El 49,5% de las empresas ha notado un aumento de la productividad de sus trabajadores gracias al teletrabajo, según un informe realizado por Alares sobre teletrabajo y flexibilidad en tiempos de coronavirus.

Del total de empresas encuestadas, el 56% ha implementado la modalidad de teletrabajo durante el confinamiento para toda la plantilla y el 41,67% lo ha implantado para una parte.

El informe señala que el 28% de las empresas ha establecido procedimientos específicos para medir la productividad del trabajo en remoto y que un 35,6% ha mantenido los mismos resultados que antes del Estado de Alarma.

Por otro lado, el estudio remarca que existe una relación positiva entre flexibilidad y disminución del absentismo, según el 54,6% de las compañías encuestadas.

Un 75,76% de las compañías ha establecido protocolos de comunicación para favorecer el contacto permanente con los equipos de trabajo, evitando así varios de los hándicaps de esta modalidad como pueden ser el aislamiento, la soledad o la disminución del sentimiento de pertenencia.

También casi un 40% de las empresas ha favorecido la flexibilidad horaria de toda su plantilla. La directora de la fundación Alares e impulsora de este informe, Mar Aguilera, ha afirmado que las empresas que apuestan por cuidar a sus trabajadores proporcionándoles servicios que mejoran su calidad de vida «obtienen mejores resultados que derivan en una mejora de la competitividad a todos los niveles».

Del informe también se desprende que, a la hora de implementar el teletrabajo, el 28,2% ha dado preferencia a las personas que presentaban factores de riesgo frente al Covid, un 23% tuvo en cuenta a personas con menores en edad escolar, mientras que el 17,9% lo hacía con los empleados que tenían a cargo familiares dependientes o con discapacidad y un 14% cuando estos se ocupan de sus mayores.

El presidente de Alares, Javier Benavente, ha dejado claro que el teletrabajo «ha venido para quedarse», al igual que las nuevas formas de bienestar de los trabajadores.

La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) ha rechazado la aprobación en el Senado del Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como ‘Tasa Google’, y ha advertido de las duras consecuencias para la economía española que se derivarán de su aplicación unilateral sin esperar a una solución consensuada a nivel internacional.

En un comunicado, la asociación ha incidido en que el impuesto digital derivará en una «fuerte pérdida de productividad, competitividad e innovación en las empresas españolas», provocando la fragmentación del Mercado Único Digital, la paralización de la inversión en el país y aislando a España del contexto digital internacional. Por ello, apuesta por una solución «diseñada y consensuada» a escala global.

En ese sentido, Adigital suscribe la necesidad de abordar la adecuación del marco regulatorio a la economía digital en particular, también en el ámbito impositivo, pero recuerda que este debate debe tratarse desde el punto de vista internacional, «especialmente dado el carácter global y digitalizado de la economía.

Desmarcarse del acuerdo global, como hace el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales presentado por el Gobierno y aprobado hoy de forma definitiva por las Cortes Generales, pone en riesgo la competitividad de la economía española, más aún en el contexto de crisis económica y social provocada por el Covid-19, que requiere más que nunca de economías digitalizadas, robustas y resilientes», insiste.

Asimismo, Adigital señala que la adopción unilateral de un impuesto digital ha sido también cuestionada por organismos internacionales como la Comisión Europea o la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), ya que a su juicio fracciona el Mercado Único europeo y el Mercado Único Digital.

De hecho, la asociación considera que la aprobación de esta Ley supondrá también un «claro obstáculo» para la participación de España en el debate internacional, dejando al país en una situación de «excepcionalidad» mientras continúan las negociaciones para un acuerdo necesariamente más amplio, tanto a nivel europeo como global.

En esta línea, remarca que la aprobación esta mañana del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales es especialmente «cuestionable» habida cuenta de los claros avances que se han producido recientemente en el contexto internacional.

Por otro lado, Adigital recuerda que medidas fiscales de este tipo adoptadas en el pasado han demostrado generar una «fuerte inseguridad jurídica» para ciudadanos, empresas e inversores; suscitando además serias dudas sobre su impacto en términos recaudatorios.

