El caso LIBRA cierra su primera gran etapa judicial en Argentina con Javier Milei sobreseído. Un juez federal ha concluido que la promoción del token por parte del presidente, su desplome posterior y el dinero que salió de las billeteras del equipo no configuran, por sí solos, un delito de estafa.
La figura del sobreseimiento aparta definitivamente a una persona de una causa penal antes de que llegue a juicio. Aquí alcanza a once implicados: el propio Milei, su hermana Karina, el promotor estadounidense Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Julian Peh.
Qué decidió el juez y en qué se apoya
El fallo lo firma el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y ocupa 60 páginas. Llegó después de que el fiscal Eduardo Taiano pidiera el mismo cierre, de modo que ninguno de los once llegó a declarar en indagatoria, la citación formal en la que un imputado explica su versión ante el magistrado.
Su argumento central es que la secuencia de promoción, subida y caída del token no basta para probar un engaño penalmente relevante. Añadió que una pérdida económica no equivale por sí sola a un delito. Y puso el foco en cómo se divulgó el proyecto: Milei publicó su apoyo desde una cuenta personal, sin recursos públicos de por medio.
La resolución también repasa los indicios que la acusación presentaba como prueba de una trama organizada. Los investigadores no lograron vincular con terceros una nota de Novelli sobre pagos por 5 millones de dólares. El único vínculo directo que encontraron entre Karina Milei y Davis fue un permiso de ingreso a la Casa Rosada.
Para el presidente, la decisión es una reivindicación personal. En su cuenta de X habló de una operación política y mediática y preguntó quién le compensa por ‘un año, ocho meses y nueve días’ de lo que considera calumnias. La publicación lleva fecha del 23 de octubre.
Una pérdida económica no es un delito. Y, aun así, casi todo el debate sobre las memecoins se libra donde el Código Penal no llega.
Los números del colapso
Los hechos que originaron la causa se resumen rápido. Milei promocionó LIBRA en X el 14 de febrero de 2025. La capitalización del token superó los 4.500 millones de dólares en cuestión de horas y después se hundió cerca de un 95%.
En paralelo, analistas on-chain —los que rastrean los movimientos de billeteras sobre la blockchain, el registro público de transacciones— detectaron que ocho direcciones vinculadas al equipo retiraron 107 millones de dólares. Ese dato, más que la caída, es el que ha alimentado la indignación: mucha gente compró arriba y perdió su dinero mientras otras billeteras vendían.
Milei borró la publicación y defendió su buena fe. Alegó que no conocía los pormenores del proyecto y que, una vez informado, dejó de apoyarlo. Cosas que pasan cuando un activo vive doce horas de euforia.
La oposición habla de encubrimiento
El diputado opositor Maximiliano Ferraro calificó la decisión de encubrimiento judicial. Su comisión investigadora había concluido en noviembre de 2025 que el presidente brindó una colaboración esencial al proyecto, y ahora sostiene que el archivo protege a los organizadores del desplome.
La diputada Mónica Frade fue más lejos y anunció que pedirá un juicio político. El juicio político es el procedimiento por el que un parlamento intenta destituir a un alto cargo: no juzga delitos, juzga responsabilidad institucional, y en Argentina exige mayorías que la oposición no reúne por sí sola.
Hay un flanco adicional que los críticos consideran decisivo. Milei firmó el decreto que nombró jueza federal a la esposa del magistrado que ahora firma el sobreseimiento, un señalamiento que la resolución no aborda. Es el tipo de detalle que, en un caso con esta carga política, pesa tanto como el texto del fallo.
De Terra a LIBRA: por qué desplomarse no es delito
El desenlace argentino encaja en un patrón que el sector ya conoce. El colapso de Terra, en mayo de 2022, borró decenas de miles de millones de dólares de capitalización en una semana y acabó llevando a su fundador ante la justicia estadounidense. La imputación, sin embargo, se apoyó en el falseamiento de información y en el uso de los fondos, no en la caída del precio.
La razón es jurídica y bastante simple: un token que baja no es un fraude, igual que un piso que pierde valor no convierte al vendedor en estafador. Para que exista estafa hace falta demostrar un engaño previo, y eso en el mercado de las memecoins —monedas sin más respaldo que la comunidad que las compra— es notoriamente difícil de acreditar.
Mi lectura es que el fallo dice más del estado de la regulación que de la inocencia o la culpabilidad de nadie. Cripto ha crecido más rápido que las herramientas con las que los jueces tienen que evaluarlo. Europa, con MiCA, optó por exigir transparencia antes del lanzamiento; Argentina y buena parte de Latinoamérica siguen resolviendo caso por caso, a golpe de sentencia.
El caso LIBRA tampoco está cerrado del todo. Los querellantes que quedaron fuera pidieron a la Cámara de Casación que los reincorpore, lo que podría abrir la puerta a una apelación. No hay fecha para esa decisión. Y en paralelo queda el frente político: si la comisión investigadora convierte su informe en un pedido formal de juicio político, el debate se trasladará del juzgado al Congreso.
Para el inversor español, la conclusión práctica es limitada pero útil. Un sobreseimiento en Argentina no crea jurisprudencia en la Unión Europea, donde MiCA ya obliga a los emisores a publicar quién está detrás del token y cómo se reparten las monedas. La lección que sí viaja es otra: cuando un activo sube por el respaldo de un nombre conocido y no por un producto verificable, la caída suele llegar antes que la sentencia.
