El nuevo escudo anticrisis energía ya tiene fecha: el Consejo de Ministros lo aprobará el martes 29 de septiembre, apenas 48 horas antes de que decaigan varias de las ayudas que siguen vigentes. El Ejecutivo busca amortiguar el golpe del recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo sobre los precios de la energía antes de que el otoño y el invierno aprieten la demanda.
La cifra que resume el esfuerzo acumulado es contundente: 10.000 millones de euros de coste presupuestario, sumando los dos decretos aprobados desde marzo y otras iniciativas estructurales como la eliminación progresiva del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. De momento, el Gobierno no ha concretado el contenido exacto de la norma.
Lo que sí ha avanzado es que prorrogará las ayudas al sector agroalimentario, incluida la compensación por los sobrecostes del gasóleo agrícola, previsiblemente hasta el 31 de diciembre. La medida pretende dar certidumbre a un sector que ha visto cómo sus costes energéticos se disparaban con cada escalada bélica.
Un escudo que pesa 10.000 millones y aprieta el calendario
El calendario no admite demoras. Hasta el 30 de septiembre siguen en vigor las medidas del Plan de Respuesta según el calendario ya anunciado: la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevó a 20 céntimos por litro desde el pasado 1 de septiembre, mientras que la rebaja de la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro. Unas medidas decaen a finales de mes —las de fiscalidad a los carburantes— y otras se prorrogan el resto del año, como los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico.
La ronda de contactos ha sido amplia. El Gobierno ha reunido a los agentes sociales —patronal y sindicatos— y a los sectores más castigados por la subida de precios: agroalimentario, industrial, energético, distribución y transportes. La interlocución se ha intensificado en las últimas semanas para cerrar un texto que llegará al Consejo de Ministros sin el detalle hecho público.
El contexto exterior explica la urgencia. Diversos análisis, como el elaborado por la economista sénior de Funcas y profesora de la UNED, María Jesús Fernández Sánchez, advierten de que la extensión del conflicto hacia el estrecho de Bab el-Mandeb hace temer un agravamiento y una prolongación de los problemas de suministro. Ese escenario eleva el riesgo de una inflación energética más alta y persistente, y de que se contagie a a todos los precios de la economía y a los salarios.
El nuevo decreto no inventa un escudo: aplaza la factura. Sostener los precios ya cuesta más de 10.000 millones y el conflicto no da tregua.
Tras el verano, la presión se ha trasladado a los carburantes. El gasóleo, el combustible más usado por el transporte profesional y la agricultura, vio cómo su precio se disparaba más de un 15% en julio, lo que forzó al Gobierno a elevar la rebaja fiscal hasta los 20 céntimos desde el 1 de septiembre. Mantener esa ayuda más allá del 30 de septiembre depende del nuevo decreto.
Las patronales han pedido que la norma incluya certidumbre regulatoria, no solo ayudas puntuales. La queja de fondo es que cada paquete llega con el plazo agotado y las empresas no tienen margen para planificar costes a doce meses. La prórroga del gasóleo agrícola hasta diciembre responde en parte a esa demanda, aunque deja fuera a otros sectores.
La factura del gas amenaza con subir un 54% el 1 de octubre
El dato más urgente lo pone la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Según sus cálculos, la factura regulada del gas (Tarifa de Último Recurso, TUR) podría encarecerse un 54% a partir del jueves 1 de octubre si el Gobierno no interviene antes en el decreto que aprobará el martes. Ese sobrecoste equivaldría a unos 310 euros anuales adicionales para un hogar medio con calefacción.
La última palabra la tendrá el Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo, en plena negociación con los socios de Gobierno. El sector eléctrico ya ha mostrado su oposición a volver a aplicar en España la excepción ibérica, la herramienta que permite topar el precio del gas que marca el mercado mayorista. La reclaman tanto Sumar como los sindicatos.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido a Economía gravar el refino o limitar los alquileres para paliar los efectos de la escalada de precios. La presión política se entrelaza con otro texto sensible: el decreto de vivienda, que el Gobierno intenta aprobar también el mismo martes y que aún se negocia dentro del Ejecutivo y con formaciones como Junts.
La resistencia del sector eléctrico a la excepción ibérica no es menor. La medida funcionó como paraguas en 2022, cuando el gas marcaba máximos históricos, pero su reactivación implica compensaciones que el propio mercado ha aprendido a internalizar. Reabrir ese debate, mientras el precio del gas vuelve a tensionarse, complica el equilibrio entre proteger al consumidor y no distorsionar la señal de precios.
Inflación persistente y un BCE que no afloja
El trasfondo macroeconómico endurece cualquier decisión. En agosto, la inflación general se situó en el 4,3%, siete décimas por encima de julio, un repunte explicado por el encarecimiento de los productos energéticos. Centros de análisis como Funcas ya advierten de que la tasa puede alcanzar el 4,9% en septiembre y mantenerse por encima del 4% en los meses siguientes, con una media anual del 3,6% este año y del 2,9% en 2027.
En paralelo, los mercados dan por descontado que el Banco Central Europeo (BCE) siga elevando los tipos de interés más de lo contemplado hasta hace unos meses. La experta de Funcas señala, no obstante, factores que amortiguan el golpe para las familias: el elevado nivel de partida de la tasa de ahorro y el hecho de que la mayoría de las hipotecas se firman a tipo fijo desde hace tiempo. El porcentaje de renta que los hogares endeudados dedican al pago de su deuda se sitúa en niveles históricamente bajos.
Proteger el recibo del gas y sostener a la vez la señal de precios del mercado es la contradicción que el nuevo decreto arrastra sin resolver.
Las empresas también cuentan con margen tras varios años de acumulación de excedentes financieros y reducción de deuda. Eso sí, Fernández advierte de que esos colchones se han generado con niveles de inversión preocupantemente reducidos, que con tipos más altos podrían contraerse aún más. En el mercado inmobiliario, las previsiones apuntan a un freno en los precios, pero también a menos oferta, porque los tipos encarecen la promoción de vivienda nueva.
Hay una lectura de fondo que el Ejecutivo repite: reducir la dependencia energética y acelerar la electrificación. Esa parte estructural, sin embargo, avanza más despacio que la urgencia. La rebaja de los carburantes alivia el recibo hoy, pero no altera la exposición de la economía española a un gas que se compra en un mercado global cada vez más volátil.
El balance que dibuja la propia experta es de desaceleración, no de recesión, con la advertencia de que el escenario cambiaría si el conflicto se prolonga en los términos actuales. El escudo anticrisis energía que saldrá del Consejo de Ministros del martes será, en el mejor de los casos, un paraguas temporal. La incógnita real es cuánta caja podrá sostener el Gobierno si el invierno llega con el gas caro y la recaudación bajo presión.
