El Govern prepara un nuevo paquete de ayudas trimestrales directas a autónomos, pymes, trabajadores en ERTE y sectores afectados por la crisis de la Covid-19, en las que trabaja desde hace dos semanas junto a los sindicatos y las patronales.

La Generalitat «hará un esfuerzo presupuestario extraordinario para disponer de crédito» para lanzar estas ayudas en el corto plazo, teniendo en cuenta que Cataluña está en un contexto social y económicamente crítico por la pandemia, han informado fuentes de la Vicepresidencia.

El vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, se ha reunido este domingo con el conseller de Empresa y Conocimiento, Ramon Tremosa, y el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, para «seguir trabajando en el diseño del nuevo esquema de ayudas», junto a otros cargos de la Generalitat.

El vicepresidente y los dos consellers lo llevarán este lunes por la mañana ante el Consell de Diàleg Social, para «poner en común y terminar de consensuar con los agentes sociales» la iniciativa, de la que el Govern informará con posterioridad.

DESTINATARIOS

Las nuevas prestaciones irán dirigidas a cuatro colectivos: los trabajadores autónomos, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERTE) y los sectores más afectados por la pandemia.

Las ayudas a autónomos se concederán para dar más apoyo a «aquellas personas que han visto más reducidos sus ingresos», como ya se hizo con las prestaciones que la Generalitat concedió en noviembre y diciembre.

También podrán optar a las nuevas ayudas las microempresas y pequeñas y medianas empresas que hayan visto disminuida «sustancialmente la facturación y que a pesar de todo se comprometan a seguir manteniendo la ocupación».

Para las personas en ERTE se han definido dos tipos de ayudas distintas: una extraordinaria, dirigida a empleados de cualquier sector con ingresos bajos que no hayan vuelto aún a su puesto de trabajo, y otra encaminada a la formación de trabajadores en ERTE, priorizando los sectores más afectados.

Por último, la línea de ayudas también busca continuar dando «apoyo a sectores directamente afectados por las restricciones» para contener los contagios de Covid-19 en Cataluña.

Las gestoras privadas españolas disponen de unos 5.000 millones de euros para invertir en empresas españolas este año, tras un levantamiento de nuevos fondos de ‘private equity’ y ‘venture capital’ un 6% mayor en 2020 que en el año precedente, con más de 2.026 millones captados por parte de entidades nacionales.

A este capital disponible, conocido como ‘dry powder’, se suman los recursos de inversión que aportarán organismos públicos, como Axis, la sociedad de capital riesgo del grupo ICO, y otros de comunidades autónomas, así como la inversión por parte de entidades internacionales, con gran interés por el país.

A pesar de las incertidumbre y un escenario de crisis económica tras la crisis sanitaria y social del Covid-19, los inversores han mantenido la confianza en las gestoras españolas para levantar nuevos fondos. Los altos niveles de liquidez del mercado, los bajos tipos de interés, una rentabilidad atractiva del capital privado frente a otros activos como la renta fija, y el compromiso de los programas de fondos públicos han sido algunos de los factores determinantes, según Ascri.

«Con unos 5.000 millones preparados para invertir, este año se presenta bastante bien. Habrá más operaciones y más volumen invertido que en 2020», vaticinó el presidente de la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión, Aquilino Peña, en la presentación del informe sobre la actividad del capital privado en España en 2020.

La inversión cayó un 35% en el último año, hasta los 5.561 millones de euros, tras dos años consecutivos de máximos. Sin embargo, creció un 1% el número de operaciones, hasta un récord de 765 inversiones, la mayoría en ‘venture capital’.

FUTUROS PROTAGONISTAS

El interés en los vehículos de capital riesgo nacionales se mantiene de cara a este año, con más de 700 millones de euros levantados por segundo año consecutivo. No obstante, el tamaño de los fondos sigue siendo pequeño frente al de los internacionales.

Para este año se prevé que entre las gestoras más activas en ‘venture capital’ destaquen Nauta Capital, JME Venture Capital, Samaipata Ventures, Kibo Ventures, Seaya Ventures, Inveready, Ysios Capital Partners y Seed Rocket 4Founders, que lograron cerrar nuevos fondos en el convulso 2020.

