La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no renuncia a regular los precios de la vivienda en alquiler, sino que la discusión con Podemos está relacionada con las herramientas e instrumentos para llevarlo a cabo.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha remarcado que el hecho de que haya discusión sobre los instrumentos es «muy saludable». «Hay que aprovechar las experiencias que tienen otros países y el objetivo que perseguimos es que no tenga efectos secundarios (la herramienta elegida) como la contracción de la oferta del alquiler», ha dicho Montero.

La ministra ha dejado claro que la Ley de Vivienda quiere abarcar todos los elementos que permiten tener una oferta disponible para que se cumpla con la función social de la vivienda. Además, ha apuntado que el Gobierno lo que también quiere es que el texto de la norma tenga todas «las perspectivas jurídicas» para que no haya ningún tipo de duda sobre su capacidad de adaptación.

La ministra portavoz también ha insistido en que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está trabajando «en la línea de lo que marca el acuerdo» que permitió el Gobierno de coalición. Por lo tanto, ha dejado claro que se trabaja en intentar evitar la subida de los precios del alquiler en zonas especialmente tensionadas, pero que «el problema de la vivienda es mucho más amplio que el de las zonas tensionadas, que están localizadas en determinados núcleos urbanos de las grandes ciudades».

«Son muchas partes de una misma política que Transportes está coordinando, pero no contemplo ninguna otra cuestión que no sea llevar al Consejo de Ministros, en breve, una Ley de Vivienda que dé respuesta a todos los problemas», ha insistido, tras apuntar que no se va a aprobar una Ley sin consenso entre las dos formaciones.

EVITAR QUE SEA INCONSTITUCIONAL

Montero ha hecho hincapié en la necesidad de que esta norma esté «perfectamente articulada en el marco constitucional». «No queremos que el Tribunal Constitucional diga que no es conforme a derecho», ha añadido, tras afirmar que «ojalá se pueda traer en las próximas semanas un texto consensuado».

Por otro lado, ha recordado que los precios de las zonas más demandadas se han visto alterados durante la pandemia y ha apuntado que ahora son menores que hace un año, lo cual «da un poco de compás de espera para que se pueda trabajar en este texto legal de manera ordenada, segura» y atendiendo al objetivo recogido en la hoja de ruta del Gobierno de coalición.

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha avanzado este martes que el organismo dispondrá de hasta 70 fuentes de datos diferentes que cruzar mediante técnicas de ‘big data’ para comprobar deslocalizaciones ficticias de contribuyentes y cotejar si realmente se reside en el extranjero. Además, prevé poder retomar a lo largo de 2021 las visitas con «plenas garantías jurídicas».

Así lo ha indicado durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda a petición propia para informar sobre el Plan de Control Tributario y Aduanero de 2021, en la que ha destacado que las técnicas de ‘big data’ permiten una aplicación «más generalizada» en el ámbito del análisis patrimonial y, por consiguiente, detectar en mayor medida las deslocalizaciones ficticias de contribuyentes a otros territorios.

Gascón ha apuntado que el tema de las deslocalizaciones «se ha puesto de moda últimamente», tras la polémica por la marcha de algunos ‘youtubers’ e ‘influencers’ a Andorra y otros territorios con una imposición más baja.

En este sentido, ha precisado que actualmente hay 2,5 millones de españoles que viven fuera del país, un dato que «hay que darlo por bueno» al ser en general verdad, si bien se producen también «deslocalizaciones ficticias». De su lado, hay unos 5 millones de extranjeros que residen en España.

Ante el «caos» de las deslocalizciones, ha valorado el «avance» que supone combinar 70 fuentes de datos diferentes con técnica de ‘big data’ en casos de indicios, lo que le ha llevado a afirmar que los datos «son mayores de los que han sido nunca» para poder disponer de indicios ante una posible deslocalización ficticia.

A continuación, ha añadido, se posibilitará acometer una actuación comprobatoria y, si es preciso, abrir un expediente, si bien ha reconocido que se trata de procedimientos «complicados», ya que «una cosa es que tengas indicios y otra es que seas capaz de probarlo».

En todo caso, cree que la combinación de fuentes, algunas estructuradas y otras informaciones obtenidas en fuentes abiertas, es «absolutamente crucial» porque los procesos probatorios son «muy complicados. En este asunto tiene «mucho que decir» la central de coordinación de control de patrimonios relevante, ha apuntado Gascón.

