El absentismo laboral en el metal ya tiene precio: 200 días. El convenio del sector recorta el complemento que garantizaba el 100% del sueldo durante una baja médica y lo limita a un máximo de 200 jornadas. A partir de ese día, el trabajador cobra la prestación pública y pierde el complemento de la empresa. La decisión se toma con una factura sobre la mesa: el absentismo cuesta cerca de 60.000 millones de euros al año a la economía española, según El Economista.
Qué recorta el convenio: 200 días de complemento y después la prestación
Todo gira en torno al calendario. El texto fija en 200 días el periodo máximo en el que la empresa abona el complemento hasta llegar al 100% de la retribución. Son casi siete meses, una cifra que suena generosa hasta que se compara con lo que había antes: en muchos convenios de empresa del sector la cobertura no tenía ese tope o se extendía mientras durase el proceso.
La diferencia no es cosmética. Con carácter general, la incapacidad temporal por contingencia común paga el 60% de la base reguladora entre el día cuarto y el vigésimo, y el 75% a partir del día 21. El complemento empresarial es lo que convierte esa prestación en sueldo íntegro. Cuando se apaga, el trabajador que sigue de baja se queda con la parte pública: un cuarto menos de renta, y más si su salario supera la base máxima de cotización.
El metal no es un sector cualquiera. Sus convenios provinciales son referencia para el conjunto de la negociación colectiva y cubren a una parte sustancial del empleo industrial español: talleres, siderurgia, bienes de equipo, y química. Son plantillas con antigüedad alta, turnos, nocturnidad y esfuerzo físico acumulado. Ahí la baja larga no es un supuesto teórico; es una probabilidad estadística.
El coste: 60.000 millones en España y casi 3.000 en el metal
La cifra global impone respeto. 60.000 millones de euros al año es lo que cuesta el absentismo en España según los datos que maneja El Economista, una cantidad que, puesta en relación con el PIB, ronda el 4% de la riqueza nacional. No es un problema de una empresa ni de un convenio; es una cuestión estructural del mercado de trabajo.
En el metal, la factura se acerca a los 3.000 millones anuales, de acuerdo con La Razón. La proporción explica la urgencia: el sector concentra empleo industrial, carga física y horarios rotativos, tres ingredientes que empujan la duración media de las bajas por encima de la media. Las patronales llevan dos años señalando el complemento como el incentivo que empuja a alargar la baja. Los sindicatos responden que el problema es la siniestralidad y el envejecimiento de las plantillas, no la picaresca.
Ninguna empresa puede sostener un complemento indefinido. Ninguna plantilla acepta perder un cuarto del sueldo por enfermar. El metal ha abierto la caja.
Quién paga la baja larga: el coste no desaparece, cambia de bolsillo
Aquí conviene tomar partido. Recortar el complemento no reduce el absentismo por decreto; reduce el gasto de la empresa. Si el trabajador vuelve antes de estar recuperado, el ahorro se paga en recaídas, en presentismo y, en los casos peores, en un accidente. Y si no vuelve, la baja se prolonga igual, solo que con menos renta en casa y con el sistema público asumiendo la parte que antes cubría la compañía.
Para saber a quién afecta hay que mirar dos textos: el convenio provincial del metal y, si existe, el convenio de empresa, que puede mejorar lo pactado en el primero. La duda razonable no es legal, es práctica: cuántas compañías van a mantener esa mejora cuando la referencia sectorial ya ha bajado el listón.
Hay precedentes. La banca, la química y varias grandes industrias han ido modulando sus complementos en los últimos años, casi siempre a cambio de otras contrapartidas: planes de pensiones, seguros médicos colectivos o compromisos de empleo. La novedad del metal es que lo hace un sector con convenios provinciales muy dispersos, donde cualquier recorte se negocia veinte veces y en veinte mesas distintas. Eso abre una grieta de equidad: dos trabajadores con la misma lesión pueden acabar con rentas distintas según la provincia.
La contención es defendible si va acompañada de gestión real de la baja: unidades de seguimiento, rehabilitación temprana, adaptación del puesto. Sin eso, el recorte es un traslado de coste, no una solución. Y el traslado tiene destino conocido: la sanidad pública y las listas de espera que retrasan el alta.
Toca esperar. Las mesas de los convenios provinciales que aún no han cerrado su revisión salarial volverán a sentarse previsiblemente en el primer trimestre de 2027, y ahí se verá si el límite de 200 días es el techo de todos o la excepción del primero que firma. Mientras tanto queda la pregunta que ningún convenio responde: cuánto vale un mes de baja de un tornero de 58 años.
