Mónica García descubre en Ceuta que gestionar es más difícil que dar lecciones

La ministra de Sanidad tardó 17 días en visitar Ceuta desde el comienzo de una crisis que sometió a máxima presión la sanidad que gestiona directamente su Ministerio. Negó que existiera un colapso, habló de xenofobia ante quienes relacionaban la emergencia migratoria con riesgos sanitarios y defendió la fortaleza del sistema. El problema es que los profesionales llevaban meses denunciando carencias y el BOE demuestra que el propio INGESA recurre a Quirónsalud cuando necesita prestar servicios que no puede cubrir con medios propios.

Hay políticos que son extraordinariamente buenos gestionando la sanidad de los demás.

Mónica García ha pasado años explicando qué está mal, qué debería hacerse, qué modelo es perverso, quién privatiza demasiado y quién defiende suficientemente lo público. Es una posición cómoda. El problema empieza cuando un buen día te toca gestionar a ti y la realidad, que suele ser bastante menos obediente que un argumentario, decide presentarse sin cita previa.

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Eso es lo que ha ocurrido en Ceuta.

Porque la asistencia sanitaria de Ceuta no depende de una comunidad autónoma: la gestiona directamente el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA, dependiente del Ministerio de Sanidad. El propio Ministerio define al INGESA como la entidad responsable de gestionar el servicio público sanitario ceutí.

Dicho en román paladino: aquí no hay demasiados sitios donde esconder la pelota.

El «buen momento» de la sanidad ceutí según el INGESA de Mónica García

La historia mejora bastante si retrocedemos solamente un año.

El 20 de junio de 2025, el propio INGESA publicó una nota de prensa con un título que hoy parece escrito por un guionista con bastante mala leche:

«Consenso en torno al buen momento de la sanidad ceutí».

No es una interpretación periodística. No es una frase de la oposición. No es un titular sacado de contexto. Es el título elegido por el Ministerio de Sanidad y el INGESA para describir su propia gestión.

En aquella comunicación se presumía de que Ceuta había alcanzado un récord histórico de plantilla, con 1.287 profesionales, y se aseguraba incluso que la plantilla estaba dimensionada «más que adecuadamente. La nota afirmaba que los ratios de médicos y enfermeras eran superiores a los de hospitales similares del resto de España y destacaba que las plazas estaban cubiertas.

Fantástico. Conviene guardar esa nota porque envejece de una manera espectacular.

Porque en abril de 2026, meses antes de la avalancha migratoria, los médicos ceutíes volvieron a paralizar parte de la actividad sanitaria. Se suspendieron cirugías y consultas y el presidente del Sindicato Médico de Ceuta denunciaba falta estructural de especialistas, servicios externalizados y una sanidad «al límite». Su diagnóstico sobre la planificación del Ministerio fue menos optimista que el folleto oficial: «Esto no es planificación, esto es abandono».

Así que conviene dejar algo claro desde el principio: la crisis migratoria no creó todos los problemas de la sanidad ceutí. Los encontró allí.

Y luego los puso bajo un foco de estadio.

72.000 personas en dos días y una ministra que tarda 17 en aparecer

Los días 30 y 31 de julio se produjo una entrada masiva desde Marruecos.

La cifra finalmente aclarada por fuentes del Gobierno a EFE fue de 72.000 personas.

En dos días.

En una ciudad cuya población habitual ronda los 80.000 habitantes.

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No hace falta ser especialista en gestión hospitalaria para imaginar que aquello podía provocar algo más que una ligera molestia administrativa.

Y aquí aparece el primer detalle políticamente incómodo.

La entrada masiva comenzó el 30 de julio. Mónica García visitó Ceuta el 16 de agosto. Diecisiete días después.

Para entonces, el Colegio Oficial de Médicos ya había escrito públicamente a la ministra describiendo una «catástrofe asistencial», asegurando que los profesionales trabajaban al límite y pidiendo presencia, liderazgo y decisiones inmediatas. Su carta contenía una frase bastante sencilla: «No basta con gestionar esta crisis desde la distancia«.

