La Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) advierte de que la proliferación de despidos realizados por algoritmos demuestra la necesidad de acelerar una ley europea sobre Inteligencia Artificial (IA) que acote, regule y disuada de estas prácticas a pesar de que se trate de prácticas vetadas por el Reglamento General de Protección de Datos.

El pasado 21 de abril la Comisión Europea (CE) presentó su propuesta para promulgar una Ley de Inteligencia Artificial, que regulará el funcionamiento de los algoritmos y la IA en las relaciones laborales. En consecuencia, todas las empresas deberán cumplir unos requisitos antes, durante y después de la puesta en marcha de algoritmos laborales.

UGT urge a acelerar la promulgación de esta Ley otorgándole «máxima prioridad» porque es «necesario poner coto a unas herramientas informáticas que atentan contra derechos fundamentales de las personas trabajadoras».

El sindicato denuncia que las empresas ignoran «intencionalmente esta prohibición, desafiando nuestras leyes y los legítimos derechos de las personas trabajadoras». Los antecedentes, como el caso Xsolla o el caso de TAP, y «la inhumana operativa de desconexión de las plataformas digitales, son claros ejemplos de decisiones algorítmicas que despiden a personas sin mediar razón humana», explica UGT.

UGT considera muy positivo que Bruselas haya adoptado las propuestas del sindicato, puesto que eso significará que «los algoritmos dejarán de ser elementos opacos, cajas negras donde ocultar decisiones caprichosas, ofensivas o discriminatorias y el funcionamiento de la IA estará, obligatoriamente, vertebrado por la transparencia».

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista bajará este lunes un 2,74% respecto al domingo, por lo que desciende por tercer día consecutivo, y caerá por debajo de los 100 euros por megavatio hora (MWH).

En concreto, el precio para este lunes será de 97,76 euros/MWh, lo que supondrá, sin embargo, un 9,94% más que el mismo día de la semana anterior, el lunes 16 de agosto, cuando el precio se situó en 88,92 euros/MWh.

De esta manera, el precio de la luz en el ‘pool’ eléctrico vuelve a alejarse algo de los récords con los que coqueteó el pasado viernes, con un precio medio para ese día de 117,14 euros/MWh, el segundo más alto de la serie histórica.

La caída del precio de la luz el lunes sigue la estela del descenso que registró el sábado y hoy domingo debido a que los fines de semana siempre se registra un abaratamiento debido a la menor demanda.

El ‘pool’ eléctrico registrará para este lunes un mínimo de 85,84 euros/MWh -entre las 04.00 y las 05.00 horas-, mientras que el máximo horario será entre las 21.00 y las 22.00 horas, con 115,54 euros/MWh, según datos de OMIE recogidos por Europa Press.

Así, a pesar de esta caída, el precio se mantiene en niveles especialmente altos. Con respecto a hace un año, el nivel medio para mañana multiplica por algo más de tres los más de 32 euros/MWh que se registró en 2020 por estas fechas.

UN RÉCORD TRAS OTRO EN LO QUE VA DE MES

En lo que va de agosto, el ‘pool’ ha pulverizado todos los récords vistos hasta ahora, apuntando, cuando ya se ha superado su ecuador, a un precio medio para el mes por encima de los 100 euros/MWh. Los cinco primeros días de la pasada semana marcó una cifra máxima tras otra, con esa cota histórica, hasta ahora, del viernes 13 de agosto, de un precio medio diario de 117,29 euros/MWh.

La espiral alcista de la pasada semana llevó a centrar el debate político en cómo abaratar el precio de la electricidad. De hecho, el Gobierno abrió la puerta a crear una empresa pública energética, tal y como viene desde hace tiempo pidiendo su socio en el Ejecutivo, Unidas Podemos.

Este contexto de subidas en el ‘pool’ eléctrico está marcado por el incremento en los precios de los derechos de CO2 y del gas, a los que se ha unido el incremento de la demanda por la ola de calor.

