El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha constatado la rápida recuperación de China del impacto de la pandemia de Covid-19 impulsada por la fortaleza y determinación de las medidas de contención y estímulo aplicadas, que permitirán un crecimiento del PIB en 2019 del 1,9%, el mayor entre las principales economías mundiales, aunque el rebote previsto para 2021 será algo más débil, con una expansión del 7,9% en vez del 8,2% anticipado, por los desequilibrios económicos del país.

En concreto, las nuevas previsiones del FMI tras la visita al país de los técnicos de la institución internacional apuntan a una expansión del PIB chino del 1,9% en 2020 y del 7,9% en 2021, que se moderará un año después al 5,7% y al 5,6% en 2023, mientras que en los dos años posteriores será del 5,5% y del 5,4%, respectivamente.

En cuanto a los precios, las proyecciones del Fondo anticipan una tasa de inflación del 2,4% en 2020, que se moderará al 0,5% este año para repuntar al 1,9% los dos años siguientes y alcanzar el 2% en 2024 y 2025.

La economía china continúa recuperándose rápidamente de la pandemia, ayudada por un fuerte esfuerzo de contención y medidas políticas rápidas para mitigar el impacto de la crisis», destaca el consejo ejecutivo del FMI en su evaluación del ‘Artículo IV’ de China, en el que hace hincapié en el apoyo brindado a la recuperación mediante políticas macroeconómicas y financieras, protegiendo a las empresas más afectadas y salvaguardando la estabilidad financiera al inyectar liquidez al sistema bancario.

Asimismo, la institución valora el esfuerzo de Pekín al aumentar el desembolso y la cobertura del seguro de desempleo para ayudar a los hogares vulnerables y la introducción de desgravaciones fiscales y la exención de contribuciones sociales por parte de los empleadores, lo que elevará el déficit al 18,2% del PIB en 2020 desde el 12,6% en 2019.

De este modo, a pesar de que los directores ejecutivos «elogiaron a las autoridades (chinas) por la eficacia de las medidas de contención y el rápido apoyo de las políticas macroeconómicas y financieras para mitigar el impacto económico de la pandemia» también señalaron que el crecimiento del gigante asiático «seguía siendo desequilibrado», por lo que la política fiscal, monetaria y estructural deberían apuntar a fortalecer la demanda privada para permitir un crecimiento más equilibrado a mediano plazo.

En este sentido, la directiva del FMI recomendó seguir adelante con las políticas monetarias y fiscales moderadamente favorables hasta que la recuperación sea sólida, advirtiendo, no obstante, de que, en el medio plazo, la consolidación fiscal será necesaria para garantizar la sostenibilidad de la deuda.

Al mismo tiempo, los miembros del directorio también pidieron la introducción de mejoras en la red de seguridad social para reducir los ahorros preventivos, lo que combinado con una mayor progresividad en el sistema tributario ayudaría a abordar la desigualdad de ingresos.

Por otro lado, el FMI señaló «el importante papel a desempeñar» por China, junto con sus socios, en apoyo de un sistema de comercio internacional abierto y basado en normas, mientras que acoge con satisfacción la intención de China de adoptar un papel importante en los esfuerzos multilaterales para abordar los desafíos mundiales más apremiantes, incluida la puesta a disposición de cualquier vacuna aprobada desarrollada en China para otros países y la mitigación del cambio climático.

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha pedido al Gobierno que se mejoren las condiciones del conjunto del colectivo, después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social haya retomado este viernes las negociaciones con los agentes sociales para la ampliación de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE).

Aunque reconocen que la ministra Yolanda Díaz mantiene una actitud positiva para negociar la extensión de los ERTE, afirman que «no puede pasar más tiempo sin que se mejoren las condiciones del conjunto del colectivo de los trabajadores y trabajadoras autónomas». La asociación reclama ayudas directas para fortalecer el tejido productivo ante una posible tercera ola de la pandemia.

La secretaria general de Uatae, María José Landaburu, ha solicitado «un nuevo escudo social que impulse mediante ayudas directas un plan de acción efectivo para lograr recuperar la actividad económica de los sectores más perjudicados», además de «revisar la actuación de nuestros países vecinos que han aplicado paquetes de ayudas que han favorecido esta recuperación».