A esta respecto, apunta que, aunque el Gobierno estimó en un inicio una recaudación de 1.200 millones de euros a través de este impuesto, esa estimación se ha ido reduciendo progresivamente en los últimos meses.

El Ibex 35 ha finalizado la jornada de este miércoles con un descenso del 0,38%, si bien el selectivo ha logrado afianzar la cota psicológica de los 6.900 puntos, en un contexto marcado por la congelación de las negociaciones en Estados Unidos sobre nuevos estímulos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a los representantes del Gobierno congelar las conversaciones con los demócratas sobre un nuevo paquete de ayudas para hacer frente a la pandemia hasta que se hayan celebrado las elecciones presidenciales, previstas para el próximo mes de noviembre.

En una serie de mensajes difundidos a través de Twitter, el mandatario ha señalado que ha rechazado la última propuesta presentada por los congresistas demócratas por considerar que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, «no está negociando de buena fe».

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española’ movilizará 72.000 millones de euros de los fondos europeos en los próximos tres años, periodo en el que aportará un crecimiento de 2,5 puntos porcentuales de PIB al año y creará en conjunto más de 800.000 puestos de trabajo.

Así, el principal índice madrileño, que ayer encadenó cinco sesiones en ‘verde’, ha vuelto este miércoles al negativo, hasta finalizar en los 6.910,1 enteros.

Los mayores avances los han presentado ArcelorMittal (3,34%), PharmaMar (+3,32%), Siemens Gamesa (+3,19%), Acerinox (+2,7%), Iberdrola (+1,55%) y Mapfre (+0,87%).

En el lado de las caídas se han situado Merlin Properties (-3,9%), Telefónica (-2,96%), Colonial (-2,62%), BBVA (-2,58%) y Bankinter (-2,19%).

El resto de plazas europeas también han terminado con ligeras caídas, a excepción del Dax de Fráncfort, que ha subido un 0,12%. Así, el Ftse 100 de Londres cedía un 0,04% y el Cac 40 de París un 0,28%.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 39,58 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 41,68 dólares.

Por su parte, la prima de riesgo española cedía hasta 76 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,241%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,177 ‘billetes verdes’.

El Pleno del Senado ha aprobado definitivamente este miércoles los proyectos de ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (‘tasa Google’) y del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (‘tasa Tobin’), sin introducirse cambios, por lo que previsiblemente entrarán en vigor a partir de enero de 2021.

En concreto, el Pleno del Senado ha aprobado con 134 votos a favor, 101 en contra y 28 abstenciones el nuevo impuesto digital, así como el nuevo gravamen a las transacciones financieras, con un mayor respaldo, al obtener 155 ‘síes’, frente a 98 ‘noes’ y 8 abstenciones.

La tasa ‘Google’ recibió dos vetos y 91 enmiendas en su primera fase en el Senado, mientras que la tasa ‘Tobin’ recibió igualmente dos vetos y un total de 64 enmiendas, si bien se han rechazado tanto los vetos del PP y Vox como las enmiendas de los distintos grupos, quedando ambos proyectos aprobados definitivamente en las Cortes Generales.

ENTRARÁN EN VIGOR EN ENERO

El pasado 30 de julio, la Comisión de Hacienda del Congreso ratificó las ponencias y validó sendos proyectos de ley, remitiéndolos directamente al Senado y contemplando autoliquidaciones mensuales y su entrada en vigor a los tres meses de publicarse en el BOE, de forma que previsiblemente verán la luz en enero de 2021.

La denominada ‘tasa Google’ recibió entonces 19 votos a favor, 14 votos en contra y 3 abstenciones, y se incluyó en ella una enmienda transaccional, mientras que la ‘tasa Tobin’ obtuvo un respaldo mayor, con 21 votos a favor, 14 en contra y una abstención, con dos enmiendas transaccionales introducidas.

Se trata de las dos primeras modificaciones fiscales contempladas en el plan fiscal del Gobierno de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.

La intención del Gobierno es que los nuevos impuestos entren en vigor el próximo 1 de enero y la Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar el tipo impositivo y las exenciones del impuesto.

Con la ‘tasa Tobin’, el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.