En concreto, los derechos de emisión de CO2 se han encarecido hasta superar en lo que va de agosto los 55 euros por tonelada, cuando a principios de año cotizaban en torno a los 33 euros. Mientras, el precio del gas natural se sitúa en torno a los 42 euros por MWh, según datos de Mibgas.

El precio de la energía tiene un peso cercano en la factura de en torno al 24%, mientras que alrededor del 50-55% corresponde a los peajes -el coste de las redes de transporte y distribución- y cargos –los costes asociados al fomento de las renovables, a las extrapeninsulares y las anualidades del déficit de tarifa- y el resto, a impuestos.

Las oscilaciones en el precio diario afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), algo más de 10 millones, mientras que están exentos los que están en el mercado libre -unos 17 millones-, ya que cuentan con un precio pactado con su compañía.

Según indicaron expertos del sector, el 88% del consumo eléctrico de España no está expuesto a la volatilidad del precio del mercado ‘spot’, al tener contratos con precios fijos, viéndose así expuestos a ella los clientes acogidos al PVPC.

BAJADA DEL IVA Y SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL 7% A LA GENERACIÓN.

El pasado 24 de junio el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley por urgencia para reducir los impuestos que se aplican al suministro de energía eléctrica y, con ello, la factura de la luz de los hogares, los autónomos, las pymes y el conjunto de las empresas, que suponen la bajada del IVA de la luz del 21% al 10% hasta finales de este año y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante tres meses.

En el caso concreto del IVA, se aplica una bajada al 10% hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios (kW), siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por MWh.

En lo que se refiere a la suspensión del 7% del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica, que ya en 2018 se decidió su suspensión temporal durante seis meses para contener otra ola alcista en el precio de la luz, estará vigente durante el tercer trimestre de este año.

AGOSTO, LA FACTURA «MÁS CARA DE LA HISTORIA»

De hecho, la factura de la luz de un usuario medio en agosto será «la más cara de la historia», con un encarecimiento en lo que va de mes del 43,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, según datos de Facua-Consumidores en Acción.

Según estimaciones de la asociación de consumidores sobre la evolución de la tarifa semirregulada (PVPC), los primeros 15 días de agosto reflejan una factura mensual para el usuario de 91,62 euros, con esa subida de casi el 44% con respecto a los 63,77 euros de agosto del año pasado, a pesar de la bajada del IVA del 21% al 10% aprobada por el Gobierno para las facturas emitidas desde el 26 junio hasta final de año.

Hasta la fecha, los cinco recibos más elevados han sido los 88,66 euros del primer trimestre de 2012 (con el IVA al 18%), los 87,81 euros de enero de 2017, los 85,34 de julio de 2021, los 83,55 euros de septiembre de 2018 y los 82,13 euros de mayo de 2021 –en todos los casos con el IVA al 21%-, según datos de la asociación.

Con las tarifas aplicadas del 1 al 15 de agosto, el usuario medio pagará 27,85 euros más que en agosto de 2020, cuando la factura se situó en 63,77 euros. La bajada del IVA al 10% hasta diciembre mientras el precio medio del megavatio hora esté por encima de los 45 euros amortigua la subida en 9,16 euros. Si se siguiera aplicando el 21%, el recibo habría alcanzado los 100,78 euros.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha apostado por reducir la factura de la luz «sacando los costes no energéticos del recibo y bajando impuestos».

Casado ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter y ha compartido una información según la cual el Estado recaudará 3.300 millones de euros más este año por el incremento del precio de la luz.

«No se puede hacer caja a costa de que las clases medias y trabajadoras no lleguen a fin de mes», ha afirmado Casado.

En lo que va de agosto, el precio de la luz ha pulverizado todos los récords vistos hasta ahora, apuntando, cuando ya se ha superado su ecuador, a un precio medio para el mes por encima de los 100 euros/MWh.

Los cinco primeros días de la pasada semana marcó una cifra máxima tras otra, y alcanzó el máximo histórico el viernes 13 de agosto, con un precio medio diario de 117,29 euros/MWh.