Uatae recuerda las ayudas ofrecidas por Alemania, Italia y Portugal, donde se ha impulsado medidas de exención o reducción temporal de los tipos del IVA y aplazamiento hasta de un año para pago de impuestos a pymes y autónomos, sin intereses, así como, las de Francia o Reino Unido, donde han ido elaborando respectivas indemnizaciones y ayudas económicas para las micropymes y trabajadores por cuenta propia que se han visto afectados con las nuevas medidas restrictivas.

Ante este marco europeo, España no puede seguir a la cola de los grandes acuerdos alcanzados en los países de la eurozona», ha lamentado Landaburu, que además valora de forma negativa la posición de España ante esta situación, «que está adoptando posiciones de inacción al respecto, convirtiéndose en la excepción de Europa en cuanto a la aplicación de ayudas directas.

La asociación ha denunciado que las medidas aprobadas en septiembre por el departamento de José Luis Escrivá dejaran fuera a actividades directamente afectadas por las restricciones sanitarias, como el taxi, actividades vinculadas al ocio, o la producción de eventos y cultura. Para Uatae, los últimos datos de la Seguridad Social han dejado entrever la gravedad de la situación que afrontan sectores como el comercio o la hostelería.

Por último, considera relevante la dotación de los fondos europeos para el impulso y reconstrucción del tejido productivo, que impulsará la actividad económica del pequeño comercio, como medio para evitar que la recuperación de los trabajadores y trabajadoras autónomas se vea ralentizada.

La economía española sufrió en 2020 el mayor deterioro entre las principales economías mundiales, con una caída estimada del PIB del 11,7%, según PwC, que anticipa un rebote del 5,5% este año y del 4,2% en 2022, para mantener un ritmo medio de crecimiento anual del 2,1% entre 2023 y 2027.

De este modo, España crecerá en los próximos años por encima de la media proyectada para la eurozona, que tras registrar una contracción del 7,6% en 2020 crecerá un 4,2% en 2021 y un 3,3% en 2022, con una expansión media anual estimada del 1,6% entre 2023 y 2027.

Entre las principales economías del euro, PwC augura que Alemania, después de la contracción del 5,5% estimada en 2020, rebotará un 3,3% este año y un 3,2% el siguiente, con una expansión media del 1,4% hasta 2027, mientras que el PIB de Francia rebotará un 6% este año y un 3,1% en 2022, con un ritmo medio anual de crecimiento del 1,7% entre 2023 y 2027, tras la contracción del 9,2% estimada para 2020.

De su lado, Italia, que en 2020 habría sufrido una caída del PIB del 9%, crecerá en los dos próximos años un 4,6% y un 2,9%, respectivamente, para moderar su ritmo de expansión anual al 1% entre 2023 y 2027.

A nivel global, los pronósticos de la firma apuntan a que el PIB mundial rebotará un 4,7% en 2021, después de sufrir una caída del 3,9% este año, en lo que supone la tasa más rápida registrada en el siglo XXI. El próximo año PwC espera una expansión del PIB mundial del 3,7%, con un ritmo de crecimiento medio anual del 2,9% entre 2023 y 2027.

Nuestra proyección está condicionada a un despliegue y difusión exitosos de la vacunas contra la Covid-19 y a que continúen las condiciones fiscales, financieras y monetarias acomodaticias», recuerda PwC, subrayando que los próximos de tres a seis meses «seguirán siendo difíciles», particularmente para los países del hemisferio Norte que atraviesan los meses de invierno, ya que podrían verse obligados a realizar bloqueos más localizados o completos en toda la economía.

De este modo, PwC advierte de que en algunas economías avanzadas el PIB podría contraerse en el primer trimestre del año, con un repunte de la actividad para la segunda mitad de 2021, cuando se espera que las grandes economías avanzadas hayan vacunado a una parte sustancial de su población.

