Tailandia ha movido ficha contra Bitget. La Comisión de Bolsa y Valores del país asiático, conocida como la SEC tailandesa y sin relación con el regulador de Estados Unidos, ha presentado una denuncia penal contra BG Limited, la sociedad que opera el exchange (la plataforma donde se compran y venden criptomonedas), por haber trabajado sin licencia entre 2022 y 2025. En paralelo, el organismo ha pedido al Gobierno que corte el acceso al servicio desde el 5 de diciembre.
Qué dice exactamente la denuncia
El escrito se presentó el jueves 5 de noviembre ante la División de Supresión de Delitos Económicos, el departamento policial que investiga fraudes financieros en el país. Lo recoge la comunicación 241/2026 publicada en la web oficial de la SEC tailandesa, que también señala a una persona física, Kritsana Kritsananuwat, como supuesto colaborador que promocionó la marca a través de canales de Facebook y YouTube.
El argumento del regulador no se apoya en un detalle técnico, sino en el funcionamiento ordinario del negocio: Bitget ofrecía un sistema de negociación de forma continuada, cobraba comisiones por las operaciones, mantenía una web en tailandés con posibilidad de mostrar los importes en baht (la moneda del país) y captaba usuarios locales en redes como la cuenta ‘Bitget Thailand’ en X, el grupo ‘BGB Thai Holder’ en Telegram o el perfil ‘bitgetthailand’ en TikTok.
Para la SEC tailandesa, ese conjunto de conductas equivale a operar un exchange de activos digitales sin autorización, lo que choca con el artículo 3 del decreto de emergencia sobre negocios de activos digitales de 2018 y con el artículo 26, castigado a través del artículo 66. La denuncia no es una sanción firme: el caso pasa ahora a un instructor, después a la fiscalía y, en su caso, a los tribunales.
Qué ocurrirá el 5 de diciembre con el dinero de los usuarios
La vía administrativa va por otro camino y es la que tiene fecha. La SEC ha remitido la web de Bitget, otros dominios vinculados y su aplicación móvil al Ministerio de Economía Digital y Sociedad, que desde 2025 puede ordenar el bloqueo de plataformas de negociación sin licencia. A partir del 5 de diciembre, dice el comunicado, el público ‘no podrá acceder a la plataforma’.
A los inversores que todavía tienen activos allí se les pide que valoren moverlos antes de esa fecha. Conviene tomarlo como lo que es: una advertencia con reloj, no una garantía de que el dinero vaya a desaparecer. Un bloqueo de acceso restringe la web y la app en Tailandia; no congela por sí mismo los saldos de una cuenta, que siguen en los libros de la empresa. El problema práctico aparece si el usuario necesita operar, retirar o reclamar y ya no puede entrar por la puerta habitual.
Tailandia no persigue que Bitget desaparezca del mapa: le exige que entre por la puerta de la licencia o se quede fuera del mercado.
No es la primera vez que el país usa esta herramienta. A mediados de 2025, el regulador remitió a Bybit, OKX y otras tres plataformas sin licencia para un corte fijado el 28 de junio, con el mismo mensaje a los usuarios: sacad primero los fondos.
Bitget negociaba a la vez su entrada legal en el país
El caso tiene una paradoja incómoda. Bitget anunció semanas antes de la denuncia un acuerdo para comprar GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand), una casa de bolsa y bróker de activos digitales con licencia en Bangkok, a través de su participación en BTGT Management (Thailand). Según el registro presentado por GMO Internet el 24 de septiembre, el grupo japonés y su sociedad holding tailandesa transferirían sus participaciones —cerca del 49% y del 50,94% respectivamente— a BTGT o a un designado al cerrar la operación.
En la nota del 20 de octubre, el consejero delegado de Bitget, Gracy Chen, defendió que Tailandia es ‘una parte importante del panorama de los activos digitales del sudeste asiático’ y que la compra les permitiría establecer operaciones locales. La idea era clara: entrar en el mercado por la vía regulada. El calendario ya se ha movido una vez: GMO trasladó la fecha efectiva del traspaso de acciones del 31 de octubre al 30 de noviembre, cinco días antes del bloqueo.
Hay más piezas que aprietan. Los términos de uso de Bitget actualizados en octubre ya incluyen Tailandia entre las jurisdicciones donde el servicio está prohibido, y la SEC tailandesa no ha aclarado si la denuncia penal pesará en la autorización del cambio de control de GMO-Z. El comunicado del regulador ni siquiera menciona la operación.
Una advertencia para el inversor y una prueba para el sector
El episodio encaja en un patrón que se repite en el sudeste asiático desde hace dos años: los supervisores han dejado de perseguir solo el fraude evidente y han empezado a ordenar el mercado por la puerta de entrada. Tailandia aprobó una exención plurianual del impuesto sobre plusvalías reservada exclusivamente a las operaciones hechas en plataformas supervisadas por su SEC, y al mismo tiempo ha ido ampliando productos regulados en derivados y mercados de capitales. Fuera de esa frontera, la respuesta es la alerta al inversor, el bloqueo de acceso y, desde esta semana, la denuncia policial.
Merece la pena mirar el precedente. Cuando el regulador cortó el acceso a Bybit, OKX y otras tres plataformas en junio de 2025, el mercado no se hundió ni los usuarios perdieron sus criptomonedas de la noche a la mañana. Lo que ocurrió fue más prosaico: cuentas bloqueadas geográficamente, retiradas de última hora y una migración forzada hacia operadores con licencia local. La lección para quien tenga fondos en un exchange extranjero es sencilla y algo incómoda: la geografía importa, aunque internet parezca no tenerla.
Queda un riesgo que los datos no resuelven. Una condena por operar sin licencia entre 2022 y 2025 no impide por sí sola que una empresa compre un bróker autorizado, pero tampoco la deja indemne: el supervisor puede leerla como un problema de idoneidad del nuevo dueño. Ahí se juega Bitget su entrada legal en el país, no en la denuncia en sí.
La fecha que importa para el usuario tailandés es el 5 de diciembre. La que importa para la empresa es el 30 de noviembre, cuando debe cerrarse el traspaso de GMO-Z. Y la que importa para el resto del sector es la que aún no tiene día: la primera vez que un regulador asiático vincule de forma expresa una denuncia penal con la denegación de una compra corporativa. Entonces este caso dejará de ser una anécdota sobre un exchange y se convertirá en doctrina.