Por su parte, la ‘Tasa Google’ gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

Aunque Hacienda tenía prevista una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros (antes de la pandemia), posteriormente la rebajó a 968 millones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la norma tendrá «carácter transitorio» hasta que se apruebe una normativa mundial o europea y que la liquidación no se realizará hasta al menos el 20 de diciembre, lo que permite dar margen a que se logre un acuerdo internacional en el marco de la OCDE y el G20.

La tramitación de este nuevo impuesto se ha producido en medio de las amenazas de Estados Unidos a España, Francia, Reino Unido e Italia sobre represalias con nuevos aranceles sobre estos impuestos digitales, llegando a fijar aranceles sobre Francia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró recientemente que no se escatiman esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre la tasa ‘Google’ en el marco de la OCDE o el G20, pero aclaró que si no se logra un acuerdo internacional este año, la UE aprobará una propuesta propia a principios de 2021.

RECHAZO DE LA OPOSICIÓN

Durante el debate en el pleno de la Cámara Alta, el senador socialista Cosme Bonet Bonet, ha defendido que el nuevo tributo grava a grandes multinacionales y no a las familias, y aportará 900 millones a las arcas públicas procedentes de grandes empresas multinacionales que tributarán donde generan beneficios, ante la falta de acuerdo en la OCDE, pero con un proyecto basado en la propuesta de la UE. No obstante, ha indicado que el tributo español es «temporal» y se adaptará a la norma tributaria de ámbito europeo o internacional.

Además, ha afeado al PP su rechazo al impuesto cuando el Gobierno de Mariano Rajoy lo impulsó en 2018 y ha defendido que el Ejecutivo actual defiende una fiscalidad «justa y progresiva», por lo que ha opinado que es una jornada «histórica».

Por su parte, la senadora del PP Elena Muñoz Fonteriz ha criticado que la tramitación se haya hecho «con prisas» y «ajustando plazos al máximo» para no admitir cambios, y ha tildado de «profundo error» la implantación unilateral porque generará un «agravio comparativo» con otros países y no procede crear y subir impuestos con nuevo tributo que es «el primer plato del aperitivo del sablazo fiscal» que prepara el Ejecutivo, tras el nuevo cuadro ‘macro’ que empeora las previsiones.

Fonteriz ha apuntado que el PP no está en contra de la naturaleza del impuesto, pero sí de su adopción en solitario, al margen de los países de la OCDE y la UE que trabajan en esta fiscalidad para antes de final de año, por lo que cree que se producirá un «perjuicio» a empresas y consumidores y no se conseguirá la recaudación prevista y que pronto será «papel mojado». Ha cifrado el impacto del impuesto en 600 millones por el retraso de la digitalización, con una economía «menos productiva, innovadora y competitiva.

Jacobo González-Robatto Perote, senador de Vox, ha denunciado la «mala fe» del Gobierno al proponerse «llevar a España a la ruina» y reconocer incluso que hace falta una respuesta global a la imposición de la actividad digital, en vez de unilateral, con unos objetivos de recaudación «completamente irreales». Perote ha augurado «represalias» de EE.UU. a empresas y mayores costes de bienes y servicios a los españoles, así como un «retraso» en la digitalización.

Al igual que el PP, Ruth Goñi (Cs) no se ha opuesto a un gravamen coordinado internacionalmente, pero también ha rechazado la unilateralidad del impuesto al ser «más restrictivo» que el comunitario, lo que afectará a la competitividad, creará distorsiones en el mercado, tendrá efectos en la recaudación y se cargará a los consumidores.

La oposición también ha rechazado el nuevo gravamen a las transacciones financieras han aludido al coste de su implementación que será repercutido en el cliente y han incidido en que supone una subida de impuestos porque gravará las transacciones que también están vinculadas a los fondos de pensiones.

La agencia de calificación crediticia Fitch ha advertido este miércoles de que los niveles de tráfico aeroportuario mundiales registrados antes de la pandemia del coronavirus podrían tardar en recuperarse completamente cuatro años, hasta finales de 2024.

