CCOO ha convocado huelga en el transporte de mercancías por carretera para los días 23 y 24 de diciembre, un paro que amenaza la cadena de suministro en plena campaña navideña.
La convocatoria ha llegado por la vía formal. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y Fenadismer han confirmado a EFE la recepción de la notificación preceptiva del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), trámite obligatorio antes de cualquier paro. El sindicato no confirma la fecha y remite al calendario de movilizaciones que detallará en la rueda de prensa de este lunes, 16 de noviembre.
El motivo del conflicto no es salarial. Es una jubilación. CCOO exige al Gobierno que apruebe los coeficientes reductores que permitirían a los conductores profesionales retirarse antes de la edad legal sin penalización en la cuantía de la pensión. La petición no es nueva: sindicatos y patronales la registraron conjuntamente en octubre de 2025, con UGT, Confebus y el sector de grúas autopropulsadas en la firma.
Qué bloquea la tramitación de los coeficientes reductores
Sobre el papel, el expediente está maduro. Según la versión de Fenadismer, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dispone desde julio de los informes preceptivos necesarios para elevar el asunto a la Comisión de Evaluación. Lo que falta es la convocatoria de ese órgano.
La patronal sostiene que el frenazo llegó con el adelanto electoral. CCOO apunta en la misma dirección y critica que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social haya paralizado la emisión de informes sin justificación tras el anuncio de la convocatoria. El sindicato asegura que lleva meses advirtiendo de esos retrasos en los trámites previos.
El bloqueo tiene una consecuencia mecánica. Sin procedimiento no hay orden publicada en el Boletín Oficial del Estado, y sin acuerdo entre patronales y sindicatos la Administración no abre ese procedimiento. El consenso sectorial es requisito, no formalismo.
El paro no discute el salario: discute un calendario. Y ese calendario lo controla el Gobierno, no las empresas de transporte.
Ahí está la paradoja del pulso. Las mismas patronales que ahora reciben la convocatoria fueron las que impulsaron, junto a CCOO y UGT, la solicitud formal de los coeficientes. CETM y Fenadismer consideran la huelga ‘injustificada y desproporcionada’ porque va dirigida contra las empresas transportistas y no contra quien tiene la competencia para resolver.
Dos jornadas en el peor tramo del calendario
La elección de fechas no es neutra. El 23 y el 24 de diciembre concentran el último empujón de entregas del comercio minorista y de la paquetería del ecommerce, justo antes del parón navideño. Fenadismer advierte de un perjuicio ‘grave e innecesario’ para las empresas, los ciudadanos y la cadena de suministro.
El impacto no se mide solo en camiones detenidos. Afecta a los operadores que trabajan con stock ajustado —Logista en el canal de proximidad, Seur y Correos en paquetería, Dachser y Palibex en grupaje— y, por elevación, a las cadenas que dependen de la reposición diaria: de Mercadona a Inditex o El Corte Inglés.
La exposición directa en el Ibex 35 es limitada. El transporte por carretera español está atomizado en empresas medianas y familiares, con pocas referencias cotizadas. La indirecta, en cambio, es alta: los grandes fondos indexados presentes en el capital de las cadenas de distribución —BlackRock, Vanguard, Norges Bank— miran esas dos jornadas desde el consumo, no desde el camión.
De ahí que las patronales pidan la desconvocatoria y ofrezcan el marco de negociación que ya respaldaron. El sindicato, de momento, no ha aceptado.
El precedente de 2022 y el coste real de dos días de paro
El sector ya conoce el guion. En marzo de 2022, una huelga indefinida convocada por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte —al margen de CCOO y UGT— se prolongó durante semanas, dejó estanterías vacías en los supermercados y forzó al Gobierno a negociar ayudas directas al carburante y a comprometerse a prohibir por ley el trabajo a pérdidas. Aquel conflicto era de costes. Este es regulatorio.
La diferencia es de palanca. CCOO no puede sostener un paro indefinido en diciembre, y lo sabe: su fuerza está concentrada en 48 horas y en un calendario que maximiza el daño político. El Ejecutivo, en cambio, tiene la salida barata —convocar la Comisión de Evaluación y elevar la propuesta— y un coste alto por no hacerlo, con el calendario electoral condicionando su agenda.
Conviene matizar el alcance. La mayoría de los operadores cuenta con capacidad de antelación y podrá precargar inventario esos días; el golpe recaerá sobre el transportista autónomo y la empresa de pequeño tamaño, que pierde la facturación de las dos jornadas más rentables del ejercicio sin margen para recuperarla. Ese es el cálculo que ambos lados están haciendo ahora mismo.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La rueda de prensa de este lunes, 16 de noviembre, donde CCOO detallará el calendario, y la eventual convocatoria de la Comisión de Evaluación de coeficientes.
- Reacción del valor: Nula en el transporte cotizado y más visible en distribución y consumo, donde el mercado descuenta dos jornadas de reposición mermada en el tramo final del año.
- Precedente sectorial: La huelga de marzo de 2022, que se prolongó semanas y terminó con ayudas al carburante, marca el listón de lo que el sector considera una negociación resuelta.
