El Gobierno extenderá hasta el 31 de diciembre el IVA a tipo cero para la compra de materiales de protección sanitaria, como mascarillas, geles desinfectantes y resto de productos que realizan administraciones públicas, centros hospitalarios o entidades sociales.

Así lo ha adelantado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante su intervención este lunes en la clausura de la tercera jornada de formación ‘Crisis y Recuperación Económica’, organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en colaboración con el Observatorio de la Realidad Financiera (ORFIN) y con la Universidad de Alcalá.

La ministra ha recordado que esta exención, que España «fue de las primeras en aprobar», concluía este próximo 30 de abril y ha recalcado que en la medida que siga siendo necesario, el Gobierno impulsará medidas específicas para afrontar la crisis.

En este sentido, ha apuntado el fortalecimiento del Estado de Bienestar y el escudo social para hacer frente a la crisis, señalando que casi 9 de cada 10 euros del gasto público que se registró en 2020 se ha destinado a medidas específicas para rentas de trabajadores, autónomos o para protección del tejido productivo.

«En la medida en la que siga siendo necesario lo vamos a seguir haciendo», ha remarcado la ministra durante su intervención.

Montero ha apuntado que estas medidas han provocado un aumento del déficit público, que cerró en 2020 en un 10,09%, sin incluir el impacto de la Sareb. De cara a 2021, la ministra ha anticipado que los datos de déficit que comunicará esta semana para remitirlos a Bruselas antes del 30 de abril se situarán por debajo de esta cifra.

No obstante, la anterior previsión del Gobierno situaba este dato en el 7,7%, una estimación que el Ejecutivo revisará después de comunicar hace unas semanas una rebaja del crecimiento del PIB esperado para 2021 ante el impacto de la tercera ola en el primer trimestre y el retraso de los fondos europeos.

Las aerolíneas españolas operarán este verano el 58% de los vuelos que se realizaron en la misma temporada de 2019, antes de la pandemia, según las previsiones de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

El presidente de ALA, Javier Gándara, ha matizado en rueda de prensa este lunes que hay que tomar estos datos «con muchísima cautela», ya que están condicionados a diferentes factores como el ritmo de la campaña de vacunación, la evolución de la pandemia o las medidas que adopten los diferentes países. No obstante, estas perspectivas apuntan a una subida del 14% con respecto a las operaciones del verano de 2020.

En este sentido, ha destacado que las perspectivas para la temporada que comenzaba en octubre marcaban que se realizaría un 75% de los vuelos con respecto a un año antes, pero la llegada de la tercera ola solo permitió que se operara el 35%. En total, entre octubre de 2020 y marzo de 2021 los vuelos han caído un 83% en comparación con el periodo anterior a la pandemia.

Por ello, la asociación de aerolíneas insta a «poner los cimientos» para reactivar el tráfico aéreo de manera constante y que no se trunque «como en pasadas ocasiones». En opinión del presidente de la asociación, Europa se está «quedando rezagada» respecto a otros mercados domésticos, como el de China o Estados Unidos, que prevén alcanzar próximamente los niveles anteriores a la pandemia.

De esta forma, cree que «no es descartable» que las compañías aéreas europeas «tarden más en llegar a los niveles anteriores a la pandemia». Además, ha incidido en que en el caso de Europa también influye el diferente carácter de las ayudas que ha dado cada uno de los estados a las compañías.

Así, ALA considera necesario que se tomen medidas para reactivar el sector y recuperar la confianza en el transporte aéreo. Para ello, propone que España implemente algunas medidas como seguir el ejemplo de Grecia, que ha anunciado que aceptará a turistas internacionales vacunados sin necesidad de PCR ni cuarentenas, así como aceptar los test de antígenos como alternativa a las PCR, la creación de acuerdos bilaterales y la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta diciembre de 2021.

Sobre los ERTE, ha señalado que el sector mantenía, en el mes de marzo, más de 14.000 trabajadores acogidos a este recurso, el 81% de los más de 17.000 incluidos durante el primer estado de alarma.

El director general de Economía y Estadística, Óscar Arce, ha señalado que en este momento España necesita replantearse sus políticas activas de empleo, una reforma que el Gobierno está negociando con los agentes sociales, así como prolongar la vida laboral a medida que aumenta la esperanza de vida.

Además, ha indicado que los jóvenes «se han beneficiado menos de la aplicación de los ERTE» que otros colectivos, debido principalmente a la temporalidad y a que están más presentes en los sectores más afectados por la pandemia, como la hostelería o el turismo

Así lo ha señalado durante su intervención este lunes en la sesión inaugural de la tercera jornada de formación ‘Crisis y Recuperación Económica’, organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en colaboración con el Observatorio de la Realidad Financiera (ORFIN) y con la Universidad de Alcalá.

En su opinión, las vidas laborales deberían ser conformes a las vidas biológicas, es decir, cada vez «más prolongadas». «Es algo que se debe aceptar con naturalidad y como algo positivo», ha remarcado Arce tras insistir, no obstante, en que esto plantea nuevas demandas que requerirán proporcionar a los trabajadores nuevos conocimientos y herramientas a lo largo de los años para la reasignación de tareas conforme los trabajadores van envejeciendo.

«Vamos a necesitar estar más tiempo activos si se mantiene la tendencia de vivir cada vez más. Es un reto mayúsculo para España dada la senda de envejecimiento», ha remarcado el director general de Economía y Estadística del organismo supervisor.

