millón menos que el precio planteado inicialmente por Sareb.

La Generalitat defiende que el fruto de la aplicación del filtrado técnico previo y la negociación con Sareb ha supuesto un ahorro del 21% respecto al precio de venta ofertado y una distribución territorial homogénea, al adquirirse viviendas en 29 municipios de todo el territorio (17 corresponden a Alicante, 30 a Castellón y 28 a Valencia).

El Gobierno ha pactado este miércoles su primera enmienda en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 con EH-Bildu y ha acordado dirigir 100 millones de euros adicionales de las partidas de Transportes a la alta velocidad en Cataluña.

Concretamente, la enmienda con EH-Bildu pasa por dirigir tres millones de euros de las inversiones reales para la conservación del litoral a la recuperación y renaturalización del entorno de marismas de Motondo en Orio (Guipúzcoa).

En el caso de la enmienda pactada con Esquerra Republicana, se dirige al anexo de inversiones reales y a la programación plurianual de Adif-Alta Velocidad en la provincia de Barcelona para recoger 100 millones como inversión en líneas de explotación.

Con Esquerra Republicana el Gobierno también ha actualizado dos enmiendas ya pactadas este martes, una para dirigir 2,5 millones de euros a Salvamento Marítimo y otra de 4 millones para financiar proyectos de ayuda humanitaria para refugiados y asilados, dentro de un programa de cofinanciación entre la Administración General del Estado y la Generalitat de 8 millones.

TAMBIÉN CON COMPROMÍS Y TERUEL EXISTE

Por otro lado, el Gobierno ha pactado con Compromís elevar hasta un millón de euros las partidas dirigidas al Palau de les Arts, para el cual las cuentas ya recogían una inversión de 895.000 euros, y nuevas inversiones territoriales con Teruel Existe.

En este caso, los Presupuestos dirigirán tres millones de euros al acondicionamiento de la carretera entre Villastar y Teruel y llevarán 200.000 euros para la variante de Mata de los Olmos.

El acuerdo alcanzado por el Gobierno con Esquerra Republicana para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2021 pretende que se fijen «límites mínimos y/o máximos de gravamen efectivo» en el Impuesto sobre el Patrimonio para evitar que comunidades como Madrid lo bonifiquen hasta hacerlo prácticamente inexistente.

En este acuerdo, de trece puntos, ambas partes acuerdan por un lado la creación de un comité de expertos para establecer las bases de «una reforma tributaria estructural a medio y largo plazo que modernice la eficiencia del sistema tributario» para «adecuarlo a la realidad económica del siglo XXI.

En el texto dado a conocer por ERC se señala que el objetivo es avanzar hacia un sistema tributario «más equitativo, progresivo, justo y que incorpore la imposición medioambiental, digital y la perspectiva de género».

Y en ese contexto incluyen el compromiso de crear otro grupo de trabajo que analice la reforma del Impuesto sobre Patrimonio, ya que el Gobierno y ERC coinciden en que este impuesto «debe jugar un papel relevante para mejorar la legitimación del sistema tributario» y contribuir «a mejorar la equidad y la gestión administrativa de otros gravámenes».

«La última reforma estatal de este impuesto tiene fecha de 2011, por lo que resulta necesario actualizar sus elementos esenciales para ajustarlos a la realidad socioeconómica actual», sostienen ambas partes.

Al imponer un mínimo, si finalmente la reforma se culmina en línea con lo firmado en el acuerdo, la Comunidad de Madrid ya no podría seguir con su actual política de bonificar el 100% del Impuesto de Patrimonio, que en la práctica supone dejarlo exento.

MORATORIA DE COTIZACIONES PARA AUTÓNOMOS

Por otro lado, el Gobierno y ERC han acordado reproducir el aplazamiento de pago de cotizaciones para autónomos a interés reducido del 0,5% aprobado durante los primeros meses de pandemia –abril, mayo y junio–, aunque en sus términos aprobados en abril, para las deudas que estos trabajadores deban abonar a la Seguridad Social en diciembre de este año y enero y febrero.

Otras medidas económicas contempladas pasan por homologar el tratamiento fiscal del Institut Català de Finances (ICF) al Instituto de Crédito Oficial (ICO), la gestión por parte de la Generalitat del ingreso mínimo vital, la cogobernanza de los fondos europeos –«la Generalitat gestionará más de la mitad y marcará sus prioridades de inversión«– y la modificación de los estatutos del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona para dar entrada a la Generalitat de Cataluña.

Ifema trabaja ya en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2021, con el reto de marcar «un punto de inflexión» y contribuir a la recuperación de la industria turística, golpeada por la pandemia.