VE «IMPOSIBLE» QUE UN PAÍS EUROPEO ADOPTE EL SISTEMA FISCAL ANDORRANO

Al hilo del debate sobre la fiscalidad y la marcha de ‘youtubers’ a Andorra, Gascón ha apuntado que en ese territorio viven unos 20.000 españoles sobre una población total de 80.000 por distintos motivos como la proximidad geográfica, las oportunidades o la fiscalidad, si bien ha insistido en que ante indicios de deslocalización, la AEAT «tiene que actuar».

Sobre el debate del impacto de estos movimientos en la conciencia fiscal, ha pedido aislar del mismo la comparaciones de la tributación alta o baja con un «microestado» con un presupuestos de gasto inferior al de la AEAT.

A su juicio, es «imposible» que el sistema fiscal andorrano pueda aplicarse por alguno de los 27 Estados miembros y cree que «jamás» una formación política española que pretenda cubrir unos mínimos gastos, como la Seguridad Social, podría proponer un régimen fiscal similar.

También ha pedido aislar del debate la «excusa» de marcharse para tributar menos por los casos de corrupción, el gasto público «desbocado» en España o la falta de ayudas, ya que «no son problemas sistémicos» sino que hay que detectarlos y corregirlos, y cree que habría que pensar qué haría uno mismo si estuviese en la situación económica y personal de alguno de esos ‘youtubers’, ya que si se duda o se contempla la marcha, cree que habría un «verdadero problema de conciencia fiscal» en España.

ESPERA RECUPERAR LAS VISITAS «A LO LARGO DE 2021»

En el ámbito de control, Gascón ha indicado que hay que regularizar incumplimientos y obtener el cobro de deudas, impulsando el cumplimiento voluntario, en un contexto en el que se tendrá que asumir el reto «extraordinariamente importante» de gestionar por primera vez las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ y profundizar en el control del mundo digital.

El director general de la AEAT ha afirmado también que el organismo tiene previsto la realización de un «buen número de visitas», si bien el plan ha quedado suspendido hasta que la situación sanitaria mejore.

Dentro de las visitas, ha indicado que las de «mayor intensidad» son las entradas con autorización judicial en domicilios «constitucionalmente protegidos», tras la sentencia del Tribunal Supremo del año pasado en la que se establecían determinados límites.

«Si la situación sanitaria lo permite, queremos retomar (las visitas) a lo largo del año 2021 con plenas garantías jurídicas, teniendo en cuenta la doctrina del Supremo y los posibles cambios normativos que se puedan producir al respecto», ha indicado.

Ha apuntado al respecto que el 97% de las actuaciones con entrada a domicilio se han efectuado a personas jurídicas en la vía contencioso-administrativa, siendo «bastante residual» los casos a personas físicas, y ha precisado que el porcentaje de actas de disconformidad no alcanzaba ni el 20%.

De cualquier forma, ha reiterado su postura respecto a la conveniencia de que se mantenga la vía contencioso-administrativa, en línea con las enmiendas presentadas por algunos grupos a la Ley de lucha contra el fraude, en vez de que se avance a un modelo en el que prime la vía penal.

Aunque cree que ha habido «errores», ha enfatizado que para solicitar una autorización judicial y que la autorice el juez, hace falta un expediente administrativo que deje claro qué se busca, entre otros puntos.

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha anunciado este martes que el organismo habilitará en su aplicación móvil la solicitud de aplazamientos de deuda y el pago de las mismas «en un solo clic», al tiempo que prevé el lanzamiento de su nueva página web en verano para disponer de un único servicio universal.

Así lo ha detallado durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda a petición propia para informar sobre el Plan de Control Tributario y Aduanero de 2021, que recoge las prioridades del organismo para este año, centradas en la mejora de la asistencia al contribuyente, el control mediante medios tecnológicos y la prevención y lucha contra el fraude.

Gascón ha explicado que la ‘app’ de la Agencia Tributaria adoptará nuevas funcionalidades al haber estado al principio muy orientada al IRPF, de forma que permitirá el pago de deudas y la solicitud de aplazamientos «en un solo clic» sin necesidad de rellenar apartados, algo que cree que tendrá «mucho éxito» al ser «totalmente revolucionario».

Asimismo, ha destacado la consolidación de las administraciones territoriales integrales tras la apertura de una administración de este tipo en Valencia, a la que se sumará este mismo año otras en Galicia, Madrid y Andalucía, que prestarán servicio por vía telemática a todo el territorio nacional.

Así, ha puesto como ejemplo que si no se logra resolver una consulta con el sistema, podrán aparecer pantallas emergentes que ofrezcan un chat para interactuar con un funcionario, y el último recurso sería la atención telefónica.

