Bruselas quiere medir la energía que devoran los centros de datos: 68 TWh en 2024 y hasta 114 TWh en 2030. La Comisión Europea ha propuesto un sistema común de clasificación para estas instalaciones en toda la Unión que cuantifique su consumo eléctrico, su gasto de agua y el impacto real que provocan sobre la red. El objetivo declarado es que la inteligencia artificial crezca sin que crezca con ella la factura energética del continente.
Una etiqueta común para medir energía y agua en instalaciones de más de 500 kilovatios
El ámbito de aplicación es concreto. La norma afectará a los centros de datos con una capacidad superior a 500 kilovatios y valorará cuatro dimensiones: el consumo energético, el uso de agua, la reutilización del calor residual, y la capacidad de adaptar la demanda a las necesidades del sistema eléctrico. También puntuará la instalación de capacidad adicional de generación limpia, es decir, si el promotor añade renovables propias o se limita a comprar energía que ya existía en el sistema.
El sector lleva años autorregulándose con métricas propias. El PUE (Power Usage Effectiveness) mide cuánta energía se destina a refrigeración frente a la que llega al servidor y es el estándar de facto que usan los operadores, pero no se calcula igual en todas las instalaciones ni se audita con criterios homogéneos. La propuesta comunitaria pretende sustituir esa voluntariedad por una clasificación comparable entre países y tecnologías.
La vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, resumió el enfoque con una frase que funciona como doctrina: ‘Triplicar nuestra capacidad de centros de datos no puede significar triplicar la presión sobre nuestras redes eléctricas, nuestra agua y nuestras facturas energéticas. Todo comienza con la transparencia’.
De 68 a 114 TWh en seis años: agua y calor residual, los dos flancos del reglamento
La Comisión quiere multiplicar por tres la capacidad instalada en la UE en un plazo de cinco a siete años para reforzar su independencia tecnológica. Ese salto tiene un coste eléctrico medible. Los centros de datos consumieron unos 68 TWh en 2024 y, según las estimaciones que acompañan a la propuesta, podrían alcanzar los 114 TWh en 2030, más del 3% de toda la demanda eléctrica comunitaria.
Sustituir estimaciones voluntarias por una clasificación auditable es el paso previo a cualquier política: sin medir, no hay forma de exigir.
El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, puso el acento en la responsabilidad del sector: ‘Comprender su consumo de energía y recursos es el primer paso esencial para integrarlos de forma sostenible en nuestro sistema energético. Y añadió una idea que atraviesa todo el expediente: ‘la soberanía digital debe ir de la mano de la responsabilidad energética’.
La soberanía digital tiene una factura eléctrica, y Bruselas acaba de decidir que esa factura se publique.
El calor residual es la pieza más tangible del expediente. Reutilizar aproximadamente la mitad del calor que hoy se disipa al ambiente en los centros de datos europeos cubriría la demanda de calefacción de unos cuatro millones de hogares, según los cálculos que maneja el Ejecutivo comunitario.
El agua es el flanco más delicado del reglamento. La etiqueta se centra en agua dulce, de modo que un centro que emplee agua marina aparecerá clasificado como ‘cero agua dulce’, lo que puede constituir un incentivo indirecto hacia esas tecnologías. Fuentes comunitarias matizan el alcance del efecto: son muy pocos los centros de datos que recurren al agua de mar en sus sistemas de refrigeración porque los equipos exigen un mantenimiento muy superior al de las instalaciones convencionales.
El calendario ya está fijado. El reglamento delegado que introduce la clasificación deberá superar un periodo de control de dos meses por parte del Parlamento Europeo y el Consejo, y las primeras etiquetas de sostenibilidad de los centros de datos deberían empezar a exhibirse en 2027. El texto incorpora además una cláusula de revisión en 2028 para examinar el efecto de la norma sobre los contratos por diferencia (CfD) y los acuerdos privados de compraventa de energía eléctrica (PPA), las dos figuras que la última reforma del mercado eléctrico europeo quiso impulsar para arrojar precios estables y asequibles.
En paralelo, la Comisión ha lanzado una consulta pública sobre posibles estándares mínimos de rendimiento energético para los centros de datos que operan en Europa. El plazo permanecerá abierto hasta el 14 de diciembre, lo que deja algo más de dos meses y medio para que operadores, eléctricas y asociaciones sectoriales presenten alegaciones.
El riesgo de que la etiqueta llegue antes que las redes eléctricas
La propuesta se apoya en los documentos publicados por la Comisión Europea y llega en un momento incómodo para las redes. La electrificación del transporte, la industria y la climatización ya compiten por capacidad de conexión, y los centros de datos entran en esa cola con proyectos de cientos de megavatios que se ejecutan en menos tiempo del que tarda en tramitarse una línea de alta tensión.
La UE ya utilizó esta herramienta en otros sectores. La etiqueta energética de electrodomésticos y vehículos transformó el mercado porque hizo comparable lo que antes era invisible, y Bruselas espera repetir el efecto. Trasladar esa lógica a los centros de datos choca, sin embargo, con un problema de fondo: la unidad de medida. Un centro de datos no es un frigorífico. Su eficiencia depende de la carga de trabajo que aloja, de la climatología de la ubicación y del uso que se dé al calor que expulsa. Comparar una instalación de Madrid con una de Estocolmo mediante una letra puede ordenar el mercado o distorsionarlo, según cómo se pondere cada variable.
El riesgo evidente es el de la flexibilidad. La propuesta premia que los centros adapten su consumo a las necesidades de la red, una capacidad que se remunera en los mercados de ajuste pero que exige inversión en respaldo, sensorización y gestión. Si el marco no reconoce ese sobrecoste, la etiqueta puede quedarse en un ejercicio de imagen corporativa. La cláusula de revisión de 2028 sobre CfD y PPA apunta en la dirección contraria: Bruselas quiere medir si los acuerdos de compraventa firmados por las grandes tecnológicas están financiando capacidad renovable nueva o solo reetiquetando energía que ya existía.
Queda un hilo sin cerrar. La etiqueta clasificará el consumo, pero no limita el acceso a la red ni condiciona los permisos de conexión, que siguen siendo competencia nacional. En España, los proyectos de centros de datos anunciados en los últimos años se concentran en Aragón, Madrid y Cataluña, y han puesto el foco sobre la capacidad de evacuación de la red de transporte y sobre quién paga su ampliación cuando el gran consumidor es una instalación que no está sujeta a tarifa regulada. La consulta que se cierra el 14 de diciembre y el trámite de dos meses en el Parlamento y el Consejo marcarán si esta etiqueta acaba siendo un instrumento de política energética o un sello más en la memoria anual de las tecnológicas.
