El gasto público de España avanza un 2,7% desde 2018 frente al 2,1% de las economías avanzadas, según el FMI.
El Fondo Monetario Internacional escoge el periodo 2018-2027 en su informe de Perspectivas de la Economía Mundial para medir la evolución de las economías desarrolladas. En esas cifras, la economía española aparece como la que más se hundió en el año de la pandemia, con un desplome del 10,9%, y también la que más rebotó después.
El consumo público supera en seis décimas la media de la Eurozona
Dentro de ese rebote hay un componente que el propio FMI señala y que los analistas discuten: el consumo público de las Administraciones. Ninguna otra gran economía avanzada ha elevado tanto el gasto corriente operativo en bienes y servicios, incluidas las Administraciones territoriales. El avance del 2,7% desde 2018 compara con el 2,1% de media de las avanzadas y el 1,8% de la Eurozona, según el informe de Perspectivas del FMI.
El diferencial no es solo una foto del pasado. Los empleados públicos superan ya los tres millones, frente a los 2,5 millones de 2018. Y mientras el PIB ha crecido un 12% desde el cuarto trimestre de 2019, el consumo público lo ha hecho un 20%, de acuerdo con BBVA Research en su informe Situación España.
El ritmo casi duplica al del consumo privado en el mismo periodo: 2,7% frente a 1,5%. Un estudio de CaixaBank apunta a los consumos intermedios, especialmente en Salud, Servicios públicos generales y Asuntos económicos, como el principal motor del incremento. La pandemia elevó el gasto sanitario de forma estructural, pero el resto de economías avanzadas atravesó el mismo shock y no todas han mantenido la pendiente.
España no siempre gastó más que sus vecinos: entre 2008 y 2017 el consumo público creció un 0,7%, por debajo del 1,1% de la Eurozona.
El capítulo que viene es más caro. La subida salarial prometida del 4,5% para los empleados públicos, más medio punto adicional hasta el 5% por la inflación, añade unos 10.000 millones de euros a la factura del consumo público. Cada punto de aumento cuesta alrededor de 2.000 millones a todas las Administraciones.
Un punto de subida salarial son 2.000 millones; el acuerdo completo, 10.000. El gasto no se recorta cuando el ciclo gira, y eso es exactamente lo que mira el inversor en deuda.
BBVA Research supera al FMI y prevé un 2,4% de avance en 2027
El FMI ya incorpora en sus previsiones que la partida crecerá un 2,5% este año y un 2% en 2027. BBVA Research es más pesimista en su informe Situación España: 2,5% en 2026 y 2,4% en 2027, con el argumento de que la remuneración de los trabajadores presiona la demanda interna en un entorno donde el cumplimiento de las reglas fiscales se vuelve cada vez más difícil.
A ese gasto se suman la revalorización de las pensiones con la inflación y la subida del salario mínimo interprofesional, que extiende el incremento a las empresas públicas y no solo a las privadas. Son decisiones de gasto corriente que se concentrarán en las próximas semanas y que se añaden al consumo público sin sustituirlo.
La cifra de referencia no es el porcentaje, sino el suelo. Con más de tres millones de empleados públicos en nómina, cualquier moderación del crecimiento relativo sigue produciendo un aumento absoluto del gasto cada ejercicio. Pasar del 2,5% al 2% no reduce la factura: la incrementa más despacio.
Mateusz Szczurek, responsable del FMI para Europa, señaló al presentar los informes que España debería aprovechar los años de bonanza para bajar más el déficit público antes de que llegue una fase menos favorable. Pensiones, empleados públicos, gasto militar y coste de la deuda llaman ya a la puerta de las arcas, y el Tesoro Público lo nota en cada subasta.
El giro que el mercado empieza a descontar
Entre 2008 y 2017, el consumo público español creció un 0,7%, por debajo del 1,1% de la Eurozona. Ese dato, que el propio FMI incluye en el mismo informe, da sentido a la comparación actual. España no siempre gastó más que sus vecinos. Lo hace desde 2018, con una base de empleo público que ha pasado de 2,5 a más de tres millones de personas en ocho años. La diferencia entre un 0,7% y un 2,7% no es una décima: es un cambio de régimen.
Mi lectura es que el problema no está en el nivel absoluto, sino en la composición y en la rigidez. Los salarios públicos y las pensiones no bajan cuando el ciclo se tuerce. Si el PIB modera su avance y el consumo público mantiene un crecimiento del 2,5%, la ratio de deuda sobre PIB deja de corregirse aunque el déficit nominal no empeore. Ahí la prima de riesgo deja de ser un dato decorativo y pasa a ser una variable de coste financiero para familias, empresas y para el propio Estado.
Hay una contradicción que conviene subrayar. El discurso de defender lo público como seña de identidad y la recomendación técnica del FMI de recortar déficit en la bonanza no son compatibles dentro del mismo ciclo. Los mercados ya vieron lo que ocurrió con Francia y van a mirar con lupa cada desvío. La comparación con el consumo privado (2,7% frente a 1,5%) añade otro elemento: el sector público absorbe más renta disponible de la que el sector privado genera en términos relativos, y eso termina en presión sobre los precios y en menos margen para bajar impuestos.
El riesgo concreto es de calendario. Si el ajuste llega con el ciclo ya girado y sin fondos europeos a los que recurrir, el coste político y financiero se multiplica. La cita es doble: el Plan Presupuestario que España remite a Bruselas y la actualización de enero del WEO. Si ambas mantienen la senda del 2,5%, el debate deja de ser sobre crecimiento y pasa a ser sobre financiación. Y financiarse, con una base de gasto rígida, se paga cada vez más caro.
Veredicto Merca2
Cotización al cierre o apertura: Sin reacción directa de una cotizada concreta, el IBEX 35 absorbe el informe por la vía del diferencial de deuda, y los bancos domésticos actúan como canal de transmisión. El dato a vigilar es el 20% de avance del consumo público desde 2019 frente al 12% del PIB.
Clave técnica: Con el consumo público creciendo al 2,5% en 2026 y al 2,4% en 2027 según BBVA Research, el Tesoro necesita colocar más deuda para financiar un gasto corriente que no baja. Cada punto de subida salarial son 2.000 millones adicionales de emisión.
Apunte macro: El acuerdo salarial del 5% en la función pública cuesta unos 10.000 millones a todas las Administraciones, cinco veces el impacto de un punto aislado. La prima de riesgo española encuentra ahí un argumento estructural para no relajarse en las próximas subastas.