En un informe, Fitch ha señalado que espera que los ritmos de recuperación del nivel de tráfico varíen según las regiones, debido a las diferencias en los perfiles de tráfico -que valora si los vuelos son por negocios o por placer-, así como a los diferentes esquemas de apoyo de los gobiernos y a las restricciones de viaje.

«Podemos esperar ver un cambio significativo en los viajes aéreos en los próximos años, ya que los cierres mantienen bajos los niveles de tráfico», ha señalado Jeffrey Lack, director de Fitch Ratings, quien también ha avanzado que los viajes domésticos y de ocio probablemente se recuperarán mucho antes que los internacionales y de negocios.

Las expectativas de Fitch para la recuperación total del tráfico van del segundo trimestre del 2021 hasta el cuarto trimestre de 2024, aunque el momento y la forma de la recuperación «son inciertos».

Ante esto, la situación de los aeropuertos, ligada a las aerolíneas que se están enfrentando ya a quiebras y problemas de liquidez, es vulnerable a un empeoramiento significativo de la pandemia aunque los futuros cierres sean menos estrictos, dado su alto impacto económico.

Por ello, la agencia considera que se deben reducir los costes operativos y aprovechar la flexibilidad del balance, con el aplazamiento de los planes de crecimiento de la inversión de capital y la reducción de los dividendos.

El pleno del Parlamento europeo ha adoptado este miércoles un informe sobre la política común europea en el que advierte de que considera que el acuerdo negociado entre la Unión Europea y Mercosur «no puede ser ratificado en su estado actual», por las dudas sobre el respeto por parte de los países del Cono Sur de los compromisos y salvaguardas medioambientales que recoge el pacto.

El aviso de los eurodiputados se ha incluido con una enmienda promovida por los Liberales y los Verdes a un informe más global que ha salido adelante con el apoyo de 431 votos, 140 en contra y 124 abstenciones.

La enmienda que recuerda los compromisos climáticos del Acuerdo de París y expresa que el acuerdo comercial no puede ser ratificado si no se modifica ha salido adelante con un resultado más ajustado (345 síes, 295 noes y 56 abstenciones).

Con todo, la enmienda se ha mantenido solo parcialmente ya que ha caído la parte en la que se señalaba expresamente la «preocupación por la política medioambiental de (el presidente de Brasil) Jair Bolsonaro».

La posición de la Eurocámara sobre el acuerdo con Mercosur dependerá de un informe del que el ponente será el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, aunque el Parlamento no prevé iniciar las discusiones no arrancarán hasta que el pacto sea firmado por los Estados miembro, nunca antes de 2021.

Tras dos décadas de complejas negociaciones y largos ‘impasse’, la Unión Europea y los países de Mercosur anunciaron en 2019 un acuerdo de asociación y libre comercio que, sin embargo, debe resolver aún flecos y superar la ratificación en los parlamentos nacionales y europeo.

La Comisión Europea, de hecho, tiene aún sin concluir su evaluación sobre la base legal del acuerdo comercial y de asociación que determinará si lo somete al Consejo como un solo paquete o dividido para separar la parte comercial y evitar así que la parte más polémica tenga que ser sometida al visto bueno también de los parlamentos nacionales.

Hace dos semanas, también el comisario de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, avisaba también de las diferencias que existen entre Estados miembros sobre este acuerdo comercial, lo que podría complicar la última fase del proceso de aprobación.

«No todo el mundo está de acuerdo en este tema y, definitivamente, necesitaremos tener más discusiones entre nosotros», dijo Breton tras escuchar a los ministros de Comercio de la UE en una cena informal en Berlín.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que un paquete de reformas encaminadas a acelerar la transición ecológica podría elevar el producto interior bruto (PIB) mundial en 0,7 puntos hasta 2035, además de crear hasta 12 millones de empleos adicionales, según se desprende de uno de los capítulos analíticos del informe ‘Perspectiva Económica Mundial’, publicado este miércoles.

«Un impulso verde inicial, combinado con un aumento constante de los precios del carbono, generaría las reducciones de emisiones necesarias con efectos transitorios razonables en la producción mundial, lo que colocaría a la economía global en una posición más sólida y sostenible a medio plazo», ha asegurado la institución con sede en Washington.