Al parecer hicieron falta unos cuantos días para que el mensaje cruzara el Estrecho. Quizá el correo iba por DHL terrestre.

«Colapso» no: la ministra prefiere «especialmente tensionado»

Cuando finalmente llegó, García negó que existiera un colapso sanitario.

Había, eso sí, Urgencias «especialmente tensionadas».

Medicina Interna estaba «especialmente tensionada».

Atención Primaria estaba «especialmente tensionada».

Los profesionales estaban realizando un «sobreesfuerzo».

El sistema se encontraba en el nivel 1 del plan de catástrofes externas.

Y en quince días se había atendido sanitariamente a 5.800 migrantes.

Pero colapso, técnicamente, no.

Esto debe de ser lo que en política se conoce como elegir cuidadosamente el sustantivo mientras la realidad te tira de la manga. El diccionario es el último refugio del gestor acorralado.

García ofreció datos para defender su posición y conviene contarlos. El hospital tenía 101 pacientes ingresados sobre una capacidad ordinaria de 175 camas, ampliada durante la emergencia a 212. Por eso aseguró que la ocupación rondaba el 50%. También explicó que se habían realizado más de 60 contrataciones extraordinarias y que no se habían suspendido operaciones ni consultas ordinarias.

Son argumentos legítimos.

Pero utilizar la ocupación de camas para responder a las denuncias sobre presión asistencial tiene algo de explicar que un restaurante funciona perfectamente porque quedan mesas libres mientras la cocina echa humo, el chef llora en el almacén y los clientes se pegan en la barra.

El cuello de botella de un sistema sanitario no se mide solamente contando colchones.

Al día siguiente de la visita, SATSE describía a la plantilla sanitaria como «totalmente devastada y destrozada», reclamaba más profesionales y descansos planificados y denunciaba episodios de saturación tanto en el hospital como en centros de salud. CSIF calificó la visita de García de «tardía» y la presión asistencial de «insostenible».

Debe de ser otra de esas situaciones en las que todo funciona estupendamente salvo quienes tienen que hacerlo funcionar.

Las agresiones sexuales en Ceuta: hechos, no propaganda

También merece la pena tratar con cuidado uno de los asuntos más graves de aquellos días.

Precisamente porque es un asunto demasiado serio para engordarlo artificialmente.

13 agresiones sexuales denunciadas. 3 victimas son menores

La Fiscalía de Ceuta confirmó a Newtral que hasta el 17 de agosto se habían formalizado judicialmente 13 denuncias por agresión sexual desde el comienzo de la entrada masiva.

Tres de las víctimas eran menores.

La Fiscalía explicó además que la mayoría de los presuntos autores eran extranjeros no residentes legalmente en España, salvo dos nacionales. En muchos casos no había podido identificarse al supuesto agresor, por lo que los procedimientos estaban provisionalmente archivados y podían reabrirse si aparecían nuevos elementos.

¿Por qué hablamos de 13 y no repetimos alegremente que hubo «15 violaciones»?

Porque el Sindicato Unificado de Policía habló públicamente de 15 «violaciones», pero Newtral no pudo comprobar que los 15 hechos respondieran jurídicamente a esa calificación. La propia Fiscalía habló de 13 agresiones sexuales, que no es necesariamente lo mismo.

La ministra, por su parte, manejaba inicialmente una cifra de cinco mujeres atendidas por los servicios especializados de Ceuta.

Es decir: había cifras distintas porque se estaban contando cosas distintas. Y aquí el dato comprobado ya es lo suficientemente grave como para no necesitar maquillaje: 13 denuncias judicializadas por agresión sexual en poco más de dos semanas.

Monica Garcia desastre Ceuta Merca2

Xenofobia no: se llama epidemiología

Otra de las frases que dejó la visita fue la negativa de García a vincular inmigración y enfermedad.

En eso hay algo elemental que merece dejarse escrito: una persona no transmite enfermedades por ser marroquí, senegalesa o española. Convertir una crisis migratoria en un catálogo racial de enfermedades sería tan falso científicamente como miserable políticamente.