El Gobierno ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue «si ha habido irregularidades en el mercado eléctrico», después de que este viernes el precio mayorista de la electricidad haya marcado máximos históricos para una referencia media diaria, con 94,99 euros por megavatio hora (MWh), en plena ola de frío que asola España por la borrasca ‘Filomena’, según indicó en su cuenta de ‘Twitter’ el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Asimismo, Garzón señaló que el Ejecutivo está «buscando soluciones definitivas para una tarifa regulada que proteja especialmente a las familias más vulnerables».

El ‘pool’ caerá este sábado un 15% con respecto al precio medio marcado para este viernes, aunque se mantendrá por encima de los 80 euros por MWh.

No obstante, a pesar de este caída en el precio medio diario, las horas puntas verán como sus precios pueden llegar a superar los 120 euros por MWh. Así, entre las nueve y diez de la noche los consumidores que dispongan de tarificación por horas pagarán la electricidad a 121,24 euros por MWh, muy por encima de los 50,25 euros de la hora más barata, que se dará a las cinco de la madrugada.

Este aumento sobre los precios de la electricidad se debe a la acumulación de diversos factores, como son un incremento de la demanda por la ola de frío y la subida en los precios del dióxido de carbono (CO2) y la cotización del gas natural.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2021 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

PRECIOS CASI EL DOBLE QUE LA MEDIA DE 2020

El precio de la electricidad ha alcanzado los 22,14 céntimos por kilovatio hora (kWh) este viernes, casi el doble que la media de 2020, que fue de 12,14 céntimos.

Tras el nuevo incremento de este viernes, la subida interanual en el precio del kWh en la tarifa regulada (PVPC) en los primeros ocho días de este mes de enero alcanza ya el 30,9%.

En lo que va de año, el kWh representa una media de 17,50 céntimos (impuestos indirectos incluidos), frente a los 13,36 céntimos el mismo periodo de 2020.

Tomando como referencia la tarifa media del kWh en estos primeros ocho días de enero, la factura eléctrica del usuario medio se situaría ya en 83,24 euros, lo que representa un incremento del 22,2% sobre los 68,11 euros de las mismas fechas del año pasado, según datos Facua-Consumidores en Acción sobre un usuario medio que consume 366 kWh mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW. Para encontrar una factura tan elevada hay que remontarse a septiembre de 2018, cuando alcanzó los 83,55 euros.

La economía estadounidense destruyó 140.000 puestos de trabajo en el mes de diciembre como consecuencia principalmente del impacto de las medidas implementadas para frenar la propagación de la segunda oleada de contagios de Covid-19, aunque la tasa de paro del país se mantuvo estable en el 6,7%, según los datos publicados este viernes por la oficina de estadísticas laborales del Departamento de Trabajo estadounidense.

«La disminución del empleo refleja el reciente aumento de casos de coronavirus y los esfuerzos para contener la pandemia», ha explicado la agencia, destacando que las pérdidas de puestos de trabajo en sectores como el ocio, la hostelería y la educación privada se compensó parcialmente con las ganancias registradas en servicios profesionales, comercio minorista y la construcción.

En diciembre, tanto la tasa de paro (6,7%) como el número de desempleados registrados (10,7 millones) se situaban muy por debajo de los máximos contabilizados en abril de 2020, cuando la tasa de paro legó al 14,8% y la cifra de desempleados se disparó hasta los 23,1 millones. No obstante, ambas referencias se mantienen sustancialmente por encima de los niveles precrisis, cuando en febrero de 2020 la tasa de paro era del 3,5% y el número de desempleados alcanzaba los 5,7 millones.

De su lado, del total de desempleados en diciembre, el número de parados temporales aumentó en 277.000 personas, hasta los 3 millones de afectados, muy por debajo del récord de 18 millones del pasado mes de abril, aunque todavía 2,3 millones por encima del nivel observado en febrero de 2020.

En el caso de los desempleados permanentes, la cifra en diciembre disminuyó en 348.000 personas, hasta 3,4 millones, todavía 2,1 millones más que en febrero del año pasado.

