El Gobierno ha acordado instruir al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a distribuir los importes de aval para financiar la inversión que hayan sido asignados y no utilizados por los bancos, una reasignación que se hará en función de la demanda de las entidades y no por su cuota de mercado, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En su reunión de ayer, el Consejo de Ministros revisó el criterio de reasignación del primer tramo de la línea de avales para financiar inversiones, de manera que los importes no utilizados por los bancos serán redistribuidos al resto de entidades en función de la demanda, no de su cuota de mercado.

La distribución entre los bancos de los primeros 8.000 millones de euros de la línea de avales para la inversión de 40.000 millones de euros, liberados el pasado 28 de julio, se lleva a cabo conforme a su cuota de mercado en la concesión de crédito a empresas y autónomos a 31 de diciembre de 2019.

El nuevo acuerdo establece que dicha asignación es válida hasta el 1 de noviembre, de manera que desde esa fecha los importes asignados y no utilizados por las entidades se distribuirán entre los operadores a demanda, asignando los importes no comprometidos por el orden de petición de las entidades.

A partir de este miércoles (fecha de publicación en el BOE), el ICO podrá distribuir a demanda los importes de aval liberados el 28 de julio de 2020, asignados y no utilizados por las entidades.

Según explica la resolución de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, asignar los importes no comprometidos por el orden de petición de las entidades permitirá un uso más eficiente de los avales públicos y de los recursos del contribuyente.

Además, argumenta que el empleo de este criterio no merma las expectativas que pudieran tener las entidades más activas en la concesión de préstamos avalados con cargo a este tramo, que seguirán disponiendo de cuota de avales disponibles, sino que, por el contrario, podrían ver incluso incrementado el importe de avales a los que habrían tenido acceso de haberse seguido con el criterio anterior, al tratarse de una reasignación a demanda.

LA BANCA HA CANALIZADO YA 106.198 MILLONES CON LOS AVALES

Según los datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos, hasta el 2 de noviembre las entidades financieras han registrado 861.779 operaciones de financiación con aval del Estado, ascendiendo el importe avalado a un total de 80.693 millones de euros, lo que ha permitido canalizar financiación por 106.198 millones de euros al tejido productivo.

El 98% de los avales (845.405 operaciones) corresponden a pymes y autónomos, con una cobertura del aval del 80% para préstamos y otras operaciones de financiación y renovaciones, y un importe avalado de 59.040 millones de euros para una financiación de 73.865 millones de euros.

La Seguridad Social ganó en octubre una media de 113.974 cotizantes respecto al mes de septiembre (+0,6%), lo que situó el número total de ocupados en 18.990.364 cotizantes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha destacado que es el sexto mes consecutivo en el que aumenta la afiliación media.

Este repunte de la afiliación en octubre es de los mejores datos de la serie. Desde 2001, sólo en octubre de 2018 se ganaron más cotizantes medios que este año (+130.360). El año pasado, el incremento de la afiliación media en octubre fue de 106.541 cotizantes, por debajo de los 113.974 de este año.

En términos desestacionalizados y corregidos de calendario, el sistema sumó 45.365 cotizantes en octubre, un 0,2% más que en septiembre, en línea con lo avanzado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el pasado fin de semana.

Si se atiende el dato de último día de mes (por tanto, no en valores medios), el sistema ganó 142.555 cotizantes entre el 1 y el 31 de octubre a pesar de que el último día de mes se registraron 45.569 afiliados menos.

El Ministerio ha destacado que se han recuperado ya más de la mitad de los afiliados que se perdieron en los momentos más duros de la pandemia. En concreto, el 30 de octubre el sistema contaba con 589.922 afiliados más que el 30 de abril, cuando se registró el mínimo de la crisis sanitaria.

Pese al buen dato de octubre, la Seguridad Social acumula en el último año una pérdida de 439.628 cotizantes (-2,2%), con descensos de 429.445 afiliados en el Régimen General (-2,6%) y de 6.607 cotizantes en el de Autónomos (-0,2%).

LAS MUJERES LIDERAN EL EMPUJE DE LA AFILIACIÓN

La ganancia de afiliados medios en octubre se debió sobre todo a las mujeres, que sumaron 99.970 cotizantes respecto a septiembre (+1,1%), frente a un aumento de los afiliados varones de 14.004 cotizantes (+0,1%).