Desde la organización han destacado «la buena acogida» que ha tenido el anuncio de la celebración de Fitur 2021 en formato presencial y en fechas excepcionales, del 19 al 23 de mayo de 2021, por el conjunto de empresas y profesionales, nacionales e internacionales, que habitualmente se dan cita en la feria.

Y es que la posibilidad de recuperar el encuentro personal, en un entorno sanitario seguro, es un factor clave para afianzar las relaciones comerciales en un momento en el que las reuniones cara a cara cobran todavía mayor valor para impulsar el negocio y la actividad turística internacional, según han destacado.

Para ello, Ifema ha diseñado distintas medidas de apoyo a la participación en Fitur 2021, desarrollando una operativa y calendario flexibilizados para reservas, contratación y pagos, Además, ha adaptado su política de cancelación al momento actual de incertidumbre, con un marco que contempla, tanto eventualidades de fuerza mayor, como otras particulares.

En esta misma línea de iniciativas, Ifema ha introducido para Fitur una línea de Bonificación Especial «Recuperación Turismo», que ofrece a todos los participantes descuentos entre el 15% y el 8%, con el objetivo de contribuir en lo posible, a atenuar el esfuerzo económico de los expositores.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, se ha mostrado optimista con la posibilidad de que la expresidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, sea nombrada secretaria del Tesoro como parte de la Administración de Joe Biden.

«Janet Yellen saber perfectamente lo que la economía necesita. Es perfectamente consciente de las implicaciones que la política económica de Estados Unidos va a tener en la economía mundial», ha asegurado el exministro español en una rueda de prensa con motivo de la publicación del informe de estabilidad financiera del BCE.

«Es una persona con mucha experiencia. Hizo un muy buen trabajo cuando fue presidenta de la Fed. El nombramiento de Janet Yellen es una buena noticia para la economía de Estados Unidos y también para la economía mundial», ha apostillado Guindos.

Aunque el presidente electo Joe Biden todavía no ha anunciado públicamente a quién nominará para liderar el Departamento del Tesoro, en los últimos días una gran parte de medios estadounidenses ha publicado que así ha decidido elegir a Yellen.

Representantes del sector de automoción han reclamado al Gobierno central que modifique su planteamiento sobre el Impuesto de Matriculación, ante la entrada en vigor de la normativa de emisiones WLTP, porque puede ser «un mazazo» y llevar a una caída de la demanda que han cifrado en 100.000 unidades, con el consiguiente «impacto en la economía y el empleo».

Esta reflexiones se ha realizado en la VI jornada profesional Deia Automobile sector Bilbao Bizkaia, en la que han participado, de manera telemática, el presidente de BMW Group Ibérica, Manuel Terroba, la vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto), Marta Blázquez, el director general de Kia Motors Iberia, Eduardo Divar, y el director general de Skoda, Fidel Jiménez de Parga, entre otros.

En el encuentro han analizado las consecuencias de la entrada en vigor de la nueva normativa de emisiones WLTP a partir del 1 de enero, si no se modifican los tramos del impuesto de matriculación, ya que puede conllevar a un aumento de la presión fiscal en este tributo.

El director general de Skoda, Fidel Jiménez de Parga, ha advertido de que, si no se modifican los planes del Gobierno, ello puede llevar a una caída de la demanda que ha cifrado en 100.000 unidades en 2021 y ha advertido del impacto que puede tener en el empleo.

Según ha indicado, los coches el 1 de enero van a emitir el mismo nivel de emisiones que el 31 de diciembre, pero «se va a medir de forma diferente» y ha advertido de que las marcas «ni pueden ni van a asumir un incremento de coste impositivo del 4,75% sobre el 50% del mercado».

Fidel Jiménez de Parga ha añadido que dejar de vender 100.000 unidades puede suponer 500 millones de facturación menos de impuestos, de manera que el Gobierno se puede estar «disparando un tiro en el propio pie» porque deja de recaudar impuestos.

A su juicio, la solución es «muy fácil» y «no va de cambiar la regla de WLPT», sino de implantar esa regla como han hecho otros países como Francia o Portugal «moviendo la curva y manteniendo el mismo nivel de carga impositiva», lo que provocará un «impacto positivo» en la demanda, en la recaudación de impuestos, en el empleo y medio ambiente.

VEHÍCULO ELÉCTRICO

Por otra parte, en relación a la evolución del vehículo eléctrico, el directivo de Skoda ha manifestado que, en cuanto a gama y autonomía, los fabricantes «han hecho los deberes», pero ha incidido en los puntos de recarga en el país. Ha reconocido que su precio es caro, aunque cree que el Gobierno tiene la «clara decisión» de seguir apoyando la adquisición de estos vehículos para que «crezca» este mercado.