Según el análisis realizado por el FMI, una estratega política destinada a mitigar el cambio climático podría elevar el crecimiento del PIB en 0,7 puntos entre 2020 y 2035 a nivel mundial, así como generar 12 millones de puestos de trabajo adicionales. «A medida que la recuperación se afianza, los precios del carbono anunciados previamente y, con aumentos graduales, se convertirían en una herramienta poderosa para lograr la reducción necesaria de las emisiones de carbono», ha asegurado el Fondo.

De esta forma, se reducirá a la mitad la pérdida de producción estimada derivada del cambio climático y proporcionará incrementos en el PIB real, en comparación con la estimación actual, más allá de 2050.

No obstante, esta transición tendrá costes. De acuerdo con los cálculos del FMI, entre 2036 y 2050, la estrategia de reformas reducirá el crecimiento del PIB mundial en 0,7 puntos al año. Y en 2050, esa reducción llegará hasta el 1%. Para la institución dirigida por Kristalina Georgieva, estos costes son «manejables», ya que el PIB mundial en 2050 será un 120% mayor que en 2020.

Para el Fondo, la limitación en el crecimiento de 0,7 puntos se podría limitar si las políticas climáticas incentivan el desarrollo tecnológico de «energías limpias», mediante subsidios a investigación y desarrollo (I+D), por ejemplo. Además, las reformas tendrían un efecto neutral entre 2036 y 2050 si se tienen cuenta los «importantes beneficios» sobre la salud (por la menor polución) o la menor congestión del tráfico.

Por otro lado, el FMI también ha alertado de que los hogares pobres serán los más afectados por un incremento en el precio del carbono, ya que emplean un mayor porcentaje de sus ingresos en energía o es más probable que estén empleados en la industria del transporte o en sectores manufactureros intensos en carbono.

De la misma forma, los países ricos también tienen más recursos y posibilidades de transicionar hacia energías limpias, frente a los elevados costes para países en desarrollo o pobres.

La Comunidad de Madrid trabaja en emitir licencias mixtas para que bares de copas, salas de baile y discotecas «que cumplan los requisitos» puedan operar como restaurantes.

Lo ha anunciado el vicepresidente, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha precisado que lo está estudiando la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas y esperan poderlo autorizar la próxima semana.

«Somos plenamente conscientes del daño económico que se esta provocando a todos los sectores pero especialmente bares, salas de fiesta y discotecas, que llevan cerradas mucho tiempo, y el quebranto económico que les estamos provocando con decisiones que no nos gustaría adoptar pero son necesarias», ha declarado.

En este sentido, ha recordado que hasta ahora se había habilitado la posibilidad de que el sector relacionado con el ocio nocturno pudiese «salir a la calle» y tener negocio en ellas a través de las terrazas.

«Ahora lo que vamos a hacer es que a partir de la semana que viene vamos a permitir que aquellas discotecas, salas de baile, bares de copas, que quieran y cumplan los requisitos puedan tener una licencia mixta y empezar a ofrecer servicios de restauración», ha explicado. Será de forma temporal «durante los meses» de restricciones.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha indicado este miércoles que hay sectores que están atravesando condiciones difíciles y que no pueden incorporar a sus trabajadores, como es el caso de sectores relacionados cono los transportes, cultura, ocio, eventos o turismo y, por ello, ha garantizado que los ERTEs se mantendrán el tiempo que sea necesario y que no se «dejará caer ningún sector».

Así, ha puesto en valor que se puedan utilizar los ERTE para «salvar empresas y a los trabajadores». «Doy tranquilidad. Vamos a salvar a empresas y trabajadores, durante el tiempo que sea necesario. No vamos a dormir para poder mantener las estructuras productivas», ha señalado Díaz, tras su reunión en Vitoria con el lehendakari, Íñigo Urkullu.

Al respecto, ha asegurado que el Gobierno central «no va a dejar caer a ningún sector productivo y «mucho menos a un sector que supone el 12% en términos de PIB», en referencia al turismo.