La afiliación de extranjeros, por su parte, retrocedió en 3.663 cotizantes, un 0,1% respecto a septiembre, hasta situarse en 2.074.538 afiliados.

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 113.669 afiliados en octubre (+0,7%), hasta un total de 15.661.201 ocupados, con la educación liderando el empuje del empleo por el inicio del curso académico. En concreto, este sector ganó 135.032 afiliados en octubre (+16,3%).

Le siguieron las actividades artísticas, que sumaron un 3,9% de cotizantes más en el mes; la Administración Pública (+2,4%); la construcción (+1,2%) y la industria manufacturera (+0,37%).

Por contra, los mayores retrocesos de la ocupación se los anotaron la hostelería, que perdió 85.077 afiliados (-7,1%), y las actividades sanitarias y de servicios sociales, que restaron 15.341 cotizantes (-0,92%) pese a la pandemia.

Por su parte, el Régimen de Autónomos ganó una media de 1.816 afiliados en octubre, lo que situó el total de cozizantes por cuenta propia en 3.265.369, «superando las cifras que registraba en febrero, antes de la pandemia», según ha resaltado el Ministerio. El Régimen del Mar, por el contrario, perdió 1.482 ocupados en el mes, mientras que el del Carbón restó 28 afiliados.

Por comunidades autónomas, la mayoría ganó afiliados en octubre, especialmente Comunidad Valenciana (+2,2%), Murcia (+1,6%) y País Vasco (+1,3%). Sólo tres regiones perdieron cotizantes en octubre: Baleares (-11,8%), Castilla-La Mancha (-1%) y Extremadura (-0,6%).

130.000 TRABAJADORES SALEN DE ERTE EN OCTUBRE

De acuerdo con los datos de Seguridad Social, a cierre de octubre permanecían en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) 599.350 trabajadores, casi 130.000 personas menos que en septiembre.

Del total de trabajadores en ERTE, 497.319 se encuentran en procesos de fuerza mayor y 102.031 en ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP).

A finales de octubre, los sectores donde hay más afiliados en un ERTE son servicios de comidas y bebidas (117.208 afectados), servicios de alojamiento (94.106), comercio minorista (50.413), comercio mayorista (38.339) y agencias de viajes y operadores turísticos (22.913).

Las empresas de transporte cuentan actualmente con 42.000 personas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), frente a las 138.000 que llegaron a estar en ‘paro temporal’ en abril, como consecuencia de la paralización de toda actividad no esencial decretada ese mes para frenar el avance del virus.

Según los datos aportados por el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, durante su participación en una comisión del Congreso para explicar los Presupuestos del año que viene, la reducción de personas en ERTE en el sector ha descendido un 70% desde lo peor de la crisis.

No obstante, a 2 de noviembre, todavía quedaba un 30% de trabajadores de las empresas de transporte que operan en España acogidos a un ERTE en comparación con los que estaban acogidos a este instrumento laboral el pasado mes de abril.

Saura también ha detallado que hasta 32.500 empresas del sector se han acogido a las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para acceder a créditos avalados por el Estado por valor de 5.707 millones de euros.

Por su parte, las medidas encaminadas al aplazamiento de tasas han alcanzando los 100 millones de euros en Puertos del Estado, 82 millones en Enaire y 17 millones en Aena, así como 800 millones en ayudas al transporte autonómico.

En materia de vivienda, uno de los ámbitos de actuación adscritos también al Ministerio que dirige José Luis Ábalos, el secretario de Estado ha cifrado en 500.000 las familias beneficiadas por las ayudas al alquiler en el marco de la crisis sanitaria.

Saura ha insistido en que las dos grandes características que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año son su carácter anticíclico, particularmente en la partida dedicada al transporte, y que son «transformadores».

«Con un incremento del 57%, no hay en la historia reciente un presupuesto en Fomento o en Transportes como este, con un multiplicador fiscal que busca ser transformador y con efectos permanentes, actuando no solo en el corto plazo, sino importante en el medio y largo plazo», ha añadido.