Del lado del ‘private equity’, serán protagonistas entre otros, los nuevos fondos de las gestoras GPF Capital, MCH PE Investment, PHI Industrial, Suma Capital, Oquendo Capital y Queka Real Partners.

«EFECTO TRACTOR» DEL APOYO PÚBLICO

Entre las iniciativas de colaboración público-privadas más interesantes del panorama del capital privado destaca el programa Fond-ICO Global, promovido por el Instituto de Crédito Oficial, que en 2020 adelantó su decimotercera convocatoria, resuelta a finales de diciembre.

El programa cuenta con 329 millones de inversión aprobados, que se invierten en 15 fondos y lograrán movilizar un mínimo de 1.224 millones de euros por el «efecto tractor», para la financiación a empresas españolas innovadoras y de base tecnológica que apoyen el proceso de transformación de la economía.

INTERÉS DE LOS FONDOS INTERNACIONALES

Entre los principales retos del sector para este nuevo año, la patronal cree que hay seguir haciendo de España un país atractivo para los inversores, con certidumbres en los requisitos para la inversión extranjera. En el último año, la inversión internacional aportó tres de cada cuatro euros invertidos en España.

De hecho, en 2020, los fondos internacionales de ‘venture capital’ y ‘private equity’ incrementaron un 30% sus operaciones en España, con un máximo de 178 inversores. No obstante, el volumen invertido se redujo un 37% respecto a 2019, con una inversión de 4.200 millones de euros.

Para el vicepresidente de Ascri, Oriol Pinya, estas cifras «tremendamente positivas» se explican porque «antes, incluir a España en una cartera de inversión diversificada para los inversores internacionales era ‘nice to have’ (recomendable) y ahora se ha convertido en ‘must have’ (obligatorio)».

CONTINÚA EL BLINDAJE DEL GOBIERNO

Hay que tener en cuenta que hasta el próximo mes de junio continuará el ‘blindaje’ del Gobierno a las empresas españolas frente a la inversión extranjera en los sectores estratégicos, dictado con el estallido de la pandemia.

A pesar de la vaguedad de la norma, la patronal considera que las autorizaciones están funcionando «francamente bien». De cada 100 inversiones planteadas, se estudiaron unas diez y todas recibieron el visto bueno del Gobierno en plazos razonables, como una semana, según el director de Ascri, José Zudaire.

El Tribunal de Cuentas ha alertado de la escasa ejecución por parte del fondo financiero dirigido a la inversión de accesos ferroviarios en los puertos españoles y de la prescripción de un elevado importe de aportaciones de organismos portuarios para ello en los próximos ejercicios.

Así lo pone de manifiesto en su ‘Informe de fiscalización de la actividad de los fondos sin personalidad jurídica gestionados por el ente público Puertos del Estado, ejercicios 2018 y 2019’.

Este informe tiene como objeto el análisis y la evaluación de las operaciones, actividad y procedimientos utilizados en la gestión del Fondo de Compensación Interportuario (FCI) y el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria (FFATP).

El FCI se configura como instrumento de redistribución de recursos del sistema portuario estatal, siendo administrado por Puertos del Estado, mientras que el FFATP busca financiar la construcción de infraestructuras de conexión viaria y ferroviaria de los puertos de interés general del Estado. Es administrado por Puertos del Estado y las autoridades portuarias.

50 MILLONES EN POSIBLES INVERSIONES, PRESCRITAS AL ACABAR 2020

En el caso del segundo, el Tribunal incluye una recomendación dirigida a Puertos del Estado para impulsar la ejecución de accesos viarios y ferroportuarios en fase de estudio y proyecto, «teniendo en cuenta que un elevado importe de aportaciones de los organismos portuarios al FFATP prescribirán en su exigibilidad en los próximos años».

