Un ex agente del FBI se ha declarado culpable de robar 2,47 millones de dólares en criptomonedas que el propio buró había incautado como prueba en sus investigaciones. Lo llamativo no es la cifra. Lo llamativo es quién tenía la llave: la persona encargada de custodiar esas carteras.
Se llama Patrick Steven Yaroch, tiene 37 años y residía en Ashburn, Virginia. Esta semana se declaró culpable ante un tribunal federal de Alexandria de dos delitos, fraude electrónico y blanqueo de capitales, según el relato de los hechos que acompaña al acuerdo con la Fiscalía. La jueza Patricia Tolliver Giles aceptó la declaración.
De tener el acceso autorizado a usar el dinero como cajero propio
Los documentos judiciales cifran el botín en 2.474.380,66 dólares. Yaroch ejecutó alrededor de 100 transferencias fraudulentas con credenciales vinculadas a 35 investigaciones distintas del FBI. Entre las carteras afectadas había fondos de personas investigadas, de actores estatales adversarios y al menos una que el propio buró había creado para una operación encubierta.
El método fue siempre parecido. Desde diciembre de 2024, como muy tarde, sacó monedas de esas carteras y las envió a otras que controlaba. Después las convirtió en distintos activos digitales y encadenó operaciones pensadas para ocultar el origen, la naturaleza y la titularidad del dinero. Es el manual clásico del blanqueo, aplicado a un entorno donde cada movimiento queda registrado en una cadena pública.
El rastro bancario también está fechado. Entre el 25 de noviembre de 2025 y el 13 de enero de 2026, trasladó unos 93.082 dólares a una de sus cuentas. Luego repartió fondos entre otras cuentas para cubrir deudas: tarjetas de crédito, el pago del coche y préstamos personales.
El dinero incautado tiene dueño legal, pero la llave que lo abre cabe en la memoria de una sola persona.
La trayectoria profesional de Yaroch explica por qué tenía ese acceso. Entre 2017 y principios de 2025 trabajó en la División de Boston del FBI, en un equipo centrado en un Estado-nación adversario. Desde febrero de 2025 y hasta el 31 de julio de 2026 estuvo destinado en la División de Contrainteligencia y Espionaje, en la sede central, con acceso a los sistemas donde se almacenaban las credenciales de carteras recogidas en investigaciones.
Él mismo se autodenunció. El 29 de julio de 2026 comunicó la actividad a dos empleados del departamento, y en agosto la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia ya había señalado el caso tras su arresto. En aquel primer relato se hablaba de un alcance menor, unas diez operaciones por cerca de un millón de dólares. Las cifras del acuerdo de culpabilidad son bastante más altas.
35 investigaciones comprometidas y un plan de vida en Portugal
El daño no se mide solo en dólares. Según la Fiscalía federal para el Distrito Este de Virginia, la conducta comprometió varias investigaciones sobre grupos criminales y adversarios estatales, además de fuentes y métodos empleados tanto en la recolección de inteligencia extranjera como en casos penales. El documento llega a afirmar que privó a los empleados del FBI de su capacidad para proteger la seguridad pública y la seguridad nacional, tal y como recoge la nota oficial de la Fiscalía.
Hay un detalle que convierte la historia en algo casi doméstico. Yaroch preguntó a ChatGPT cómo maximizar la rentabilidad de sus inversiones y dónde vivir dentro de la Unión Europea. El chatbot le sugirió comprar un viñedo en Portugal. A partir de ahí, el 15 de junio de 2026 otorgó un poder notarial a abogados portugueses para que lo inscribieran ante la Autoridad Tributaria y Aduanera del país, le obtuvieran un número de identificación fiscal y recogieran la contraseña de su portal financiero. Organizó además un viaje a Portugal para septiembre de 2026.
La sentencia todavía no tiene fecha cerrada en el calendario público, pero sí una señalada: el 4 de marzo de 2027. Ese día la jueza Giles decidirá cuánto pesa el autoinforme frente a los 2,47 millones. La pena máxima por los dos delitos es de 20 años de prisión. El expediente es el 1:26-CR-208 del Distrito Este de Virginia.
Qué revela este caso sobre la custodia de criptomonedas incautadas
Durante años, el sector ha defendido que la transparencia de la cadena de bloques funciona como una cámara de seguridad permanente. Es verdad a medias. Cualquiera puede ver que una moneda se movió, pero no quién está detrás del movimiento ni por qué. Cuando el que mueve es un funcionario con credenciales legítimas, el registro público no distingue entre una diligencia judicial y un robo. La trazabilidad existe; la interpretación, no.
El precedente más conocido es el de Mt. Gox, el gran exchange de bitcoin que quebró en 2014 tras perder cientos de miles de monedas de sus clientes en años de filtraciones internas. Aquel caso instaló la idea de que el riesgo está en el código o en el hacker externo. Lo ocurrido en Virginia apunta a otro sitio: el riesgo está en quien administra. Algo parecido a lo que sucede en un banco, donde el mayor peligro rara vez es el ladrón que entra por la ventana y casi siempre el empleado que conoce la combinación.
También conviene recordar cómo gestiona Estados Unidos el cripto intervenido. Desde 2014, los alguaciles federales han subastado en varias tandas las monedas confiscadas en casos como el de Silk Road, el mercado negro digital cerrado en 2013. Miles de bitcoins pasaron del depósito judicial a manos privadas y los ingresos engordaron las arcas públicas. Ese sistema funciona si la custodia previa funciona. Si falla, la subasta se celebra sobre una caja vacía.
La contradicción de fondo es incómoda para ambos bandos. Los partidarios del sector dirán que el fraude lo cometió una persona y no la tecnología. Los reguladores responderán que la tecnología no impidió nada. Y los dos tendrán razón. Lo único verificable es que 35 investigaciones quedaron tocadas y que nadie sabe cuántas pueden repararse. La primera respuesta llega el 4 de marzo de 2027; la segunda, probablemente, nunca se publique.