La actividad del sector privado español volvió a deteriorarse durante el pasado mes de octubre, según refleja el índice compuesto de gestores de compras (PMI), que bajó hasta los 44,1 puntos desde los 44,3 de septiembre, su peor lectura en cinco meses, lo que alimenta el temor a una recaída en contracción de la economía de España, tras el rebote del 16,7% del PIB en el tercer trimestre.

«Los últimos datos del índice PMI continúan reforzando la posibilidad de la temida ‘doble caída’, ya que la actividad en la economía del sector servicios claramente está teniendo dificultades frente al aumento de las infecciones por la Covid-19, a las restricciones más estrictas de la actividad y a la preocupación en general entre los consumidores con respecto a la circulación del virus», indicó Paul Smith, economista de IHS Markit.

En el mes de octubre, el dato de actividad del sector servicios se hundió hasta los 41,4 puntos desde los 42,4 del mes anterior, registrando así su peor lectura desde el pasado mes de mayo. Por el contrario, el PMI manufacturero de España subió en octubre hasta máximos de 3 meses, con 52,5 puntos, frente a los 50,8 de septiembre.

Esta mayor vulnerabilidad del sector servicios con respecto al impacto económico adverso de la pandemia se reflejó en los últimos datos de los nuevos pedidos recibidos, con una considerable caída mensual de los nuevos pedidos recibidos en el sector servicios, la cuarta consecutiva, en contraste con un retorno a un crecimiento modesto de los nuevos pedidos recibidos por el sector manufacturero.

Dado que los pedidos pendientes de realización en la economía del sector privado se mantuvieron por debajo de los niveles anteriores a la crisis desatada por la Covid-19, se registraron nuevamente pérdidas de empleo, que se centraron principalmente en el sector servicios.

«Aunque las empresas están seguras de que una vez que se haya controlado la pandemia, la actividad aumentará fuertemente, las perspectivas a corto plazo siguen siendo muy inciertas. En consecuencia, están tratando de mantener un estricto control de los costes, especialmente dadas las persistentes presiones de los márgenes de beneficios y la existencia de exceso de capacidad en sus unidades», añadió Smith.

Los parados que agotaron sus prestaciones entre el 14 de marzo y el 30 de junio y no tengan acceso a otras ayudas podrán solicitar el nuevo subsidio especial de 430 euros mensuales desde el próximo viernes hasta el 30 de noviembre, según consta en el Real Decreto-ley que regula esta ayuda.

La norma, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su aprobación ayer en el Consejo de Ministros, entrará en vigor mañana jueves y el subsidio podrá solicitarse desde el día siguiente.

Este subsidio de naturaleza económica, que se espera que llegue a unas 250.000 personas, será equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) vigente en cada momento (430 euros mensuales en la actualidad) y su duración máxima será de tres meses.

Para acceder a esta ayuda especial, los solicitantes deben haber agotado todas sus prestaciones (contributivas, asistenciales, Renta Activa de Inserción) entre el 14 de marzo y el 30 de junio y estar en desempleo e inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo.

Además, podrán acceder al subsidio las personas que estén cumpliendo el mes de espera para acceder al subsidio de agotamiento de la prestación contributiva.

Esta ayuda no será compatible con la percepción de renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas de cualquier administración pública.

Para acceder al subsidio, que será gestionado por el SEPE, no se exigirá acreditar la carencia de rentas ni la existencia de responsabilidades familiares.

Esta medida, que se negoció en el marco del diálogo social, estaba recogida en el II Acuerdo Social en Defensa del Empleo y se materializó en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley de 26 de junio.

No obstante, CCOO y UGT han denunciado que esta ayuda ha tardado demasiado en aprobarse y que el alcance de la misma es menor al que se había acordado en un principio, pues el universo inicial de beneficiarios era de 550.000 y ahora sólo llegará a unas 250.000 personas.

El Congreso inicia a partir de este miércoles la ronda de comparecencias para explicar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, con el habitual desfile de altos cargos, casi un centenar, empezando por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

El gobernador iniciará a las 9.00 horas las comparecencias ante la Comisión de Presupuestos, que preside la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido, y que se extenderán hasta el próximo viernes, con la comparecencia del presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce.

Entre medias, expondrán su análisis de los Presupuestos para 2021, entre otros cargos, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero; el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo; el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos; y el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Ernesto José Gasco.