Pero acto seguido llega la realidad, siempre tan poco sensible a los eslóganes.

La propia ministra reconoció que existían condiciones de hacinamiento e insalubridad capaces de favorecer enfermedades, situó el riesgo epidemiológico como moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes, informó de 18 menores con Mantoux positivo y confirmó dos casos de tuberculosis.

Es decir, exactamente lo que cualquiera con sentido común entiende: el problema sanitario no es la nacionalidad; son las condiciones en las que viven miles de personas amontonadas sin agua, higiene, vacunación conocida ni seguimiento médico adecuado.

Los datos no son xenofobia. son epidemiología.

Y llamar xenófobo a quien la practica es, con todos los respetos, una forma bastante original de insultar a tus propios médicos.

Tres días después, las enfermeras denunciaban una situación que calificaban de «colapso sanitario sin precedentes«, con más de 200 casos de gastroenteritis, una veintena de sarna y patologías asociadas al hacinamiento. El Consejo General de Enfermería pidió directamente la declaración del estado de alarma en Ceuta.

Nadie serio sostiene que una enfermedad tenga pasaporte. Pero tampoco parece especialmente científico negar que meter a miles de personas en condiciones insalubres genera un problema de salud pública porque mencionar el asunto suena políticamente incómodo.

La reunión de urgencia que desmiente el «riesgo bajo» de la ministra

Y hay un epílogo que convierte el debate semántico en algo todavía más delicioso.

El 22 de agosto, seis días después de que García visitara Ceuta y enviara su mensaje de tranquilidad, el Ministerio de Sanidad convocó una reunión extraordinaria de la Comisión de Salud Pública para el lunes 24 de agosto, con un único punto en el orden del día: «Mecanismo de solidaridad para vacunas en relación con la situación en Ceuta«.

Triple vírica, varicela, tétanos, difteria y poliomielitis.

La convocatoria la firma Pedro Gullón, director general de Salud Pública, y en ella admite la «premura» de la situación. Además, el secretario de Estado Javier Padilla viajará a Ceuta la próxima semana —por segunda vez— para evaluar el impacto de la crisis, y la propia García comparecerá en sesión extraordinaria en el Congreso para explicar su gestión.

No significa que la ministra mintiera cuando habló de riesgo bajo para los ceutíes.

Pero activar un mecanismo de solidaridad de urgencia para enviar vacunas contra la polio y la difteria no tiene exactamente aspecto de trámite rutinario. Es más bien lo que ocurre cuando la realidad decide no leerse el argumentario.

Mónica García y Quirónsalud: cuando el BOE no lee los discursos

Hasta aquí podríamos discutir de gestión, cifras, tiempos de respuesta y definiciones técnicas.

Pero entonces aparece el BOE. Y el BOE tiene una característica desagradable para cualquier político: no discute. Sólo publica.

Mónica García afirmó en rueda de prensa del Consejo de Ministros en diciembre de 2025 que existía un «modus operandi» de la sanidad privada que trataba de «parasitar nuestro sistema público». Citó expresamente a Quirón y Ribera y anunció una ley destinada, entre otras cosas, a acabar con lo que llamó los «desmanes del Grupo Quirón» y el «modelo Quirón».

No era precisamente un elogio.

Ahora volvamos a Ceuta.

En abril de 2026, el INGESA adjudicó a IDCQ Hospitales y Sanidad SLU, sociedad que forma parte de Quirónsalud, un contrato para realizar artroresonancias magnéticas a pacientes del área sanitaria de Ceuta.

Importe: 24.000 euros. Ofertas recibidas: una. Adjudicatario: IDCQ Hospitales y Sanidad.

Todo publicado por el Ministerio de Sanidad en el BOE.

Unos días después encontramos otro. INGESA adjudicó nuevamente a IDCQ Hospitales y Sanidad SLU la realización de pruebas diagnósticas vestibulares para pacientes ceutíes. Importe: 6.900 euros. Esta vez concurrieron tres ofertas. Ganó Quirón. Otra vez.