Concretamente, en su fiscalización destaca cómo el 31 de diciembre de 2020 prescribió el 87,5% del total exigible, unos 50,4 millones de euros, con todas las aportaciones realizadas hasta 2016. Hasta 2019, señala el Tribunal, se habían exigido aportaciones por 3,6 millones (6,25% de todo 2016) y el comité de distribución del FCI acordó en octubre exigir otros 3,6 millones para financiar actuaciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol.

Entre 2016 y 2019, el Tribunal ha certificado inversiones por 101,4 millones de euros correspondientes a proyectos aprobados, constatando que las autoridades portuarias que tienen que realizar aportaciones obligatorias son las que ejecutan una mayor inversión (sólo el 1% de las inversiones por un millón de euros han sido promovidas por autoridades no obligadas a realizar aportaciones). Casi 9 de cada 10 euros invertidos, el 87% de las inversiones, se concentran en las autoridades portuarias de Bilbao, Cartagena y Ferrol.

Tan sólo el 20% (dos sobre diez) de autoridades portuarias sin obligación de realizar aportaciones al FFATP ha efectuado inversiones, frente al 66% (12 sobre 18) de las que sí tienen obligación. Esto deja a 14 autoridades, la mitad, sin ejecutar ni un solo proyecto de construcción de infraestructuras de conexión viaria y ferroviaria en puertos de interés general del Estado.

«A la vista de lo expuesto, se considera que el grado de financiación de proyectos directamente por el FFATP desde su creación es bajo», considera el Tribunal, cifrando el total en 18 millones de euros, de los cuales 14,4 millones se financiaron con endeudamiento financiero y 3,6 millones con aportaciones al fondo . Las aportaciones exigibles a 31 de diciembre de 2019 ascendieron a 143 millones.

EL TRIBUNAL YA RECOMENDÓ REALIZAR INVERSIONES

Anteriormente, el Tribunal de Cuentas ya había recomendado a estas autoridades la necesidad de priorizar las inversiones para mejorar las conexiones ferroportuarias. Concretamente, en su ‘Informe de fiscalización para gestión de la ocupación y aprovechamiento del dominio público en el sistema portuario estatal, ejercicios 2014 y 2015’.

Una recomendación «en curso de ser cumplida», según señala el Tribunal en su último informe, en el que la recuerda, ya que aun considerando que la creación del FFATP ha impulsado que las autoridades portuarias dediquen parte de sus recursos a realizar proyectos de infraestructuras, su financiación por parte del FFATP se ha limitado hasta 2019 a financiar el proyecto de la AP de Ferrol-San Cibrao.

En este sentido, autoridades portuarias a las que se aludía en el informe para construyeran accesos ferroviarios en sus instalaciones han iniciado la realización de estudios y proyectos para su construcción, pero sin haber iniciado la ejecución de las actuaciones.

El Congreso examinará este jueves cinco decretos leyes aprobados por el Gobierno el pasado mes de diciembre, entre ellos el plan de ayudas a los negocios del sector turístico, la hostelería y el comercio; la suspensión de desahucios y corte de suministros durante el vigente estado de alarma, y la ampliación de un crédito con cargo a deuda pública para indemnizar a los bancos por el almacén de gas Castor.

Los otros dos decretos leyes que la Cámara debatirá y votará el jueves son los de medidas de adaptación a la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea, que contiene además la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) de 950 euros, y el de la adaptación de la Administración y cambios normativos para agilizar la ejecución de los fondos europeos contra la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

Pese a su entrada en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cada decreto ley debe examinarse en el Congreso en el plazo de un mes para su convalidación o, en caso de no obtener el respaldo de la Cámara, su derogación.

Pese a ser enero un mes inhábil a efectos de actividad parlamentaria, el Congreso ha previsto un Pleno para esta semana ante la posibilidad de no celebrar sesiones plenarias las dos primeras semanas de febrero por la convocatoria de las elecciones autonómicas catalanas el 14 de febrero.

Y es que tres decretos leyes se remontan al Consejo de Ministros del pasado 22 de diciembre, el plan de ayudas para la hostelería, comercio y turismo, la prohibición de desahucios y los cambios normativos para la ejecución de fondos europeos.

