La factura del gas de octubre subirá un 54% para los hogares acogidos a la tarifa regulada, según la advertencia de la OCU. El sobrecoste supera los 300 euros anuales para alrededor de tres millones de hogares que aún no han dado el salto al mercado libre.
No es una cifra menor. Aplicada a la revisión trimestral que entra en vigor el 1 de octubre, esa subida convierte la calefacción en el gasto doméstico que más se encarece de aquí al invierno. La organización de consumidores ha sido la primera en poner el número encima de la mesa y con él ha reabierto un debate que parecía cerrado desde la crisis energética de 2022: quién paga la volatilidad del gas y quién tiene margen para escapar de ella.
Qué cambia el 1 de octubre y por qué se dispara la TUR
La tarifa de último recurso (TUR) es la única intervenida por el Gobierno. Se revisa cada trimestre y su fórmula toma como referencia el precio del mercado mayorista, los peajes de acceso y los costes regulados del sistema. Cuando ese mercado se mueve con violencia durante el trimestre, la factura lo traslada con un desfase de semanas. Eso es exactamente lo que la OCU espera que ocurra el próximo mes, según el análisis que publica la propia organización de consumidores.
El 54% que maneja la organización es una estimación, no la cifra oficial. La resolución que fija la tarifa del cuarto trimestre debe publicarse en el BOE en los próximos días y puede quedar por debajo de ese cálculo. Aun así, el rango de la advertencia se sale de la horquilla habitual de las revisiones trimestrales y apunta a uno de los repuntes más duros de los últimos años.
Cabe recordar que el hogar medio no elige la TUR. La hereda: se queda en ella por omisión o porque nunca encontró el momento de comparar ofertas. Quien no ha cambiado de comercializador sigue con la tarifa regulada aunque el precio del mercado libre le hubiera ido mejor en algún tramo del año.
La volatilidad del gas no se ha ido a ninguna parte. Solo ha cambiado de destinatario, y esta vez vuelve a ser el de siempre.
Quién paga: tres millones de hogares y una factura que sube 25 euros al mes
Los tres millones de hogares de la TUR son la parte más visible del problema, pero no la única. Sobre la tarifa regulada también están pequeños comercios y autónomos con consumos por debajo del umbral que fija la normativa, y estos reciben el mismo aviso con la misma antelación.
Los usuarios del mercado libre notan el tirón del mayorista si tienen tarifa indexada o si les toca renovar en las próximas semanas. Quien firmó un precio fijo tiene una tregua temporal: mientras dure el contrato, la subida no le alcanza.
Traducido al día a día, los más de 300 euros anuales que calcula la OCU equivalen a unos 25 euros extra al mes durante el próximo año. Es la diferencia entre encender la calefacción con tranquilidad y racionarla por horas, un ajuste que muchas familias hicieron en 2022 y que no esperaban repetir tan pronto.
Existen amortiguadores, aunque limitados. El bono social térmico cubre parte del gasto de calefacción de los consumidores vulnerables, con cuantías que varían según la comunidad autónoma y que se conceden por convocatoria anual. No compensa el conjunto de la subida, pero para los hogares con menos ingresos es la única red disponible.
El fondo del asunto: España sigue trasladando el mercado internacional al recibo doméstico
Aquí conviene separar la anécdota del patrón. España compra la mayor parte del gas que consume fuera de sus fronteras y lo hace en un mercado europeo donde el precio lo fija la última unidad que entra en la red. Ese es el patrón. Mientras la calefacción de millones de hogares dependa del gas natural, la tarifa regulada seguirá funcionando como correa de transmisión antes que como escudo.
Hay una contradicción incómoda en el diseño actual. El mercado libre existe para que el consumidor pueda blindarse con precios fijos, pero la complejidad de las ofertas —tramos, permanencias, servicios añadidos, y letra pequeña— hace que la mayoría de los hogares acogidos a la tarifa regulada sigue donde está. La letra pequeña importa.
Mi impresión, después de seguir varias de estas revisiones, es que el margen de maniobra político se ha estrechado. Las rebajas fiscales que amortiguaron la crisis anterior se han ido retirando y no hay espacio presupuestario evidente para otra ronda de ayudas generales. La alternativa razonable pasa por medidas quirúrgicas y por facilitar el cambio de comercializador sin fricciones.
El calendario ofrece dos citas concretas para comprobar hacia dónde va esto. La primera llega en los próximos días, con la publicación de la resolución oficial en el BOE: ahí se verá si el 54% se confirma o se queda por debajo. La segunda, el 1 de enero de 2027, cuando toque revisar otra vez una tarifa que, con este precedente, ya nadie mirará con indiferencia. El calendario no perdona.