En relación a las perspectivas de cara a 2021, ha dicho que las noticias del ámbito sanitario permiten tener cierta «visibilidad» en 2021 y cree que tendrán 12 meses operativos, de manera que confía en contar con una potencia del mercado un 20% superior a la de 2020. Como marca, confían en que Skoda siga creciendo el próximo ejercicio.

En la misma línea, el consejero delegado de Fiat Chrysler Automobiles, Alberto de Aza, ha insistido en que, dada la dificultad existente, si se añaden «tensiones en los precios debido a la presión fiscal», se complica la situación y la previsiones.

Alberto de Aza ha explicado que una subida impositiva, derivada de la aplicación de la WLTP, puede ser «un golpe muy fuerte», que se va a traducir en «una caída de la demanda» y que tendrá «sin ninguna duda, un impacto en el empleo y, al final, en la economía.

Por ello, cree que el Gobierno debe escuchar lo que se dice desde el sector y desde otros mercados, como pueden ser Francia y, en este sentido, confía en que «escuchará y protegerá los intereses, ya no del sector, sino del país». «Espero que antes de que termine el año tengamos buenas noticias», ha dicho.

A su juicio, de aquí a 2030 habrá un incremento «enorme» del parque electrificado y «la idea es que a partir de 2040 no existan coches de combustión». En todo caso, considera que convivirán diferentes tecnologías y no cree que la eléctrica sea la única. En este sentido, prevé que la pila de hidrógeno puede ser «una oportunidad» para España.

Alberto de Aza ha querido ser positivo de cara a la evolución del sector en 2021, pero ha insistido en que «el riesgo de caída en el mercado es importante» si la administración no ayuda con una renovación de los planes Move y Renove para «eliminar el viejo parque automovilístico» y con una «fiscalidad moderna y adecuada». No obstante, confía en que la cifra de «un millón de coches vaya a estar ahí».

Por su parte, desde Faconauto Marta Blázquez ha afirmado que, si el Gobierno no modifica su posición en relación al impuesto de matriculación, va a ser «un mazazo para el mercado y el sector» y espera que se evite un impacto «muy fuerte en la rentabilidad y el empleo».

A su juicio, sería un «desatino, un error y poner palos en las ruedas» que no se modificara esta posición y también que no continuaran los planes Renove y Move.

Blázquez también ha reflexionado sobre el vehículo eléctrico y ha asegurado que existen unas «barreras» que «no dependen del cliente». Según ha sostenido, los fabricantes ya tienen unas «gamas excepcionales» de vehículos ‘cero emisiones’, pero se debe incidir en puntos de recarga públicos.

Sobre las previsiones de cara al próximo ejercicio, ha afirmado que sus estimaciones eran crecer un 20% y las van a mantener, porque «otro escenario llevaría al desastre».

Por su parte, el presidente de BMW Group, Manuel Terroba, ha asegurado que «lo último que se puede hacer es generar más incertidumbre en el sector» y, tras defender la necesidad de un marco global de fiscalidad, ha criticado que se «penalice al consumidor mediante el pago de impuestos», cuando el coche y el nivel de emisiones «es el mismo».

En relación al vehículo eléctrico, ha señalado que las marcas han «hecho los deberes» con inversiones en tecnología y en distintas gamas entre vehículos híbridos y eléctricos, pero es un mercado que «no tiene todavía esa demanda. «Oferta la tenemos todo el sector», ha añadido.

A su juicio, la electrificación se va a acelerar pero «no se debe forzar artificialmente» cuando la infraestructura para su desarrollo no está «preparada» y, en este momento, «falta seguridad» en relación a la recarga de los vehículos.

Asimismo, como el resto de ponentes, ha incidido en que se deben mantener las herramientas para incentivar el cambio del parque de automóviles por otro nuevo «con emisiones más sostenibles». Terrabo ha querido mostrarse optimista respecto a la evolución del sector en 2021 y ve un mercado «con ligero crecimiento».

Por último, el director general de Kia Motors Iberia, Eduardo Divar, se ha mostrado muy pesimista sobre un cambio de postura en el Gobierno y ve complicado que se puedan aumentar los tramos para que los coches que emiten lo mismo «no paguen más».

También ha defendido la necesidad de que continúen los planes Renove y Move, aunque se ha mostrado muy crítico con la gestión realizada por las administraciones.

Divar, que ha defendido suprimir el IVA de los coches eléctricos, cree que esa tecnología ha venido para «quedarse», pero «porque ha venido impuesto por el regulador». A su juicio, lo que más preocupa ahora al consumidor no es la autonomía de estos coches, sino la falta de infraestructuras rápidas de recarga y, sólo cuando eso quede garantizado, «triunfará» esta tecnología.

Respecto a sus previsiones, ha afirmado que no dan el año «por perdido» y espera que Kia acabe como marca número uno en el segmento de particulares, un puesto que confía en revalidar en 2021. Divar cree que el mercado pueda estar más cercano al millón que a las 900.000 unidades y, en su caso, situarse en 56.000 o 57.000 unidades.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y su homóloga italiana, Teresa Bellanova, han mantenido este miércoles una reunión bilateral en el marco de la XIX cumbre hispano-italiana que se ha celebrado en Palma de Mallorca, donde han calificado de «equilibrado» el acuerdo alcanzado sobre la Política Agrícola Común (PAC).

Este encuentro entre Planas y Bellanova ha servido para ratificar la satisfacción compartida por el equilibrado acuerdo para la reforma de la PAC, que se alcanzó en octubre y que supone una gran oportunidad en el avance en aspectos relacionados con la sostenibilidad medioambiental sin comprometer el necesario apoyo a la sostenibilidad económica de las explotaciones.

Respecto a lo que se refiere a la aplicación de la PAC en cada país, los ministros, que se han comprometido a compartir experiencias, han destacado que ese Plan Estratégico único, por cada Estado miembro, permitirá incorporar las especificidades regionales a través de intervenciones adaptadas a necesidades territoriales.

En lo que se refiere a las conclusiones alcanzadas en el último Consejo de Ministros de la UE sobre la estrategia de la ‘Granja a la Mesa’, los dos países comparten su contenido.

De esta forma, consideran que los planes estratégicos deben servir de herramienta de impulso de los objetivos perseguidos por el Pacto Verde europeo.

En la reunión, también se ha abordado el tema pesquero, donde ambos gobiernos consideran que las decisiones que se tomen deben suponer, por un lado, el respaldo a la sostenibilidad del sector pesquero y, por otro, un reconocimiento de su carácter estratégico para el abastecimiento de la población.

En concreto, ésta será la posición que defenderán, en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) de diciembre, donde se decidirán los días de pesca para sus flotas de arrastre en 2021.

España e Italia consideran necesaria una aplicación progresiva y proporcionada de las disposiciones del plan plurianual adoptado por la UE en 2019, así como la consideración de la importancia social, económica y laboral que tiene la pesca en las comunidades costeras donde radica.

Por último, como impulsores de la Declaración de la Dieta Mediterránea como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, que ahora cumple su décimo aniversario, Italia y España han insistido en el valor de esta dieta y en la necesidad de una correcta información nutricional de los alimentos, en línea con los valores saludables de la dieta mediterránea.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y su homóloga italiana, Nunzia Catalfo, han firmado este miércoles un memorando de entendimiento en materia de salario mínimo y economía social.

Ambas ministras han participado en la XIX Cumbre Hispano-Italiana que se ha celebrado en Palma. Durante el encuentro que mantuvieron Díaz y Catalfo se ha hablado del salario mínimo en el marco europeo, el impulso de la economía social, el trabajo a distancia y las herramientas para afrontar el mantenimiento del empleo en la pandemia, como han sido los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en España y la ‘Cassa Integrazione’ en Italia.

Tras este encuentro, se ha procedido a la firma del memorando, que «se asienta en el potencial de cooperación entre dos países con nexos compartidos y una historia y tradición legal común», según destaca Trabajo. En él, se establecen los compromisos comunes en el ámbito del salario mínimo.

Según ha apuntado Trabajo en un comunicado, se ha acordado así apoyar la iniciativa de la Comisión Europea para la adopción de una Directiva «ambiciosa» sobre el salario mínimo, como paso adicional para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales de 2017 en nombre de una Europa «más justa e integradora.

También se ha acordado promover y reforzar a nivel internacional marcos de salarios mínimos «justos», como instrumento para que las personas trabajadoras sean menos vulnerables, estimulando el crecimiento económico y avanzando hacia la creación de puestos de trabajo de mejor calidad para todos los trabajadores.

El Memorando firmado hoy contempla también la cooperación bilateral en el marco de la economía social, promoviendo su inclusión en las políticas de cooperación económica, social y empresarial y para el desarrollo en España e Italia», según ha apuntado Trabajo en un comunicado, donde también ha señalado que se establecen vías de coordinación entre las organizaciones de economía social más representativas de ambos países y se acuerda impulsar la economía social en terceros países, en particular en el área euromediterránea.

La puesta en marcha de este memorando se concretará en intercambios de información, documentación, experiencias y buenas prácticas, visitas de delegaciones oficiales o desplazamiento de experto, organización y participación en conferencias, cursos, seminarios o talleres, acciones formativas u otras formas de cooperación que se definan.

Tendrá efecto a partir de la fecha de la firma y está previsto que se extienda su validez por un periodo de dos años, sin perjuicio de que sea prorrogado como contempla el propio documento.