AYUDAS ANTICRISIS, ‘ESCUDO SOCIAL’ Y EJECUCIÓN DE FONDOS

El primero dirige una batería de medidas específicas para afrontar la crisis a este sector en el pago de sus alquileres, la obtención de créditos con el aval del ICO, y la reducción y aplazamiento de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social.

En el caso de la suspensión de desahucios de personas sin alternativa habitacional, se amplían las condiciones para acogerse a esta moratoria –vigente hasta el fin del estado de alarma– y las garantías, se faculta al juez para paralizar desahucios cuando se trate de grandes tenedores de vivienda y se amplía la prohibición de los cortes de suministro de electricidad, agua y gas para consumidores vulnerables.

El tercer decreto ley, dirigido a facilitar la ejecución de los fondos, no fue publicado en el BOE hasta el 30 de diciembre, pese a aprobarse ocho días atrás, y contiene modificaciones normativas para la gobernanza de fondos europeos, agilizar la concesión de ayudas con la simplificación de trámites, la reducción de plazos y la flexibilización de condiciones en estos proyectos.

Todo ello para evitar temidos ‘cuellos de botella’ que dificulten la absorción del Instrumento Europeo de Recuperación, que implicará para España unos 140.000 millones de euros entre transferencias y préstamos para el período 2021-2026.

LA INDEMNIZACIÓN A LOS BANCOS POR EL ALMACÉN CASTOR

Finalmente, en el último Consejo de Ministros del año el Gobierno aprobó dos decretos leyes para autorizar el pago de indemnizaciones por el fallido almacén de gas Castor y la adaptación de normas por la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea.

En el caso de la indemnización por el proyecto Castor, de más de 1.350 millones de euros, el Gobierno ha aprobado una ampliación del crédito por 638 millones de euros con cargo a deuda pública por no disponer de recursos suficientes en el Fondo de Contingencia y decreta su ampliación hasta el importe total de la sentencia.

Este pago se efectuará a los bancos Santander, CaixaBank y Bankia en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo por la cancelación de este almacén de gas, tras estimar el recurso de las tres entidades financieras que presentaron una reclamación de responsabilidad donde pedían devolver el dinero aportado para indemnizar a la concesionaria Escal UGS, controlada por ACS, por la paralización del proyecto.

La norma también contiene la exención de la tributación en el IRPF del Ingreso Mínimo Vital y de las rentas de inserción autonómicas hasta un máximo de 1,5 veces el Iprem.

BREXIT Y SMI

Respecto al decreto ley para afrontar el Brexit, una vez finalizado el período transitorio previsto en el acuerdo de salida de la Unión Europea, se prevén medidas de carácter temporal dirigidas a ciudadanos y empresas afectados hasta la regulación permanente de las relaciones con el Reino Unido.

También se contiene en él la prórroga del SMI a 950 euros en 14 pagas, vigente ya este año, ante la falta de acuerdo con patronal y sindicatos, pero también en el seno del propio Gobierno, para impulsar una subida este año, al menos, en línea con la inflación prevista del 0,9% como en sueldos y pensiones públicas.

Algunos creen que la jubilación anticipada y la prejubilación son sinónimos. ¿Están en lo cierto? ¿Tal vez existen algunas diferencias? Es importante saber contestar de forma correcta a estas cuestiones para ambos términos que implican la retirada antes de llegar a la edad establecida. Más aún si estás próximo a abandonar tu vida laboral y comenzar a disfrutar esta nueva etapa de la vida, con más tiempo para viajar, disfrutar de los tuyos, y hacer todo eso que el trabajo no te había permitido hasta ahora.

Además, también deberías conocer cuáles son los cambios implementados en la jubilación a partir de este 2021, ya que hay algunas modificaciones que también afectan a estas modalidades…

Las claves sobre la jubilación anticipada y la prejubilación

¿Cuándo se puede acceder a estos tipos de jubilación?

Este 2021 se necesita tener una edad de 66 años para poderte jubilar si estás entre los 15 años mínimos cotizados a la Seguridad Social necesarios para cobrar una pensión y los 37 años y 3 meses. En cambio, si has superado la barrera de cotización de los 37 años y 3 meses, puedes jubilarte ya a los 65 años cobrando toda la pensión completa.