En materia de IRPF ha indicado que se posibilitará la llevanza de libros electrónicos para IRPF e IVA con el fin de descargar esos libros por primera vez en Renta Web para complementar de forma automática la declaración de la Renta, utilizando también sistemas de ‘big data’, al tiempo que en lo relativo a Sociedades, se mejorará el servicio de información de terceros.

En cuanto al IVA, se ampliará el servicio de borrador de IVA a unos 40.000 contribuyentes, incluyendo grandes empresas y situaciones más complejas, sobre un colectivo total de unos 60.000, después de que el año pasado ya se ofreciese a unos 17.000, especialmente sin grandes problemáticas. A su vez, se ofrecerá un borrador del IVA a alrededor de 600.000 arrendadores de inmuebles.

En lo que respecta a la prevención, ha indicado que se harán campañas para «depurar» el censo de sociedades inactivas, de forma que se utilizará la revocación del NIF y se avanzará en el cierre registral, con notarios y registradores.

En este punto ve importante el control temprano y en la medida de lo posible las visitas a los contribuyentes, algo que cree que se podrá retomar en función de la evolución de la pandemia «a lo largo de 2021».

EL BREXIT «ESTÁ PASANDO INADVERTIDO»

En el ámbito estrictamente de control, ha marcado la necesidad de regularizar incumplimientos y obtener el cobro de deudas consiguiendo que el contribuyente «cumpla mejor» y que no se repitan dichos incumplimientos.

Igualmente, ha avisado de que se ha constatado un repunte «exponencial» de los créditos fiscales con bases imponibles negativas, para lo que se mejorará el sistema de gestión de riesgos con la utilización de ‘big data’ en el ámbito asistencial y de control al contribuyente.

A propósito del control, Gascón se ha referido a las novedades referidas a la persecución de deslocalizaciones ficticias de contribuyentes, un asunto que requiere comprobaciones «muy complicadas» y que se abordará con la combinación de 70 fuentes de datos distintas usando el ‘big data’.

El director general de la AEAT también ha apuntado que el Brexit «está pasando inadvertido» en términos aduaneros, algo «muy meritorio» por parte de los funcionarios de Aduanas al haberse tenido que acometer cambios de sistemas informáticos y la adopción de «medidas constantemente» para mejorar los procedimientos y adaptarse a la realidad.

La Comisión Europea quiere promover la participación directa o indirecta de pymes en el diseño y desarrollo de grandes proyectos de innovación que tiene un especial interés en el conjunto de la UE y que puedan impulsar, por ejemplo, las transiciones verde y digital en el bloque.

Es uno de los objetivos del borrador sobre la nueva política comunitaria de ayudas públicas a Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (PIICE) que el Ejecutivo comunitario ha publicado este martes y sobre el que ha lanzado una consulta pública para reunir opiniones de expertos, industria y gobiernos.

La consulta se prolongará durante ocho semanas, hasta el 20 de abril, y busca opiniones relevantes para mejorar el documento que regirá la estrategia europea para conceder subvenciones públicas a empresas que participen en proyectos que sean calificados de especial interés para la UE.

El Ejecutivo comunitario ha evaluado la normativa actual y ha concluido que, aunque ha funcionado «bien en general» y es una «herramienta efectiva» para impulsar estos proyectos, es necesario adoptar «algunos ajustes concretos» para «aclarar» cuestiones relacionadas con el apoyo público que se puede dar.

Dentro de estas modificaciones, la Comisión desea «facilitar una participación directa o indirecta en los PIICE de pequeñas y medianas empresas», en línea con la estrategia industrial del bloque, ha informado en un comunicado.

Para ello, el borrador sometido a consulta «reconoce el papel especial que las pymes juegan en la economía de la UE y propone simplificar el análisis de la Comisión en aquellos casos en los que sea menos probable que la ayuda de Estado distorsione indebidamente la competencia, por ejemplo debido a su montante.

Bruselas también pretende aprovechar la actualización de estas directrices para «aclarar ciertos conceptos», como la definición de «proyecto integrado», y dar más orientaciones sobre los criterios que establece la normativa, por ejemplo en cuanto a las normas aplicables cuando las ayudas europeas provienen de varias instituciones.

Además, el borrador busca fomentar el «carácter abierto» de la normativa sobre PIICE enfatizando que «todos los Estados miembros deben tener la oportunidad verdadera de participar en un proyecto emergente», y su «coherencia» con las prioridades de la UE.