El plan IA España del Gobierno movilizará hasta 5.000 millones en cómputo y 600 millones en bonos para pymes.
Claves de la operación
- Gigafactoría europea con 5.000 millones en juego. España compite en la convocatoria de EuroHPC, cuyo plazo termina el 12 de noviembre de 2026, para albergar una instalación con 100.000 aceleradores operativos en 2028 o 2029.
- Bono de 600 millones para 25.000 pymes. La dotación no financiará suscripciones, sino proyectos de desarrollo, integración y tratamiento de datos, con un piloto previsto en el primer semestre de 2027.
- Asistente de IA en Mi Carpeta Ciudadana. La plataforma, con 40,34 millones de accesos entre enero y agosto, incorporará un asistente a lo largo de 2027 y sumará WhatsApp 060 como canal de atención.
La hoja de ruta se llama IA360 y aspira a algo más que sumar potencia de cálculo. El Ejecutivo quiere extender la inteligencia artificial a las empresas, las aulas y la propia relación del ciudadano con la Administración. El punto de partida es una séptima posición mundial en el índice de dinamismo de Stanford de 2024, y el objetivo declarado es colarse en el top 5 global.
A diferencia de otros anuncios centrados en comprar tarjetas gráficas, el plan reparte sus metas entre infraestructura, tejido productivo y servicios públicos, según detalla la información oficial de La Moncloa. El presidente del Gobierno ha pedido ir más allá de la autorregulación de los modelos más avanzados, un mensaje que sitúa a España en la órbita regulatoria europea. Los próximos doce meses concentrarán la primera batería de acciones, aunque no cierran la estrategia.
El pulso por la gigafactoría europea y sus 100.000 aceleradores
El grueso inversor se concentra en la candidatura española para albergar una gigafactoría europea de inteligencia artificial. El proyecto prevé movilizar hasta 5.000 millones de euros de inversión público-privada y alcanzar los 100.000 aceleradores operativos entre 2028 y 2029, una escala pensada para entrenar y desplegar modelos avanzados.
La instalación todavía no está adjudicada. El consorcio español compite en una convocatoria de la Empresa Común EuroHPC cuyo plazo termina el 12 de noviembre de 2026. Si la candidatura sale adelante, IA360 fija el inicio de la construcción en febrero de 2027 y la apertura en 2028. El calendario real depende del veredicto europeo y de la competencia con otros países.
Ese condicionante importa más de lo que parece. La gigafactoría no es una obra que España pueda financiar en solitario, y buena parte del relato oficial se apoya en fondos comunitarios. Sin adjudicación, los 100.000 aceleradores son una meta sin fecha firme.
España no compite por tener el superordenador más grande, sino por que la inteligencia artificial llegue al trámite de una nómina o de una beca.
Del bono a las pymes al asistente en Mi Carpeta Ciudadana
La segunda pata es empresarial. El plan diseña la Red NEURONA, una red de centros donde las pymes podrán probar soluciones con sus propios datos, y un bono dotado con 600 millones de euros. El bono no servirá para pagar una suscripción: deberá financiar servicios que transformen procesos mediante desarrollo, integración o tratamiento de datos.
La meta es alcanzar 25.000 empresas, con un piloto previsto en el primer semestre de 2027 antes de la convocatoria general. En paralelo, el asistente de IA para Mi Carpeta Ciudadana llegará a lo largo de 2027. La plataforma acumuló 40,34 millones de accesos entre enero y agosto, de modo que no se trata de un servicio residual. El documento no concreta qué modelo sostendrá el asistente ni qué operaciones podrá ejecutar.
El Ejecutivo prevé además sumar WhatsApp 060 como canal de atención. La referencia internacional no es casual: Corea del Sur quiere ofrecer este año a toda su población un chatbot gratuito, y Reino Unido ya desplegó GOV.UK Chat desde mayo para resolver consultas sobre servicios públicos. España llega más tarde a esa conversación, pero con la base de usuarios más grande.
El contrato social que España quiere pactar antes de que la IA toque el empleo
El despliegue tecnológico viene acompañado de una pata menos tangible. El Gobierno quiere impulsar un contrato social para la inteligencia artificial que aborde sus efectos sobre el trabajo y otros ámbitos de la sociedad. Para ello prevé convocar en octubre a los agentes sociales, crear mesas sectoriales y poner en marcha un observatorio permanente sobre el impacto en el mercado laboral.
El texto incorpora también medidas para integrar esta tecnología en secundaria y Formación Profesional, en coordinación con las comunidades autónomas, junto a otras dirigidas a reforzar la ciberseguridad y la supervisión de los modelos más avanzados. Aquí es donde el plan se juega su credibilidad, porque los anuncios de cómputo se miden en euros y los sociales, en años.
Las grandes tecnológicas del IBEX 35 miran con atención este giro. Indra, el principal contratista español de defensa y ciberseguridad, aparece como socio natural en la supervisión de modelos y en la seguridad de la gigafactoría, mientras Telefónica y los operadores pujan por la conectividad que alimentará esos centros de datos. El riesgo del plan es la dependencia de fondos europeos y de proveedores extranjeros para los aceleradores, un cuello de botella que ya frena a media Europa.
España parte séptima del mundo y segunda de Europa, pero la distancia con el top 5 se mide en capacidad de cómputo, no en discursos. El próximo hito verificable es la adjudicación de EuroHPC y, antes, la convocatoria de octubre con los agentes sociales. Ahí se verá si el contrato social es algo más que una declaración de intenciones.
El calendario, por ahora, manda.