En total, la Cámara Baja tiene previsto recibir a 91 comparecientes en sus diferentes comisiones. Así, este miércoles será el turno de las de la Comisión de Asuntos Exteriores; de Industria, Comercio y Turismo; de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; y de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Ya mañana comparecerán los altos cargos de Defensa; Sanidad y Consumo; Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad; Agricultura, Pesca y Alimentación; Justicia; Ciencia, Innovación y Universidades; y Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Finalmente, comparecerán el viernes en el Congreso los altos cargos ante las comisiones de Igualdad; Cultura y Deporte; Educación y Formación Profesional; Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Política Territorial y Función Pública.

PRIMERA VOTACIÓN LA PRÓXIMA SEMANA

Ese mismo viernes, los grupos que así lo deseen tendrán que decidir si registran enmienda a la totalidad para tratar de tumbar a la primera los Presupuestos. Y es que ya la próxima semana, el miércoles 11 de noviembre, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defenderá ante el Pleno del Congreso su proyecto de Presupuestos Generales del Estado, en un debate de totalidad que se extenderá hasta el jueves.

Ese día el Congreso votará las enmiendas a la totalidad en una sola votación, ya que todas persiguen lo mismo: la devolución del proyecto de Presupuestos al Gobierno. Para superar esta votación y permitir la supervivencia de las nuevas cuentas, los grupos que respalden las cuentas deberán rechazar estas enmiendas de totalidad.

En esa primera votación cayeron los Presupuestos Generales de 2019 que el PSOE y Unidas Podemos habían pactado en enero de ese año, provocando la disolución de las Cortes y la celebración de las elecciones del 28 de abril.

Frente a los previsibles de votos del PP (88), Vox (52) y los socios electorales del PP, UPN (2) y Foro Asturias (1), el Gobierno espera aunar el voto de las formaciones con las que ya ha iniciado la negociación de las cuentas, o han expresado su voluntad de poder hacerlo.

Es el caso de ERC (13), Ciudadanos (Ciudadanos), el PNV (6), EH-Bildu (5), los cuatro diputados del PDeCAT (de los 8 que integran Junts), Más País (2), Teruel Existe (1), el Partido Regionalista Cántabro (1), Compromís (1), Nueva Canarias (1), Coalición Canaria (1), y el BNG (1), algunos de los cuales han adelantado que no presentarán enmienda a la totalidad y facilitarán la tramitación de las cuentas.

DOS SEMANAS PARA INTRODUCIR CAMBIOS EN LAS CUENTAS

Si el proyecto supera ese examen de totalidad, los primeros Presupuestos del Gobierno de coalición pasarán a la fase de la discusión de su articulado y las enmiendas parciales, que deberán presentarse el martes 17 de noviembre.

El calendario aprobado por el Congreso fija el viernes 20 de noviembre para la discusión del proyecto en fase de ponencia y ya la siguiente semana en Comisión, hasta el viernes 27, para empezar a votar las enmiendas que presenten los grupos y cada una de las secciones de los Presupuestos (las cuentas de cada Ministerio).

Ahí el Gobierno no puede perder votaciones porque el derribo de una sola sección provoca la caída de todo el proyecto. En la Comisión, el PSOE y Unidas Podemos acarician la mayoría con 17 de los 37 diputados, a dos de la mayoría absoluta que les garantizaría superar esta fase.

¿VÍA LIBRE A LOS PRESUPUESTOS LA SEMANA DE REYES?

Finalmente, el proyecto resultante de las votaciones en Comisión llegará al Pleno del Congreso para examinarse desde el lunes 30 de noviembre hasta el jueves 3 de diciembre, cinco semanas después de iniciar su tramitación, para someter a votación las enmiendas que queden ‘vivas, pero también de cada una de sus secciones y la totalidad del proyecto.

En caso de ser aprobado por el Congreso, el proyecto pasará al Senado para continuar la tramitación con comparecencias, debates de veto y de enmiendas parciales. Las cuentas volverían al Congreso para su aprobación definitiva a principios de enero y no se descarta incluso habilitar la semana de Reyes para que puedan entrar en vigor cuando antes.

Esa efeméride no es extraña al Gobierno de coalición, ya que también se usó la semana de Reyes para la sesión de investidura de Pedro Sánchez en enero de este año tras su pacto de coalición con Unidas Podemos.