Entre los distintos grupos de trabajadores, la tasa de paro de los jóvenes era del 16% y la de los hombres adultos del 6,4%, mientras que entre las mujeres era del 6,3%. Por razas, el desempleo entre los trabajadores blancos era del 6%, frente al 9,9% entre los trabajadores negros y el 5,9% entre los trabajadores asiáticos.

En diciembre, el 23,7% de las personas ocupadas trabajaban a distancia debido a la pandemia de coronavirus, frente al 21,8% de noviembre. De su lado, 15,8 millones de personas informaron de que no habían podido trabajar porque su empleador cerró o perdió el negocio debido a la pandemia, es decir, no trabajaron en absoluto o trabajaron menos horas en algún momento de las últimas 4 semanas debido a la pandemia, lo que supone un alza de 1 millón respecto de noviembre.

En diciembre de 2019, la tasa de paro de EE.UU. era del 3,6%, con 5,84millones de desempleados y 158,73 millones de ocupados, frente a los 10,73 millones de parados y 149,83 millones de ocupados del último mes de 2020, lo que indica la pérdida de casi 9 millones de puestos de trabajo en un año.

El Tesoro Público prevé realizar en el tercer trimestre del año, en torno al mes de septiembre u octubre, la primera emisión de un bono ‘verde’ del Reino de España, aunque no descarta que pudiese adelantarse al mes de junio. Se trata de una referencia sindicada a 20 años con la que estima colocar entre 5.000 y 10.000 millones de euros.

Así lo ha dado a conocer el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, en la rueda de prensa telemática para presentar la Estrategia de Financiación del Tesoro para 2021, que contempla una reducción de 10.000 millones de euros de la emisión neta de deuda pública prevista para este año, hasta los 100.000 millones de euros, por la mejor evolución de los ingresos de lo previsto.

San Basilio ha indicado que si el proceso de preparación de la emisión del bono ‘verde’ fuese «muy rápido», habría posibilidades de que la emisión se celebrase en junio, ya que julio y agosto «no es buena época de mercado», si bien la línea «prudente» y «más realista» que maneja el Tesoro es que la emisión se lleve a cabo en el tercer trimestre del año, en torno al mes de septiembre u octubre.

En concreto, ha detallado que se tratará de una primera emisión sindicada a 20 años y que está previsto que se coloquen entre 5.000 y 10.000 millones de euros, con un nivel de liquidez de unos 20.000 millones de euros. Tras esta primera emisión se realizarán subastas adicionales para que alcance el nivel de liquidez del resto de bonos del Estado.

Eso sí, ha apuntado que «lo más normal» es que si dicha sindicación se ejecuta en septiembre u octubre, «probablemente» ya no se acometerían más emisiones de este tipo, salvo que se constatase una demanda insatisfecha y en diciembre se tuviese que reabrir el bono.

En el caso de que la emisión del bono ‘verde’ se produjese antes del verano, cree que sí habría «más margen» para realizar una segunda operación en la segunda mitad del año, por lo que «dependerá del momento en el que se haga la emisión».

De cualquier forma, ha explicado que el trabajo de preparación para esta emisión es «mucho más intenso» que con el resto de emisiones a pesar de que se trate de una sindicación, ya que un bono ‘verde’ conlleva un trabajo preparatorio interno y externo mayor al tener que obtenerse una serie de certificaciones de entidades especializadas, algo que «no se ha podido empezar hasta ahora».

En este sentido, ha precisado que durante las próximas semanas o el próximo mes se trabajará con el Ministerio de Hacienda y de Medio Ambiente para identificar las partidas y, una vez identificadas, se acometerá el «intenso» trabajo con las entidades certificadoras, que solicitarán al Tesoro documentación y un establecimiento de información a futuro sobre la evolución de los gastos del Estado en relación con las partidas identificadas, lo que llevará «unos meses».

A pesar de que la sindicación «no está cerrada», el Tesoro trabaja con una entidad especializada, que es uno de los creadores de mercado «especialmente activo» también en otras emisiones de otros soberanos europeos, por lo que ayudará en el trabajo preparatorio.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha subrayado que está previsto el lanzamiento de la primera emisión de un programa de bonos verdes para contribuir a la financiación de la transición hacia la descarbonización de la economía española, para lo que el Tesoro llevará a cabo «las mejores prácticas del mercado en el diseño del Marco de Bonos Verdes y se apoyará en la experiencia de otros emisores soberanos y en la labor de armonización a nivel europeo.

