Menos de 30.000 votos separan, con el recuento provisional, al bloque de izquierda del de derecha en las elecciones suecas celebradas el pasado domingo. Un país de 10,5 millones de habitantes partido casi exactamente por la mitad. En su último vídeo, Juan Ramón Rallo sostiene que esa moneda al aire no se explica solo por preferencias ideológicas: el ritmo de nacionalizaciones desde 2018 ha podido inclinar la balanza.
El mapa de un país dividido por 30.000 votos
Los socialdemócratas de Magdalena Andersson quedaron primeros con el 28,1% de los sufragios, aunque Rallo subraya que se trata de su peor resultado en más de un siglo. Los moderados del primer ministro saliente Ulf Kristersson lograron un 20%, mejorando su marca anterior. Los demócratas de Suecia, a los que Rallo sitúa en la extrema derecha, se quedaron en el 17,6% y retrocedieron por primera vez en unas generales.
Al sumar bloques, la izquierda —socialdemócratas, izquierda radical, verdes y centro— alcanza el 49,4% de los votos, frente al 49% del bloque de derecha —moderados, demócratas de Suecia, democristianos y liberales—. Son algo más de tres millones de votos por bando. El resultado definitivo llegará con el voto exterior, y Rallo recuerda que en 2022 la decisión se demoró igualmente por unos pocos escaños.
Barrios donde la izquierda supera el 90%
Lo que más llama la atención al economista no es el empate, sino lo que ocurre en ciertos barrios de Estocolmo y Gotemburgo. En zonas que el propio Estado sueco califica de vulnerables, edificadas en los años 60 y 70 como vivienda social y hoy habitadas mayoritariamente por población de origen extranjero, el bloque de izquierda no gana por poco: supera el 90% de los sufragios.
Pone el ejemplo de Rinkeby, al norte de Estocolmo, donde el partido de izquierda radical obtuvo el 51% y los socialdemócratas el 39,7%. Sumando todo el bloque progresista, el 94% de los votos. La derecha se quedó en el 5%. En otros enclaves la cifra llega al 95%, al 92% o al 83%. En Hammarkullen, ya en Gotemburgo, los socialdemócratas alcanzaron el 45,7% y la izquierda radical el 41,6%.
Rallo introduce una cautela: la participación en estos barrios ronda el 60%, veinte puntos por debajo de la media nacional del 80%. Aun así, el sesgo es tan abrumador que su peso electoral resulta decisivo. Con unos 60 barrios vulnerables y medio millón de residentes de origen extranjero, el vídeo estima que unos 180.000 nuevos votantes procedentes de esas zonas podrían acudir a las urnas.
Si sé que una determinada masa de población vota mayoritariamente a un partido y les doy la nacionalidad, en el fondo estoy generando nuevos votos para mí.
— Juan Ramón Rallo
El economista calcula que, si el 80% de esos votantes apoya a la izquierda, las nacionalizaciones recientes estarían aportando más de 140.000 votos al bloque progresista. Una cifra que multiplica por cuatro la diferencia entre bloques en todo el país.
Nacionalizaciones: cambiar el censo antes que el voto
En Suecia, quienes residen sin nacionalidad pueden votar en comicios municipales pero no en los nacionales. Rallo explica la lógica: en lo local se decide sobre servicios próximos, mientras que en unas generales puede modificarse incluso la Constitución. Por eso el derecho a voto nacional se reserva a los ciudadanos.
El problema no es ese diseño, sostiene, sino lo que ha ocurrido con el ritmo de nacionalizaciones. Desde 2018 se han concedido alrededor de medio millón, cerca del 5% de la población. Solo entre 2022 y 2026, unas 170.000 personas obtuvieron pasaporte sueco y de ellas 125.000 adultos consiguieron el derecho a votar.
Rallo no afirma que exista una conspiración, pero insiste en que un proceso acelerado de nacionalización puede convertirse en herramienta de manipulación si el Gobierno conoce de antemano hacia dónde se inclinan esos nuevos votantes.
El eco en España: ¿la ley de nietos como palanca?
Aunque el foco está en Suecia, el canal conecta el asunto con España. Menciona la ley de nietos y plantea el debate de fondo: hasta qué punto un ejecutivo puede modificar el censo de votantes mediante concesiones de nacionalidad para influir en resultados futuros. La pregunta, tal como la formula Rallo, no es si los inmigrantes deben o no naturalizarse, sino quién y bajo qué criterios gana el derecho a decidir sobre la Constitución y la convivencia.
La comparación no es gratuita. En España la ley de nietos ha permitido desde 2022 tramitar la nacionalidad de descendientes de exiliados, con decenas de miles de solicitudes aprobadas. Si las simpatías de esos nuevos ciudadanos estuvieran sesgadas hacia un bloque, el mecanismo sería similar al que Rallo describe en Suecia.
Qué significa para el lector español
Lo que está en juego no es menor. Cuando un país queda partido en dos mitades, el poder lo decide un pequeño margen de error, una minoría que se mueve entre bloques. Y si además el censo se amplía de forma acelerada con personas cuya orientación de voto es previsible, la competición electoral deja de ser neutral.
Para un lector español, la lección es doble. Primero, que los procesos de nacionalización, legítimos en abstracto, necesitan criterios claros para no convertirse en atajos demográficos. Segundo, que la demografía electoral no es un dato técnico más: es el terreno donde se disputa la legitimidad de los resultados.
Habrá que esperar al recuento definitivo y ver si la derecha termina de remontar. Pero el debate que deja Rallo sobre la mesa no se cierra con unos escaños. Si las reglas de entrada al censo pueden decidir elecciones, la pregunta incómoda es quién protege las reglas de las reglas.
