La alianza entre Citi y Coinbase lleva las stablecoins a la operativa de las empresas. Sus clientes corporativos podrán cobrar en estas monedas digitales atadas al dólar sin comprar ni custodiar un solo token, y sin abrir una cartera propia de criptomonedas.
El anuncio se conoció este lunes y, de momento, sin fecha de estreno. Coinbase, el mayor exchange de Estados Unidos (una plataforma de compraventa de criptomonedas), lo presentó como un paso para meter las stablecoins dentro del sistema bancario sobre infraestructura regulada, y lo resumió en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.
Hay un detalle que cambia el tono de la noticia: quién firma el acuerdo. Citi es uno de los mayores bancos del planeta y, hasta hace apenas dos semanas, el sector bancario estadounidense peleaba en Washington justo por lo contrario.
Cómo funciona un cobro sin que nadie toque cripto
El circuito descrito es sencillo. Un cliente paga a un cliente de Citi con stablecoins. Coinbase recibe el pago y lo convierte a dólares. Después, Citi liquida el dinero como cualquier otra transferencia bancaria. El comerciante nunca llega a poseer un token.
El mecanismo funciona también al revés. Los clientes del negocio de pagos de Coinbase acceden a un producto similar a una cuenta corriente a través de Citi, que convierte el dinero recibido en stablecoins. Esos tokens se quedan dentro de Coinbase y generan una recompensa anual del 3,75%.
El cobrador no abre una cartera, no guarda una clave y no asume el riesgo del token: recibe dólares como en cualquier otra transferencia.
Ese porcentaje es, precisamente, la línea donde arrancan los problemas regulatorios en Estados Unidos. Y explica por qué el movimiento se lee en el sector como una jugada más política que tecnológica.
La sombra de la CLARITY Act sobre el acuerdo
El 15 de septiembre, el Senado de Estados Unidos tumbó la CLARITY Act, el proyecto de ley llamado a ordenar el mercado cripto del país. La votación quedó 49-50 y necesitaba 60 votos para seguir adelante. Entre los motivos del fracaso estuvo, según el Journal, la disputa por las recompensas que reparten las stablecoins.
Un día antes de la votación, ocho asociaciones bancarias enviaron una carta a los senadores para pedir que se prohibieran esos pagos por intereses a los tenedores de tokens. Su argumento: los productos que remuneran el saldo compiten con los depósitos, y si los depósitos caen, se reduce el crédito disponible para las comunidades, y para las vías de ascenso social.
Entre los firmantes estaba el Financial Services Forum, un grupo de presión bancario que preside Jane Fraser, consejera delegada de Citi. Es decir, el mismo banco que ahora da respaldo a un producto de Coinbase que reparte esa recompensa.
Citi sostiene que la derrota legislativa no cambia sus planes. Según recogió el Journal, el responsable de servicios de la entidad, Shahmir Khaliq, defiende que el banco no está limitado y que sigue operando dentro de su licencia bancaria y de la normativa vigente. Ese mismo informe no menciona ningún comercio que ya use el servicio.
Qué gana Citi y dónde está el riesgo real
Hay una paradoja que conviene mirar de frente. Los bancos estadounidenses llevan años defendiendo que las stablecoins con remuneración son una fuga de depósitos, y a la vez un gigante como Citi se coloca en el centro del primer producto corporativo que las conecta con la banca tradicional. La lectura más razonable: es mejor estar dentro de la infraestructura que quedarse fuera si el negocio despega.
Existe un precedente que ayuda a situarlo. Cuando JPMorgan lanzó en 2019 su token para pagos mayoristas entre empresas, la banca dejó de tratar la tecnología como una amenaza existencial y empezó a usarla como herramienta interna. El movimiento de Citi va un paso más allá porque no se queda en su propio jardín: engancha su liquidación al mayor exchange del país y a una recompensa que podría estar en el punto de mira del Congreso.
El riesgo está repartido. Para el comerciante, el token desaparece en cuanto se convierte en dólares, así que su exposición es mínima. Para las empresas resulta cómodo, aunque concentra toda la operación en dos actores muy vigilados y dependientes de un marco legal que sigue sin cerrarse. Y deja una pregunta incómoda para Citi: qué hace con su discurso si en la próxima sesión legislativa vuelve una propuesta que restrinja las recompensas.
En Europa el terreno es distinto. El reglamento MiCA, la norma que ordena el mercado cripto en la Unión Europea, exige a los emisores de stablecoins autorización y reservas desde 2024, así que un modelo parecido dependería aquí del criterio de los supervisores y no de una ley que todavía no existe. Citi, mientras, sigue empujando su blockchain privada, una red de uso interno, para mover fondos corporativos hacia Japón y los Emiratos Árabes Unidos.
La pregunta que de verdad importa es otra. Si el producto funciona, ¿qué pasa con los depósitos que los propios bancos dicen proteger? No hay respuesta oficial todavía. La próxima señal llegará en Washington, con el regreso o no de la CLARITY Act y con el asunto de las recompensas encima de la mesa.
