8¿Disuasión o recaudación? Los datos de siniestralidad y la respuesta de las asociaciones de conductores
Los números de la maquinaria sancionadora son el principal argumento de quienes hablan de recaudación. Los radares de la DGT ingresaron 246,8 millones de euros en 2025, un 14% más que el año anterior, y las multas por velocidad representan ya el 41,5% de todos los ingresos por sanciones de tráfico, según el recuento de Automovilistas Europeos Asociados. La concentración es notable: 50 de los más de mil cinemómetros sumaron 1.342.285 denuncias, y uno solo, el situado en el kilómetro 326 de la A-7 a su paso por Valencia, pasó de seis denuncias en 2024 a 90.766 en un año. Frente a eso, la DGT defiende que su prioridad es reducir la siniestralidad: las distracciones están detrás de cerca del 30% de los siniestros mortales, el alcohol apareció en el 28% de los registrados en 2024 y la velocidad inadecuada, en torno al 21% de los siniestros con víctimas.
Las asociaciones de conductores no aceptan ese marco. La propia AEA sostiene que el récord de ingresos no responde a una mayor indisciplina, sino a la activación de nuevos dispositivos colocados en puntos «estratégicos», y su presidente, Mario Arnaldo, califica de «cazadores» a los cinemómetros más activos porque se concentran en autopistas y autovías, mientras el 70% de los accidentes con víctimas ocurre en carreteras convencionales. Ese pulso aterriza con fuerza en la M-30, donde coinciden dos frentes: las cámaras de la zona de bajas emisiones, con más de 45.000 denuncias y unos 9 millones de euros acumulados y un contrato municipal de 3,5 millones para instalar 44 dispositivos más, y los controles de semáforo en rojo, que se saldan con 200 euros y 4 puntos.