Sobre las políticas activas de empleo, Arce ha instado a replantear el catálogo, ya que hoy en día «no son las mejores», por lo que ha urgido a que sea «una prioridad» ante el reto al que se enfrentan los jóvenes tras la crisis, dada su elevada precariedad y presencia en sectores vinculados con actividades sociales, como el turismo, que han sido más golpeados por la pandemia.

LOS ERTE HAN BENEFICIADO MENOS A LOS JÓVENES

Los efectos de la crisis tienen lugar en un contexto de elevada vulnerabilidad laboral que refleja, entre otros factores, la intensa dualidad del mercado laboral español, lo que también condiciona la incidencia y efectividad de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) entre los trabajadores más jóvenes.

En este sentido, Arce ha señalado que los jóvenes «se han beneficiado menos de la aplicación de los ERTE» que otros colectivos. Según los datos del último trimestre del año, la probabilidad de encontrar un empleo para un joven era mayor «si no estabas en ERTE que si estabas en ERTE», por lo que este sistema «no estaba facilitando su reinserción en el mercado laboral, destacó.

FRACASO DE LAS ÚLTIMAS REFORMAS LABORALES

Según ha alertado Arce, la pandemia está impactando con especial intensidad en las rentas laborales de los jóvenes, lo que está provocando un aumento del ya de por sí elevado porcentaje de jóvenes sin ingresos, que alcanzó un 35% a finales de 2020. Además, ha advertido de que la incertidumbre sobre la renta futura es mayor entre los jóvenes, los trabajadores con contrato temporal y aquellos con rentas bajas, algo que se incrementa con la crisis.

Ante esto, Arce ha lamentado que las últimas reformas laborales «no se han hecho bien», ya que no han conseguido atajar algunos de los principales problemas del mercado de trabajo, como la dualidad. «Hay que hacer mucho en el mercado de trabajo«, ha insistido.

CONSOLIDACIÓN FISCAL TRAS LA RECUPERACIÓN

Según ha advertido Arce, la pandemia ha requerido un fuerte estímulo fiscal que, a futuro, deberá dar paso a un proceso sostenido de consolidación, que deberá iniciarse «cuando la recuperación económica esté asentada».

Este reto de «reconstruir» los márgenes de la política presupuestaria conllevará que el periodo de consolidación sea previsiblemente prolongado, con un participación relevante de las generaciones jóvenes.

En este sentido, ha apuntado que los objetivos medioambientales fijados para 2030 son ambiciosos y la política fiscal deberá desempeñar un papel preeminente en la gestión de la transición hacia una economía medioambientalmente sostenible, ya que España presenta una brecha de recaudación, respecto a la zona euro, de impuestos medioambientales de 0,8 puntos porcentuales de PIB.

Por ello, cree que los os fondos europeos pueden utilizarse para, además de impulsar inversiones verdes (39% según el Plan de Recuperación), aliviar algunos costes de transición e impulsar y financiar reformas, que requieren de «consenso».

Además, Arce ha alertado de que el envejecimiento poblacional y los ajustes recientes elevan considerablemente el gasto actual y previsto en materia de pensiones y ha señalado que los ajustes en este ámbito se verán influidos por la evolución de la propensión social hacia la introducción de ciertas reformas.

«Mantener la tasa de beneficio actual exigiría un aumento notable de las contribuciones, y mantener las contribuciones actuales comportaría una reducción significativa de la tasa de beneficio», ha explicado.

UN RETO PARA LA EDUCACIÓN

Desde el Banco de España han advertido de los posibles efectos de la pandemia en la educación tras el cierre de colegios, universidades y centros de formación para evitar la propagación del virus.

Aunque todavía no se dispone de evidencia sobre el efecto del cierre de colegios y universidades durante el confinamiento en España, ya hay estudios que señalan que en EEUU se registró una caída del 50% del rendimiento en matemáticas en colegios con mayor cantidad de estudiantes con renta baja, mientras que en Bélgica se advirtió de una reducción significativa de resultados en matemáticas y lengua en los exámenes de junio de 2020.

Por ello, Arce ha instado a vigilar y documentar «con cuidado» en los próximos años el efecto de la pandemia en la educación en España en un contexto en el que el país parte de una situación comparativamente desfavorable respecto al resto de economías desarrolladas.

Sin embargo, la falta de oportunidades profesionales ha propiciado que más jóvenes continúen sus estudios de formación reglada a lo largo de 2020, algo distinto a lo ocurrido con las generaciones de los 70s y mediados de los 90s, cuyo desarrollo educativo deterioró por el boom inmobiliario.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que va a convocar a los agentes sociales para el día 6 de mayo a fin de iniciar la negociación para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 31 de mayo.

Díaz ha subrayado que los ERTE se prorrogarán de nuevo con la premisa de no hacer despidos, como en las anteriores ocasiones, y ha dado a entender que el esquema actual no sufrirá muchas modificaciones dado su buen funcionamiento. «Lo que funciona no se toca. Volver a abrir un debate sobre el mecanismo que queremos, no, lo que funciona, dejémoslo», ha apuntado.

La ministra, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha adelantado además que a día de hoy la cifra de trabajadores en ERTE alcanza los 650.000, de los que más de 200.000 son a tiempo parcial y los demás son ERTE de suspensión en sectores «muy tocados» por la crisis, como el turismo y su cadena de valor, la cultura y los transportes.

La vicepresidenta no ha dado una fecha sobre hasta cuándo se prorrogarán los ERTE, pero ha insistido en que, aunque la vacunación va muy bien, este mecanismo «continuará mientras sea necesario». «No cerremos la puerta porque nos podemos equivocar. Yo mando un mensaje de tranquilidad a empresarios y trabajadores, porque van a estar acompañados», ha señalado.