La espiral alcista de la pasada semana llevó a centrar el debate político en cómo abaratar el precio de la electricidad. De hecho, el Gobierno abrió la puerta a crear una empresa pública energética, tal y como viene desde hace tiempo pidiendo su socio en el Ejecutivo, Unidas Podemos.

El Banco de España ha advertido a los clientes bancarios de que deben revisar con detalle las condiciones que exigen los bancos en sus campañas de captación de nóminas, mediante las que las entidades están dispuestas a pagar a los usuarios por domiciliar su nómina.

En una publicación del Portal del Cliente Bancario, el supervisor explica a los usuarios que los bancos desean contar con clientes fieles que permanezcan con ellos muchos años, como en cualquier otro negocio.

Debido a la gran cantidad de entidades y ofertas, las entidades centran una parte importante de sus esfuerzos en atraer a los clientes, llevando a cabo actuaciones como las campañas de captación de nóminas.

Según explica el Banco de España, la nómina es «una puerta de entrada», pues al abrir una cuenta y domiciliar una nómina, es probable que el cliente también domicilie en ella sus recibos y contrate otros productos, lo que lleva a los bancos a esforzarse por captar estas nóminas y a ofrecer dinero o algún regalo a cambio de la domiciliación.

El Banco de España ha avisado de que los clientes, al recibir una oferta de este tipo, deben revisar con detalle todas las condiciones, pues es probable que el banco exija a cambio de su fidelidad una permanencia que, en caso de romperse, implicará una penalización que normalmente variará en función del plazo que se haya mantenido la nómina.

El organismo recomienda a los clientes que su decisión de cambiar la cuenta de banco no debe basarse exclusivamente en el regalo que le ofrezcan por domiciliar la nómina, pues dicho obsequio es solo una parte de la oferta de la entidad, que debe ser evaluada en su conjunto.

«Comprueba el resto de condiciones, como posibles comisiones de la cuenta, comisiones por servicios asociados (transferencias), comisión de la tarjeta. El hecho de que un banco te ofrezca más que ningún otro por domiciliar la nómina no quiere decir que su oferta, en conjunto, sea la mejor, no ya porque no sea la más barata, sino porque, tal vez, no sea la que mejor se adapte a tus necesidades», aconseja el Banco de España.

Las patronales del automóvil han planteado que la próxima reforma fiscal que emprenda el Gobierno de coalición exima de impuestos a los vehículos de cero emisiones, con el objetivo de favorecer la renovación del parque en favor de aquellos menos contaminantes.

Así consta en el documento trasladado por las organizaciones Anfac, Faconauto, Ganvam y Sernauto al grupo de expertos a los que el Ministerio de Hacienda ha encomendado el estudio de los posibles cambios de cara a esta reforma.

Concretamente, proponen eximir a los usuarios de estos vehículos del nuevo impuesto medioambiental que vendría a sustituir al actual Impuesto de matriculación, del Impuesto de Circulación y también del IVA, que proponen dejar exento o reducido al menos para estos vehículos.

FIN DEL IMPUESTO DE MATRICULACIÓN POR UNO MEDIOAMBIENTAL.

En primer lugar, plantean la necesidad de sustituir el actual impuesto de matriculación –Impuesto Especial de Determinados Medios de Transporte (IEDMT)– por un nuevo impuesto medioambiental, basado en las emisiones de CO2 y la antigüedad de los turismos, cuya base imponible anual serían los g/km de CO2 que emite cada vehículo multiplicado por el tipo.

La propuesta de las patronales para que esta base sea cero para los vehículos de cero emisiones, pudiéndose graduar por antigüedad, es que se aplique anualmente a todos los vehículos sujetos al de matriculación, y plantea la posibilidad de incluir bonificaciones, en función de la renta o para zonas de baja densidad.

Para el Impuesto de Circulación (VTM), cuyas bonificaciones se permiten hasta el 75%, plantean llevarlas al 100% para vehículos electrificados de Etiqueta Cero, y bonificaciones menores a híbridos no enchufables.

En el caso del IVA, plantean su eliminación o aplicación de un tipo reducido para la compra de vehículos según sus características medioambientales. En todo caso, reconocen que se trata de una medida que no será posible aplicar hasta que no sea recogida en la correspondiente directiva europea, cuyo cambio insta a respaldar durante su tramitación.

DEDUCCIONES EN SOCIEDADES E IRPF.

Otras rebajas fiscales propuestas pasan por eximir del IRPF las subvenciones a la movilidad sostenible, como las concedidas en el Plan Renove o Moves; recuperar la deducción del 10% en el Impuesto sobre Sociedades para inversiones en la adquisición de vehículos de menos emisiones, eliminada en 2011; o deducciones en el IRPF a la compra de vehículos, que ya aplican comunidades como Navarra y Castilla y León.

También sugieren un tipo impositivo reducido a la electricidad que suministren estaciones de recarga, tras la autorización de la Comisión Europea a Países Bajos sobre esta cuestión, y bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para la distribución de vehículos, con el fin de compensar los costes de las infraestructuras de recarga.

IMPOSICIÓN ESPECÍFICA Y HOMOGÉNEA EN EL ITP SEGÚN LA ANTIGÜEDAD.

Otras de las propuestas de las patronales van dirigidas a facilitar la renovación del parque, pero también a impulsar la actividad industrial, con aumentos en las bonificaciones de determinados impuestos en la cadena de valor.

Para la renovación de vehículos, llaman a homogeneizar al máximo la fiscalidad en el Impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), sujeto a normativa autonómica, con una imposición específica que distinga la antigüedad del mismo y se vincule a su nivel de emisiones.

También proponen aumentar las deducciones en el IRPF por retribución en especie derivada de la cesión de vehículos eficientes en el trabajo y permitir la amortización acelerada de las inversiones que permitan mejorar la eficiencia de la flota de vehículos de una empresa.

AUMENTAR DEDUCCIONES POR I+D Y LAS AMORTIZACIONES EN LA INDUSTRIA.

Respecto a la actividad industrial, las patronales plantean una batería de incentivos, como maximizar las desgravaciones a la I+D. En este sentido, recuerdan que en países como Francia o Alemania las deducciones alcanzan el 30% o el 25%, frente al 12% en el que España se quedan las desgravaciones para los proyectos de innovación industrial (IT).

Asimismo, también piden flexibilizar la amortización fiscal de inversiones en la cadena de valor de movilidad eléctrica, sostenible o conectada, aumentando las cuantías de inversión y ampliando hasta al menos 2025 su ámbito de aplicación.

Y es que argumentan que la medida actual tiene un impacto limitado (la cuantía máxima de inversión que puede beneficiarse llega a 500.000 euros), en un entorno en el que un fabricante medio alcanza un volumen anual de amortizaciones de 300 millones. Plantean ampliarla hasta incluso 50 millones y rebajar exigencias como el mantenimiento del empleo.

Otras medidas en este sentido pasan por bonificar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) sobre la industria del automóvil alternativo, posibilitando una bonificación específica en la Ley de Haciendas Locales; la reducción de los costes del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para inversiones –se excluiría maquinaria e instalación en la fabricación de vehículos y componentes–; o la exención total del Impuesto Especial sobre la Electricidad a la energía consumida en procesos ya bonificados.

El PP cuestiona la utilidad de seguir prorrogando los mecanismos de protección extraordinaria de los ERTE, ante el riesgo de estar manteniendo «empresas zombis», para las cuales defiende facilitar reestructuraciones. Asimismo, rechaza una subida del salario mínimo interprofesional (SMI), tal y como previsiblemente contempla el Gobierno de coalición a la vuelta del verano.

«No tenemos la economía para subidas del salario mínimo. Ha subido en los últimos dos años y se podría dejar ahí», asevera en una entrevista la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, que alerta de «efectos colaterales que acaban perjudicando» a los trabajadores que cobran esta remuneración.

En este sentido, lamenta que el SMI «se ha convertido en una bandera con independencia del impacto económico que pueda tener», en términos de pérdida de empleos o de paso a la economía sumergida. Preguntada por si el PP respaldaría esta medida en caso de que se pactara entre sindicatos y patronal, Rodríguez concede que, en todo caso, estudiarían el acuerdo.

En el caso de los ERTE, cuya última prórroga concluye el próximo 30 de septiembre, Rodríguez señala que la situación de la economía «es completamente distinta» a la que había cuando se pusieron en marcha, por lo que pide revisar su protección, ya que considera que «después de año y medio, los ERTE dejan de ser solución», pues «están previstos para que sea una situación transitoria».

PLANTEA QUE NO DEBAN DEVOLVERSE AYUDAS SI HAY DESPIDOS

«El ERTE tiene sentido si la empresa puede volver a abrir, pero la gran incógnita es si no se estarán pagando ERTE en empresas zombis», avisa, señalando que las penalizaciones por despido impiden la «reestructuración» de las empresas, ya que obliga a devolver las ayudas recibidas.

En este sentido, afirma que «puede haber empresas que no puedan salir adelante pero siguen enganchadas al ERTE porque no les dan otra posibilidad jurídica» y, por ello, cree que «habría que dejar que las empresas se reestructuren».

«Necesitamos tejido productivo sano. Quien esté sano y necesite un poco más de tiempo, que lo tenga. Pero quien no esté sano, no le digas que como prescindas de la mitad de tus trabajadores vas a tener que devolver el 100% de lo que te han pagado, que te lleva directamente a la ruina», argumenta.

«EUROPA NOS ESTÁ MIRANDO CON LUPA

Por otro lado, Rodríguez advierte también del riesgo de que, por no cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, se bloqueen los fondos europeos, cuyo primer desembolso ya ha recibido España, pero que a partir de ahí se condicionan a una serie de hitos.

Concretamente, en las reformas en las que, dice, en el Gobierno «están arrastrando los pies». «Hay riesgos como no se aclaren con la reforma del sistema de pensiones con los hitos que se han puesto, hay riesgo indudablemente en la reforma laboral y hay riesgo en la situación de las finanzas públicas», apunta.

En este caso, lamenta que el Gobierno haya interpretado la suspensión de las reglas fiscales con la ausencia de las mismas, afeando la ausencia de un plan de reequilibrio presupuestario plurianual y los informes preceptivos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) y del Banco de España.

«Europa nos está mirando con la lupa y dentro de las reformas de los sucesivos semestres europeos, pero ahora adheridas a los fondos europeos, está que nosotros ordenemos fiscalmente nuestras cuentas», afirma, anticipando que, en caso de continuar con «techos de gasto absolutamente generosos», cree que «la única manera de financiarlos sin déficit va a ser subiendo masivamente los impuestos.

CREE QUE ESCRIVÁ HA IDO «A LO FÁCIL» CON LAS PENSIONES

Respecto a las pensiones, Rodríguez lamenta que Escrivá haya ido a «tomar las decisiones fáciles», recuperando la revalorización con el IPC y derogando el factor de sostenibilidad, pero no presente «la reforma completa» de las pensiones.

«No está la segunda parte», critica la exministra ‘popular’, señalando que el plazo dado a sindicatos y patronales para negociar es hasta final de año, el plazo comprometido con las autoridades europeas. «Por eso digo que puede hacer tambalear la consecución de las reformas», explica.

En este sentido, señala que el Pacto de Toledo acordó la recuperación del IPC como referencia para subir las pensiones, pero dentro de un compromiso con la sostenibilidad del sistema de pensiones.

«A mí la sostenibilidad del sistema de pensiones públicos me parece un bien superior a preservar y usted no se sabe lo que está haciendo… Voy a dejarlo ahí. No voy a decir que lo está poniendo en peligro, pero está jugando con algo con lo que no debiera», sentencia.