El Gobierno de Canarias presentó a la Comisión de Cabildos Insulares del Parlamento autonómico el proyecto de actualización de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos. La propuesta busca adaptar la normativa a las necesidades actuales del Archipiélago, agilizar la elaboración de instrumentos de ordenación y reforzar la protección territorial.
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, agradeció a los cabildos y a sus equipos técnicos su trabajo durante el análisis y la elaboración de la propuesta, así como su participación en los debates previos. También señaló que el Ejecutivo considera necesario actualizar la ley para incorporar cambios normativos, especialmente en vivienda y cambio climático, y abordar objetivos como el acceso a la vivienda, el reto demográfico, la cohesión territorial y la renovación urbana.
Una actualización tras nueve años
La ley de 2017 introdujo, según el Gobierno, cambios en la ordenación y protección del territorio basados en la simplificación, la racionalización y la seguridad jurídica. Desde su entrada en vigor, ha permitido impulsar 250 modificaciones del planeamiento municipal y más de una treintena de cambios en instrumentos de planificación insular.
La propuesta procede de un proceso de análisis y participación iniciado en noviembre de 2023, durante el congreso de ACADUR, y prolongado hasta 2025. Se celebraron 17 foros, dos de ellos dedicados específicamente a los cabildos, con más de 700 profesionales y expertos. Participaron cerca de 300 empleados públicos municipales y 40 técnicos de las corporaciones insulares. En febrero de 2025, el texto se presentó a la Federación Canaria de Islas (FECAI).
Contención urbanística y renovación
El proyecto conserva la estructura y los elementos fundamentales de la ley vigente, incluidos el régimen del suelo, los instrumentos de ordenación, la ejecución del planeamiento y las potestades administrativas para garantizar la legalidad urbanística.
Entre sus objetivos figura priorizar la transformación y renovación de los espacios ya urbanizados frente a la expansión sobre nuevos suelos. Para ello, contempla elevar del 10 % al 15 % el aprovechamiento objeto de cesión obligatoria en suelo urbanizable y exigir que, al clasificar nuevo suelo urbanizable, se desclasifique una superficie equivalente.
La propuesta también busca impulsar actuaciones de reforma y renovación de la urbanización destinadas a construir vivienda protegida y establecer un tratamiento menos gravoso para el suelo urbano que para el urbanizable. Además, reafirma que en los suelos ambientales pueden desarrollarse usos y actividades compatibles con los valores que se pretende proteger.
Tramitación y disciplina urbanística
La reforma plantea reducir plazos para emitir informes, realizar consultas y desarrollar periodos de información pública, así como simplificar la documentación y eliminar trámites que no sean imprescindibles. En actuaciones de relevancia territorial, propone reducir a la mitad los plazos de emisión de informes en los supuestos previstos.
El texto también plantea agilizar la tramitación de licencias y precisar que los casos de silencio administrativo negativo serán los que determine la legislación básica estatal. En materia de protección territorial y disciplina urbanística, incorpora medidas para ampliar los plazos de actuación administrativa con el fin de evitar la prescripción de infracciones y aumentar la cuantía mínima de las sanciones.
Medidas normativas previas
El Gobierno enmarca la actualización en otras iniciativas normativas adoptadas durante la legislatura: el Decreto 1/2024, sobre rehabilitación de viviendas inacabadas; el Decreto 5/2024, para facilitar el desarrollo de energías renovables, especialmente el autoconsumo; y medidas de los Presupuestos de 2025 dirigidas a municipios afectados por el reto demográfico.
También menciona el Decreto 3/2025, para acelerar licencias y construcción de vivienda; el Decreto 6/2025, para evitar la caducidad de instrumentos de ordenación; y el Decreto 1/2026, que incorpora aclaraciones solicitadas por los ayuntamientos sobre usos provisionales y el régimen de las edificaciones consolidadas.
El Ejecutivo sostiene que la actualización profundiza en la simplificación y la seguridad jurídica sin menoscabar las garantías legales y refuerza la protección del territorio. Miranda pidió el respaldo de los cabildos a la propuesta y agradeció la colaboración de las corporaciones y sus equipos técnicos durante el proceso.