Preguntada sobre las quejas por el retraso del pago de la prestación a los trabajadores afectados por los ERTE por parte del SEPE, la ministra ha puesto en valor el trabajo la realizado por Servicio Público de Empleo, ya que «con un servicio depauperado, recortado en más de 2.500 trabajadores por mor de la política austericida del PP, ha hecho algo que ha sido histórico».

«El mes de abril, nadie confiaba en que el Servicio Público de Empleo, hubiera reconocido y pagado a más de 5 millones de trabajadores y trabajadoras. Es histórico», ha reiterado.

En este sentido, ha señalado que «en la actualidad, y ya desde el mes de abril estamos hablando de incidencias del 0,5%» y cree que en necesario poner en valor este servicio.

«Pongamos en valor lo público porque han salvado vidas, y es la primera vez que empleados públicas lo han dado todo por nosotros, trabajando sábados, domingos, y las horas que fuera necesario. No tenían por qué hacerlo y lo han hecho», ha señalado.

También ha mostrado su satisfacción por que Euskadi haya aprobado un complemento para las prestaciones y espera que otras comunidades autónomas «copien este modelo».

La ministra también se ha referido a los traspasos de competencias estatutarias acordados entre los gobiernos central y vasco, y que aún están pendientes de ejecutarse. Tras explicar que ha abordado este asunto este miércoles con el lehendakari, la responsable del Ministerio de Trabajo y Economía Social ha subrayado que este no es un asunto de su competencia, pero ha destacado que el Gobierno central «cumple su palabra», por lo que todos los acuerdos que existen en materia de traspasos competenciales «se van a cumplir. «No puede ser de otra manera», ha añadido

Por último, ha hecho referencia a las peticiones de la consejera vasca de Trabajo y Empleo para llevar a cabo «cambios normativos de máximo interés vinculados a la economía social, a las sociedades participadas» y ha avanzado que su departamento se pondrá a trabajar «para propiciar esos cambios» porque cree que «favorecerían en estos momentos de debilidad económica» a «sortear las dificultades con mucha más entereza».

DÍA DEL TRABAJO DECENTE

En el Día internacional del Trabajo Decente, la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha destacado el trabajo realizado la pasada legislatura por el Gobierno Vasco en la lucha contra el fraude laboral, para «minorizar la brecha salarial que existe entre mujeres y hombres, y ha subrayado el compromiso del Ejecutivo autonómico con el diálogo social como «herramienta útil para alcanzar acuerdos a través de concertación.

En este sentido, ha dado la enhorabuena a la ministra, «por haber sabido utilizar la mesa de diálogo social, favorecerla y buscar el encuentro y los acuerdos que redunden en beneficio del conjunto país»

También ha puesto en valor que «los ERTE han sido una herramienta que ha permitido mantener el empleo» y espera que cuando finalicen, con los plantes de reactivación económica y de reconstrucción social y económica del país, «se pueda recuperar todo el empleo» y «activar» a los desempleados.

Mendia ha dicho que están «a disposición del Gobierno de España» y se ha mostrado dispuesta a «colaborar» en la estrategia de activación para el empleo, que están empezando ya a diseñar desde el ministerio de Yolanda Díaz para los próximos cuatro años.

«Nosotros aportaremos toda nuestra experiencia y todo nuestro conocimiento para conseguir que esas estrategia sea válida para los objetivos que se persiguen», ha indicado antes de poner en valor la «colaboración y la cooperación» entre ambos gobiernos.

De su lado, la ministra ha pedido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que el País Vasco sea «un gran constructor de estabilidad en el conjunto del Estado» porque cree que «el ruido no ayuda a caminar» sino que «aleja» a la ciudadanía.

Díaz ha comparecido junto a la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ante los medios de comunicación tras mantener esta mañana un encuentro con el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el marco de una visita oficial a Euskadi en la que analizará la situación del empleo con representantes institucionales y del ámbito socioeconómico.

El Banco Central Europeo (BCE) considera necesario evitar la retirada prematura de las medidas de apoyo adoptadas para hacer frente al impacto de la pandemia, aunque ha señalado que, a nivel nacional, estas deberían ser temporales y estar dirigidas al apoyo de empresas estructuralmente solventes, según ha señalado la presidenta de la entidad, Christine Lagarde.