Asimismo, ha asegurado que «se garantizará la transparencia en la asignación de los fondos y en la comunicación del impacto de las inversiones.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) deben durar hasta que haya pandemia y que las prórrogas deben ser automáticas, según ha apuntado en un encuentro para presentar las líneas de actuación del sindicato de cara a 2021.

«Nos parece muy importante la prórroga de los ERTE», ha subrayado, tras afirmar que su organización sindical va a plantear que el proceso de negociación sea «rápido».

De hecho, ha subrayado que la mesa se levante con acuerdo «si puede ser hoy». «Queríamos que se hubiera solventado en el mes de septiembre, porque los ERTE tienen que durar el tiempo que dure la pandemia», según el líder sindical.

Demos estabilidad a las empresas, a los trabajadores que están en ERTE, demos tranquilidad y resolvamos este tema de manera importante», ha dicho, tras pedir al Gobierno «que no saque ningún conejo de la chistera» y que esta herramienta se prorrogue en las condiciones actuales.

Gobierno, sindicatos y empresarios se reunirán este viernes para iniciar una nueva negociación con el objetivo de prorrogar los ERTE, a los que están acogidas, con datos a cierre de diciembre de 2020, más de 755.610 personas.

Álvarez también ha pedido a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que siga «los cánones europeos» y que «no pida nada que no pidan sus colegas europeos».

Además, ha recordado que, gracias a los ERTE, se han salvado 2,2 millones de empleos que «si no se hubiesen perdido», pero ha pedido que tampoco se olviden los 700.000 parados más que hay en España y que vienen a sumarse a los millones de parados que ya había en el país.

Preguntado sobre la propuesta del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de que las empresas puedan ajustar plantilla devolviendo a la Seguridad Social las exoneraciones del ERTE pero no de todo el personal, sino sólo del trabajador que sea despedido, Álvarez ha afirmado que «en ningún caso va a aceptar que no se mantengan los seis meses de garantía del empleo».

«La CEOE sabe que en Francia, Italia y Alemania el mantenimiento del empleo es un año y estas patronales de estos países no han presentado ningún tipo de objeción», según Álvarez, quien ha añadido que «parece razonable» que «si por cada 100 euros que el Estado ha invertido en la pandemia, 75 han ido a ayudar a mantener a las empresas, que el mínimo que se le puede exigir a estas es el mantenimiento del empleo».

ABORDAR LAS REFORMAS LABORALES ESTE AÑO

Por otro lado, Álvarez ha defendido que este año se deben abordar las reformas laborales. «Hemos estado nueve meses callados y nadie puede decir que hemos interferido, pero esto se ha acabado», ha dicho.

Desde su punto de vista, es necesario causalizar los despidos colectivos. «No se puede eternalizar esta situación, porque, por desgracia, en los próximos meses vamos a ver cómo situaciones de crisis que tenemos en estos momentos se van a convertir en despidos colectivos y esto hay que causalizarlo», ha explicado.

Respecto a la negociación colectiva, ha pedido a la patronal que se recupere el acuerdo «cuanto antes», ya que el que estaba vigente hasta ahora, y en el que se recogía un incremento hasta los 1.000 euros de salario mínimo de convenio, dejó de estar vigente el pasado 31 de diciembre.

Sobre pensiones, ha insistido en que es fundamental que se derogue la reforma de 2013 y acabar con la revisión automática de las pensiones y el factor de sostenibilidad.

A partir de ahí, Álvarez aboga por volver al acuerdo que se firmó en el marco del diálogo social con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ver cuáles son las medidas que se tienen que tomar, «que en ningún caso pasan por rebajar las pensiones en nuestro país».

«Nuestro país no tiene un problema de gasto, tiene un problema de ingresos y de pagos indebidos y estos das cuestiones son las cuestiones que queremos situar», ha añadido.