A pesar de eso, la jubilación en España se suele adelantar. Según algunas estadísticas, la meda de jubilación en España es de 64.6 años de edad, lo que deja claro que el sistema gestiona muchas jubilaciones anticipadas y prejubilaciones.

Siempre que se adelante esa edad de jubilación de los 65-66 años, se tratará de una jubilación anticipada o prejubilación. En ambos casos se podría cobrar una pensión de 12 cuotas anuales y dos extras, pero se aplicará un coeficiente reductor a la cifra de cada paga como «penalización» por no haber llegado a dicha edad (salvo en algunas profesiones concretas).

¿Qué es la jubilación anticipada?

Aunque frecuentemente se usen los términos como sinónimos, y muchos piensen que es exactamente lo mismo, lo cierto es que hay pequeños matices que diferencian a la jubilación anticipada y la prejubilación.

La jubilación anticipada es el hecho de jubilarte antes de la edad legal de jubilación. Se puede hacer unos años antes de esos 65-66 años establecidos a partir de 2021. Además, la jubilación anticipada puede ser voluntaria o involuntaria. En ambos casos sería un régimen legal sostenido por el actual sistema de pensiones públicas. Y será la Seguridad Social la que pague dichas pensiones.

Si has cumplido esos 37 años y 3 meses cotizados a la SS durante tu vida laboral, entonces podrás jubilarte de forma anticipada aunque no hayas llegado a las edades establecidas. Aunque bien es cierto que existen unos mínimos de edad, y en cualquier caso se aplicará un coeficiente reductor, es decir, se restará un porcentaje a tu paga mensual de la jubilación por haberlo hecho de forma anticipada.

Ese coeficiente será proporcional a la cantidad de meses que falten para la la edad establecida correspondiente. Es decir, mientras antes accedas a la jubilación, mayor será la cifra que te quitan.

Tipos

Además, deberías saber que existen varios tipos de jubilación anticipada:

• Voluntaria: es un tipo de jubilación anticipada en la que es el trabajador el que decide poner fin a su vida laboral de forma totalmente voluntaria. Pueden ser tanto trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia, es decir, tanto los trabajadores de empresas como autónomos.
• Involuntaria o forzosa: es un tipo de jubilación anticipada que no es por tu voluntad, pero se produce también de forma previa a la edad de jubilación establecida en España. En este caso, puede ser porque una empresa decide reestructurarse, cerrar oficinas, prescindir de trabajadores, ERE, etc.

En ambos casos la pensión se vería reducida con los coeficientes reductores.

¿Qué es la Prejubilación?

La prejubilación es un acuerdo privado y específico que se negocia entre los trabajadores y las empresas para las que trabajan. Se realiza al finalizar la relación laboral entre ambas partes, y no todos los trabajadores pueden acceder a ella, ni tampoco está regulada por una ley general, ni una edad mínima para hacerlo.

Gracias a este acuerdo, la empresa logra terminar la relación laboral con ese trabajador, sea por los motivos que sea, pero se compromete a aportarle una cantidad económica al trabajador como compensación y complemento para el desempleo que va a cobrar hasta que le llegue la edad de jubilación legal. También será la empresa la que pague las cotizaciones.

El nombre «prejubilación» es el que induce a error, ya que realmente no es una jubilación. No es una pensión pública lo que está cobrando, sino una compensación de su empresa. Por ejemplo, imagina una gran empresa que necesita cerrar algunas oficinas. Los empleados jóvenes lo tienen más fácil para encontrar un nuevo trabajo, pero las personas que pasan de los 50-55 años no. Por eso, se les puede ofrecer por parte de la empresa un porcentaje del salario hasta que le llegue la edad de jubilarse.

Dicho de otro modo, en la prejubilación no es la Seguridad Social la que te abona la pensión cada mes. Es la empresa para la que trabajabas la que lo hace. Y una vez llegada la edad de jubilación, la empresa interrumpe este proceso y pasas a ser un jubilado más, siendo el sistema público el que continúa pagándote.