Estados Unidos investiga a Indra por la presunta reventa a China de software militar del Pentágono. El Departamento de Comercio mantiene abierto un expediente que apunta a una operativa de copia, borrado de origen y posterior comercialización como tecnología propia del país asiático.
La denuncia no llega de un regulador europeo ni de un competidor español. La han presentado empresarios del sector de defensa estadounidense, que trasladaron a Washington sus sospechas sobre la compañía española de capital público. El caso amenaza la posición de Indra en el mercado norteamericano, donde la firma aspira a crecer en contratos de defensa y seguridad.
Claves de la operación
- Investigación abierta por el Departamento de Comercio. El organismo estadounidense estudia si Indra facilitó a la industria china registros de productos de alta tecnología estratégica que después se revendieron como propios.
- Software meteorológico y LIDAR en el centro del caso. Un empresario de EEUU detectó que un equipo vendido por Indra era copia de su producto y costaba un 50% menos que el original.
- Riesgo legal y diplomático para España. Las prácticas podrían encajar en la Ley de Espionaje Económico y en la normativa FARA, además de abrir un frente por la Convención de Viena.
Uno de los correos electrónicos recogidos por Vozpópuli describe cómo un empresario estadounidense, asociado con Indra para distribuir su producción en varios países de Europa y buena parte de Latinoamérica, descubrió que la española había vendido un equipo de origen chino que era copia de uno de sus productos. El programa consistía en un software de predicción meteorológica aplicable a operaciones militares y de seguridad aérea.
El mismo testimonio apunta a que Indra vendió el LIDAR (tecnología de medición por láser) presuntamente revendido a China sin informar al socio original. El acuerdo de exclusividad se rompió y el empresario empezó a vender por su cuenta, evitando a la compañía española en las operaciones siguientes.
La ruta de México, Cuba y Puerto Rico
El relato que maneja Washington incorpora un eslabón intermedio: una empresa mexicana que se habría encargado de borrar los registros de de origen de los productos estadounidenses para que Indra pudiera revenderlos después a China. Parte de ese material habría llegado a Cuba, territorio sujeto a un embargo que prohíbe taxativamente a las compañías de EEUU operar con el régimen castrista.
Puerto Rico aparece en el expediente como puerta de entrada al mercado estadounidense. Entidades de negocio de la isla llevan tiempo recelando de los agregados comerciales del Consulado General de España en San Juan. Según las fuentes consultadas, el Consulado habría intentado aprovechar los contactos locales para acceder a la Junta de Exportadores de EEUU, donde hay propietarios de empresas que comercializan tecnología militar incorporada en el Pentágono.
El expediente no lo activa un competidor celoso, sino empresarios de EEUU que vieron su producto reaparecer con otro origen y la mitad de precio.
El rastro político complica la lectura. Las autoridades isleñas vinculan parte de la operativa con el Partido Independentista Puertorriqueño y su líder, Juan Dalmau Ramírez, de relación estrecha con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Dalmau defiende romper el vínculo de la isla con EEUU y es percibido en ciertos sectores como una figura alineada con Pekín y con el chavismo.
En el plano legal, fuentes jurídicas consultadas apuntan a que los hechos podrían encajar en el delito de apropiación de secretos comerciales de la Economic Espionage Act. Si se acreditara la coordinación con un Gobierno extranjero, entraría también el espionaje económico. La Defend Trade Secrets Act abre la vía civil federal, y el fraude electrónico o la actuación como agente extranjero no registrado (FARA) completan el catálogo.
El pulso por la defensa tecnológica europea
La investigación también salpica a estructuras del Estado. Según las mismas fuentes, la operativa habría contado con la colaboración de el Ministerio de Asuntos Exteriores y el ICEX, el organismo que canaliza la promoción exterior de las empresas españolas. Ese vínculo institucional es, precisamente, lo que eleva el tono del caso.
En el negocio europeo de defensa, Indra compite con Thales y Leonardo por contratos que Bruselas quiere repartir entre campeones continentales. Un expediente abierto en Washington desgasta esa candidatura justo cuando el gasto militar europeo acelera al calor del rearme y del apoyo a Ucrania.
Hay una paradoja incómoda. Las mismas administraciones que reclaman a Indra como actor estratégico son las que ahora tendrían que explicar por qué su nombre aparece en una investigación sobre desvío de tecnología. Nadie ha confirmado oficialmente el alcance del expediente.
Indra y el riesgo de perder el mercado que quería conquistar
Indra no es una tecnológica cualquiera. Es la única compañía de defensa y tecnología del IBEX 35, con la SEPI como primer accionista a través de una participación pública que se remonta a la privatización de finales de los noventa y que se ha reforzado con la absorción de Hispasat. Ese doble carácter, público y cotizado, es a la vez su fuerza y su mayor vulnerabilidad: cualquier sospecha de instrumentalización política golpea directo al accionista.
La compañía ha construido buena parte de su relato de crecimiento sobre la idea de un campeón nacional capaz de mirar de tú a tú a los grandes contratistas europeos. El mercado estadounidense era una pieza central de ese plan, no un apéndice. Perder acceso a proveedores sujetos al control de exportaciones de EEUU obligaría a rehacer la cadena de suministro en plazos que la defensa europea no maneja con comodidad.
Observamos un patrón que se repite en el sector. La tecnología militar ya no se dirime solo en el campo de batalla, sino en los registros de origen, las licencias de exportación y los correos que un día aparecen en un expediente. La cotización no ha recogido todavía un impacto material, en parte porque el caso está en fase de investigación y no de sanción.
Queda un frente diplomático. Que China no tenga consulado en Puerto Rico podría derivar, según las fuentes jurídicas, en una violación por parte de España de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El próximo hito será comprobar si el Departamento de Comercio eleva el expediente a una acción formal o lo deja en el limbo de las denuncias sin resolución.