«Debemos protegernos contra la retirada prematura de estas medidas de apoyo», advierte la banquera central en una entrevista con ‘Harvard International Review’, donde afirma que el paquete de medidas implementado por las autoridades nacionales, europeas y el BCE han contribuido a evitar una recesión aún más profunda y una crisis de crédito que habría dejado profundas y duraderas cicatrices en la economía.

En este sentido, Lagarde destaca que los cálculos del banco central apuntan a que unos 13,5 millones de personas se encuentran actualmente acogidas a distintos programas de retención de empleo en la zona del euro, lo que supone alrededor del 8% de la población activa de la región y por encima de los 12,8 millones de desempleados en julio, el 7,9% de la población activa.

«Estos esquemas han evitado con éxito un aumento a gran escala del desempleo», celebra la francesa, aunque admite que «el ajuste del mercado laboral aún no se ha completado» y se espera un aumento significativo de la tasa de desempleo durante los próximos trimestres, en particular en los sectores más afectados por la crisis.

Según las proyecciones macroeconómicas más recientes del BCE, publicadas el pasado mes de septiembre, la institución prevé que el desempleo aumente del 7,3% en el primer trimestre de 2020 hasta el 9,5% en 2021 antes de descender al 8,8% en 2022.

Asimismo, la ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) subraya que, a pesar de que la pandemia es un shock global, su impacto local será desigual, como refleja que la pérdida de PIB en el primer semestre de 2020 haya oscilado en la zona euro entre más del 22,7% en España y menos del 11,5% en Alemania como consecuencia tanto de la gravedad del brote, como del diseño de la respuesta nacional, de la estructura económica, de la actividad sectorial, así como de la capacidad de absorción fiscal y de la resiliencia de los sectores empresarial y financiero.

Por esta razón, ya hemos anunciado que mantendremos nuestra ‘red de seguridad’ hasta que consideremos que la fase de crisis del Covid-19 ha terminado, pero en cualquier caso no antes de finales de junio de 2021″, añade la presidenta del BCE, para quien sigue siendo necesaria una postura fiscal ambiciosa y coordinada ante la fuerte contracción de la economía y de las grandes incertidumbres que siguen existiendo en torno a las perspectivas.

En este sentido, Lagarde subraya que el paquete de recuperación de la UE tiene el potencial de apoyar significativamente a las regiones y sectores más afectados por la pandemia, fortalecer el mercado único y alentar una recuperación duradera y uniforme.

Sin embargo, en cuanto a las medidas de carácter nacional, la presidenta del BCE insiste en que «deben ser temporales y estar dirigidas a garantizar que solo se apoyen las empresas estructuralmente sólidas», ya que así se permite que la estructura de las economías se ajuste donde sea necesario, de modo que el capital y la mano de obra fluyan hacia las empresas más productivas.

«Depende de los gobiernos nacionales establecer los incentivos adecuados para la inversión y la innovación que mejoren la productividad y que ayuden a rejuvenecer la economía europea», apostilla.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) piden que la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 incluya tres medidas contra el fraude fiscal, que pasan por estudiar la economía sumergida, integrar a los más de 9.000 técnicos del Ministerio de Hacienda en un cuerpo superior de nueva creación y aumentar la plantilla de la Agencia Tributaria entre 15.000 y 17.000 efectivos, para recaudar a medio plazo 34.500 millones adicionales cada año.

Así lo han señalado los técnicos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya presentado este miércoles el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que remitirá a Bruselas en dos semanas, y que contempla una inversión de 72.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos en tres años.

En este marco, los técnicos de Hacienda señalan que la mitad de los 70.000 millones del diferencial de recaudación fiscal de España con la zona euro se deben al 24,5% de la economía sumergida española respecto al 16,6% de la media europea.

Por ello, Gestha propone al Gobierno elaborar un estudio oficial sobre la economía sumergida en España, integrar a los más de 9.000 técnicos del Ministerio de Hacienda en un cuerpo superior de nueva creación y planificar en unos seis años el aumento de la plantilla de la AEAT entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos, de manera que España se equipararía a la media ponderada de las administraciones tributarias de los países de la UE-27 y de la zona euro-19.

