La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles en el Congreso que asume que las empresas energéticas y financieras intentarán frenar judicialmente los nuevos impuestos impulsados por PSOE y Unidas Podemos para gravar los ingresos extraordinarios que reciban durante esta crisis por el alza de los precios y de los tipos de interés, pero que confía en la seguridad jurídica de estos tributos.
«O mucho me equivoco, o van a intentar presentar recurso contra todo aquello que merme sus cuentas de resultados«, ha declarado a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara Baja, anticipando que «lo harán con las figuras procedentes del consenso europeo» y «con las que puedan establecer los Estados miembros».
En todo caso, la titular de Hacienda ha mostrado su confianza en el diseño legal de estos tributos, que este martes han superado su primera votación en el Congreso tras su debate de admisión a trámite.
Estoy bastante segura de que toda la seguridad jurídica que acompaña, al menos al Gobierno de España, en la elaboración de las normas va a estar presente. Y también creo que por parte de la Comisión se extremarán las medidas para que haya seguridad jurídica«, ha apostillado.
RIBERA: «CADA COSA A SU MOMENTO, YA SE VERÁ»
Por su parte, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado preguntada por un posible recurso que «cada cosa, a su momento», ya que «en este momento la responsabilidad del Congreso es sacar la mejor ley posible, la más segura y la más eficaz».
«Ya veremos lo que ocurre, no creo que tenga mucho sentido dar pábulo a ‘vaya usted a recurrir lo que sea porque, haga lo que haga, soy incapaz de hacerlo bien’. Creo que es una absurdez«, ha aseverado, también en declaraciones en el Congreso.
PRECAUCIONES LEGALES
Durante el debate de la iniciativa, varios grupos reprocharon a PSOE y Unidas Podemos que los impuestos no gravan los llamados beneficios caídos del cielo, sino que se dirigen a gravar ingresos, pero que incluso la figura legal no es la de un impuesto, sino la de una prestación patrimonial pública no tributaria.
Todo ello, esgrimieron desde la oposición, con la intención de sortear posibles reclamaciones de las empresas por vulnerar los principios de igualdad o de doble imposición.
EL PLAN EUROPEO, «MOTIVO DE SATISFACCIÓN Y ORGULLO»
Respecto a la respuesta anunciada por la Comisión Europea este miércoles, la vicepresidenta Ribera ha dicho que es «motivo de satisfacción y orgullo», calificando de «muy positiva» su propuesta y de «absolutamente extraordinaria» la intervención de la presidenta Ursula von der Leyen.
Puntualizando que hubiera deseado tener esta respuesta «hace un año», ha celebrado que el plan anunciado contempla «intervenir de una manera sin precedentes» en la regulación energética y la conclusión de que «los europeos necesitan ayuda y apoyo procedente de contribuciones razonablemente distribuidas de las grandes empresas europeas».
En todo caso, asume que es necesario «acabar de afinar las medidas concretas que se proponen» en futuras reuniones entre los Estados miembros y ha apostado por «ver la letra pequeña» para ver cómo se llevan a cabo en cada Estado, señalando cómo la combinación de medidas para minorar ingresos y realizar aportaciones «necesitan quizás acabar de ser declinadas en los Estados miembros de manera diferente».
MONTERO DEFIENDE QUE LO IMPORTANTE ES GRAVAR, NO LA TÉCNICA
Montero también ha celebrado que el Ejecutivo comunitario «esté trabajando en la línea y las medidas» que impulsa el Gobierno español, y que en el caso de los impuestos considera que «técnicamente da igual cuál sea la respuesta».
«Lo importante es la voluntad política de que la mayor recaudación que puedan aportar permita financiar parte de las medida que van dirigidas a proteger a la clase media y trabajadora«, ha dicho. En este sentido, ha asegurado que España tendrá capacidad para adaptar las figuras fiscales al acuerdo que se alcance a nivel europeo.
