Así se gestó la equiparación salarial de la discordia en las fuerzas de seguridad

«Un día histórico». Así han definido las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía Nacional el acuerdo alcanzado con el Ministerio del Interior que equiparará sus sueldos al resto de cuerpos de seguridad autonómicos, en 2020.

La firma tuvo lugar este pasado lunes y contó con la presencia del titular de la cartera de Interior, Juan Ignacio Zoido. El pacto, que supondrá una subida media de 720 euros en los próximos tres años para un guardia civil y de 560 euros para un policía nacional, viene envuelto en la polémica. Jusapol (Asociación Justicia Salarial Policial) entiende que las asociaciones y los sindicatos les han «vendido» al rubricar las condiciones ofrecidas por el ministerio, para la equiparación salarial entre cuerpos.

Esta acusación se produce después de los problemas surgidos en la votación que debía dilucidar la aceptación del acuerdo ofrecido por Zoido. Las distintas asociaciones y sindicatos habían habilitado una página web para que todos los afiliados pudieran dar su visto bueno a la propuesta de Interior. Pero la votación fue imposible de realizar. Un ataque informático ‘tumbó’ y bloqueó la web lo que imposibilitó cualquier intento de democracia interna. Ante esta situación se barajó la posibilidad de que cada asociación realizará la encuesta a través de su página web, pero al final se descartó por temor a otro ataque virtual.

El tiempo apremiaba y la oferta de Interior corría peligro de caducar. Por este motivo, la unidad de acción tomó la decisión de aceptar el acuerdo, a pesar de no haber realizado el sondeo entre sus afiliados. «La unidad de acción de asociaciones y sindicatos está mayoritariamente a favor de firmar el acuerdo. Así las cosas, y en vista de que no hay tiempo material para convocar a nuestros órganos estatutarios, hemos decidido asumir la responsabilidad y tomar la decisión desde los respectivos órganos nacionales». Con este mensaje zanjaron el problema, ¿o no?

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La noticia de la firma no cayó bien en Jusapol, una pieza clave en la unión de los guardias civiles y la policía nacional. Los miembros de esta plataforma consideran que han sido «vendidos» al plegarse a las condiciones de la Administración. «Han firmado algo que ni por asomo se acerca a lo que habíamos pedido. Lo que están diciendo en los medios es mentira. Están engañando a todo el mundo. Los sindicatos nos han  dejado con el culo al aire. La gente está muy enfadada», afirmó este pasado lunes el portavoz de Jusapol en Córdoba, José Ramón Astudillo.

El enfado de algunos agentes se pudo notar en algunos locales nocturnos de Madrid, durante el pasado sábado. Varios miembros de la plataforma lanzaron proclamas en contra del acuerdo para después gritar al unísono «Jusapol, Jusapol…», según relatan varios testigos. Por su parte, miembros de las asociaciones que sí han firmado el acuerdo afirman que esto es solo una «rabieta» y que lo que buscan es convertirse en un sindicato porque no tienen buena relación con las centrales policiales.

De aliado a enemigo

Extraña el enfado de esta plataforma, cuando en septiembre del año 2017 fue el pegamento que unió de manera definitiva a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Hasta entonces, los agentes del Instituto Armado luchaban por equiparar sus sueldos al del sus compañeros de CNP (Cuerpo Nacional de Policía), que cobraban un sueldo ligeramente superior. Pero encontraron un enemigo común, las policías autonómicas como los Mossos d’Esquadra.

«Jusapol puede jugar un papel muy importante pues no tiene vinculaciones con ninguna Asociación de la Guardia Civil o Sindicato de la Policía Nacional y su independencia es clave para aunar voluntades», afirman por aquel entonces desde las asociaciones de la Guardia Civil. El pegamento funcionó porque los dos cuerpos estatales se pusieron a trabajar en el mismo, aunque al final bisagra (Jusapol) ha sido la que ha quedado fuera del acuerdo.

Los agentes de la reserva, en peligro

Las asociaciones y sindicatos de la Policía Nacional están convencidos de que al final claudicarán en cuanto vean materializado el aumento de sueldo. Además, defienden que no buscan la equiparación salarial, sino mejores condiciones que los cuerpos de Seguridad autonómicos. En este sentido hacen referencia al asunto de la reserva. Los más críticos con el acuerdo aseguran que han dejado tirados a los reservistas sin destino, incapacitados, jubilados… porque el grueso de la subida salarial no les afectará a ellos. 

El Gobierno busca con esta medida que los agentes del Instituto Armado sigan en activo y no ejerzan su opción de ir a la reserva de manera voluntaria. Para ello, el pacto también refleja una partida de 100 millones de euros, prorrogables a próximos años, y que irían destinados a aquellos agentes ya en reserva que quisieran volver al servicio activo. En concreto, a puesto no operativos como la vigilancia de edificios. Sin embargo, las asociaciones defienden que han luchado por los compañeros de la reserva porque sí los han conseguido incluir en el aumento de 300 millones de euros de la mesa de negociación salarial de la Función Pública.

Además, afirman que los mossos d’esquadra no tienen ninguna reserva y que, por lo tanto, si se busca la igualdad y la equiparación con este cuerpo se busca para todo.

Efectos inmediatos

El acuerdo supondrá una subida media de 720 euros en los próximos tres años para un guardia civil y de 560 euros para un policía nacional, llegando incluso a ser mayor en las nóminas de las escalas y categorías más bajas.

Además, se constituirá una comisión de seguimiento que garantice el cumplimiento del “histórico acuerdo” y una consultoría externa fijará los criterios para que la equiparación salarial “sea una realidad” en el plazo de los tres años previstos.

De este modo, el Gobierno impulsará una ley que garantice “para siempre” la equiparación justa entre los distintos Cuerpos policiales: “A igual trabajo y función, mismo sueldo”. “No os vamos a fallar. Éste es un compromiso sincero, que se cumplirá íntegramente”, señaló el pasado jueves el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, en referencia al acuerdo.