‘LUPA’ SOBRE LOS GRANDES EVASORES

Gestha justifica estas propuestas en que los técnicos de Hacienda en la AEAT representan el 83,4% de los funcionarios del grupo A que ejercen las competencias superiores en puestos de trabajo en las áreas operativas de la prevención y lucha contra el fraude, y creen necesario desplazar la investigación de particulares, autónomos y pequeñas empresas hacia las grandes evasiones tributarias.

Igualmente, los técnicos de auditoria y contabilidad representan el 90,8% de los funcionarios del grupo A que ejercen las competencias superiores en puestos de trabajo en las áreas operativas del control del gasto público y de las subvenciones en la Intervención General del Estado (IGAE).

En este sentido, Gestha reitera su propuesta de reorganizar la IGAE para garantizar un funcionamiento plenamente independiente de posibles injerencias políticas o económicas y conseguir un control del gasto público más eficaz, después de que el Gobierno haya anunciado el aumento de un 54% del ‘techo de gasto’, hasta los 197.000 millones de euros.

En este marco, los técnicos valoran la decisión de incorporar medidas a corto plazo para mejorar el control del gasto público y hacer el sistema tributario más justo y progresivo, como se prevé en las conclusiones de la Comisión parlamentaria para la Recuperación económica y social y en las medidas acordadas en el pacto de gobierno, referidas, en ambas, a la mejora de la lucha contra el fraude y el control del gasto.

A su vez, se muestran partidarios de eliminar trabas administrativas y otros «cuellos de botella» en la Administración que podrían obstaculizar la ejecución de los proyectos financiados con los fondos europeos, pero ven «imprescindible» asegurar el control de legalidad del gasto público e impulsar el control de eficacia y eficiencia en el destino de los fondos europeos, ante la anunciada modificación de las leyes de Contratación pública y de Subvenciones.

A su juicio, ese impulso pasa por fortalecer las estructuras administrativas que ejercen las funciones de control, como la IGAE, por lo que reclaman finalizar con la externalización de determinadas controles y auditorías públicas que se viene realizando por determinadas empresas de la auditoría privada desde hace años.

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que emitirá bonos sociales para financiar el fondo de 100.000 millones de euros con el que contribuirá a aliviar el gasto de los Estados miembros en regímenes de protección del empleo, como los ERTE y la prestación por cese de actividad de autónomos en España.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario además que la primera emisión de estos bonos sociales se llevará a cabo durante la segunda quincena de octubre, momento a partir del cual podrá traspasar los primeros tramos de estas ayudas a los Estados miembros. España recibirá en particular un préstamo 21.325 millones de euros con cargo a este instrumento europeo, bautizado como SURE.

En total, la UE ha dado luz verde a los créditos de 16 Estados miembros, que en conjunto ascienden a 87.400 millones. Bruselas ha propuesto además este miércoles prestar 504 millones a Hungría en un préstamo todavía pendiente de aprobación.

Por otro lado, la Comisión Europea ha adoptado un Marco de Bonos sociales con el objetivo de dar las garantías necesarias a los inversores que vayan a adquirir estos títulos de que los fondos movilizados se utilizarán con una meta «verdaderamente social»: paliar el impacto social de la pandemia y sus consecuencias en el mercado laboral europeo.

Con este Marco, los Estados miembros estarán obligados a informar sobre el destino de los fondos que han obtenido a través del SURE y sobre el impacto social de las partidas que han financiado. Así, Bruselas podrá demostrar a los inversores que se han empleado para «financiar programas con un impacto social positivo».

El Marco de Bonos sociales, ha añadido el Ejecutivo comunitario, se ha creado «respetando plenamente» los principios de los bonos sociales de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales y ha sido evaluado de forma independiente por Sustainalytics.

«La decisión de emitir los bonos SURE de la UE en forma de bonos sociales será un factor de cambio para el mercado mundial de bonos sociales. Al mismo tiempo, es una clara demostración del compromiso a largo plazo de la UE con una financiación sostenible», ha declarado el comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn.