La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo ha aprobado este martes en el Congreso la revisión de sus recomendaciones, acordadas finalmente el pasado viernes, y que se elevan así al Pleno de la Cámara, que las votará ya en noviembre.
Las nuevas recomendaciones han sido avaladas por el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana y EH-Bildu han optado por abstenerse. Únicamente Vox ha votado en contra.
Entre las principales recomendaciones están la de sanear el déficit del sistema de pensiones a partir de un reordenamiento de sus gastos, recuperar el IPC como referencia para la subida de las pensiones, fomentar el retraso de la jubilación, los planes de empresa complementarios y la elección de los mejores años de cotización para cubrir lagunas de cotización.
Estas son las principales recomendaciones acordadas:
RECHAZO A UNA TRANSFORMACIÓN RADICAL DEL SISTEMA
– Reconocimiento de la Seguridad Social como «columna vertebral del Estado del Bienestar, el estandarte y la seña de identidad de una sociedad moderna y cohesionada».
– Rechazo a una «transformación radical del sistema» que rompa los principios de solidaridad intergeneracional o intrageneracional, suficiencia y equidad.
– No ve adecuado separar el sistema de pensiones en función del tipo de prestación.
– La financiación del sistema ha de adecuarse a la naturaleza de las prestaciones (las pensiones no contributivas, a través de Presupuestos Generales del Estado).
– La fuente básica de financiación son las cotizaciones, pero para asegurar la sostenibilidad y su suficiencia se podrán obtener recursos adicionales «basados en la imposición general».
EL ESTADO DEBE ASUMIR GASTOS
– Reconocimiento de que las políticas de empleo explican «en buena medida el déficit existente» y que las cotizaciones soportan gastos que «deberían ser asumidos por el Estado».
– Los Presupuestos Generales del Estado deben asumir reducciones a la cotización, prestaciones asistenciales (no contributivas), ayudas a la jubilación anticipada, bonificaciones a regímenes especiales y parte de las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor y complementos a la pensión.
– Calendario para reordenar gastos para acabar con el déficit y los préstamos hasta 2023.
– Estudiar qué se ha asumido indebidamente para tener «una imagen fidedigna» de la Seguridad Social.
ACTUALIZACIÓN DE LAS PENSIONES SEGÚN EL IPC
– Defensa del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
– Revalorización con arreglo al IPC real.
– Toda subida por encima del IPC se financiará con otros recursos.
– Mantener en 15 años el período mínimo de cotización necesario para acceder a la pensión contributiva.
– Asume la ampliación de 15 a 25 años para calcular la base reguladora y llama a evaluar su impacto.
– Contemplar la elección de los mejores años para calcular la pensión (evitar lagunas de cotización).
– Evaluar la progresiva ampliación del período cotizado necesario para acceder a la pensión máxima.
EDAD DE JUBILACIÓN
– Aproximar «tanto como sea posible» la edad de jubilación efectiva a la edad legal.
– Fomentar con incentivos la permanencia de trabajadores en activo con mejores incentivos y favorecer la prolongación voluntaria más allá de la edad legal (valoración positiva de compatibilizar pensión y salario).
– Analizar cuánto cuestan las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas y su impacto en la equidad de las pensiones, con especial atención a casos forzados y de largas carreras de cotización.
– Da tres meses al Gobierno para proponer una respuesta ante efectos «inequitativos» de estas penalizaciones.
– Necesidad de contar con un objetivo que defina la suficiencia de las pensiones.
SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES
– Preferencia por los planes a partir de la negociación colectiva, prioritariamente sin ánimo de lucro.
– Pide mejoras fiscales y jurídicas para estos sistemas y fórmulas específicas de apoyo a salarios más bajos o carreras profesionales «más vulnerables».
– Más transparencia en los planes de ahorro para evitar rendimientos negativos y necesidad de regular «fórmulas más intensas de protección de los ahorros invertidos».
BRECHA DE GÉNERO
– Garantizar la igualdad en el acceso al empleo, las condiciones de trabajo y la corresponsabilidad en los cuidados, particularmente en los permisos.
– Introducir correcciones contra las lagunas de cotización involuntarias y tratamientos discriminatorios en las pensiones de personas trabajadoras a tiempo parcial.
– Retomar la regla por la que los excedentes de las cotizaciones, «sin límite alguno», se deben incorporar al Fondo de Reserva.
FONDO DE RESERVA
– La caída de activos del Fondo de Reserva «en ningún caso se utilizará» para justificar la reducción de la cuantía de las prestaciones.
– Plantea la conveniencia de establecer un remanente mínimo, sujeto a una regla endurecida de disponibilidad.
– En la línea de corregir «una excesiva dependencia de las cotizaciones», si la revolución tecnológica implica más productividad pero no empleo, «encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales».
JÓVENES
– Impulso a las políticas que faciliten la transición del sistema educativo al mercado de trabajo, especialmente con el impulso a la formación profesional y la interrelación universidad-empresa.
– Mejora del marco de relaciones laborales que permita combatir la precariedad de los jóvenes.
– Garantizar y mejorar la protección social de los becarios con una legislación que mejore su protección social y garantice su derecho a una carrera profesional «adecuada y justa».
MIGRANTES
– La Administración intensificará su deber de cuidado para evitar el racismo o la discriminación en el ámbito laboral, dada la mayor vulnerabilidad de las personas migrantes.
– Canalizar el flujo de migraciones a través de mecanismos que garanticen la incorporación de los migrantes al mercado de trabajo.
– Facilitar la gestión de los trámites de contratación, afiliación e integración en el sistema.
– Favorecer la integración social de los trabajadores migrantes y la de sus familias.