Y esos contratos ni siquiera son el plato principal.

En abril, INGESA contrató al Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, en Los Barrios, para realizar endoscopias con sedación a pacientes de Ceuta. Importe: 161.675 euros. El motivo recogido en la documentación era revelador: alrededor de 500 pacientes acumulaban hasta un año de demora y Ceuta solo disponía dos días por semana de una sala con anestesia para realizar estas pruebas.

El propio INGESA justificaba que era necesario prestar la asistencia con «medios ajenos» para evitar que siguieran creciendo las esperas.

Traducido al castellano: cuando faltan medios públicos, se llama a la privada. A la misma privada que la ministra lleva un año llamando parásito.

Contratar a Quirón no es el problema: la hipocresía sí lo es

Que quede claro porque, si no, sería muy fácil convertir esto en otra caricatura.

Contratar un operador privado no es ningún escándalo.

Si el sistema público no puede realizar una prueba a tiempo, hay 500 personas esperando un año y existe capacidad privada para solucionarlo, mandar allí al paciente puede ser perfectamente razonable.

El paciente debería importar algo más que el catecismo ideológico.

El problema político para Mónica García es otro, y es devastador.

Después de construir buena parte de su carrera sobre los peligros de la privatización, los «desmanes» de Quirón y una empresa privada que supuestamente «parasita» el sistema público, cuando le toca gestionar directamente una sanidad con carencias descubre que la colaboración con la privada puede resultar bastante útil. Quién lo iba a decir.

Resulta que gestionar consiste a veces en elegir entre que un ciudadano espere un año una endoscopia o que se la haga Quirón.

Y entonces la pureza ideológica empieza a perder contra la lista de espera.

Es la vieja historia: cuando Ayuso concierta con la privada, es privatización; cuando lo hace García, es refuerzo. El cinismo cabe en una sola frase.

Gestionar la sanidad es más difícil que diagnosticarla desde una tribuna

Todo esto no convierte automáticamente en catastrófica la gestión de Mónica García. Ni significa que todos los problemas de Ceuta hayan nacido bajo su mandato. De hecho, el Ministerio puede señalar con razón que contrató refuerzos, amplió dispositivos, mantuvo la cirugía programada y consiguió que la ocupación hospitalaria no se disparase pese a una emergencia absolutamente excepcional.

Pero precisamente por eso la lección de Ceuta es tan interesante.

Porque muestra la enorme distancia entre hacer oposición a la sanidad y gestionarla.

Cuando eres oposición puedes decir que falta personal. Cuando gestionas tienes que encontrarlo.

Cuando eres oposición puedes denunciar las listas de espera. Cuando gestionas tienes que reducirlas.

Cuando eres oposición puedes explicar que recurrir a un hospital privado amenaza el sistema público. Cuando gestionas descubres que tienes 500 pacientes esperando una endoscopia y terminas contratando a Quirón.

Cuando eres oposición puedes escoger las palabras. Cuando gestionas, la realidad escoge los problemas.

Y esa es la gran fotografía que deja Ceuta. Una ministra que llegó 17 días después del inicio de una emergencia enorme; unos sanitarios que describían agotamiento y saturación mientras ella discutía si aquello cumplía técnicamente la definición de «colapso»; una crisis epidemiológica que ha obligado a convocar una reunión de urgencia para enviar vacunas contra la polio y la difteria; y un sistema sanitario que, mucho antes de que entrara un solo migrante, ya recurría a empresas privadas para hacer pruebas que no podía prestar por sí mismo.

Nada de eso demuestra que Mónica García sea la causa de todos los males.

Demuestra algo quizá más incómodo: que gobernar es bastante más difícil que diagnosticar desde una tribuna.

Y que cuando uno lleva años repartiendo lecciones, tarde o temprano llega el día en que alguien abre el BOE.

El BOE, por cierto, no discute, no tuitea, no insulta y no pertenece a ningún partido.

Simplemente publica contratos.


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